Alfredo Álvarez Navarro

Expediente 90/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
90/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Álvarez Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *********, en su carácter de apoderado legal de la moral denominada Hortina, S.P.R. de R.L. y de **********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales por no haberse exhibido.

  2. Principal

    Registro de demanda Visto el escrito de demanda signado por ********* apoderado legal de la persona moral ********* y de ********* , personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por tener dicha personalidad reconocida ante la responsable; en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 90/2022-1. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado, en esencia, la determinación asumida en la audiencia de desahogo de pruebas celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********* del índice de la junta responsable. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, expuestos bajo protesta de decir verdad por la parte agraviada en su ocurso constitucional; manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, en relación con las documentales exhibidas, se advierte como dato relevante que la parte quejosa es la parte demandada dentro de la contienda judicial de donde derivan los actos reclamados, y que la misma se encuentra en trámite; como se advierte de la siguiente narrativa: "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos que a continuación narrare constituyen los antecedentes del acto reclamado. 1. El 28 de junio del 2019 los C.C. ********* , presentaron en contra de mis representados demanda laboral sustentada en hechos falsos. 2. El 24 de febrero del 2020, su apoderado legal aclara, modifica y adiciona el escrito de demanda laboral y cambia por completo el sentido de la misma, cambiando incluso la manifestación de los mismos sobre el puesto que desempeñaban. 3. El 27 de abril del 2021, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 4. El día 25 de enero del 2022 a las 08:45 horas, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, audiencia de la cual se desprende el acto reclamado, en específico Dentro del desahogo de las pruebas confesionales a cargo de los CC. ********* al no permitir el interrogatorio libre o declaración de parte, donde las autoridades responsables fueron omisas en darle aplicatoriedad al artículo 781 de la Ley Federal del Trabajo y a la tesis jurisprudencia! 2a./J.109/2014 (10a.) cuyo rubro dicta "PRUEBA CONFESIONAL EN EL JUICIO LABORAL. RESULTA INNECESARIO EL OFRECIMIENTO ADICIONAL DE UNA DECLARACIÓN DE PARTE DEL ABSOLVENTE, PORQUE ÉSTA SE PUEDE OBTENER AL DESAHOGARSE AQUÉLLA ."Al negar el derecho que tenía la parte demandada a interrogar libremente a los absolventes o pedirles la propia declaración departe., conducta con las que la autoridad señalada como responsables, incumple con las reglas del procedimiento, agraviado a mis representados, violentando sus garantias constitucionales y sus derechos humanos." Así, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción III, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los dos últimos preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]." De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En este orden de ideas, como se precisó con anterioridad, en el presente caso se reclama de manera destacada la determinación asumida en la audiencia de desahogo de pruebas celebrada el veinticinco de enero del presente año, dentro del expediente ********* del índice de la junta responsable, en la que, alega el quejoso, no se respectó el artículo 781 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia 2a./J. 109/2014; controvertido que, como se advierte, aún se encuentra en trámite, situación que se desprende de la propia demanda y de la documental que allegó la parte quejosa; por lo cual se sostiene que al encontrarse el proceso natural en trámite y ser parte demandada la aquí quejosa en el mismo, esta cuenta con la oportunidad de defenderse. En tal virtud, es que resulta inconcuso que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, pues como ya ha sido explicado en párrafos precedentes, de obtener la parte quejosa resolución favorable a sus intereses, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, la peticionaria del amparo estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el amparo directo que se intente en contra del laudo que ponga fin al juicio. En efecto, al encontrarse el juicio natural en trámite, la peticionaria de la tutela Federal se encuentra en aptitud de hacer valer en contra de los actos que le causen perjuicio los medios de defensa ordinarios que tenga a su alcance, durante la secuela procesal, antes de acudir al juicio de amparo; y, en su caso, agotado el principio de definitividad, acudir a la acción constitucional, en su oportunidad procesal y la vía correspondiente. Resulta aplicable en lo conducente y por identidad jurídica la tesis VII.1o.P.T.7 k (10a.), visible en la página 2329, libro 16, marzo de 2015, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO LABORAL CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012, Y NO DE ACUERDO A SU TEXTO ANTERIOR [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS VII.1o.P.T.2 K (10a.)]. El auto que admite a trámite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; consecuentemente, el amparo promovido contra estos actos es improcedente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia del juicio que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, este último interpretado a contrario sensu; razón por la cual este tribunal abandona el criterio sostenido en la tesis aislada VII.1o.P.T.2 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 1914, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RADICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO LABORAL CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012, Y NO DE ACUERDO A SU TEXTO ANTERIOR, AL SER UN ACTO QUE PODRÍA GENERAR AL QUEJOSO UN PERJUICIO INMEDIATO E IRREPARABLE, Y RETARDARÍA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", ya que conforme a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el mismo medio de difusión y Época del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", de la interpretación de la citada fracción V, se advierte que el amparo indirecto está reservado a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción III, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente auto y las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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