Alfredo Alejandro Solano Villaseñor

Expediente 422/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
422/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Alejandro Solano Villaseñor

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense los oficios 11782/2022 y 6847/2022 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa que otorgó acceso electrónico a los juicios de amparo 2194/2021 y 2163/2021, de su índice; lo anterior con relación a la solicitud que se le hizo mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós. Circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se aprecia que a la presente data no existe certeza de que las autoridades foráneas responsables 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Secretario de Salud del Gobierno Federal y 3. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, todas con residencia en la Ciudad de México, se encuentren notificadas de los oficios 36172/2021, 36173/2021 y 36174/2021 que les fueron girados y que contienen el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por los cuales se les requieren sus respectivos informes con justificación. En virtud de lo anterior, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para tener verificativo este propio día, por lo que se decreta su diferimiento y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, toda vez que por cuanto hace al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por auto de dieciocho de los corrientes se ordenó reexpedir el oficio de mérito, prevéngase a la encargada de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio relativo a este proveído, remita a este juzgado las tarjetas postales de los referidos oficios (36173/2021 y 36174/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno). Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  3. Principal

    ELECT.En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con veintinueve minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia incidental, prevista por el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y certifica: que no se tiene conocimiento que a la fecha, las autoridades responsables Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y Verificador de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, hubiesen rendido sus correspondientes informes previos, a pesar de estar debidamente notificadas, como se aprecia de las constancias de notificación correspondientes a los oficios 6710/2022-V-A y 6711/2022-V-A, las cuales obran agregadas en autos. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por hecha la certificación que antecede; en tal virtud, celébrese la presente audiencia. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, se da cuenta con las documentales adjuntadas por la parte quejosa en su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas de mérito, mismas que se tomarán en consideración al resolverse el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 796/2021-V-A, promovido por Yazmín Aracelly Gaytan Pacho, en contra de los actos que reclamó del Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo Yazmín Aracelly Gaytan Pacho, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y Verificador de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en lo siguiente: La orden de verificación contenida en el oficio número BYS/759/2021, de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, y su ejecución, llevada a cabo el día diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se impusieron las medidas de seguridad consistentes en la suspensión total temporal de trabajo y servicios; así como el aseguramiento de diversos bienes. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y Verificador de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, lo anterior toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubiesen rendido sus informes previos, a pesar de haber sido debidamente notificadas, como se demuestra con las constancias de notificación correspondientes a los oficios 6710/2022-V-A y 6711/2022-V-A, las cuales obran agregadas en autos, por lo que únicamente para efectos de la suspensión opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. TERCERO. Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva del acto reclamado, solicitada por la parte quejosa, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se trata de un acto consumado con efectos positivos, ya que resulta incontrovertible que los mismos ya se llevaron a cabo. Sin embargo, al producir consecuencias, es sobre éstas que procede hacer el análisis sobre la procedencia de la medida cautelar citada. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." En el caso, respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, no se encuentra colmada la titularidad del derecho que defiende la parte quejosa, por lo que DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN DEFIITIVA SOLICITADA, toda vez que no demostró ni aun en forma presuntiva su interés jurídico. Se afirma lo anterior, pues si bien la quejosa solicitó la suspensión definitiva con motivo de la suspensión temporal del trabajo y servicios y aseguramiento de diversos bienes, en el que afirma ejerce una actividad mercantil relativa a la venta de complementos alimenticios y servicio de consultorio para el cuidado de la salud; debió demostrar que la actividad comercial que ejerce se encuentra debidamente legalizada, mediante la exhibición del documento idóneo que la autorice a realizar la prestación de la citada actividad económica, de conformidad con el ordenamiento legal aplicable al caso. En otras palabras, para justificar el derecho que tiene la quejosa para reclamar la afectación a sus intereses, era menester que demostrara contar con el documento que acredite que es titular de la autorización legalmente expedida por las autoridades competentes. Por ese motivo, debió demostrar que contaba con la licencia de funcionamiento expedida por el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, quien de conformidad al artículo 31 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, es la que permite a un negocio operar de manera legal, para demostrar que tiene un derecho legítimamente tutelado que la autorice a solicitar la suspensión del acto reclamado en un juicio constitucional En este orden de ideas, los avisos de funcionamiento RUT: 170212 y RUT: 176381, ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, exhibidos como pruebas de su parte, si bien acreditan su legal inscripción en el rubro correspondiente a los mismos; también lo es, que para tener por debidamente demostrada que la actividad que realiza se encuentra correctamente regulada, debía exhibir la licencia de funcionamiento de local comercial en donde la ejerce a fin de demostrar el interés suspensional requerido. En efecto, resulta inconducente otorgar la suspensión solicitada en contra del referido acto reclamado, pues no se advierte que cuente la quejosa con la respectiva licencia de funcionamiento; pues sería contrario al interés social y a las disposiciones de orden público conceder la medida cautelar, ya que con el otorgamiento de la suspensión solicitada se permitiría el funcionamiento de una actividad sin la licencia o permiso correspondiente, violando disposiciones de orden público y dejando de satisfacerse el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. A más de que en términos de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la medida cautelar no puede constituir derechos en favor del quejoso. Por todo lo anterior, debe negarse la medida cautelar solicitada, pues la suspensión del acto reclamado únicamente tiene efectos suspensivos y no constitutivos de derechos. Resulta aplicable a esto último la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1059, del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 229,524, que precisa: "SUSPENSION. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS. La suspensión del acto reclamado únicamente tiene efectos suspensivos y no constitutivos de derechos; de manera tal que, si se solicita la suspensión para el efecto de que no se paralice el servicio público de transporte que se viene prestando y los promoventes del amparo no acreditan, en el incidente de suspensión, que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de que se trata o con permisos provisionales para ello, la suspensión debe negarse; pues lo contrario, o sea, conceder el beneficio suspensional, sin la exhibición de dichos documentos, equivaldría a constituir el derecho a prestar el servicio en favor de los agraviados, lo que implicaría, a su vez, sustitución del juez de amparo en facultades exclusivas de las autoridades administrativas." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Yazmín Aracelly Gaytán Pacho, la suspensión definitiva del acto que reclamó del Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y Verificador de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el treinta siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la referida parte quejosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 2334/2021-VI-A y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la rendición del informe justificado con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado resulta ser cierto, tal como se advierte del informe de ley remitido por la autoridad responsable, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando se tiene por cierta la existencia del acto. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación al escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio ejecutivo mercantil 745/2019, con el que solicitó se expidiera el oficio relativo a la cancelación del embargo trabado en el citado procedimiento de origen. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones que evidencia su existencia; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, se advierte que mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, por los motivos ahí expuestos, se determinó no acordar de conformidad la solicitud realizada por la parte quejosa mediante escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno; lo que se hizo de su conocimiento el veintiuno de enero del año en curso. Lo anterior evidencia indudablemente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior, el que no obre en autos la constancia relativa al emplazamiento de la parte tercero interesada Felipe de Jesús Arjona Azcorra, toda vez que, al margen de que el sentido de la presente resolución no le depararía agravio alguno, en su caso, podría a través del recurso correspondiente hacer valer causales de improcedencia que de resultar fundadas, el resultado del fallo sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". . En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a dicho acto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por IRMA ELISABETH NOH POOT, en contra del acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, residente en Valladolid, Yucatán, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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