Alfredo Alberto Osorio Arce
Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 72 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 72
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alfredo Alberto Osorio Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 72.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio presentado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cual tiene inserto el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se advierte que la parte quejosa, promovió diverso juicio de amparo ante dicho órgano jurisdiccional, por lo que solicita se le remitan diversas constancias del presente juicio de amparo. En atención a su contenido, comuníquese a la autoridad oficiante que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Así también, en proveído de diez de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio constitucional y se ordenó el archivo del mismo. En consecuencia, en atención a lo que solicita, remítasele a la autoridad oficiante copia certificada de las constancias conducentes del juicio en que se actúa, a fin de que esté en aptitud de acordar lo conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 07/06/23 12:42:53 Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Así también, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18 del Acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, las copias certificadas que integran la causa penal 411/2015 de su índice, mismas que remitió en justificación a su informe. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese al presente auto el oficio del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual transcribe el acuerdo de tres de marzo del año en curso, en el que, esencialmente, informa que se ordenó dar acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 727/2021-II, de su índice, a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de tener a la vista las constancias que lo integran. En atención a su contenido, agréguese únicamente como corresponda toda vez que en proveído de ocho de febrero del año en curso, se tuvo por recibido un diverso oficio de igual contenido y se acordó lo conducente, y el veintiuno de febrero siguiente se dictó la sentencia en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 640/2021-IV-B, promovido por ALFREDO ALBERTO OSORIO ARCE; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnada al diecinueve siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ALFREDO ALBERTO OSORIO ARCE, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Primero Penal del Estado de Yucatán. 2. Juez Segundo Penal del Estado de Yucatán. 3. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal del Estado de Yucatán. 4. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal del Estado de Yucatán. 5. Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán. 6. Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán. 7. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán. 8. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán. 9. Fiscalía Investigadora Mixta Tres, del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 10. Fiscal del Estado de Yucatán. 11. Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 12. Director de la Policía Ministerial del Estado. 13. Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán. 14. Juez Primero Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 15. Juez Primero Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 16. Juez Segundo Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 17. Juez Segundo Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 18. Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 19. Juez Tercero Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 20. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. 21. Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio de Cancún, Quintana Roo. 22. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 23. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 24. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 25. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 26. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 27. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 28. Actuario adscrito al Juzgado de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio de Cancún, Quintana Roo. 29. Director de la Policía Judicial del Estado Zona Norte de Cancún, Quintana Roo. SEGUNDO. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. En la misma data se dejaron de tener como autoridades responsables a las siguientes autoridades responsables: 2. Juez Segundo Penal del Estado de Yucatán. 3. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal del Estado de Yucatán. 4. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal del Estado de Yucatán. 7. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán. 8. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán. 22. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 23. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 24. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 25. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 26. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Penal "A" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 27. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Penal "B" de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. 28. Actuario adscrito al Juzgado de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio de Cancún, Quintana Roo. Asimismo, en esta propia fecha se dejó de tener como autoridad responsable a la 9. Fiscalía Investigadora Mixta Tres, del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Luego, previos diferimientos se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: Las órdenes de aprehensión y detención; así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables 1. Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado [número de promoción 6233], 5. Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado [número de promoción 6144], 6. Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado [número de promoción 6149]; 13. Director de la Policía Municipal por conducto del Comisario [número de promoción 6171]; todos residentes en esta ciudad, 14. Juez Primero Penal "A" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez por ausencia del titular [número de promoción 8271], 15. Juez Primero Penal "B" de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún, por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez por ausencia del titular [número de promoción 8272], 16 y 17. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún [número de promoción 7283], 18 y 19. Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún [número de promoción 7284], 21. Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, por conducto del Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez [número de promoción 7619], 20. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo [número de promoción 7361], con sede en Cancún y 29. Director de la Policía Judicial del Estado Zona Norte de Cancún, Quintana Roo [número de promoción 7361], estos últimos con sede en Cancún, Quintana Roo. Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Ahora bien, toda vez que al rendir sus informes las autoridades responsables indicadas negaron la existencia de un orden de aprehensión y su ejecución; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, aunado al hecho que no se advierte que hubiesen tenido alguna participación en estos actos de referencia. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el SOBRESEIMIENTO por inexistencia de actos en el presente juicio, por cuanto hace a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO.- Existencia de actos. Por su parte, la autoridad responsable Secretario de Estudio y Cuenta de Sala, en funciones de Juez del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia, [número de promoción 10090], del telegrama que envió en el que rectificó su informe justificado, se advierte que manifestó que sí libró una orden de reaprehensión. Asimismo, las autoridades responsables 12. Director de la Policía Estatal de Investigación por conducto del Encargado del Departamento Jurídico [número de promoción 6347], manifestó que sí es cierto el acto reclamado, toda vez que cuenta con una orden de reaprehensión por colaboración con el Estado de Quintana Roo en contra de Alfredo Alberto Osorio Arce por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, dictada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo, en la causa penal 411/2015, de su índice. Asimismo, las autoridades 10. Fiscal del Estado de Yucatán [número de promoción 6280]; y 11. Secretaría de Seguridad Pública del Estado por conducto del Director Jurídico [número de promoción 6138], también hicieron alusión a la existencia de esa orden de reaprehensión. Por tanto, por lo que respecta a estas autoridades, se tiene por cierto el acto consistente en la orden de reaprehensión dictada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo, en la causa penal 411/2015, de su índice, así como su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO.- Actualización de una causal de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada. Pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, e igual acto, que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional. De manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, dicha porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) Sean promovidos por el mismo quejoso; b) En contra de las mismas autoridades responsables; c) Por el mismo acto o norma general; y, d) Exista cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre el mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables. Orienta lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA CAUSAL DE. POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS". Sentado lo anterior, cabe precisar que es un hecho notorio que se encuentra radicado en este juzgado el juicio de amparo 260/2020, en el que el quejoso Alfredo Alberto Osorio Arce reclamó la orden de reaprehensión librada en su contra por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, dictada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo, en la causa penal 411/2015, de su índice. Juicio en el cual se señalaron como autoridades responsables a las mismas que en el presente juicio de amparo, es decir: 1. Juez Primero Penal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 2. Juez Segundo Penal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 3. Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 4. Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 5. Juez Primero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 6. Juez Primero Penal "B" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 7. Juez Segundo Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 8. Juez Segundo Penal "B" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 9. Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 10. Juez Tercero Penal "B" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 11. Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Cancún, Quintana Roo. 12. Fiscal Investigador de la Unidad Mixta Tres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 13. Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 14. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 15. Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 16. Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. 17. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. 18. Director de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, Zona Norte, con sede en Cancún. 19. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 20. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 21. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 22. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 23. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 24. Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal "B" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 25. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 26. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal "B" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 27. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 28. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Penal "B" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. 29. Actuario adscrito al Juzgado de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Cancún, Quintana Roo. Por tanto, hasta el momento, se encuentran colmados los tres primeros incisos precisados con antelación (a, b y c), los cuales corresponden a que entre ambos juicios existan identidad en el quejoso, en el acto reclamado y en las autoridades responsables. Luego, en lo que hace al último de los requisitos, que es el previsto en el inciso d), también se advierte colmado en la especie, dado que existe cosa juzgada respecto del acto que se reclama. Se afirma lo anterior, ya que teniendo a la vista las constancias relativas al juicio de amparo 260/2020-V, se observa que se dictó sentencia el veinte de octubre de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria el diez de noviembre siguiente. Cabe precisar que, en el sumario constitucional de referencia se determinó sobreseer al surtirse la diversa causal contemplada en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en razón que en la época que se resolvió el juicio de amparo 260/2020-V, se advirtió la existencia del diverso 727/2021-II, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, de donde se desprende que Alfredo Alberto Osorio Arce presentó diversa demanda de amparo en contra de las mismas autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, y por los mismos actos reclamados, en el cual se había dictado sentencia el quince de octubre de dos mil veintiuno pero no había causado ejecutoria la misma. Sin embargo, al entrar al expediente electrónico de este último juicio, se observa que ese fallo constitucional causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, con posterioridad al dictado de la sentencia del juicio 260/2020-V. De lo anteriormente relacionado, se colige que en ambos juicios de amparo previos, el indicado quejoso Alfredo Alberto Osorio Arce, señaló los mismos actos reclamados, es decir, la orden de reaprehensión dictada en su contra, en la causa penal 411/2015 del índice del Juzgado Primero Penal "A" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y su ejecución, respeto de las mismas autoridades; en los cuales ya se dictaron las sentencias correspondientes y las mismas causaron ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Establecido lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia en análisis, contemplada en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se surte en la especie de manera notoria y manifiesta, de ahí que no es dable examinar los actos reclamados. Al caso, resulta aplicable por analogía de razón la tesis aislada 1a. XCV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011383, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En tales circunstancias, ante la actualización del motivo de improcedencia estudiado, se SOBRESEE en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este órgano jurisdiccional a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALFREDO ALBERTO OSORIO ARCE, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALFREDO ALBERTO OSORIO ARCE, por las autoridades y atento a los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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