Alfredo Alberto Osorio Arce
Expediente 260/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 39 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alfredo Alberto Osorio Arce
- Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 26805/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita, por los motivos expuestos en el mismo, se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Al efecto, mediante oficio que al efecto se le gire, hágase de su conocimiento que por proveído de trece de febrero de dos mil veinte se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa y que por resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia incidental y se dejó sin materia el incidente de suspensión. Siendo que por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia dictada el veinte de octubre de esa propia anualidad, por medio de la cual se sobreseyó en el presente asunto, y se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinte de octubre del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia dictada el veinte de octubre de los corrientes, el hecho que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 28763/2021-V-B, 28764/2021-V-B, 28765/2021-V-B, 28767/2021-V-B, 28768/2021-V-B, 28769/2021-V-B y 28770/2021-V-B, por medio de los cuales se notificó la referida resolución al Juez Primero Penal "A" de Primera Instancia, Jueces Segundo y Tercero Penal "A" de Primera Instancia, Jueces Segundo y Tercero Penal "B" de Primera Instancia, Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Coordinador de la Policía de Investigación en la Zona Uno, todos con sede en Cancún, Quintana Roo, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que los actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, por analogía de razón, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se declaró sin materia el cuaderno de suspensión, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúen en la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en las copias certificadas de la causa penal de origen 411/2015, que el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez Primero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, remitió junto con su oficio PJ-CJ-JZ1PACUN-387/2021; por tanto, devuélvanse los mismos a la nombrada autoridad responsable, y pídasele el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 260/2020-V-B, promovido por Alfredo Alberto Osorio Arce, contra los actos que reclama al Juez Primero Penal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alfredo Alberto Osorio Arce, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables Juez Primero Penal del Estado de Yucatán, Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, Fiscal General del Estado y Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida, todos con sede en esta ciudad, Jueces Segundo y Tercero Penal "A" de Primera Instancia, Jueces Primero, Segundo y Tercero Penal "B" de Primera Instancia y Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, los anteriores con sede en Cancún, Quintana Roo; por las razones expuestas en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alfredo Alberto Osorio Arce, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables Juez Primero Penal "A" de Primera Instancia y Coordinador de la Policía de Investigación en la Zona Uno, ambos con sede en Cancún, Quintana Roo, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, ambos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del oficio 5953/2021-II signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, que se relaciona en el proveído de treinta de septiembre del presente año. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las once horas con diecinueve minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.
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