Alfonso Rogelio Granados García
Expediente 414/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfonso Rogelio Granados García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. Sin que obste para lo anterior, el hecho de que a nombre del tercero interesado y para desahogar esa vista, se presentó un escrito el veinticuatro de octubre de este año, toda vez que, de la certificación que antecede, también se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días que se le concedió al tercero interesado Ramiro Silva Pérez, mediante proveído de veintiséis de octubre de este año, a fin de que compareciera ante el personal de este juzgado debidamente identificado, para que, manifestara si ratificaba en todas y cada una de sus partes el escrito en comento, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, sin que lo hubiera hecho dentro del plazo concedido al efecto; en esa virtud, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el referido auto y dada la omisión en que incurrió el citado tercero, se tiene por no presentado el mencionado escrito y se procede acordar lo que en derecho corresponda. De igual manera, no ha lugar a tener en consideración el diverso ocurso presentado el siete de noviembre de este año, a nombre del tercero interesado Ramiro Silva Pérez, dado que el mismo fue presentado cuando le estaba transcurriendo el término para ratificar aquel diverso donde desahogó la vista y por tanto, la no haber realizado la comparecencia de ratificación requerida, no fue posible tenerlo subsanando la misma a través de un diverso escrito de manifestaciones. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en auto de once de octubre de dos mil dieciocho y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a ALFONSO ROGELIO GRANADOS GARCÍA, para el efecto de que el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, realizara lo siguiente: ".a) El juez responsable deje insubsistente la orden que determina emplazar por medio de edictos a Alfonso Rogelio Granados García, dentro del juicio ordinario civil número 814/2015 y, como consecuencia, deje insubsistente todas las actuaciones que ocurrieron con posterioridad, entre ellas, la sentencia y actos de ejecución de la misma; b) Ordene llamar a juicio al codemandado Alfonso Rogelio Granados García, agotando los medios a su alcance. Lo anterior en el entendido de que el aquí quejoso indicó en su demanda de amparo que tuvo conocimiento de los actos reclamados el siete de mato de dos mil dieciocho en su domicilio particular ubicado en la calle Juárez, número noventa y seis, colonia centro, Puruándiro, Michoacán; y que además, su domicilio para oír y recibir notificación en el presente juicio, lo es el ubicado en avenida Francisco I. Madero, número ochocientos ochenta, altos, colonia centro, Morelia, Michoacán; por lo que podrá ordenar el emplazamiento en dichos domicilios, dado que tal diligencia tendrá lugar en cumplimiento a esta sentencia concesoria de amparo." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, por oficio presentado el diez de octubre de este año, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, allegó el oficio 2220/2018, en el que inserto el auto de uno de octubre del presente año, dictado en el juicio ordinario civil 814/2015, a través del cual, para cumplir con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el cual se determinó emplazar por medio de edictos al quejoso Alfonso Rogelio Granados García, así como dejar insubsistentes todas las actuaciones que ocurrieron con posterioridad, entre ellas, la sentencia emitida en el juicio ordinario civil 814/2015 que sobre acción pauliana y otras prestaciones promovió Ramiro Silva Pérez, frente Alfonso Granados Vega y los actos de ejecución de la misma. II. Luego, ordenó llamar a juicio al codemandado y aquí quejoso Alfonso Rogelio Granados García, en un domicilio localizado en Puruándiro, Michoacán y/o en uno diverso ubicado en esta ciudad capital (domicilio procesal señalado en esta instancia constitucional). Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente todo lo actuado el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el cual determinó emplazar al aquí quejoso por medio de edictos, así como dejar insubsistentes todas las actuaciones que ocurrieron con posterioridad, entre ellas la sentencia y actos de ejecución, para posteriormente ordenar llamar a juicio al codemandado y aquí quejoso, en los domicilios que le fueron anotados en el fallo protector, con lo que se le restituyó en el goce de las garantías violadas. No obsta para considerar cumplida la sentencia de amparo, el hecho de que en el juicio ordinario civil 814/2015, existan varios demandados, que se haya dejado insubsistente todo lo actuado y que la protección constitucional sólo le haya sido otorgada al quejoso Alfonso Rogelio Granados García, toda vez que, al analizar su situación en el juicio natural, se advirtió que le resultó la calidad de tercero extraño equiparado por litisconsorcio, esto es, que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 200201 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Febrero de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 9/96 Página: 78 "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. No ha lugar a lo que solicita el tercero interesado Visto el escrito de cuenta que suscribe el Ramiro Silva Pérez, mediante el cual, intentado desahogar el requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiséis de octubre de este año, manifiesta que no puede ratificar la firma del escrito presentado el veinticuatro de ese mismo mes y año, en virtud de que no es su firma, y que la misma fue estampada por error involuntario por persona diversa; en consecuencia, dígasele al tercero interesado en cita, que no ha lugar a tenerlo por desahogando el requerimiento que le fue formulado a través del ocurso de cuenta, ya que en el auto de veintiséis de octubre de este año, se determinó que debe comparecer ante el personal de este juzgado en diligencia formal y con los apercibimientos de ley, manifestar lo que a su derecho corresponda en torno al escrito que se le cuestiona; motivo por el cual, deberá estarse a lo acordado y apercibido en dicho proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. No ha lugar a mayor pronunciamiento Agréguese únicamente a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán, a través del cual, acompaña inserto el auto de veintidós de los actuales, dictado en el juicio de origen, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento respecto del mismo, toda vez que en proveído de once de octubre de este año, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Se requiere a quejosa ratifique escrito Visto el escrito presentado por el tercero interesado Ramiro Silva Pérez; atento a su contenido, previo a proveer en cuanto al fondo y toda vez que la firma que calza el ocurso de cuenta, difiere a simple vista con la que obra plasmada en el escrito presentado el tres de los actuales. En esa virtud, requiérase al tercero interesado Ramiro Silva Pérez, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede notificado de este proveído, en día y horas hábiles de despacho comparezca ante el personal de este juzgado identificada con documento oficial, para que, previamente advertido de la responsabilidad que para el caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el amparo prevé el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes ese ocurso y si reconoce como suya la firma que lo calza; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis, 3a./J24, de la Tercera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 258, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". En el entendido de que una vez ratificado el escrito de cuenta, este juzgado estará en aptitud de ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, a fin de verificar si la firma que calza el escrito de cuenta y la del escrito presentado el tres de octubre de este año, corresponden a la firma del tercero interesado, ello en atención a que constituye una práctica reiterada que los abogados o terceras personas signen los escritos falsificando la firma de las partes. Sirve de apoyo a los anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del texto y rubro siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014436 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.) "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 338/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Tesis y criterio contendientes: Tesis VI.1o.C.3 K (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI SU SUSCRIPTOR RATIFICA LA FIRMA QUE LA CALZA ES ILEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO UNILATERALMENTE INVESTIGUE SOBRE LA AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE ÉSTA Y ORDENE LA RECEPCIÓN DE UNA PERICIAL PARA RESOLVER CONFORME AL RESULTADO DE DICHA PRUEBA.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1751, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 85/2016. Tesis de jurisprudencia 59/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de mayo de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Es necesario hacerle del conocimiento al tercero interesado, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, facultan a este órgano jurisdiccional que en cualquier etapa del procedimiento de amparo se le debe dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad ante el presente juicio de amparo, y ratifique como suya una firma que no fue emitida de su puño y letra. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada el 9 de febrero de 2017, de rubro y texto siguientes: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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