Alfonso Torres Larrañaga
Expediente 392/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfonso Torres Larrañaga
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo X-392/2020, promovido por Alfonso Torres Larrañaga, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el tres de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro del mes y año en cita, Alfonso Torres Larrañaga solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad referida con antelación y el acto que precisó en el propio ocurso, que consideró violatorio, en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Mediante auto de seis de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda; se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se reconoció el carácter de terceros interesados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo "CEDH" y al Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS", por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. A las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de proveer medidas de inmediata y eficaz ejecución forzosa y necesarias para la cumplimentación coactiva del laudo de siete de febrero de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Ordinario Laboral 295/2013, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Sin que pase inadvertido para este juzgador que el aquí garantista señaló en su líbelo constitucional: "IV.- LOS ACTOS U OMISIONES QUE A LA AUTORIDAD SE RECLAMAN: La dilación u omisión de proveer la inmediata ejecución forzada y/o de la eficaz adopción de todas las medidas necesarias y conducentes que resulten imprescindibles para la ejecución coactiva del laudo de fecha 28 veintiocho de enero de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable en el Juicio Ordinario Laboral con Expediente número 295/2013." No obstante, de los antecedentes narrados en el escrito de que se habla, de las constancias de autos, así como del informe justificado rendido por la responsable, se desprende que la ejecución coactiva del laudo que en esta instancia constitucional reclama el quejoso Alfonso Torres Larrañaga, lo es el dictado en la fecha citada en primer término; esto es, el siete de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio y tribunal ya precisados. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido; no obstante haber referido que es parcialmente cierto el acto que se le reclama, toda vez que a la fecha de su rendición, ese tribunal había efectuado diversas actuaciones tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado en laudo de siete de febrero de dos mil diecisiete. Que la última fue la de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se requirió a la demandada Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que en el plazo ahí concedido (tres días), manifestara con relación al cumplimiento sobre la inscripción retroactiva del trabajador actor dentro del juicio de origen 295/2013, ante las instituciones de Seguridad Social correspondientes. Sin que a la fecha (ocho de septiembre de dos mil veinte en que rindió informe justificado), obrara constancia en su sistema de promociones de que la parte demandada haya dado cumplimiento. Además, tales asentimientos se vieron corroborados de la copia certificada del laudo de siete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio Ordinario Laboral 295/2013; así como de las constancias que integran el procedimiento de ejecución; documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo al estudio de la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario relacionar los antecedentes más relevantes del acto reclamado para una mejor comprensión del asunto, los cuales se obtienen de los hechos precisados y las actuaciones que remitió la responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en apoyo a su informe justificado y son los siguientes: El veinte de mayo de dos mil trece, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, remitió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, demanda laboral interpuesta por Alfonso Torres Larrañaga, en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de quien reclamó la indemnización constitucional y el pago de diversas prestaciones. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil trece, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, radicó la demanda bajo el número de expediente laboral 295/2013. El siete de febrero de dos mil diecisiete, la responsable dictó laudo definitivo, en el que se condenó a la parte demandada Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo "CEDH", a la reinscripción retroactiva del quejoso Alfonso Torres Larrañaga, por el tiempo que duró la relación ante las instituciones de seguridad social que correspondan y/o con las que tengan celebrado convenio, o bien de la forma que estimara pertinente, pero mirando que aquél recibiera los beneficios correspondientes del seguro social y de la vivienda, consagrados constitucionalmente por el tiempo que duró la relación (foja 4 del tomo de pruebas). Mediante escrito signado el veinte de marzo de dos mil dieciocho por Alfonso Torres Larrañaga y presentado en esa misma data ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, solicitó se despachara la ejecución y los actos tendentes al cumplimiento de la resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 51 del tomo de pruebas). Por acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, determinó en relación a la petición que antecede lo siguiente: ".. En atención al escrito presentado, tal y como lo solicita el ocursante, se ordena la ejecución del laudo emitido con fecha 07 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en cuyo resolutivo segundo, se condena a la demandada COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, a la reinscripción retroactiva del C. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA, por el tiempo que duró la relación ante las instituciones de seguridad social que correspondan y/o con las que tenga celebrado convenio, o bien de la forma que estime pertinente, por lo que, en consecuencia, se ordena enviar atento oficio a la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, a efecto de que realice lo señalado en supra líneas, es decir que lleve a cabo todos los trámites administrativos para que el actor sea inscrito retroactivamente por el tiempo que duró la relación ante las instituciones de seguridad social que correspondan y/o con las que tengan celebrado convenio, haciéndose mención el número de seguridad social proporcionado por el actor y que lo es 5387697255-4, lo cual deberá ser informado por la demandada ante esa Autoridad y que se solicita se realice en un término de tres días, que establece el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, mismos que empezarán a correr a partir del día siguiente de la fecha en que reciba el presente oficio, con el apercibimiento legal de que, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado se le aplicará una multa de 20 veinte días de salario mínimo vigente establecido en esta Entidad Federativa, ello de conformidad con el artículo 731, fracción I, de la supletoria Ley Federal del Trabajo.." (foja 52 del tomo de pruebas). Por ocurso de doce de abril de dos mil diecinueve, el quejoso, solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, iniciar el procedimiento de ejecución forzada del lado dictado dentro del juicio de origen (fojas 65 a 67 del cuaderno de pruebas). El cinco de julio de dos mil diecinueve, previa petición de la reo, el Tribunal Laboral, acordó dar vista al quejoso, con los escritos exhibidos por el apoderado de la demandada, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, en el cual manifiesta haber realizado los trámites relativos a la inscripción del quejoso ante las instituciones de seguridad social. Lo anterior apercibida que de no dar contestación en el término concedido, se le tendría a la demandada por dando cumplimiento al laudo de siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 63 del cuaderno de pruebas). El nueve de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio de origen 295/2013, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, proveyó: "(.) Téngase a la demandada COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN por dando cumplimiento a requerimiento de fecha 29 de noviembre del 2019 dos mil diecinueve (f.604) en el cual se le requirió a la demandada se manifestara en relación a la reinscripción retroactiva del trabajador ante las instituciones de seguridad social, por lo cual se tiene al LIC. PEDRO BALDERAS HERNÁNDEZ, por exhibiendo los siguientes oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social:----------------------------------------------------------- OFICIO NÚMERO 067/2018 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, SUSCRITO POR EL MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MICHOACÁN, DIRIGIDO A EL LIC. RUFINO ALFONSO VILLEGAS GARCÍA, DELEGADO REGIONAL EN MICHOACÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con fecha de recibido 27 de abril del 2018 dos mil dieciocho. ".." "..inscriba en forma retroactiva al trabajador Alfonso Torres Larrañaga del periodo comprendido del 15 de marzo del 2011 al 01 de enero del 2012.." OFICIO NÚMERO 006/2020 DE FECHA 21 VEINTIUNO DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE, SUSCRITO POR LIC. UBLE MEJÍA MORA, SECRETARIO EJECUTIVO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN, DIRIGIDO A EL LIC. RUFINO ALFONSO VILLEGAS GARCÍA, DELEGADO REGIONAL MICHOACÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con fecha de recibido 22 veintidós de enero del 2020 dos mil veinte. ".." "..a través del cual se le solicitó inscribiera en forma retroactiva al trabajador Alfonso Torres Larrañaga del periodo comprendido del quince de marzo del dos mil once al uno de enero de dos mil doce.." OFICIO NÚMERO 022/2020 DE FECHA 21 VEINTIUNO DE FEBRERO DEL 2020 DOS MIL VEINTE, SUSCRITO POR LIC. UBLE MEJÍA MORA, SECRETARIO EJECUTIVO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN, DIRIGIDO A EL LIC. RUFINO ALFONSO VILLEGAS GARCÍA, DELEGADO REGIONAL MICHOACÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con fecha de recibido 21 veintiuno de febrero de dos mil veinte. ".." "..por medio del cual se le hizo petición para que inscribiera en forma retroactiva al trabajador Alfonso Torres Larrañaga del periodo comprendido del quince de marzo del dos mil once al uno de enero de dos mil doce." OFICIO NÚMERO 170391019000110/0074/2020 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2020 DOS MIL VEINTE, SUSCRITO POR EL LIC. RUFINO ALFONSO VILLEGAS GARCÍA, DELEGADO REGIONAL MICHOACÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DIRIGIDO A EL LIC. UBLE MEJÍA MORA, SECRETARIO EJECUTIVO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN, con fecha de recibido 18 dieciocho de marzo del 2020 dos mil veinte, mediante el cual informan: "En seguimiento a sus oficios número 006 y 022/2020, donde solicita el seguimiento a diverso oficio 067/2018 suscrito por el entonces Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO, donde solicita se inscriba de forma retroactiva al trabajador C. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA con numero de seguridad social 53 87 69 7255 4, informo a usted que una vez revisados todas las documentales que se recibieron donde consta los periodos de pago realizados, avisos afiliatorios y laudo condenatorio, informo a usted que se registró ante este Instituto el periodo correspondiente solicitado siendo con un ingreso del 10 03 2011 con baja al 01 01 2012 (sic)".---------------- Por lo anterior, SE ORDENA DAR VISTA A LA PARTE ACTORA para que en el TÉRMINO DE 03 TRES DÍAS HÁBILES manifieste lo que a sus intereses convenga, con el apercibimiento que, en caso de no manifestarse, este actuante acordará lo que a derecho proceda, es decir se le tendrá a la demandada COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN dando cumplimiento total a laudo de fecha 07 siete de febrero del 2017 dos mil diecisiete, y se archivará el presente expediente como totalmente concluido.." Anterior vista a la que el quejoso Alfonso Torres Larrañaga, mediante ocurso presentado de manera simultánea ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y este Juzgado de Distrito, refirió que la responsable no dio cumplimiento al laudo de siete de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de que, el organismo público descentralizado Instituto Mexicano del Seguro Social efectuó inscripción requerida de manera retroactiva del periodo del quince de marzo de dos mil once al uno de enero de dos mil doce, pero que debió inscribirlo por el tiempo que duró el nexo de trabajo; esto es, del quince de marzo de dos mil once al uno de enero de dos mil doce. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En primer término, resulta oportuno invocar como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, que dentro de los autos del juicio de amparo X-392/2020 del índice de esta órgano jurisdiccional, promovido por Alfonso Torres Larrañaga contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo en el que se recepcionó oficio TCA/AMP/3339/21, signado por el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por medio del cual remitió copia certificada de la diligencia de comparecencia celebrada el ocho del mes y año en curso, entre las partes actora y demandada dentro del Juicio Ordinario Laboral con Expediente número 295/2013 de su índice; así mismo, informó que se ordenó su archivo total y definitivo como asunto total y definitivamente concluido. Dichas constancias se agregaron al presente juicio de amparo, y se ordenó tomar en consideración al momento de resolver el presente asunto. Además, tienen pleno valor probatorio al ser documentales públicas, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código de Federal de Procedimientos Civiles. En ese contexto, se tiene que tales documentales fueron acordadas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Luego, no se desconoce que de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, una vez celebrada la audiencia de pruebas, alegatos y que se han declarado vistos los autos para dictar sentencia, por regla general no es legalmente posible que los Juzgadores de Distrito tomen en cuenta pruebas diversas y presentadas con posterioridad a la fecha de la celebración de la citada audiencia, a fin de no vulnerar el principio de igualdad jurídica entre las partes. No obstante, por excepción, cuando las pruebas documentales justifican la improcedencia del juicio, sí pueden ser tomadas en consideración; ello porque el análisis de las causas de improcedencia es de orden público y oficioso, conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis siguiente: Registro digital: 170855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o.C.48 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 1678 Tipo: Aislada "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia ... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia." Así, no obstante la existencia del acto reclamado, las documentales allegadas al presente juicio de amparo una vez celebrada la audiencia constitucional, serán tomadas en consideración, porque en el caso concreto, el que esto resuelve estima que justifican su improcedencia, pues sobrevino la causal prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: ".." XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Cobra aplicación la siguiente Jurisprudencia: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Entonces, las documentales allegadas al presente juicio de amparo una vez celebrada la audiencia constitucional, se reitera, son tomadas en consideración porque en el caso concreto, sirven para tener actualizada la causal de improcedencia, que por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estiman justificadas para ser atendidas en cuanto a su contenido, de acuerdo con el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causa de improcedencia. Precisado lo anterior, de las documentales que se habla, se colige que: Dentro del Juicio Ordinario Laboral 295/2013, índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, el actor aquí quejoso, Alfonso Torres Larrañaga, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno compareció ante el esa autoridad, y manifestó lo siguiente: "Que en este acto me doy por pagado de todas y cada una de las prestaciones a que resultó condenada la parte demandada Comisión Estatal de Derechos Humanos en términos del laudo de fecha 07 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, y por satisfecho con el cumplimiento que ésta dio al laudo en comento, documentales que ya obran agregadas a los autos del juicio en que gestiono, por lo que estimo que se ha dado cabal cumplimiento total al laudo señalado en líneas que anteceden, y del cual derivó el juicio de amparo número X-392/2020, radicado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitando se informe lo conducente a la autoridad federal para los efectos legales a que haya lugar." Por ello, la responsable, en esa propia data acordó que se tenía al compareciente aquí quejoso Alfonso Torres Larrañaga, por haciendo sus manifestaciones en la forma y términos asentados en la propia acta, así mismo, se tuvo por manifestando que se daba por pagado de todas y cada una de las prestaciones a que resultó condenada la parte demandada Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También, acordó el Tribunal de Conciliación del Estado de Michoacán, que tomando en consideración que de autos del juicio de origen se desprendía que la parte demandada había realizado el trámite administrativo respecto de la reinscripción retroactiva del trabajador actor ante la Institución de Seguridad Social con la que tenía celebrado convenio y que lo fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como que en uso de la voz aquí trabajador actor manifestó que se daba por pagado de todas y cada una de las prestaciones y al no haber materia sobre la cual fallar. Entonces, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido y finalmente, ordenó enviar oficio a este Juzgado de Distrito, a efecto de informar sobre la comparecencia de que se trata. Ahora, del contenido del acta de comparecencia, se advierte que el garantista se dio por pagado de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenada la demandada en el juicio de origen Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Michoacán; esto es, mediante su manifestación el actor aceptó que la reo dio cabal cumplimiento al laudo de siete de febrero de dos mil diecisiete, que resulta ser cuestión relacionada con el acto aquí reclamado; de ahí que es incuestionable han cesado los efectos de los actos reclamados. Por ello, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Al margen de lo anterior, no resta decir que los alegatos formulados por la representación social, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional abordar su estudio, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 205449 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14 Tipo: Jurisprudencia "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, atendiendo al sobreseimiento decretado, resulta innecesario que este Juzgador se pronuncie sobre los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo. QUINTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 392/2020, promovido por Alfonso Torres Larrañaga, por el acto, autoridad y, razones precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando quinto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe, hoy diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la comparecencia de las partes de ocho de diciembre del año en curso, ordenando el archivo del asunto por encontrarse totalmente concluido. De lo anterior, se toma conocimiento, en el entendido de que se pone a la vista dicho oficio a fin de pronunciar la resolución correspondiente. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación levantada por la secretaria de la adscripción de los que se desprende que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio, misma que fue celebrada por el licenciado Leonel López Pérez, quien hasta el treinta de noviembre de la presente anualidad, desempeñaba funciones de Juez de Distrito a cargo de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Así como que a la fecha no se ha emitido el fallo relativo. Sin embargo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Circunstancia anterior que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes y previa formación del cuadernillo correspondiente, en estricta observancia al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 119/2020, que en lo conducente dice: "(.) Por lo tanto, a juicio de esta Segunda Sala sí se debe notificar a las partes del cambio de titular del órgano jurisdiccional que dictará el fallo respectivo. Razonar en otro sentido implica hacer, por un lado, caso omiso a lo señalado por el artículo 70, en el sentido de que las partes pueden formular el impedimento correspondiente y, por el otro, implica hacer nugatorio el derecho de las partes a formular un impedimento respecto de un Juez determinado pues, de no notificarles el cambio de titular, las partes sólo conocerán quién dictó la sentencia o resolución, una vez que conozcan su contenido, y esté firmada por el nuevo titular y autorizada por el secretario, llevándose la incorrecta creencia, por la falta de la notificación correspondiente del cambio de titular, pues ellos estimarán que es el mismo que dictó los acuerdos previos a la sentencia o resolución. (.)" Anterior criterio que dio lugar a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓ PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 119/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, actualmente Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. 23 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Tesis de jurisprudencia 104/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil diez." Misma que al no ser adversa al texto actual de la Ley de Amparo vigente, resulta de observancia obligatoria para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 217 y SEXTO transitorio de dicho ordenamiento. DICTADO DE LA RESOLUCIÓN Por lo expuesto, una vez notificadas las partes del contenido del presente acuerdo, procédase al dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese por lista a la parte quejosa y de ser el caso a la tercero interesada y, por oficio a la autoridad responsable de conformidad con el artículo 26, fracciones II y III de la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo X-392/2020 promovido por ******************** contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado jurídico y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, quienes se encuentran debidamente emplazados en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa, ofreció diversas documentales; asimismo, la autoridad señalada como responsable ofreció diversas documentales y a su vez, adjuntó como sustento de su informe: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente 295/2013, mismas que obran en un tomo de pruebas por separado. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita realizó lo conducente a través de su pedimento ********************. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. AUTORIDAD REMITE COPIAS Agréguese el oficio de cuenta y anexos remitidos por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el cual da cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintidós de julio del año en curso; por tanto, dichas constancias se toman en consideración para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp
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