ALFONSO RAMON OLIVARES VALDES y Otros.

Expediente 596/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
596/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • DIRECTOR DE LA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION MELCHOR OCAMPO EN MORELIA, MICHOACAN. y Otros.
  • ALFONSO RAMON OLIVARES VALDES y Otros.
  • Alfonso Ramon Olivares Valdes
  • Alfonso Daniel Olivares Aceves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en el que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. ORIGINAL DEL INCIDENTE Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. DUPLICADO DEL INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.Rcl

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Alfonso Daniel Olivares Aceves. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 596/2020 promovido por Alfonso Ramón Olivares Valdés en cuanto representante del menor Alfonso Daniel Olivares Aceves contra actos del Director de la Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Representante del Director de la Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte quejosa como la autoridad señalada como responsable aportaron prueba documental en este juicio, mismas que se tuvieron por desahogadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número IV-596/2020, promovido por Alfonso Ramón Olivares Valdés, en representación de Alfonso Daniel Olivares Aceves, contra actos que reclama del Director de la Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo en Morelia, Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito remitido el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por parte del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, por razón de conocimiento previo, Alfonso Ramón Olivares Valdés, en representación de Alfonso Daniel Olivares Aceves, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Alfonso Ramón Olivares Valdés, en representación de Alfonso Daniel Olivares Aceves, reclamando el siguiente acto: "IV. ACTO RECLAMADO: La orden de pago de fecha diez de agosto de dos mil veinte con folio 10108 por concepto de reinscripción y colegiatura, la cual impide que mi menor hijo continué con sus estudios de bachillerato en la preparatoria Federal por cooperación Melchor Ocampo en Morelia, Michoacán". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien previa aclaración precisó, por auto de nueve de octubre de dos mil veinte, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 596/2020; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La orden de pago de diez de agosto de dos mil veinte, emitida por la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia, Michoacán, con cargo al alumno directo quejoso, por concepto de reinscripción y colegiatura, para cursar el tercer semestre del nivel bachillerato. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El director de la Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo en Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, no afirma ni niega el acto que se le reclama; no obstante, de las manifestaciones que realiza en su informe, se desprende la existencia del acto reclamado; der ahí que se tiene por cierto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda de amparo, consistente en la solicitud de reinscripción con folio 10108, relativa al quejoso directo, correspondiente al mes de agosto, con fecha de expedición diez de agosto de dos mil veinte. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". La autoridad responsable en su informe, sostiene que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia, que establece la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa carece de interés jurídico para acudir al amparo. En ese aspecto cabe acotar que el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en vía de amparo, algún acto que considere violatorio de derechos humanos en su perjuicio. Así, el interés jurídico se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal para quien se ve afectado por el acto de autoridad, que le ocasiona un perjuicio, ofensa o daño en sus derechos o intereses, que lo legitima para acudir a la instancia constitucional y reclamar el respeto a sus derechos. El interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. El concepto entraña uno de los principios rectores del juicio de amparo, que implica que éste no procede oficiosamente, de ahí que sea indispensable que alguien lo promueva, ya sea por sí o por interpósita persona. Lo anterior se obtiene del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo cuando indica que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudica la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame; tal principio no tiene excepciones y rige en todo caso. Al principio de instancia de parte agraviada se vincula el concepto de interés jurídico, pues al suponer que el juicio se siga por conducto del quejoso, se revela la necesaria presencia de un sujeto perjudicado en sus derechos, un ofendido que es aquella persona física o moral que resiente un menoscabo que bien puede ser patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En esos términos, el juicio de amparo procederá siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona o bien una ofensa, daño o afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. Bajo esa tesitura, cabe desestimar la causal de improcedencia que invoca la responsable, puesto que dicho argumento resulta inatendible, en virtud que se encuentra ligado al fondo del asunto. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia que a la letra señala: Época: Novena Época Registro: 187973 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Enero de 2002 Materia(s): Común Tesis: P./J. 135/2001 Página: 5 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. Nota: Por ejecutoria de fecha 2 de abril de 2008, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 5/2008-PL en que participó el presente criterio". Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Estudio del fondo. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Como una cuestión previa, resulta necesario destacar que en el presente asunto se encuentran involucrados los intereses de un menor de edad; por tanto, en caso de advertirse alguna circunstancia que vulnere los derechos sustantivos de aquellos o el correcto desarrollo familiar, habrá de suplirse la deficiencia de la queja, en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Sobre este tópico resulta aplicable la tesis cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 191496 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común, Civil Tesis: 2a. LXXV/2000 Página: 161 MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte. Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 224, tesis 336, de rubro: "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA." Luego, del análisis integral de la demanda se desprende que en su único concepto de violación, el promovente del amparo aduce que la orden de pago reclamada es contraria a lo previsto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución del Estado de Michoacán; pues en su decir, la circunstancia de que se cobre una cuota por concepto de reinscripción incluida la colegiatura, para que el menor continúe cursando el nivel medio superior en la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, vulnera el derecho del menor a recibir una educación de ese nivel en forma gratuita. Tal aserto resulta infundado. Ciertamente, tanto el artículo 3º de la constitución general del país, como el 138 de la constitución estatal, son coincidentes en prever, en lo que interesa, que todas las personas tienen derecho a recibir educación del nivel medio superior, en forma obligatoria y gratuita. Sin embargo, debe entenderse que la gratuidad en la educación es una obligación exclusiva del Estado mexicano, en todos los niveles de gobierno; por ese motivo, el propio artículo 3º constitucional, en su fracción VI, prevé que los particulares puede impartir educación, en todos sus tipos y modalidades, siempre y cuando se colmen los requisitos legales correspondientes. Así, aun cuando el artículo 1º de la Ley General de Educación prevea que tanto la educación impartida por el Estado, como por los particulares, constituye un servicio público; la realidad es que cuando sean particulares quienes presten los servicios educativos, éstos podrán exigir el pago de colegiaturas, de cuotas de inscripción, así como otro tipo de contraprestaciones, por la prestación del servicio, siempre que los montos respectivos sean informados al usuario, previamente al inicio del ciclo correspondiente (artículos 2º, fracción III, incisos a. b y c, y 3º del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares). Lo anterior, porque los particulares que presten este tipo de servicios no reciben ministraciones de recursos públicos, sino que ellos mismos deben generarse los recursos necesarios para la prestación de los servicios educativos. De lo expuesto hasta el momento se obtiene que, para colmar con la obligación de gratuidad en la educación, el Estado mexicano debe proporcionar a los gobernados la posibilidad real de acceder a la educación sin costo, es decir, que los tres niveles de gobierno se encuentran obligados a desplegar las acciones atinentes para garantizar la existencia de centros educativos en los que se presten servicios de educación, en forma gratuita; empero, tal circunstancia de ningún modo implica que todos los centros educativos del país deban prestar educación sin costo, sino únicamente aquellos pertenecientes al sistema educativo mexicano. Por eso, la propia carta magna del Estado mexicano prevé la posibilidad de que los particulares que así lo deseen presten los servicios educativos a cambio del costo correspondiente, el cual deberá ser cubierto por el usuario que opte por este tipo de servicios, sin que ello implique la veda del derecho a la gratuidad en la educación, sino que únicamente abre la posibilidad de que aquellos que así lo deseen puedan optar por recibir una educación de carácter privado, esto es, una diversa modalidad del derecho de acceso a la educación. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis que se insertan en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2009189 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CLXIX/2015 (10a.) Página: 429 DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVIDAD ESTÁ GARANTIZADA POR DIVERSAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER POSITIVO Y NEGATIVO A CARGO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES. De los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13, numeral 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y XII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se advierte el establecimiento de diversas obligaciones, tanto positivas como negativas, a cargo del Estado y de los particulares, tendientes a respetar y garantizar el derecho humano a la educación en favor de todo ciudadano, como base de la sociedad a la que pertenece. Por tanto, la efectividad del derecho indicado puede lograrse mediante el cumplimiento de obligaciones de respeto, en las cuales se busca no obstaculizar o impedir el acceso al goce de los derechos; igualmente, a través de conductas positivas, como las relativas a llevar a cabo acciones para no permitir que terceros obstaculicen esos bienes referentes a la protección del derecho, o incluso acciones de garantía, que aseguran que el titular del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo. Asimismo, pueden identificarse prohibiciones, como las relativas a no impedir el acceso a los servicios de educación, al igual que conductas positivas relacionadas con la prestación de servicios educativos de manera gratuita, dentro de lo cual se incluye la construcción de centros educativos, de instalaciones sanitarias, la participación de docentes calificados y el pago de salarios competitivos, entre otras. Además, si bien es cierto que los ordenamientos disponen una puesta en práctica gradual del derecho y reconocen las restricciones debidas a las limitaciones de los recursos, también lo es que se imponen obligaciones con efecto inmediato, como lo es la no discriminación, la relativa a mantener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se orienta o no realmente a los objetivos educativos, así como la de establecer normas mínimas que deben cumplir todas las instituciones de enseñanza privada, entre otras. Amparo en revisión 323/2014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación." "Época: Décima Época Registro: 2009190 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CLXX/2015 (10a.) Página: 430 DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVIDAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO AL ESTADO COMO A LAS ASOCIACIONES CIVILES. El derecho a la educación es una estructura jurídica compleja cuya efectividad se garantiza mediante el cumplimiento de una diversidad de obligaciones, impuestas tanto a los funcionarios estatales, como a los particulares encargados de la enseñanza privada y diversos actores de la sociedad civil. En ese contexto, el punto tres de la Observación General número 13, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativo a las obligaciones de agentes distintos de los Estados Partes, señala en su párrafo 60 la obligación del Estado de mantener esfuerzos coordinados para lograr el ejercicio del derecho a la educación, a fin de intensificar la coherencia y la interacción entre todos los participantes, incluidos los diversos componentes de la sociedad civil. Dicha obligación se corrobora con lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al proclamar en 1994, el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación sobre Derechos Humanos (1995-2004), en el que se hizo un llamamiento a todos los gobiernos para que ampliaran su participación en la educación en la esfera de los derechos humanos y pidió a los órganos no gubernamentales, que se ocuparan de vigilar la observancia de los derechos humanos y prestaran especial atención al cumplimiento, por parte de los Estados miembros, de su obligación internacional de promover la educación en la esfera de los derechos humanos. Estas obligaciones se encuentran estrechamente relacionadas con lo que establece el artículo 3o., fracción III, constitucional, en el que se impone al Ejecutivo Federal la obligación de considerar la opinión de los diversos actores sociales involucrados en la educación. Por tanto, la efectividad de este derecho se logra mediante el cumplimiento de obligaciones que recaen en distintos sujetos, es decir, se requiere de la intervención tanto del Estado, como de los particulares, así como de asociaciones civiles, en la promoción, protección, respeto y garantía, ya sea en su carácter de sujetos obligados o titulares del derecho, de acuerdo con la relación jurídica de la que se esté hablando. Amparo en revisión 323/2014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Ahora, luego de realizar una investigación en el portal de la Dirección General del Bachillerato, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública, se obtuvo que además de las escuelas públicas y las privadas, existen otros modelos de escuelas, como es el caso de las Preparatorias Federales por Cooperación. Al respecto, resulta indispensable señalar que los artículos 2, 7, 9, 10, 48 y 49, de las Normas Técnicas y Administrativas para la Organización, Operación y Funcionamiento de las Preparatorias Federales por Cooperación, son del siguiente tenor: "Artículo 2. Las Escuelas Federales por Cooperación son instituciones educativas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional que imparten Bachillerato General y tienen como base de su organización y operación administrativa interna, una asociación civil legalmente constituida ex profeso para ello, con recursos propios y cuyos servicios escolares son supervisados y evaluados por la Secretaría de Educación Pública, quien les otorgó el reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes." "Artículo 7. La DGB sólo reconocerá personalidad jurídica a las Escuelas Preparatorias Federales por cooperación, que deriven de una asociación civil prevista y constituida de conformidad con las leyes civiles del lugar donde se ubique la escuela." "Artículo 9. La asociación civil es la única responsable de las obligaciones legales y fiscales contraídas con el personal contratado y con terceros." "Artículo 10. La asociación civil será responsable de obtener lícitamente y administrar los recursos económicos suficientes para solventar las necesidades del plantel y llevar la contabilidad de los mismos, conforme a las normas autorizadas. Asimismo, tendrá a disposición de la DGB los libros contables para la realización de las auditorías a que haya lugar." "Artículo 48. Para racionalizar la aplicación de recursos obtenidos a través de las cooperaciones de inscripción y mensualidades de las Preparatorias Federales por cooperación, se estará a lo siguiente: I. Los recursos obtenidos se aplicarán al pago del personal de la escuela, para cubrir las necesidades de bienes y servicios, así como para fortalecer la infraestructura física. II. Las cooperaciones serán determinadas por la asamblea general de asociados, previo análisis del salario mínimo mensual vigente en la zona económica de que se trate. III. Los incrementos a las cooperaciones deberán ser informados previamente a la DGB, a través del acta de asamblea correspondiente." "Artículo 49. Se proporcionará un mínimo de becas completas o parciales, equivalentes al 5% del total de la matrícula, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 57, fracción III, de la Ley General de Educación." De los artículos reproducidos con antelación se obtiene que las Preparatorias Federales por Cooperación son instituciones educativas que imparten Bachillerato General, dentro del Sistema Educativo Nacional; que son operadas por asociaciones civiles, legalmente constituidas, que se responsabilizan de la organización y funcionamiento administrativo interno y están integradas por los padres de familia de los alumnos; y, que la asociación civil, a través de un comité directivo, se encarga de la administración de su haber social (bienes muebles e inmuebles), asimismo, funge como órgano de asesoría para la correcta aplicación de los recursos. También, que están reconocidas oficialmente por la Secretaría de Educación Pública, a través de la clave de registro correspondiente, por tanto sus servicios escolares son supervisados y evaluados por dicha secretaría; que se sostienen de aquellos ingresos que obtienen por los servicios que prestan, los fondos que otorgan sus asociados o por cualquier otro medio legal; y, finalmente, que se rigen jurídicamente por los estatutos de la asociación civil, los cuales deberán estar de acuerdo a las disposiciones generales que emita la secretaría. Como se observa, este tipo de centros educativos no pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, porque si bien éste es la encargada de otorgarles el reconocimiento oficial, de evaluar su desempeño y formular la reglamentación respectiva; lo cierto es que tales escuelas dependen de la existencia de una asociación civil que es la encarga de generar y administrar los recursos a través de los cuales se solventan las necesidades y los gastos corrientes corrientes de aquella (pago de energía eléctrica, servicio telefónico, mantenimiento de instalaciones, servicio de vigilancia, compra de papelería entre otros); de ahí que el cobro de cuotas a los usuarios resulte vital para la operación de este tipo de centros educativos. Todo lo expuesto hasta el momento, permite colegir que, no asiste razón al peticionario del amparo cuando aduce que la Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, vulneró su derecho de acceder gratuitamente a la educación de nivel medio superior, cuando se emitieron las órdenes de pago por concepto de reinscripción y colegiatura; sencillamente, porque no se trata de un colegio público perteneciente a la Secretaría de Educación Pública o al Estado mexicano, sino que depende de la asociación civil denominada Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal de Cooperación Melchor Ocampo, asociación civil, quien es la encargada de generar los recursos para solventar el gasto corriente generado por la operación del indicado centro educativo. Tan es así, que en la copia cotejada del testimonio notarial tres mil doscientos sesenta y seis, que contiene el acta constitutiva de la Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal de Cooperación Melchor Ocampo, asociación civil, que el director señalado como autoridad responsable en el presente asunto, en la parte que interesa se estableció lo siguiente: "OBJETO DE LA ASOCIACIÓN. ARTÍCULO CUARTO.- El objeto de la Asociación será: a.- Agrupar a los padres de familia de la Institución en un Organismo de apoyo con el objeto de promover y asegurar la atención mejoramiento económico y material de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación sin propósito de lucro, ni con el fin de interferir en la vida académica. B.- Solventar los gastos fijos y extraordinarios de la Escuela, que sean demandados por sus necesidades, así como de las obligaciones fiscales. C.- Celebrar y promover toda clase de eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos para obtener fondos que coadyuven eficazmente al sostenimiento de la escuela. E.- Tomar en arrendamiento, compra o adquirir por cualquier medio lícito, bienes muebles e inmuebles, dedicado inmediata y directamente al objeto de la Asociación transfiriendo el uso, dominio y posesión de la Secretaría de Educación Pública y por ende la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. F.- Celebrar contratos y efectuar toda clase de actos que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Asociación. G.- Queda expresamente excluida del efecto de la Asociación toda actividad de orden religioso o político. ARTÍCULO QUINTO.- En atención al artículo octavo del reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I del artículo veintisiete constitucional y al decreto de veintinueve de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro, en su artículo cuarto, se excluye como asociados a los extranjeros. CAPÍTULO III. DEL CAPITAL O PATRIMONIO Y SU DESTINO. ARTÍCULO SEXTO.- El capital o patrimonio de la Asociación será el que se integre tanto por las aportaciones regulares y extraordinarias de los asociados, como por las donaciones que obtenga, y no podrá ser representado por acciones. ARTÍCULO SÉPTIMO.- El capital o patrimonio de la Asociación tendrá como destino satisfacer las necesidades del personal, pedagógicas, técnicas, administrativas, recreativas, de mantenimiento y construcción de esta Escuela Preparatoria. ARTÍCULO OCTAVO.- Anualmente la Asociación y la Dirección de la Escuela elaborarán un presupuesto para solventar las necesidades indicadas en el artículo IV de este reglamento, tomando como base gastos e ingresos fijos y actividades económicas extraescolares, destinando un cheque mensual a la escuela con cargo al presupuesto de la Asociación Civil para cubrir gastos fijos comprobables. ARTÍCULO NOVENO.- La aprobación del presupuesto y sus partidas específicas corresponderá a la Asamblea General; ni directivos de la Asociación ni la escuela podrán realizar transferencias o modificaciones de una partida sin acuerdo de la asamblea. ARTÍCULO DÉCIMO.- Con el afán de evitar complicaciones en manejo de fondos, distracción y pérdida de tiempo en los directivos de la asociación, una vez establecido y comprobado el presupuesto anual, la asociación designará una persona que en su nombre efectúe cobros de inscripción y mensualidades mediante otorgamiento de poder limitado. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La administración financiera atenderá lo dispuesto por el Código Civil y las Leyes Fiscales; y, además, como el objeto concreto de su capital es la vida académica de esta escuela, todos sus libros contables estarán a disposición de la Secretaría de Educación Pública. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se rendirá informe mensual de ingresos y egresos mediante exhibición pública, en la escuela, y semestral un escrito a la Secretaría de Educación Pública. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Siendo la Dirección de la escuela la principal conocedora de las necesidades académicas, administrativas de mejoramiento y promoción, el Comité Directivo atenderá las demandas de acuerdo a las partidas presupuestales y el fondo de la asociación disponible; cuando esto no fuera posible se recurrirá a asamblea general." (El énfasis es añadido) Lo anterior, a su vez, permite concluir que, al no pertenecer a la Secretaría de Educación Pública, sino únicamente estar reconocida como institución educativa por ésta, se encuentra obligada a generar sus propios recursos y patrimonio; y, por tanto, exenta de la obligación de otorgar los servicios educativos en forma gratuita. Es así, porque la principal fuente de recursos de las Preparatorias Federales por Cooperación, como su nombre lo indica, son las cooperaciones, cuotas y aportaciones realizadas por los usuarios, porque inclusive en las Normas Técnicas y Administrativas para la Organización, Operación y Funcionamiento de las Preparatorias federales por Cooperación (emitidas por la Dirección General del Bachillerato dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior), se encuentra previsto que los usuarios deberán cubrir las cuotas que la asamblea determine. De modo que, de considerarse que estos planteles deben prestar los servicios en forma gratuita se estaría contraviniendo el cuerpo normativo que las rige y da fundamento, además de que prácticamente se les condenaría al cierre, pues no habría recursos para pagar al personal docente, para dar mantenimiento a las instalaciones, para la compra de papelería, el pago de energía eléctrica, entre otros muchos aspectos necesarios para su operación; precisamente, porque se trata de: instituciones educativas que imparten bachillerato general cuya organización, operación y funcionamiento administrativo está a cargo de una asociación civil legalmente constituida y responsable de prestar el servicio educativo; con la particularidad de que los asociados son los padres de familia o tutores de los alumnos inscritos." Tal circunstancia, de ningún modo veda el derecho del menor quejoso de obtener educación media superior en forma gratuita, porque de considerarlo pertinente puede optar por inscribirse en los planteles pertenecientes a la Secretaría Educación Pública, los cuales se encuentran obligados a otorgar los servicios educativos sin costo, pues como quedó establecido, el único obligado a garantizar el derecho a la educación gratuita es el Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno. En suma, ante lo ineficaz de los argumentos vertidos por el peticionario del amparo y por no advertirse alguna circunstancia que vulnere los derechos del menor, con motivo de la cual deba suplirse en su favor la queja deficiente, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO solicitado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alfonso Daniel Olivares Aceves, contra el acto que reclamó del Director de la Preparatoria Federal por Cooperación Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Incidental

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 596/2020, promovido por******************** en cuanto representante del menor de edad de iniciales ********************se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, la secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, da cuenta con el informe previo rendido por: DIRECTOR DE LA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN MELCHOR OCAMPO, CIUDAD. Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa, ofreció como medios de convicción diversas pruebas documentales que obran en autos, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Ténganse por hecha la relación que antecede, con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 596/2020; y, R E S U L T A N D O: 1.- El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, por oficio número 4158 suscrito por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y atento a su contenido, téngasele remitiendo el juicio de amparo 479/2020 del índice de dicho juzgado, en razón de que previamente ante este tribunal se tramitó uno diverso en el que el acto reclamado tiene estrecha vinculación con el ahora reclamado******************** en cuanto representante del menor de edad de iniciales ********************solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. 2- Previa aclaración, mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en el presente asunto a ********************, director de la Preparatoria Federal por Cooperación "Melchor Ocampo", con sede en esta ciudad, la orden de pago de diez de agosto de dos mil veinte, con folio ********************, por concepto de reinscripción. SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable se advierte acepta la existencia del acto que se le atribuye. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren el referido análisis, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés jurídico. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de pago de diez de agosto de dos mil veinte, con folio ********************, por concepto de reinscripción. En ese sentido, se estima que el acto reclamado es susceptible a la concesión de la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación al derecho a la educación, el cual se acredita de manera presuntiva con la copia de la credencial que avala al menor de edad de iniciales ********************como alumno del indica plantel educativo, la solicitud de reinscripción respecto a la matrícula ********************, así como con el informe de evaluaciones del ciclo escolar 19-20-A, que se acompañan al escrito de demanda; además, produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación al derecho a la educación consagrado en el artículo 3° Constitucional. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, al existir sentencia concesoria del amparo dictada por este propio juzgado, se concluye que el amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho de educación protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, y dado que se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 128, 139 y 147, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a******************** en cuanto representante del menor de edad de iniciales ********************la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, a fin de restablecerle provisionalmente en el goce del derecho que se dice transgredido y para los siguientes efectos: El Director de la Preparatoria Federal por Cooperación "Melchor Ocampo" deberá realizar las gestiones necesarias para permitir que el ahora quejoso pueda provisionalmente ejercer los derechos que le son inherentes a su calidad de estudiante en el citado centro educativo, tales como tomar clases y realizar todas las actividades de ese nivel relativas al ciclo escolar correspondiente al tercer semestre. En la inteligencia de que la suspensión definitiva que ahora se otorga, no se concede para los efectos expresamente solicitados por el quejoso, esto es para que "se le inscriba al tercer semestre sin cobrar cuota o contraprestación alguna"; toda vez que de hacerlo así, este juzgado estaría resolviendo una cuestión que en su momento será materia de análisis del fondo del juicio de amparo del cual emana la presente incidencia; además de que se estarían constituyendo derechos a favor del amparista, con los que no contaba antes de la tramitación del amparo, al tenor de lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 131 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 2a./J. 16/2010, localizable en la página 142, tomo XXXI, Febrero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "Época: Novena Época Registro: 165132 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/2010 Página: 142 SUSPENSIÓN. LOS EFECTOS DE LA QUE SE CONCEDE CONTRA LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA ORDEN DE NO VALIDAR LA INSCRIPCIÓN DE UN ALUMNO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, COMPRENDEN LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR EXÁMENES Y, EN SU CASO, ACCEDER A GRADOS ULTERIORES. La orden de no validar la inscripción de un alumno en una institución educativa emitida por la autoridad competente, tiene como efecto impedirle a aquél que siga asistiendo a clases con todas las consecuencias que esa inasistencia provoca. Luego, los efectos de la suspensión que se conceda en contra de las consecuencias derivadas de dicha orden deben salvaguardar los derechos de los que gozaba el quejoso en su calidad de alumno antes de dicho acto y no únicamente algunos de ellos, sin que ello implique otorgar a la suspensión el carácter de constitutivo de derechos, pues es la materia de fondo del juicio de amparo el determinar si la inscripción es o no válida. Así, tales efectos no deben ser únicamente para que el quejoso tenga la posibilidad de asistir a clases sino que deben comprender, además, la posibilidad de participar en ellas, elaborar y entregar trabajos y presentar exámenes para que, en caso de que se cumpla con los requisitos académicos aplicables, él pueda acceder a grados o cursos ulteriores. Sostener lo contrario haría nugatoria la concesión del amparo que, en su caso, se llegara a conceder, pues si durante la tramitación del juicio de garantías concluyera el ciclo escolar el quejoso no podría aprobarlo y, en consecuencia, tendría que cursarlo nuevamente sin que la protección constitucional pudiera remediar esa situación. Cabe precisar que lo antes apuntado de ninguna manera implica que indefectiblemente deba concederse la suspensión cuando se reclamen los efectos de la orden relativa, toda vez que ello dependerá de que el juzgador, en cada caso, analice si están o no satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 456/2009. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Décimo Sexto Circuito. 20 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez". El criterio que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema del mismo; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Medida cautelar que surte sus efectos desde este momento y su vigencia subsistirá hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte dentro del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos de suspensión; y, sin que para tal efecto, se haga necesario fijar garantía alguna a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe tercero interesado al que se pudieran ocasionar daños y perjuicios. La suspensión concedida no surtirá efecto legal ni material alguno, en el supuesto de que la ejecución del acto reclamado derive del cumplimiento dado a una sentencia ejecutoriada de amparo; o bien, si se trata de actos posteriores a la fecha de presentación de la demanda o que dimanen de autoridad distinta a las señaladas como responsables. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a******************** en cuanto representante del menor de edad de iniciales ******************** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos y para los efectos precisados en el segundo de los considerandos de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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