Alfonso Iñiguez Negrete

Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
496/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Iñiguez Negrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Alfonso Iñiguez Negrete. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 496/2020-IV, promovido por el apoderado de Alfonso Iñiguez Negrete, contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; el apoderado de Alfonso Iñiguez Negrete, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado: "IV. ACTO RECLAMADO.- A la autoridad ordenadora. La resolución interlocutoria de fecha 17 diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte, emitido por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el que fuera notificado a la parte que represento el día 03 tres de agosto de 2020 dos mil veinte; y en lo sustancial los puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO de conformidad con los considerandos TERCERO y CUARTO. A la autoridad Ejecutora. Las notificaciones por instructivo de fecha 8 ocho de julio de 2019 dos mil diecinueve, que contienen los proveídos de fecha 23 veintitrés y 25 veinticinco del mes de abril de año 2019 dos mil diecinueve, respectivamente". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y se registró bajo el número 496/2020 y por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: 1) La resolución incidental de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del juicio ordinario laboral 775/2015 CAI 172/2020, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, que declaró improcedente el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre nulidad de actuaciones de las notificaciones efectuadas por la Actuaria adscrita a ese órgano, el ocho de julio de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y Actuaria adscrita a ese órgano, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio laboral 775/2015 CAI 172/2020. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SEXTO. Del contenido de las constancias que integran el juicio de origen, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Alfonso Iñiguez Negrete, demandó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Tribunal responsable tuvo por presentada la demanda y ordenó notificar y emplazar a juicio a la demandada. 3. Seguido el juicio por sus trámites, el cinco de abril de dos mil dieciocho se dictó el laudo respectivo, en el que se tuvo a la parte actora por acreditando en su mayoría sus acciones y a la parte demandada por no oponiendo excepciones y defensas en su favor, condenando a la parte demandada a pagar a favor del trabajador actor la cantidad de $317,912.57 (trescientos diecisiete mil novecientos doce pesos 57/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional, salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo proporcional del año dos mil quince, salarios devengados y devolución del fondo de ahorro; asimismo se absolvió al Ayuntamiento demandado del pago reclamado por concepto de prima de antigüedad. 4. Inconforme con ese laudo la parte demandada promovió demanda de amparo directo, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en materias administrativa y del Trabajo, de este circuito, quien concedió el amparo y protección de la justicia federal. 5. El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se emitió nuevo laudo, en el que se condenó a la parte demandada a pagar a favor del trabajador actor la cantidad de $27,294.97 pesos (veintisiete mil doscientos noventa y cuatro pesos 97/100 moneda nacional), por concepto de prima vacacional y aguinaldo proporcional del año dos mil quince, salarios devengados y devolución del fondo de ahorro; asimismo se absolvió al Ayuntamiento demandado del pago reclamado por concepto de indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad, otorgándose a la parte demandada un plazo de setenta y dos horas para que diera cumplimiento a ese fallo en forma voluntaria; resolución que fue listada en su fecha, acorde a a razón que obra al calce. 6. El tres de mayo de dos mil diecinueve, se notificó a la parte demandada el referido laudo, por conducto del autorizado del Ayuntamiento; y el ocho de julio de dos mil diecinueve se notificó a la parte actora del laudo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así como del diverso auto de veinticinco de abril de ese año (fojas 81, 99 y 100 del cuaderno de amparo), notificaciones que se realizaron por medio de instructivo que se dejó en poder de Héctor Bedolla Manzo. 7. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, el apoderado de la parte allá actora Alfonso Iñiguez Negrete, promovió incidente de nulidad de notificaciones de ocho de julio de dos mil diecinueve, en la que se estableció que se notificaban las determinaciones de veintitrés y veinticinco de abril de dos mil diecinueve. 8. Seguida la incidencia por su cauce, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se resolvió la misma, en la que se declaró improcedente el incidente planteado. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer. En una primera porción de su único concepto de violación, el quejoso aduce que se violentaron en su perjuicio lo establecido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque las notificaciones no se realizaron acorde a lo dispuesto en los artículos 742, 743 y 751, todos de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que debió de haberse notificado personalmente el laudo como lo dispone el normativo 742 de la Ley en cita; aunado a que la responsable no expuso motivo o justificación para invocar el criterio del rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES Y POR CÉDULA EN MATERIA LABORAL SUS DIFERENCIAS", por lo anterior estima la resolución combatida carece de la debida fundamentación y motivación. En una segunda porción del concepto de violación, señala que la cédula de notificación no cumple con los requisitos que al efecto estatuye el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, porque la actuaria se limitó a asentar como nombre de las partes "el trabajador y/o apoderado legal", lo que considera no cumple con el nombre de las partes, y por ende esa notificación no se efectuó de forma legal, y por lo tanto resulta nula. Por último precisa que la resolución combatida carece de la debida fundamentación y motivación, porque en el considerando cuarto, la responsable fue omisa en precisar cuáles son los requisitos establecidos en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo. La primera y segunda porción de los conceptos de violación se analizará de forma conjunta, dada su estrecha relación; así, dichos conceptos de violación resultan infundados. Ello es así, porque la responsable expuso que la notificación fue efectuada de forma legal, al haberse ajustado a lo dispuesto en el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, dado que contrario a lo sostenido por el allá actor, no se trataba de la primer notificación realizada a la parte actora, sino de una ulterior; de ahí que la notificación no necesariamente debía practicarse de forma personal, y por ende en el caso concreto fue correcto que se haya practicado esa diligencia mediante instructivo o cédula, al no haberse localizado al interesado en el domicilio. Lo expuesto por la responsable se estima ajustado a derecho, puesto que si en el caso concreto ya se había efectuado la primera notificación el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, entonces, la notificación del laudo tiene la calidad de ulterior notificación, y al ser ello así, dicha notificación se rige conforme a las reglas establecidas por el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, el cual no exige los mismos requisitos que el diverso 743, relativo a la primera notificación personal a las partes, por lo que basta que el actuario se constituya en el domicilio señalado por aquélla, y haga constar que dejó copia de la resolución autorizada con la persona que atendió dicha diligencia, sin que sea necesario satisfacer otro requisito para la validez de dicha notificación. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada con los datos de localización siguientes: Registro digital: 2002837 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: I.6o.T.40 L (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1405 Tipo: Aislada "NOTIFICACIÓN PERSONAL ULTERIOR (FECHA PARA REINSTALAR AL TRABAJADOR). PARA SU VALIDEZ BASTA QUE SE LLEVE A CABO CONFORME AL ARTÍCULO 744 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SI DE AUTOS SE ADVIERTE QUE LA PRIMERA NOTIFICACIÓN A LA ACTORA YA SE EFECTUÓ. Si la autoridad laboral ordena la notificación personal del auto previsto en el artículo 742, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, es decir, aquel por el que se concede término o señala fecha para que el trabajador sea reinstalado, y de autos se advierte que la actora fue notificada personalmente respecto de la fecha y hora en la que habría de celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y, por tanto, ya se había llevado a cabo la primera notificación personal conforme a los artículos 742 y 743 de la referida ley; la nueva notificación personal a la parte actora, relativa a la diligencia de reinstalación, tiene la calidad de ulterior notificación, por lo que debe estarse a lo preceptuado por el artículo 744 de la invocada ley, que no exige los mismos requisitos que el citado artículo 743, relativo a la primera notificación personal a las partes, por lo que basta que el actuario se constituya en el domicilio señalado por aquélla, y haga constar que dejó copia de la resolución autorizada con la persona que atendió dicha diligencia; sin que sea necesario satisfacer otro requisito para la validez de dicha notificación. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1026/2012. Arturo de la Rosa Tovar. 8 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez. En ese sentido, se estima necesario hacer mención del contenido del artículo 744 que establece los requisitos para llevar a cabo las ulteriores notificaciones personales en el procedimiento laboral, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos.". Del contenido del precepto citado, se advierte que las ulteriores notificaciones personales se harán: 1. Al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta; 2. O en el domicilio que hubiese designado para tal efecto, caso en el cual, se procederá conforme a lo siguiente: a) Si no se hallare presente el interesado o su autorizado, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; b) Si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. 3. El actuario asentará razón en autos. De la interpretación literal de la norma anterior, se puede concluir que las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado. Sin embargo, para el caso en que no se encuentre presente uno u otro en el domicilio señalado, se entiende que se les dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario con la persona que se encuentre presente; salvo que la casa o local esté cerrado, en cuyo supuesto se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. Luego, si en el caso concreto no se trata de la primera notificación, puesto que lo que se debía notificar era el laudo, entonces fue correcto que se haya realizado notificación por medio de instructivo dirigido al actor (Alfonso Iñiguez Negrete) citado al rubro de dicha cédula, tal como se advierte de la constancia que obra a fojas 99 y 100 de este cuaderno de amparo; instructivo que se dejó en poder de quien dijo ser abogado del lugar, esto es, se dejó en poder de quien se encontraba en ese sitio; de ahí que la notificación se apegó a lo estipulado por la ley. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del contenido siguiente: Registro digital: 2003665 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 53/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 786 Tipo: Jurisprudencia "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN REALIZARSE DIRECTAMENTE CON EL INTERESADO O CON LA PERSONA AUTORIZADA. De la interpretación literal del artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo deriva que las notificaciones personales ulteriores se harán al interesado o a su autorizado en el local de la Junta o en el domicilio señalado al efecto y, en este supuesto, si no se hallare, se le dejará copia de la resolución correspondiente. Por tanto, el actuario debe requerir la presencia de uno u otro, y únicamente en caso de no encontrarlos podrá entender la diligencia con quien se encuentre en el domicilio, lo cual dejará asentado en el acta, toda vez que la solemnidad en esta clase de notificaciones es una regla que debe acatar, sin que obste que la diligencia se lleve a cabo efectivamente en el domicilio, pues esa circunstancia no lo releva del cumplimiento de la aludida regla, es decir, requerir la presencia del interesado o de la persona autorizada. Contradicción de tesis 547/2012. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 6 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Alejandro García Núñez. Tesis de jurisprudencia 53/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de marzo de dos mil trece. Ahora, respecto a la última porción del concepto de violación, resulta fundado pero inoperante. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la responsable no precisó los requisitos establecidos en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, es el caso que el quejoso arguyó ante la responsable que en la cédula no se asentó el nombre de las partes, porque al respecto sólo se anotó "El trabajador o apoderado legal"; de ahí que la responsable se haya enfocado en dar contestación a ese punto, por haber sido el motivo de disenso, y en consecuencia, no estaba obligada a realizar un análisis total de los requisitos del precepto de que se trata de forma expresa en la resolución reclamada. Por lo tanto, se estima que la resolución combatida cumple con la fundamentación y motivación suficientes que permiten al quejoso conocer cuáles fueron los motivos que tuvo la responsable para resolver en los términos que lo hizo. Sin que se advierta motivo alguno para conceder el amparo en suplencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, porque no existe causa alguna que beneficie al quejoso y por ende justifique dicho proceder. Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfonso Iñiguez Negrete, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio de cuanta que suscribe el Director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del cual cumple con el requerimiento que se hizo a esa institución educativa mediante acuerdo de doce de noviembre del año en curso, y al efecto manifiesta que en esa Facultad no se cuenta con personal disponible para realizar peritaje en materia de topografía; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. SE REQUIERE A AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Ante la imposibilidad de la universidad pública para proporcionar un perito en materia de topografía, gírese atento oficio al Delegado de Sagarpa en Michoacán y al Director del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente auto, informen si en esas dependencias administrativas cuentan con algún experto que pueda fungir como perito en materia de topografía por parte de este juzgado federal, a fin de lograr el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa en este asunto, y en caso afirmativo, proporcionen el nombre y domicilio de dicho profesionista; en el entendido que quedan los autos a la vista del perito que se designe, en la secretaría de este tribunal, para que se imponga de su contenido y esté en posibilidad de rendir su dictamen. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no cumplir con lo anterior, o en su caso, no informar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

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