Alfonso Jimenes Vargas

Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
232/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Jimenes Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el cual se informó que causó ejecutoria la sentencia de amparo y se le devolvieron las constancias que remitió a este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, informada mediante oficio 1646/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 183, fracción I, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obran en tres tomos de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 232/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que remitió con su informe el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veinte de enero de dos mil veintitrés, Angélica María Jiménez Vargas, en cuanto apoderada jurídica de ********************, compareció a promover amparo directo contra actos del propio Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que dicha demanda y sus anexos se remitieron al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en alguno de los supuestos en los que resulta procedente la vía de amparo directo para su impugnación, por tanto, a través del oficio 950/2023 ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 232/2023 y en proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda en los términos planteados. Asimismo, se estimó innecesario requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, dado que el mismo ya obraba glosado en las constancias que remitió el tribunal colegiado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con su contenido. De igual forma, se convalidó el emplazamiento realizado por la responsable al tercero interesado********************; y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación ********************, misma que confirmó el sentido toral de la sentencia interlocutoria impugnada, la cual declaro extinguido por prescripción negativa el derecho de la parte vencedora para ejecutar la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil ********************, promovido por la entonces acreedora ********************, contra********************. Acto que atribuye al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en los autos originales del juicio ordinario mercantil ********************, el cuaderno incidental derivado del citado juicio y los autos del toca de apelación ******************** [constante de tres tomos]. Documentales que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador la advierte de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, como quedó establecido anteriormente, la sentencia reclamada de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso ********************, a través de su apoderada jurídica, contra la sentencia interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, dentro del incidente sobre declaración de prescripción de ejecución de sentencia, planteado por el demandado dentro del juicio ordinario mercantil ********************. Al efecto, en los conceptos de violación que el quejoso vertió en su demanda constitucional, argumenta esencialmente lo siguiente: Que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales pro persona, de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso efectivo a la justicia, consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 94, párrafo décimo y 107 fracción XIII Constitucionales, al no ser dictada conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, y por la falta de observancia, indebida interpretación y falta de aplicación de las jurisprudencias que invoca en su demanda como sustento de sus agravios, por lo que no reúne los requisitos de congruencia, completitud, exhaustividad, fundamentación y motivación de que deben estar investidas las determinaciones judiciales. Que la responsable interpretó y aplicó indebidamente y en su caso dejó de aplicar lo dispuesto por los numerales 1, 2, 75, fracciones II, XIV, XXI y XXV, 1038, 1040, 1042, 1047, 1194, 1279, 1284, 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, así como lo dispuesto en los artículos 452, 872, 911, 919, 925, 926 y 945 del Código Civil del Estado, así como 1 y 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito [los transcribe]. Que en el caso que nos ocupa, la autoridad responsable al observar el principio de estricto derecho, debió interpretar y aplicar exactamente lo dispuesto en el Código de Comercio, sin que tales directrices fueran acatadas en la parte relativa del considerando tercero, porque atendió indebidamente los puntos relativos a los agravios expresados por el quejoso, e hizo una interpretación contraria al sentido y fondo de los agravios expuestos, pues los consideró fundados pero insuficientes para cambiar el sentido del fallo recurrido. Aduce que con las dos cesiones de derechos realizadas en el juicio no se pretendía que fueran consideradas como una demanda, ni una interpelación judicial, entendida esta última como el requerimiento para el pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación, sino como el momento en el que el ahora quejoso estaba en posibilidad legal y jurídica para ejercer un derecho, pues del análisis integral de las constancias y documentos que obran en el juicio, existen las promociones presentadas los días dieciocho de septiembre de dos mil ocho; ocho de agosto de dos mil doce y nueve de agosto de dos mil dieciséis, y las cesiones de derechos litigiosos donde se observa que si bien el término prescriptivo de diez años para la ejecución de sentencias debió comenzar a computarse a partir del auto de fecha cuatro de enero de dos mil dos, también lo es que jurídicamente ese término se interrumpió o suspendió desde el momento mismo en que se presentaron las citadas promociones, y desde las datas de las cesiones de derechos litigiosos, cuyo término prescriptivo debió comenzar nuevamente, porque fue desde esas fechas en que se estuvo en condiciones de legalmente ejercitar la ejecución de la sentencia. Que con las promociones indicadas se interrumpió el plazo prescriptivo de diez años, pues dichas peticiones son de las que pueden impulsar el procedimiento revelando o expresando el deseo o voluntad de mantener viva la instancia, ya que tuvieron como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta el dictado de la sentencia, dejando patente la intención del acreedor de no abandonar el procedimiento y además, porque con la cesión de derechos se da el reconocimiento en favor del quejoso de las obligaciones del numeral 1041 del Código de Comercio, y pensar lo contrario es atentar contra el derecho del acreedor. Por lo anterior, refiere que con las cesiones de derechos litigiosos realizadas en el juicio, se establece con toda certeza la existencia de una causal de interrupción o suspensión del término prescriptivo generadas por la transmisión de derechos y obligaciones, que debió atenderse de las disposiciones del Código de Comercio, lo que el magistrado responsable no observó en su fallo pese a tener plenitud de jurisdicción, ya que no abordó lo relativo a las causas de interrupción a la luz de las promociones presentadas el dieciocho de septiembre de dos mil ocho; ocho de agosto de dos mil doce y nueve de agosto de dos mil dieciséis. Que dichas documentales eran suficientes para declarar improcedente la excepción de prescripción planteada por la parte demandada y dejar a salvo los derechos derivados de la resolución principal definitiva a favor del recurrente, dado que el órgano revisor únicamente se ocupó del plazo prescriptivo previsto en el artículo 1047 del Código de Comercio, bajo el argumento de que durante el plazo comprendido entre el cuatro de enero de dos mil dos y el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el vencedor del juicio no había realizado acto alguno tendiente a ejecutar la sentencia. Refiere que si bien es cierto que la autoridad responsable hizo pronunciamiento respecto a la existencia de las causales de interrupción o suspensión del término prescriptivo generadas por la presentación de las promociones, el mismo fue deficiente, ya que dio una connotación distinta a los conceptos de violación que fueron considerados fundados, por lo que la causa de interrupción y/o suspensión del término prescriptivo debió analizarse a la luz de los dispositivos 1038, 1040, 1042 y 1047 del Código de Comercio. Por lo anterior, señala que conforme a lo ordenado en los numerales 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, la autoridad responsable a fin de garantizar los principios de exhaustividad y congruencia tenía la obligación de llevar al cabo un análisis íntegro de la totalidad de los hechos y documentos que integraron la Litis. También aduce el quejoso que la parte relativa del considerando tercero en la que considera fundados una parte de los agravios pero insuficientes para cambiar el sentido del fallo combatido, es contrario a derecho, ya que con ello se violentan sus derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y de irretroactividad, al considerar que las dos cesiones de derechos no tienen los alcances que pretende el peticionario por no tener los alcances de interrumpir o suspender el plazo legal para que se actualice la prescripción de la ejecución de la sentencia; consideración que es contraria al sentido y fondo con que fueron expuestos sus conceptos de disenso en la apelación, por lo que no se llevó a cabo un escrutinio exhaustivo de todos los actos procesales generados en la controversia, y no únicamente los hechos manifestados en el escrito incidental. Los conceptos de violación sintetizados deben calificarse como infundados en una parte e inoperantes en otra más. En este punto es necesario destacar que de la resolución reclamada y las constancias allegadas al sumario, se desprende que la parte quejosa expuso sus agravios de apelación en similares términos a los que plantea sus conceptos de violación en la demanda que dio origen al presente juicio, y al efecto, el Magistrado responsable una vez realizado el análisis correspondiente, el cual destacó que realizaría de manera conjunta, resolvió en los siguientes términos: Primeramente, es infundado lo que aduce la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada no reúne los requisitos de congruencia, completitud, exhaustividad, fundamentación y motivación, pues de su simple lectura se desprende que luego de llevar a cabo el análisis correspondiente, la autoridad responsable determinó que los motivos de disenso hechos valer por la apoderada jurídica del cesionario incidentado, -aquí quejoso- son parcialmente fundados en uno de sus aspectos, pero insuficientes para alcanzar los fines pretendidos, infundados e inoperantes en otros. Primeramente, en relación con los agravios del quejoso en donde aduce que la resolución interlocutoria recurrida es violatoria de sus derechos fundamentales pro persona, de legalidad, seguridad jurídica debido proceso, acceso efectivos a la justicia, tutelados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, así como de los principios de exhaustividad, congruencia y completitud que debe observar toda resolución judicial, porque el resolutor natural no se ocupó de las acciones deducidas del incidente en concordancia con el cúmulo de actuaciones que obran en el juicio principal. Sostuvo el magistrado responsable que la naturaleza jurídica del principio pro persona no es otorgar beneficio exclusivo a una de las partes en litigio, sino que se trata de un criterio interpretativo que busca mayor protección para las personas o su menor restricción, según lo establece el artículo 1º Constitucional y la jurisprudencia de título "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". Luego, determinó el tribunal responsable que no asiste razón al apelante, porque es inexacto que el juzgador natural haya sido omiso en valorar lo relativo a las promociones presentadas ante el órgano jurisdiccional a su cargo con fechas dieciocho de septiembre de dos mil ocho, ocho de agosto de dos mil doce y nueve de agosto de dos mil dieciséis, ya que en relación con las mismas, en el cuarto párrafo de considerando segundo, literalmente señaló: "No pasa inadvertido para el suscrito que, mediante sendos escritos presentados los días 18 dieciocho de septiembre de 2008 dos mil ocho (foja 209), 8 ocho de agosto de 2012 dos mil doce (foja 216) y 9 nueve de agosto de 2016 dos mil dieciséis (foja 242) se solicitó nuevamente autorizar al actuario de este juzgado constituirse en el domicilio del demandado y requerirle el pago de las prestaciones que fue condenado en la sentencia definitiva, sin embargo, dichas actuaciones no pueden considerarse como tendientes a ejecutar la sentencia ejecutoriada, dado que las mismas no fueron acordadas favorablemente porque anteriormente ya se había autorizado lo solicitado en ellos y con ello no se continuaba con el procedimiento de ejecución. Debido a lo anterior, dichas promociones no fueron aptas para interrumpir el termino para que opere la prescripción, pues para tal efecto solamente son idóneas las actuaciones que tienden a continuar con el procedimiento de ejecución, solicitando pasar a la etapa subsecuente del mismo". Argumentos los anteriores que, -sostuvo la autoridad responsable- fundó el juez primigenio en el criterio intitulado "PRESCIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN UN JUICIO MERCANTIL. LA PROMOCIÓN GENÉRICA O ABSTRACTA NO PUEDE INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE OPERE COMO LA RELATIVA A "SOLICITAR LA REANUDACIÓN DE LA ETAPA RESPECTIVA" AL NO UBICARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE SE REQUIERE QUE SEA CONCRETA E IDÓNEA Y ACORDE CON LA ETAPA PROCEDIMENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL JUICIO", sin que de los agravios expuestos dentro del medio impugnativo se advierta que el ahora disidente haya combatido como tal esa decisión; en razón de lo cual -determinó la autoridad responsable- toda manifestación vertida en torno a la omisión que imputa al juez de primer grado, respecto de la estimación de las aludidas promociones, resulta inoperante. Como sustento a la anterior determinación, invocó la jurisprudencia de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO". Luego, no obstante la anterior calificativa de inoperante, continuó diciendo el tribunal de alzada que, de cualquier forma, tales promociones evidentemente no impulsaron el trámite de ejecución de mérito, porque como bien lo sostuvo el resolutor primigenio, los acuerdos a ellas recaídos, datados el veintidós de septiembre de dos mil ocho, el nueve de agosto de esa misma anualidad (sic) y el diez de agosto de dos mil dieciséis, localizables en la pieza de autos integrados en primera instancia, se limitaron a remitir a lo ya autorizado en el asunto, precisamente mediante el proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, es decir, no significaron un impulso real de la ejecución porque el estado procesal que guardaban los autos en nada cambió, tan es así que el compendio fue nuevamente archivado, dada su inactividad procesal; luego, la sola manifestación del deseo de instar el trámite de ejecución de sentencia, es insuficiente, puesto que esa expresión de voluntad necesariamente debe tener como consecuencia activar y continuar con el procedimiento de hecho, lo que en la especie no aconteció, por cuanto que no recayó un acuerdo que fuera eficaz dentro el trámite de la etapa procesal de trato. Por ello, determinó el magistrado que en esas condiciones, los autos aludidos en el párrafo precedente, se encuentran firmes para todos los efectos legales consecuentes, en razón de no haber sido impugnados en su oportunidad, de acuerdo a lo estatuido en el segundo párrafo del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles Local, aplicado de manera supletoria al Código de Comercio. En otro aspecto, destacó el magistrado de apelación que resultó fundado lo argüido por el reclamante, en la parte que expresa que en el fallo interlocutorio apelado no se realizó valoración alguna referente a las cesiones de los derechos derivados del contrato de crédito accionario; circunstancia que efectivamente, en la parte considerativa del fallo recurrido no fue abordada por el juez natural, careciendo por consecuencia de la exhaustividad que debe revestir toda decisión judicial, por lo que, a fin de reparar tal omisión, la Sala lo hizo en su sustitución con la plenitud de jurisdicción originaria de que está investida, al no existir reenvío de acuerdo a la jurisprudencia de rubro: "TRIBUNAL DE APELACIÓN. AL SER QUIEN TIENE JURISDICCIÓN ORIGINARIA PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA, NO PUEDE REENVIAR EL ASUNTO AL JUEZ DE PRIMER GRADO, SALVO QUE SE ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Atento lo anterior, primeramente precisó la autoridad responsable que los preceptos 1038 y 1047 del Código de Comercio, establecen que las acciones que deriven de actos comerciales prescribirán con arreglo a las disposiciones del propio Código y, que en todos los casos en que el mismo no establezca para la prescripción un plazo más corto, la prescripción ordinaria en la materia se completará por el transcurso de diez años; de donde se sigue -destacó- que, la figura procesal de que se habla se encuentra suficientemente regulada en la ley mercantil, por lo que no hay lugar para la aplicación supletoria de ninguna otra legislación al respecto. Como apoyo al anterior argumento, citó la tesis del rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. AL ESTABLECERSE EN EL CÓDIGO DE COMERCIO EL PLAZO PARA QUE OPERE, RESULTA INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEGISLACIÓN LOCAL". Continuó diciendo la responsable que en el compendio principal, obran dos cesiones de derechos respecto del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria base de la acción; la primera de ellas celebrada el veintiséis de agosto de dos mil cinco, entre ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ********************, en cuanto parte cedente y la persona moral "********************", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, posteriormente denominada "********************", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como cesionaria, misma que se tuvo realizada por el juez de los autos mediante proveído del treinta de mayo de dos mil seis. Que la segunda cesión, se verificó el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en esta ocasión concertada entre la mercantil "********************", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ahora como parte cedente y ********************, como cesionario, lo cual fue acordado por el juzgado del conocimiento el tres de junio de esa misma anualidad. Sin embargo, -determinó la autoridad responsable- tales actuaciones no tienen los alcances que pretende el peticionario, de interrumpir o suspender el plazo legal para que se actualice la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva que puso fin a la contienda de origen, habida cuenta que los mismos no se encuentran dentro de los supuestos contemplados en el primer párrafo del numeral 1041 del Código de Comercio aplicable, como aquellos que interrumpen el término para que opere la prescripción, a saber: la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Sostuvo lo anterior, atento a que las citadas cesiones no constituyen ni una demanda, ni una interpelación judicial, entendida esta última como el requerimiento para el pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación, que es dirigido por el acreedor a su deudor; particularidad que -sostuvo la responsable- no se actualiza con la celebración de aquellas, porque ninguna participación en su concertación tuvo el deudor incidentista********************. A lo que se suma -continuó diciendo la responsable-, que tales cesiones en modo alguno implicaron una renovación del documento accionario del que nació la condena cuya prescripción generó, porque ellas únicamente implican una sustitución de acreedores, siendo el cesionario quien se subroga en los derechos y obligaciones del cedente; de ahí que consideró desacertada la apreciación del recurrente, en el sentido de que, con motivo de la transferencia de derechos, se da el reconocimiento de las obligaciones que alude el dispositivo legal que se analiza, pues insistió, en aquellas contrataciones ninguna intervención tuvo el citado ********************. Es así, -dijo el magistrado- porque razonar lo distinto, equivaldría a que pudiese eternizarse el procedimiento de ejecución a voluntad, del ejecutante, esto, en franca contravención a los principios de impartición de justicia pronta y expedita y de certeza jurídica, previstos en el artículo 17 Constitucional, a favor de todos los justiciables, incluido por supuesto el deudor, aquí parte apelada; dispositivo constitucional que igualmente ordena que la justicia sea administrada de manera completa, por lo que no queda a voluntad de quien obtuvo en sentencia definitiva, concluir la ejecución en plazos indefinidos, que es lo que sucedería si por el hecho de ceder continuamente los derechos ganados, tuviera que reiniciarse el plazo para computar la prescripción. Como apoyo a la decisión asumida, citó el criterio de rubro: "PRESCRIPCION DEL DERECHO A EJECUTAR UN CONVENIO JUDICIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA PROMOCIÓN POR LA QUE SE EXHIBE EL CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS Y SE SOLICITA QUE SE RECONOZCA EL CARÁCTER DE EJECUTANTE MATERIAL, NO ES APTA PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO NO SE INTERPELA AL DEMANDADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1ª./J. 57/2013 (10ª.)]" Sin que sobre decir además, -puntualizó el magistrado- que el espíritu del legislador, al contemplar la figura de la prescripción negativa, contenida en el artículo 1040 del Código de Comercio, previamente aludido en el cuerpo de la resolución, lo hizo fundamentalmente, atendiendo a la necesidad de los intereses, derechos y acciones que correspondan a las personas, se encuentren perfectamente definidos y que no pese sobre nadie, por tiempo indefinido y en forma incierta, una obligación; lo que igualmente se traduce -señaló- en una sanción para el titular de los derechos adquiridos, por no hacer efectivo su derecho de manera oportuna. Por tanto, -concluyó el magistrado responsable- en congruencia con lo analizado y ante la inexistencia de agravios que reparar en esa segunda instancia, con las adiciones considerativas apuntadas, decidió confirmar el sentido toral que rige la sentencia interlocutoria materia de la apelación. De todo lo antes expuesto se obtiene que el magistrado responsable al resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del aquí quejoso, sí se hizo cargo de analizar y dar respuesta a los agravios del inconforme, aunque su resultado haya sido negativo, es decir, no prosperaron las pretensiones del peticionario de amparo para los efectos que se solicitaron, sin que por ello sea dable considerar que no se atendieron sus planteamientos, por ello la determinación de calificar como infundados los planteamientos del quejoso en ese sentido. Lo anterior sin que se advierta que, en los motivos de disenso en análisis, la apoderada del quejoso exponga razonamiento alguno para controvertir lo resuelto por el magistrado responsable y los motivos que expuso para confirmar la interlocutoria recurrida, sino que se limita a aseverar que dicha determinación no fue dictada conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, que vulnera en perjuicio del apelante quejoso los principios pro persona, de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso efectivo a la justicia, así como la aplicación de los artículos y diversos criterios que invoca, pero en modo alguno argumenta el por qué resulta errónea la motivación aducida, o cuál es la interpretación que, en su concepto, debió darse a los artículos en los que la responsable apoyó su resolución, por lo que en esas condiciones no es factible realizar el análisis correspondiente. De modo que, como los motivos de inconformidad de la parte quejosa constituyen afirmaciones genéricas que, por lo mismo, omiten controvertir los argumentos en los que se sustentó la autoridad para confirmar la interlocutoria recurrida y sostener que el juez primigenio sí valoró las promociones presentadas los días dieciocho de septiembre de dos mil ocho; ocho de agosto de dos mil doce y nueve de agosto de dos mil dieciséis, y que en forma correcta determinó que no significaron un impulso real a la ejecución, es lo que conduce a calificarlos de inoperantes. Es aplicable a lo así razonado la jurisprudencia 1a./J.81/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital 185425, del epígrafe y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Del mismo modo, la parte quejosa tampoco controvierte los argumentos que expuso la responsable al reparar la omisión de valorar las cesiones realizadas en el juicio, y respecto de las cuales determinó que no tienen el alcance de interrumpir o suspender el plazo legal para que se actualice la prescripción de la ejecución de la sentencia, de suerte que dichas consideraciones deben seguir rigiendo la resolución reclamada. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada en la página 27 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, Sexta Época, número de registro electrónico 269435, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En las condiciones apuntadas, al no haberse acreditado vulneración a los preceptos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su apoderada jurídica Angélica María Jiménez Vargas, respecto del acto y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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