Alfonso Espinoza Ponce
Expediente 403/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfonso Espinoza Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintisiete de mayo del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 403/2022, promovido por ******************** a favor de ********************contra actos del Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintidós ante el secretario de guardia de este juzgado, ******************** a favor de ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 11, 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. En auto de la misma fecha, este órgano jurisdiccional la tuvo por recibida, ordenó su registró con el número 403/2022, decretó la suspensión de plano en los términos siguientes: "Por tanto, en relación con los actos reclamados, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que la autoridad ante la cual se encuentran a disposición los quejosos, realice lo siguiente: 1. Ordene de forma inmediata el cese de la incomunicación, azotes, tormentos y torturas, así como todos aquellos actos que pongan en peligro la integridad física y la vida de los peticionarios de amparo, o bien, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; y, 2. Informe a este juzgado de manera detallada y específica la causa o motivo de la detención de la quejosa directa, así como el lugar en que se encuentre físicamente y la autoridad ante la que se encuentre a disposición. 3. Asimismo, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas (tratándosede delincuencia organizada), contado a partir del momento de la detención, la parte quejosa deberá ser puesta en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior, en el entendido de que cuando la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesta a disposición; ello, acorde con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ante la cual se encuentre a disposición la quejosa, su integridad física y salud del mismo, a fin de que no sufra algún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Ello, al tratarse de actos reclamados que importan ataques a la libertad personal que pueden poner en peligro la vida e integridad física de la quejosa, incluso de manera indirecta, los cuales aparentemente ocurren fuera de procedimiento o por orden emitida por autoridades de carácter administrativo, no obstante el señalamiento de autoridad judicial responsable." De la misma forma, en dicho auto se ordenó al actuario adscrito la localización del directo quejoso y hecho lo propio, requerirlo para que al momento de encontrarlo o bien dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no, la demanda de amparo promovida a su favor, bajo el apercibimiento que de no realizarlo, se tendría por no presentada. Posteriormente, en auto de doce de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo firmada por el quejoso, en contra de las autoridades siguientes: Fiscal General del Estado de Michoacán; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Ambas con sede en esta ciudad; Director de Seguridad Pública Municipal; y, Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Estas dos con residencia en Tacámbaro, Michoacán. A quienes les reclamó: La detención que ejecutaron en su persona el ocho de abril de dos mil veintidós; y, La incomunicación, golpes y malos tratos que infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad. Por lo mismo, en ese auto de doce de abril de este año (foja 30) se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Finalmente, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós se verificó la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso ********************consisten en: La detención que ejecutaron en su persona el ocho de abril de dos mil veintidós; y, La incomunicación, golpes y malos tratos que infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad. Actos que atribuyó a las siguientes autoridades: Fiscal General del Estado de Michoacán; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Ambas con sede en esta ciudad; Director de Seguridad Pública Municipal; y, Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Estas dos con residencia en Tacámbaro, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la detención que ejecutaron en el quejoso el ocho de abril de dos mil veintidós y la incomunicación, golpes y malos tratos que infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad, que se atribuyen al Fiscal General del Estado de Michoacán y al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ambas con sede en esta ciudad, ya que al rendir sus informes justificados, manifestaron expresamente la negativa de los mismos (fojas 39 y 38). Determinación de inexistencia que se impone hacer extensiva respecto de los dos actos reclamados a la autoridad que el quejoso señaló como Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, la cual a pesar que fue debidamente emplazada a este sumario de amparo, como se aprecia de la certificación de llamada que obra a foja 63, fue omisa en rendir su informe justificado; sin embargo, en el caso no procede presumirle ciertos los actos que se le atribuyen, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, ya que las constancias que obran en autos revelan que la privación de la libertad de la que fue objeto el quejoso, fue de naturaleza administrativa y fue ejecutada materialmente por el Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán. Por otra parte, debe considerarse inexistente también el acto reclamado que se atribuye al Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, consistente en la incomunicación, golpes y malos tratos que infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad, ya que a pesar que dicha responsable aceptó la existencia del diverso acto reclamado consistente en la detención administrativa que se verificó en el quejoso el ocho de abril de dos mil veintidós, negó la materialización de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Al respecto, señaló que lo que en realidad ocurrió fue que el quejoso fue sujeto a un arresto administrativo, porque se recibió una llamada en la base de barandilla, a través de la cual una mujer reportó que cerca de su domicilio se encontraba una persona que resultó ser el quejoso, sumamente alcoholizada y gritando palabras altisonantes; por esa razón, se ordenó atender el reporte, razón por la que la unidad 7008 a cargo del comandante en turno, junto con dos elementos, se trasladaron al sitio indicado, y al arribar a ese lugar encontraron al quejoso en una huerta de aguacates, por lo que lo invitaron a que se retirara del lugar y al hacerlo, el peticionario de amparo inmediatamente comenzó a agredirlos verbalmente, y a pesar de las indicaciones para que se tranquilizara y que lo apercibieron que de no hacerlo, lo arrestarían, el quejoso hizo caso omiso. También dijeron que el quejoso se tambaleaba de un lado a otro y que al parecer estaba en estado etílico y como cada vez se ponía más agresivo, se lo llevaron arrestado al área de barandilla, por alteración al orden público y faltas a la autoridad. Resaltaron que en ningún momento se le agredió físicamente y que tampoco descompusieron la camioneta, ya que en ningún momento del arresto tuvieron contacto con algún vehículo y que mucho menos saben a qué llaves alude el peticionario de amparo; de la misma forma, que tampoco es cierto que se haya exigido a los familiares del quejoso la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos, para dejarlo libre y menos aún, que se le obligó a firmar hojas en blanco para que lo dejaran de golpear. Situación que el Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, acreditó con el certificado médico que anexó a su informe justificado, con el que demostró que al momento de la detención el quejoso presentó una intoxicación alcohólica severa; de la misma forma, remitió la constancia de ingreso y egreso del quejoso al área de barandillas: Por su parte, el quejoso señaló con relación a su detención que: a) Como a las once y media o doce de la noche del viernes 8 ocho de abril del 2022 dos mil veintidós, el quejoso se encontraba en la fuente de trabajo Huerta de Aguacate, ubicada en el predio rustico denominado ********************. b) Por la puerta principal de la fuente de trabajo Huerta de Aguacate, ubicada en el predio rustico denominado ********************, sin mandamiento judicial alguno, se introdujo un grupo de individuos armados. c) Sin explicación alguna lo detuvieron y lo golpearon despiadadamente, sin que al efecto le hubiesen mostrado una orden de aprehensión o captura emitida por una autoridad judicial competente. d) Entraron al cuarto que habita dentro de la fuente de trabajo, el cual hurgaron, revolviendo todas sus pertenencias, se llevaron todas las llaves que tenía en su poder, entre ellas las de acceso al Rancho, como las que le fueron entregadas por su extinto Patrón ********************. e) Descompusieron la camioneta de su propiedad que se encuentra dentro de la fuente de trabajo Huerta de Aguacate, ubicada en el predio rustico denominado ******************** y se llevaron las llaves. f) A sus familiares le quitaron la suma de $800.00ochocientos pesos, bajo el pretexto de que era para poderlo dejarlo libre, sin entregarles recibo alguno. g) Cuando lo tenían en barandilla y/o centro de detención para personas infractoras de la Dirección de Seguridad Pública de Tacámbaro de Collados, Michoacán, y a fin de que ya no lo siguieran golpeando, le hicieron que les firmara varias hojas en blanco, desconociendo que uso les hayan dado o les den. h) Dentro de las hojas que firmó en blanco, dos de ellas, son como el formato con el que le dio vista y que la firma que ahí aparece como suya, si se parece a la que él estampó en el formato que le dieron a firmar el cual se encontraba en blanco, es decir, no se encontraba requisitado. Bajo el anterior contexto, en el caso debe considerarse inexistente, el acto reclamado que se atribuye al Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, consistente en la incomunicación, golpes y malos tratos que infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad, ya que a pesar de todas las manifestaciones vertidas por el quejoso, lo cierto es que no aportó una sola prueba para desvirtuar la negativa del Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán y para demostrar que los hechos acontecieron tal y como él lo menciona, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es más, no obra siquiera un indicio probatorio que demuestre que efectivamente fue golpeado y torturado, así como que no estaba alcoholizado y que los elementos de Seguridad Pública Municipal ingresaron a su domicilio, le descompusieron su camioneta y se llevaron las llaves de acceso del lugar en el que trabaja. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo que se justifica porque además que la existencia de los actos reclamados a las autoridades precisadas en esta consideración, fue negada de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a las citadas responsables a probar su dicho, en este caso, la negativa de los actos a ellas atribuidos, porque la naturaleza de su aseveración las liberó de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de esos entes de gobierno, por eso a éste correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos y autoridades precisadas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que a ellas corresponde. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el diverso acto atribuido al Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, consistente en la detención que ejecutaron en su persona el ocho de abril de dos mil veintidós, pues así lo manifestó en su informe justificado, la cual ocurrió en los términos narrados en la consideración que antecede y a los cuales se remite en aplicación del principio procesal para evitar repeticiones innecesarias. Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha responsable, como soporte de su informe justificado; probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En relación con el acto reclamado consistente en la detención que ejecutaron en su persona el ocho de abril de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Al respecto, resulta pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, la cual se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, que se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso a; ello es así, toda vez que en la especie el acto reclamado en estudio en este apartado, se hizo consistir en la detención que ejecutaron en su persona el ocho de abril de dos mil veintidós; sin embargo, de la constancia que remitió la autoridad responsable se desprende que el quejoso fue puesto en libertad del arresto administrativo al que se le sujetó, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de abril de dos mil veintidós: Lo anterior, trae como consecuencia que ese acto reclamado cese en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, toda vez que el acto que les causaba agravio era el arresto administrativo al que estaba sujeto en la fecha de presentación de la demanda. De ahí, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a las autoridades responsables a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que la misma garantía exija, cuando como en el caso, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado materia de estudio en este apartado. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 1002461 , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por los actos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-403/2022-M. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el oficio registrado con el número 7596. Atento a su contenido se acuerda: agréguese el oficio que remite el encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que efectuó la compensación solicitada en el sistema de turno, quedando asentado en dicho sistema con el número de orden 20220869005000144, del rubro de turno de demanda de amparo. Asimismo, téngase a dicha autoridad remitiendo la boleta correspondiente. Enseguida, la secretaria hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por el quejoso. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del quejoso y por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado
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- Alfonso Cortes Juárez94/2022
- Alfonso De La Paz Ramírez185/2019
- Alfonso Enrique Ramirez García207/2021
- Alfonso Fernandez Cano Martinez909/2019
- Alfonso Francisco Hernández Pérez65/2023
- Alfonso Gutierrez Cisneros499/2023
- Alfonso Gutierrez Cisneros1337/2022
- Alfonso Hernandez Rodriguez582/2017
- Alfonso Jimenes Vargas232/2023