Alfonso Rodriguez Barajas

Expediente 674/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
674/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Distrito Judicial de Zamora, Michoacán
  • Alfonso Rodriguez Barajas
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
  • Hector Rodríguez Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y de la certificación que antecede se advierte que dicha parte no interpuso recurso de revisión contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, las constancias que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil 76/2017 de su índice, mismas que obran en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención; sin que resulte necesario acusar recibido de dichos documentos. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 674/2018, promovido por Alfonso Rodríguez Barajas, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, [fojas 19 a 27], Alfonso Rodríguez Barajas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, se registró con el número 674/2018, y se admitió mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho [fojas 58 a 61], se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable. Luego, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se reconoció carácter de tercero interesado a Héctor Rodríguez Barajas, en cuanto parte actora en el juicio civil de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento, mismo que se llevó a cabo a través de su apoderado jurídico Luis Humberto Vela Cervantes. Finalmente, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron dictados por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual tuvieron ejecución. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de la demanda y su ampliación, se advierte que Alfonso Rodríguez Barajas, reclama: La orden de lanzamiento emitida dentro del juicio ordinario civil 76/2017, que sobre rescisión de contrato verbal de arrendamiento promovió Héctor Rodríguez Barajas, respecto del inmueble que dice tener en posesión, ubicado en la Avenida Juárez Poniente, número 62 "A", sesenta y dos letra A, de Zamora, Michoacán, a pesar de que el inmueble materia de la litis en dicho procedimiento lo fue el diverso ubicado en la calle Avenida Juárez Poniente, número 62 sesenta y dos, zona Centro de Zamora, Michoacán; y, La diligencia de lanzamiento de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, que refiere se intentó llevar a cabo en el inmueble en cita que ahora defiende. Actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil residente en Zamora, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [foja 35]. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado dicha autoridad, consistentes en testimonio autorizado del juicio ordinario civil 76/2017 del que emanan los actos reclamados [un tomo de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este apartado es importante mencionar que para quien aquí resuelve no es inadvertido que el quejoso es la parte demandada dentro del juicio ordinario civil 76/2017, que sobre rescisión de contrato verbal de arrendamiento promovió el aquí tercero interesado, lo que en principio, pudiera hacer parecer que el juicio es improcedente pues el acto reclamado no se trata de la última resolución de la etapa de ejecución del citado juicio, y acorde con lo que establece el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos en la fase ejecutiva, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Sin embargo, el quejoso sostiene que el bien inmueble que defiende en la presente instancia es uno diverso al que fue materia de la litis en el juicio natural. Sobre la procedencia del juicio de amparo en la etapa de ejecución de sentencia, debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia, lo que por sí, implica un aspecto ajeno a la cosa juzgada. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquélla en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, es preciso destacar que la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; ello, de acuerdo con la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, como sucede en la especie, pues el quejoso aduce que se le pretende despojar de un inmueble diverso al controvertido en el juicio de origen. Pero además, el fondo del asunto consiste en determinar si el inmueble que señala el quejoso, efectivamente es uno distinto al que fue materia de litigio en el juicio de origen, de modo que el examen de esa cuestión involucra aspectos vinculados con la controversia, lo que no es propio de este apartado de improcedencia. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.92/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 710, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, registro 193266, del rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas." En esa virtud, procede realizar el estudio de los motivos de inconformidad. Quinta. Análisis de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en su único concepto de violación, el quejoso aduce esencialmente lo siguiente: Que la autoridad responsable pretende quitarle la posesión del bien inmueble ubicado en la Avenida Juárez Poniente, número 62 "A", sesenta y dos letra A, de Zamora, Michoacán, mismo que no fue materia de la litis planteada en el juicio ordinario civil 76/2017 que sobre terminación de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, promovió Héctor Rodríguez Barajas. Lo anterior, -refiere- porque dicho juicio ordinario versó sobre la rescisión del contrato verbal de arrendamiento respecto del bien inmueble ubicado en la Avenida Juárez Poniente, número 62, sesenta y dos, de Zamora, Michoacán, el cual -sostiene- es diverso al que tiene en posesión. Que la sentencia dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca civil 70/2018, determinó la procedencia de la acción intentada por el aquí tercero interesado, ordenando dar posesión a éste del inmueble materia del juicio, ubicado precisamente en la Avenida Juárez Poniente, número 62, sesenta y dos, de Zamora, Michoacán, de modo que la autoridad responsable deberá hacer entrega real y material de ese inmueble y no del diverso que posee el quejoso, como pretende realizarlo. Al respecto, se advierte que los anteriores argumentos resultan infundados. Se afirma lo anterior, porque quien acude a cuestionar la constitucionalidad del acto emitido por el juez responsable, no acreditó que la orden de desalojo hubiese sido emitida y ejecutada sobre el inmueble ubicado en la Avenida Juárez Poniente, número 62 "A", sesenta y dos letra A, de Zamora, Michoacán. En efecto, el quejoso Alfonso Rodríguez Barajas, esencialmente se duele de que el juez responsable viola sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, porque con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio principal, y dado que el demandado fue omiso en cumplirla voluntariamente, en auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, ordenó diligencia de lanzamiento. De igual modo, el quejoso aduce que se le pretende privar de la posesión de un bien inmueble que detenta, ubicado en la Avenida Juárez Poniente, número 62-A sesenta y dos, letra "A", zona Centro, de Zamora, Michoacán, y que dicho bien es totalmente ajeno y diverso al que fue materia del juicio ordinario civil 76/2017, que sobre rescisión de contrato y otras prestaciones promovió en su contra el aquí tercero interesado, esto es, el ubicado en la Avenida Juárez Poniente, número 62 sesenta y dos, zona Centro, de Zamora, Michoacán. Luego, de las constancias del juicio de origen se advierte que en la diligencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho reclamada [foja 150 del tomo de prueba], el juez responsable pretendió dar cumplimiento a la orden de lanzamiento referida, para lo cual hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en la en la Avenida Juárez Poniente, número 62 sesenta y dos, de Zamora, Michoacán, lugar donde fue atendido por quien dijo llamarse Araceli Rodríguez Mejía, quien manifestó que no podía hacer entrega del inmueble en cuestión, dado que ella lo arrienda desde el mes de enero de dos mil dieciocho [sin precisar quién es su arrendatario] y por ello tiene la posesión del mismo, exhibiendo en ese momento una licencia municipal de la negociación ubicada en ese domicilio, con giro de compra venta de accesorios para automóvil, expedida a su nombre; motivo por el cual no fue posible dar cumplimiento a dicha orden de lanzamiento. Es importante destacar que en esa diligencia, la autoridad responsable no hizo constar la existencia de un inmueble diverso con la misma nomenclatura o que el domicilio en el que se constituyó tuviera números interiores, o bien, que el inmueble contara con subdivisiones, ni en su caso, la persona entrevistada informó sobre tales circunstancias. Posteriormente, mediante oficio 0297 presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve, el juez responsable hizo llegar a este juzgado copia autorizada de la diligencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, de la que se desprende que, en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre del mismo año, de nueva cuenta se constituyó en el inmueble materia de la litis, donde fue atendido nuevamente por Araceli Rodríguez Barajas, quien en ese momento realizó la entrega voluntaria del inmueble en mención y la parte actora lo recibió de conformidad, de lo que se colige que la orden de lanzamiento se llevó a cabo en el inmueble materia del contradictorio y en ese sentido, no es dable sostener que exista una afectación al inmueble que el quejoso dice poseer. De suerte que, la orden de lanzamiento emitida dentro del juicio ordinario civil 76/2017 para que se pusiera al actor en posesión real y material del inmueble ubicado en la Avenida Juárez Poniente, número 62 sesenta y dos, zona Centro, de Zamora, Michoacán, es un acto en ejecución de sentencia que si bien pudiera afectar derechos fundamentales, no es ajeno a la cosa juzgada porque el juicio de origen precisamente tiene como finalidad la devolución del bien materia de la controversia. Cabe precisar que, si bien el quejoso exhibió un recibo del servicio de energía eléctrica a su nombre, del cual se aprecia como domicilio "B JUAREZ 62 A PTE, FRACC EL CARMEN *.C.P. 59620, ZAMORA, MICH", así como copia cotejada de una licencia municipal a nombre de Araceli Rodríguez Mejía, para ejercer el giro de compra venta de accesorios para automóvil, y en la cual se observa el domicilio "AV. BENITO JUÁREZ 62-A PTE, ZAMORA, MICHOACÁN" [fojas 08 y 73 del presente juicio], lo cierto es que aun cuando en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles dichos documentos demuestren la verdad de su contenido, porque la parte contraria no los objetó, no resultan suficientes para acreditar la afectación de que se duele el quejoso, dado que no se encuentra demostrado que la diligencia de lanzamiento se hubiere llevado a cabo en el domicilio que señalan las citadas documentales. Ello porque, como quedó precisado con antelación, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se desprende que -contrario a lo que afirma el quejoso- en la diligencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el juez y secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, hicieron constar que se constituyeron en el inmueble materia de la litis a efecto de llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, y ese inmueble fue respecto del cual entregaron la posesión al actor. En las anotadas condiciones, al no prosperar los motivos de disenso aducidos y no advertirse deficiencia que suplir, lo que procede es negar el amparo solicitado. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Alfonso Rodríguez Barajas, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito que remite Luis Humberto Vela Cervantes en cuanto apoderado jurídico del tercero interesado Héctor Rodríguez Barajas, mediante el cual se desiste de la prueba pericial en agrimensura y/o ingeniería topográfica ofrecida en autos por dicha parte. En ese sentido, se tiene al apoderado jurídico del tercero interesado en cita, desistiéndose de la prueba pericial en agrimensura y/o ingeniería topográfica que ofreció dentro del presente asunto, así como por desinteresado en su desahogo. Sin que resulte necesaria la ratificación del escrito signado por dicho promovente en el que se desiste de tal medio de prueba, toda vez que corresponde a la parte tercera interesada, o bien, a su apoderado jurídico ofrecer los elementos de convicción que estime pertinentes, así como desistirse de ellos si no se ha perfeccionado su desahogo. Apoya lo anterior la tesis en materia común emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación en enero de 2011, página 3249 de la Novena Época, con número de registro 163037, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. ES INNECESARIA LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE LAS OFRECIDAS, COMO CONDICIÓN PARA SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL JUZGADOR, AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN QUE OBLIGUE A ELLO. De los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 4o. y 149 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de garantías se rige por el principio dispositivo, de acuerdo con el cual, el inicio e impulso de la acción constitucional están condicionados por la instancia o petición del afectado por el acto de autoridad, y cuando la carga de la prueba corresponda a éste, es su facultad ofrecer los elementos de convicción, así como desistirse de ellos si no se ha perfeccionado su desahogo, sin que exista disposición que condicione la aceptación del desistimiento por parte del juzgador a la ratificación del escrito respectivo, por lo que es innecesaria, pues si bien es cierto que este requisito está previsto de manera consistente tratándose del desistimiento del juicio de amparo, también lo es que ello obedece a la trascendencia de las consecuencias que genera". Finalmente, lo anterior se ordena hacer del conocimiento a las partes y se deja sin efectos las nueve horas del nueve de mayo del año en curso, hora y fecha en que tendría verificativo el desahogo de tal medio de convicción. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio al perito José Luis Pérez Hernández. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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