Alfonso Hernández Sánchez

Expediente 1293/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1293/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Hernández Sánchez
  • Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México
  • Marco Eloy Villela Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    . Tepic, Nayarit, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado de autos que guarda el presente sumario constitucional, se aprecia que por oficio 61265/2023, de veintidós de noviembre del año en curso, dirigido a la autoridad responsable denominada Director General de Minas, residente en la Ciudad de México, se le requirió para que remitiera la información ahí solicitada. Por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera de la misma, por ser necesaria para resolver conforme a derecho corresponda el juicio en que se actúa. Diferimiento y audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William

  2. Incidental

    . Tepic, Nayarit, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe exhorto. Ténganse por recibidas las actuaciones procedentes del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de cuyo contenido se advierte que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 204/2023-III, de treinta de octubre de dos mil veintitrés, enviado con la finalidad de que en auxilio y por comisión de este Juzgado de Distrito, llevara a cabo la entrega de los oficios 37978/2023 y 43031/2023, de veinticuatro de julio y dieciséis de agosto del año en curso, ambos dirigidos a la autoridad responsable Director General de Minas dependiente de la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México, en los que se le hacía del conocimiento la emisión de la suspensión definitiva, así como de la interposición del recurso de revisión interpuesto en contra de la citada interlocutoria. En consecuencia, agréguense a sus autos las actuaciones de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, y hágase la anotación en el libro electrónico. Sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo correspondiente, ya que por la propia plataforma por el cual fue devuelto genera el mismo. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el presente expediente se encuentra debidamente integrado para remitirse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito que corresponda; entonces, como se ordenó por proveídos de dieciséis de agosto, cinco, once y veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, remítase el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1293/2023, así como los originales de los escritos de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación de los recursos de revisión interpuestos en autos, contra la resolución interlocutoria de veinticuatro de julio de la presente anualidad, emitida dentro del presente incidente de suspensión. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William

  3. Principal

    . Tepic, Nayarit, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se observa que la parte quejosa expuso en el capítulo de antecedentes de su demanda lo siguiente: Que con fecha trece de Marzo de dos mil veintitrés, presentó ante la Agencia de Minería en Tepic, Nayarit, solicitud de concesión o de asignación minera en el formato SE-F0-10-001, registrado con el número de expediente 059-8216, respecto del lote denominado "El Diablito"; quien a su vez dicha Agencia envía la solicitud respectiva a la Subdirección de Minas, para que una vez requisitada sea propuesta a título enviándola a su vez z la Dirección General de Minas, quien es la encargada de expedir los títulos de concesión. En ese sentido, si el acto reclamado se hizo consistir en el artículo Quinto Transitorio párrafo tercero de la Ley de Minería, el cual establece "Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto". En ese sentido, la afectación de la que se duele la parte quejosa es que la solicitud concesión o de asignación minera previamente referida con la sola entrada en vigor del Artículo Quinto Transitorio en su párrafo tercero, de la Ley de Minería, las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite. Luego entonces, este juzgado federal al no tener la certeza sobre el estatus o estado del trámite que se le haya dado a la petición que parte quejosa realizó el trece de marzo de dos mil veintitrés, con respecto a la solicitud de concesión o de asignación minera en el formato SE-F0-10-001, registrado con el número de expediente 059-8216, requiérase al Director General de Minas, residente en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, comunique si concluyó el trámite o no relativo a la solicitud de concesión previamente referida, esto es si aún sigue vigente o la misma se encuentra concluida, para el caso de que así lo fuera en este último sentido, deberá acompañar las documentales debidamente certificadas que acrediten tal cuestión; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su ordinal 2°. Apercibimiento. Para el caso de que las autoridades previamente requeridas, no dieran cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá a cada una de ellas, una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el diverso 237, fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Asimismo, en la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William

  4. Principal

    ocho de noviembre de dos mil veintitrés31272PRAL 1293/2023 En ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza, con el oficio registrado con el número de folio 31272. Conste. Tepic, Nayarit, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos con vista a las partes, el informe justificado rendido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su órgano de representación. Delegados y domicilio. Con sustento en los ordinales 9 de la ley de la materia, 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, por disposición de su numeral 2°, ténganse como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la autoridad oficiante los que se indican en el ocurso de cuenta. Datos de contacto. Con fundamento en el artículo 17 constitucional, se tiene a la autoridad oficiante, señalando la cuenta de correo electrónico que menciona con el propósito de establecer medio de contacto, hasta en tanto obtenga las firmas electrónicas autorizadas; las cuales previa solicitud, permitirán la consulta del expediente electrónico y recibir notificaciones por esa vía. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe. William

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