Alfonso Barrón Sillas
Expediente 1210/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Alfonso Barrón Sillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante los oficios y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el siete del actual mes y año (fojas 79 a 84), por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, y el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diez de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el diecisiete del presente mes y anualidad; (foja 88) sin que en tal período dicha parte hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el tres de agosto de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 34 a 59) se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que las autoridades responsables ejecutoras realicen las gestiones necesarias y devuelva al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación de las normas tildadas inconstitucionales, esto es, desde el quince de mayo de dos mil dieciocho. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejoso los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, asimismo, las responsables ejecutoras denominadas Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit y al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, deberián devolver al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación de las normas tildadas inconstitucionales, esto es, desde el quince de mayo de dos mil dieciocho, y que se elaborara un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo. Luego, dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de agosto de dos mil dieciocho (foja 67 a 68) y se requirió por el cumplimiento a las autoridades responsables al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad. Así, a través de los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director Juridico Contencioso de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, informaron que había desincorporado de la esfera jurídica del quejoso los preceptos declarados inconstitucionales y que se había abonado por medio de trasferencia electrónica al promovente del amparo la cantidad de $7,750.00 (siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); por lo que, dicha situación se acreditó con los anexos recibidos. (fojas 79 a 84). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce sus derechos fundamentales violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que en parte se concedió la suspensión de los actos reclamados; por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa. En tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit y anexos que acompaña, a través del cual informa las gestiones realizadas, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la legislación de la materia, agréguense los ocursos de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta que suscribe el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexo, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en cuestión, mediante el cual comunica el auto de veintinueve de mayo del año en curso, en el cual el Presidente de ese Tribunal, admitió el recurso de inconformidad interpuesto en contra del proveído de cuatro de abril del presente año, dictado en el juicio de amparo 728/2006; en consecuencia, agréguense el libelo y anexo de cuenta a estos autos, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas y por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, ambos residentes en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remiten copia de la transferencia efectuada al quejoso e informan sobre la desincorporación de los preceptos declarados inconstitucionales; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a dicha parte con los libelos y anexos de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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