Alfonso Ander Romero de Gandiaga

Expediente 2345/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2345/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Alfonso Ander Romero de Gandiaga
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el diecisiete de mayo del año en curso, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 96 a 98). En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciocho de mayo del presente año (foja 99), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución de tres de abril del año en curso (fojas 73 a 87), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $19,754.04 (diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuatro centavos), a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,280", emitido por el Notario Público 25, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de dicha Secretaría, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 91 a 92). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad total de $19,754.04 (diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuatro centavos), a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,280", emitido por el Notario Público 25, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que efectuó la transferencia a la cuenta proporcionada por la parte quejosa de la cantidad de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia de la impresión del reporte de transferencia SPEI de catorce de mayo del presente año (fojas 96 a 98), por suerte principal y concepto de actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $19, 474.04 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 10 a 11), y la responsable efectúo la transferencia a la cuenta proporcionada por la parte quejosa de la cantidad de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional), el catorce de mayo del presente año (foja 97), por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de noviembre de dos mil diecisiete a mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue de 128.717; y para el mes de abril de este año de 131.987 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02540. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $19,968.68 (diecinueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 68/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $494.64 (cuatrocientos noventa y cuatro pesos 64/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió al quejoso la cantidad de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que las responsables debían devolver al quejoso era de $19,968.68 (diecinueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 68/100 moneda nacional); sin embargo, éstas reintegraron la diversa de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional), es decir, reintegró una diferencia de $68.02 (sesenta y ocho pesos 02/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a las responsables, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades aludidas a fin de recuperarla, así como los que efectúe el quejoso, con el propósito de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el diecisiete de mayo del año en curso, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 96 a 98). En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciocho de mayo del presente año (foja 99), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución de tres de abril del año en curso (fojas 73 a 87), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $19,754.04 (diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuatro centavos), a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,280", emitido por el Notario Público 25, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de dicha Secretaría, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 91 a 92). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad total de $19,754.04 (diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuatro centavos), a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,280", emitido por el Notario Público 25, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que efectuó la transferencia a la cuenta proporcionada por la parte quejosa de la cantidad de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia de la impresión del reporte de transferencia SPEI de catorce de mayo del presente año (fojas 96 a 98), por suerte principal y concepto de actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $19, 474.04 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 10 a 11), y la responsable efectúo la transferencia a la cuenta proporcionada por la parte quejosa de la cantidad de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional), el catorce de mayo del presente año (foja 97), por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de noviembre de dos mil diecisiete a mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue de 128.717; y para el mes de abril de este año de 131.987 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02540. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $19,968.68 (diecinueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 68/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $494.64 (cuatrocientos noventa y cuatro pesos 64/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió al quejoso la cantidad de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que las responsables debían devolver al quejoso era de $19,968.68 (diecinueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 68/100 moneda nacional); sin embargo, éstas reintegraron la diversa de $20, 036.70 (veinte mil treinta y seis pesos 70/100 moneda nacional), es decir, reintegró una diferencia de $68.02 (sesenta y ocho pesos 02/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a las responsables, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades aludidas a fin de recuperarla, así como los que efectúe el quejoso, con el propósito de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector tal y como lo acredita con el anexo que adjunta; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector tal y como lo acredita con el anexo que adjunta; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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