Alexis Guzmán Ramírez

Expediente 1121/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1121/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Alexis Guzmán Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de enero pasado, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 1121/2021, promovido por Alexis Guzmán Ramírez, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, Sonia Ramírez Flores, presentó demanda de amparo a favor de Alexis Guzmán Ramírez, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa ratificación de demanda, por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda en cuestión, misma que se registró bajo el número VI-1121/2021; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cabe destacar que ante las manifestaciones de tortura, se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del día tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a la entrada en vigor de la citada ley. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario. Por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: La privación de la libertad, Actos de incomunicación; y, Actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada Contra Robo al Transporte, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado consistente en la privación de la libertad. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, atento a la omisión del resto de la autoridades responsables de rendir su respectivo informe justificado, se presumen ciertos los mismos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, y toda vez que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye el haber privado de su libertad al aquí quejoso, así como la incomunicación de la que fue objeto por parte de las autoridades señaladas como responsables, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Fiscal General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, el haber sido privado de su libertad, así como la incomunicación de la que fue objeto. Por lo tanto, si de las constancias allegadas por la autoridad responsable, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que el aquí quejoso obtuvo su libertad, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, procede SOBRESEER en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades precisadas, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. SEXTO. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN CON LA MANIFESTACIÓN DE ACTOS DE TORTURA. Ahora bien, el orden normativo nacional e internacional reconoce la proscripción de la tortura, como violación al derecho humano a la dignidad personal, al margen de la finalidad con la que se realice. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Federal dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. El citado artículo dispone que los derechos humanos de los que goza todo individuo, son aquellos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte; y que en la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos se deberá favorecer en todo momento a las personas la protección más amplia. El nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual vincula al Estado Mexicano desde su ratificación y depósito el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, la cual en sus artículos 1, 2 y 8 dispone lo siguiente: "Artículo 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención." "Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo." "Artículo 8. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.". Por otra parte, el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ratificó el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y seis, y en sus artículos 1, 12 y 13 dispone: "Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas." "Artículo 12. Todo Estado Parte velará porque, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial." "Artículo 13. Todo Estado Parte velará porque toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.". Destaca, también, que el artículo 7º del Estatuto de roma de la Corte Penal Internacional prescribe que la tortura es un delito o crimen de lesa humanidad, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Lo cual destaca aun con mayor precisión la importancia de la tortura como acto atentatorio de derechos humanos, cuya práctica es rechazada por la comunidad internacional. Ahora bien, como las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: a) como violación de derechos humanos de la persona sometida a proceso penal; y b) como de delito, se actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales. Del contexto normativo descrito se desprende que toda autoridad del Estado Mexicano, que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato y dar vista al Ministerio Público para que en ejercicio de sus facultades de investigación derivadas del artículo 21 Constitucional, determine lo que en derecho corresponda. Al respecto, es de observarse el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." En relación a la oportunidad de la denuncia de los actos de tortura, de la ejecutoria aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de diciembre de dos mil quince, dentro del amparo directo en revisión 575/2015, se desprende lo siguiente: "Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene claro que la denuncia de tortura de ninguna manera puede condicionarse a circunstancias de temporalidad o de oportunidad para alegarla, o incluso para determinar que se investigue en caso de que se advierta la existencia de indicios concordantes con actos de tortura. Esto obedece a su carácter de violación a derechos humanos, por lo que no está sujeta a condiciones de preclusión. Tal afirmación tiene un contexto de aplicación genérica, en atención al carácter grave de la violación al derecho humano a la integridad personal, por lo que debe investigarse por el Estado, a partir de que se tenga conocimiento de la denuncia o cuando existan razones fundadas para creer que se ha cometido un acto de tortura contra una persona. Lo cual no está sujeto a la decisión discrecional de las autoridades del Estado, sino que se trata de un imperativo de observancia inmediata que tiene sustento en normas jurídicas de fuente internacional y de derecho interno, las cuales han quedado precisadas en el apartado precedente. Aunado a lo anterior, es importante precisar que cualquier denuncia de tortura tiene trascendencia jurídica, al tenor del esquema de obligatoriedad que impone el artículo 1º de la Constitución Federal, para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, cumplan con la promoción, respeto, protección y garanticen los derechos humanos. Imperativo constitucional que tiene aparejado el deber de las autoridades del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violación a los derechos humanos, en los términos establecidos por la ley. Por ende, de forma autónoma, la tortura debe investigarse por constituir una conducta constitutiva de un hecho calificado por la ley penal como delito. Ello, a fin de que determinen las circunstancias en que se concretó la afectación al derecho humano a la integridad de la presunta víctima y, de probarse tal circunstancia, así como se compruebe quién lo cometió, se aplique la sanción respectiva." Bajo ese contexto, el sentido de la sentencia de amparo respecto de los actos de tortura reclamados, no es impedimento para que el suscrito juzgador proceda conforme las obligaciones anteriormente descritas, pues si bien aparentemente los actos de tortura pudieran ser inexistentes acorde a lo descrito por el actuario adscrito a este juzgado al no percibir a simple vista huella de los mismos, ello no anula la manifestación del quejoso al momento de ratificar su demanda de amparo, la cual entraña una denuncia de actos de tortura que amerita ser investigada como delito, ya que en esencia manifestó haber sido torturado física y psicológicamente. En este caso en particular, el señalamiento del quejoso es suficiente para materializar la obligación de dar vista a la autoridad correspondiente para que se encuentre en aptitud de realizar las gestiones necesarias para la investigación de los actos de tortura denunciados por el quejoso; en mérito de ello, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, con los actos de tortura manifestados por el quejoso, a fin de que provea lo conducente a la investigación, de dichos actos, conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades, y en su caso, esclarecer si se actualiza como delito. Ello con independencia que en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, ya que a la fecha se desconoce el trámite que al efecto se haya realizado en relación con las manifestaciones de tortura. Lo anterior sin prejuzgar sobre los hechos ni la responsabilidad, dado que ello no es competencia de esta autoridad jurisdiccional, y sin que pase inadvertido que la presente vista se circunscribe a los hechos narrados con motivo de la detención del aquí quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alexis Guzmán Ramírez, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando sexto de la presente resolución, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, con los hechos narrados por el quejoso al momento de ratificar la demanda de garantías, los cuales, eventualmente podrían ser constitutivos de actos de tortura en perjuicio del promovente del amparo y respecto de los cuales ya se le había dado vista en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en razón de que hasta el momento se desconoce el trámite efectuado al respecto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Llegada de autos. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución dictada en el incidente en revisión en materia administrativa 106/2021, así como los autos del incidente de suspensión V-747/2020. Hágase del conocimiento de las partes, que el tribunal de alzada resolvió: "ÚNICO. Se revoca la resolución recurrida y se ordena la reposición del procedimiento en los términos precisados en el último considerando". En tal virtud, glósese el cuaderno de antecedentes relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, por una parte, y visto el estado de autos, específicamente los informes previos rendidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los anexos que acompañó, dese vista a las partes en términos de los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo, a fin de que estén en aptitud de ofrecer pruebas y formular alegatos. En la inteligencia de que la documental que se recibió en auto de cuatro de enero del año en curso, la cual se ordenó guardar en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional en atención a lo solicitado por la citada responsable, obra glosada en sobre en la foja 132 del cuaderno original de la incidencia en que se actúa. Audiencia incidental. Para dar margen a lo anterior, se señalan las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano