Alexis Ernesto Guzmán Ramírez
Expediente 1277/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alexis Ernesto Guzmán Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. ORIGINAL DE INCIDENTE Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO.********************Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo IV-1277/2021, promovido por Alexis Ernesto Guzmán Ramírez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante oficio de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 1222/2021, formado con motivo de la demanda promovida por Alexis Ernesto Guzmán Ramírez, el trece de ese mes y año, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, al estimar que carecía de legal competencia por razón de turno. SEGUNDO. DERECHOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. El promovente considera violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto, convalidó las determinaciones del similar y ordenó continuar con el trámite del juicio registrándolo con el número IV-1277/2021; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada. Finalmente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad investigadora residente en el territorio en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional, procede a precisar los actos que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, los cuales se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo y que se hicieron consistir: De la Fiscal Regional de Morelia, del Coordinador General de Fiscalías Regionales y del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, todos con residencia en esta ciudad, la privación de la libertad; y, Del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el aseguramiento del vehículo marca Volkswagen, tipo jetta, color blanco, modelo 2019, serie 3VWHP6BUXKM077148, sin placas de circulación. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación de la Fiscal Regional de Morelia y del Coordinador General de Fiscalías Regionales, así como el Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, todos con residencia en esta ciudad, se advierte que niegan la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar dicha negativa. Por lo tanto, tomando en consideración que las autoridades señaladas aquí como responsables negaron la existencia de los actos reclamados, entonces lo que procede es sobreseer en el mismo, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para el que suscribe que el quejoso estuvo privado de su libertad; sin embargo, tal detención fue materia de reclamo en el diverso juicio de amparo VIII-1121/2021, resuelto mediante sentencia de doce de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio al haber cesado los efectos del acto reclamado en atención a que el quejoso fue puesto en libertad, determinación que adquirió firmeza mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós (fojas 395 y 406 a 410 de autos). De ahí que incluso no sea posible jurídicamente abordar el análisis de dicho acto reclamado, máxime si las responsables están negando el acto atribuido. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, consistente en el aseguramiento del vehículo. A cuyo efecto remitió copia certificada de diversas constancias, documental que tiene plena eficacia probatoria con arreglo a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copia certificada de documentos públicos. Por lo que no resulta procedente atender a lo señalado por el Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional en su pedimento, en razón de que, contrario a lo señalado, el acto reclamado consistente en el aseguramiento del automotor sí existe. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el que suscribe considera que respecto del acuerdo de aseguramiento reclamado en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." El precepto transcrito prevé la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica, que se verifica cuando posteriormente a la emisión del acto reclamado sobreviene un nuevo acto que modifica la situación del primero, de modo que no es posible analizar aquél sin afectar la situación creada por el segundo acto; resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto impugnado. Para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio, es necesario lo siguiente: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo provenga de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que se emita un nuevo acto que cambie la situación jurídica de aquél; y, 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del primero, sin afectar la nueva situación creada por el segundo. Además, jurisprudencialmente se ha establecido que debe existir autonomía entre el acto reclamado y el nuevo acto, de modo que este pueda subsistir con independencia de que el primer resulte o no inconstitucional. Sobre el particular se invoca la tesis aislada de rubro y texto siguientes: Registro digital: 199808 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, en cuanto a que el acto reclamado debe provenir de un procedimiento ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es conveniente resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 (registro 184435), señaló que la expresión "procedimiento en forma de juicio" comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre las partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva aun cuando sólo se trate de un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. La jurisprudencia señalada es del tenor literal que sigue: Registro digital: 184435 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 196 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." De esta forma, no es suficiente que el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo, sino que tal procedimiento debe seguirse en forma de juicio. En lo relativo a que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso respecto del procedimiento, debe señalarse que es el elemento principal del motivo de improcedencia que nos ocupa y se refiere a la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso particular, y que además invariablemente debe verificarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. En este orden, el cambio de situación jurídica supone la existencia de una circunstancia determinada y la posterior emisión de una resolución que tenga como consecuencia la creación de una diversa situación jurídica que sustituye a la anterior. Así, el cambio de la situación jurídica resulta de las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso, esto es, se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando paso a que se inicie una nueva etapa o situación; lo anterior en el entendido de que el cambio debe operar en el mismo procedimiento de donde emanan los actos reclamados. En este sentido se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de rubro y contenido siguiente: Registro digital: 354674 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIV, página 1573 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." Por lo que hace que el acto reclamado no pueda ser analizado sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, los órganos del Poder Judicial de la Federación han precisado que la irreparabilidad a que hace alusión esta fracción es jurídico procesal y no física o material, pues no existe imposibilidad de esta naturaleza para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero sí un impedimento jurídico para ello. Así se desprende de la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: Registro digital: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Septiembre de 1991, página 145 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." Por último, en cuanto a la autonomía que debe existir entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, se explica en el sentido de que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situación jurídica no exista un vínculo de subordinación, sino que sean independientes entre sí, de manera tal que aun cuando la situación jurídica reclamada en primer término adolezca de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica, la nueva situación pueda subsistir aunque la primera se invalidara. Es importante advertir que si bien, en términos genéricos, el procedimiento se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, usualmente, la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores. De modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. Así, los requisitos enunciados configuran la improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, la ausencia de alguno de ellos tendrá como consecuencia desestimar la causa de improcedencia prevista en el citado dispositivo legal. Sentado el anterior marco normativo, es preciso recordar que la parte quejosa reclama: El acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el aseguramiento del vehículo marca Volkswagen, tipo jetta, color blanco, modelo 2019, serie 3VWHP6BUXKM077148, sin placas de circulación, por contar con reporte de robo activo (foja 267 de autos). En ese sentido, resulta necesario destacar que de las constancias que integran la carpeta de investigación se advierte que, con posterioridad a la emisión del acto reclamado, mediante auto de once de mayo de dos mil veintidós, el representante social declaró procedente la devolución del vehículo de motor terrestre a favor de la aquí tercero interesada (foja 423 de autos). Asimismo, giró oficio al encargado del corralón, para que realizara la devolución respectiva, con lo que dio por concluida la cadena de custodia. Luego, es inconcuso que existe un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado, al haber decretado la devolución del vehículo a quien se ostentó como su legítimo propietario, dándose por concluida la cadena de custodia. Por consiguiente, no es posible analizar el acto reclamado consistente en el acuerdo de aseguramiento del vehículo, ya que con posterioridad la autoridad responsable declaró procedente la devolución del vehículo a la aquí tercero interesada, al haber acreditado su legítima propiedad dando con ello por concluida la cadena de custodia, por lo que esta última resolución, que es independiente, es la que ahora prevalece y podría en su caso, causar agravio a la parte quejosa. Máxime que el proveído de once de mayo de dos mil veintidós, constituye un acto independiente que resolvió dar un nuevo destino a la posesión del vehículo previamente referido, en tanto determinó entregárselo a diversa persona y generando una nueva situación jurídica que, con autonomía de lo que pudiera resolverse en el presente juicio de amparo sobre su aseguramiento, aquella subsistiría. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: Registro digital: 184701 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 5/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 5 Tipo: Jurisprudencia ASEGURAMIENTO DE BIENES. EL DECRETADO FORMALMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LOS QUE PREVIAMENTE HUBIESE SIDO DESPOSEÍDO EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El hecho de que el agente del Ministerio Público decrete formalmente el aseguramiento de un bien mueble o inmueble, previa desposesión o desapoderamiento sufrido por la parte quejosa, como consecuencia de la investigación de un hecho delictivo, no puede ni debe considerarse como una actuación formal ministerial por la que opere la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esto, en razón de que la averiguación previa constituye un procedimiento único, por lo que el efecto lesivo producido por ella sigue siendo idéntico, al seguir ejerciendo la disponibilidad del bien controvertido que ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso al impedirle ejercer su derecho de disfrutar de dichos bienes, aunado a la circunstancia de que los actos mediante los cuales se ordena el desapoderamiento o desposeimiento, retención y posterior aseguramiento de bienes, generalmente obedecen a preservar las huellas o vestigios del delito, garantizar la reparación del daño del ofendido, o bien por tratarse de instrumentos u objetos del delito; por lo que si dichos actos responden al objetivo último de toda averiguación (acreditar los extremos de la acción penal), es inconcuso que no pueden ni deben ser considerados autónomos entre sí, ni consumados para los efectos de la procedencia del amparo. No es obstáculo a lo anterior, el que el sigilo y confidencialidad que deben imperar en las actuaciones ministeriales, impidan al particular conocer los pormenores, formalidades y diligencias que en ella se practiquen, pues ello no significa que esté imposibilitado para acudir a la vía judicial para combatir legalmente los actos de una autoridad que actúa con imperio y que pueden ser violatorios de las garantías individuales consagradas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en tal supuesto, no constituyen actos consumados en forma irreparable que provengan de un cambio de situación jurídica, en virtud de que esta causal de improcedencia del juicio de garantías sólo puede actualizarse cuando el representante social resuelve consignar los hechos ante autoridad judicial competente, deja de ser autoridad para convertirse, de estar en el caso, en parte procesal, así como cuando determina darles a esos bienes un destino final autorizado por la ley. En esa tesitura, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la parte quejosa, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio. Al respecto se invoca la jurisprudencia del rubro y texto que dice: Registro digital: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Alexis Ernesto Guzmán Ramírez, respecto de los actos y autoridades precisadas, en términos de los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA, OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS SC (OCRA), POR CONDUCTO DE SU APODERADA DAYSI OLVERA MARTINEZ, O BIEN POR CONDUCTO DE QUIEN ACREDITE SER SU REPRESENTANTE LEGAL, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo IV-1277/2021, promovido por Alexis Ernesto Guzmán Ramírez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y... Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Alexis Ernesto Guzmán Ramírez, respecto de los actos y autoridades precisadas, en términos de los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo IV-1277/2021, promovido por Alexis Ernesto Guzmán Ramírez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y... Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Alexis Ernesto Guzmán Ramírez, respecto de los actos y autoridades precisadas, en términos de los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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