Alethia Ayala Núñez

Expediente 469/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
469/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Alethia Ayala Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo III-469/2022 promovido por Alethia Ayala Núñez, contra actos del Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, Alethia Ayala Núñez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y otras autoridades, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional, el que mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, la admitió a trámite; ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida, por quien se ostenta como tercera extraña, contra actos de naturaleza administrativa (inmovilización de las cuentas bancarias de la parte quejosa) emitidos por autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: Del Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Michoacán de Ocampo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: a) La confiscación, desposesión, retención, privación, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso o cargo de cantidades contenidas en sus cuentas bancarias contenidas en su cuenta bancaria 459364428, con CLABE interbancaria 002470459300644280, de la Institución Bancaria Múltiple Citibanamex y/o Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, y la cuenta número 50034990507, con CLABE 03647050034995070 de la Institución de Banca Múltiple Banco Inbursa, Sociedad Anónima. b) La orden verbal o escrita para congelar e impedir que se aperture o realice cualquier gestión de sus cuentas bancarias. c) La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo de ejecución en su contra, del cual derivaron los actos señalados en el inciso a). d) Orden verbal o escrita dirigida a las instituciones de Banca Múltiple Citibanamex y/o Banco Nacional de México, Sociedad Anónima., y Banco Inbursa, Sociedad Anónima, para la inmovilización de sus cuentas bancarias. Del Coordinador de Atención a Autoridades "A" y "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: e) La orden verbal o escrita dirigida para congelar, bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias citadas, así como el de disponer de los recursos existentes en ésta. f) La orden verbal o escrita para impedir la apertura o realización de cualquier gestión de sus cuentas bancarias. Todos los actos emitidos en consecuencia del procedimiento administrativo de ejecución identificado con el número de folio 165A01C8982034109. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto a la existencia de los actos reclamados, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, señalaron que eran ciertos. Además, se acredita la existencia de los actos reclamados con las constancias que allegaron las autoridades responsables; pruebas a que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES RELEVANTES. Previo a determinar lo conducente, se precisan los siguientes antecedentes: 1. El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Michoacán, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dictó resolución en la que determinó que Alethia Ayala Núñez -aquí quejosa- omitió pagar las aportaciones y los descuentos de las amortizaciones de crédito para sus trabajadores, dentro del plazo que señala el artículo 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistentes en: Folio del crédito: 162163C8982034109, con fecha de emisión diez de agosto de dos mil dieciséis, notificado el veinticuatro del mismo mes y año, correspondiente al periodo de 2016-03, por una cantidad total de $19,528.46 (diecinueve mil quinientos veintiocho pesos 46/100 moneda nacional). En ese sentido, en la fecha indicada (veintidós de diciembre de dos mil diecisiete) ordenó el mandamiento de ejecución en contra de la quejosa, esto es, para que se le requiriera a efecto de que acreditara que efectuó el pago del monto adeudado por los conceptos ahí precisados, apercibiéndola que de no hacerlo se procedería a embargar cuentas bancarias, recursos y derechos suficientes para obtener el importe de los créditos fiscales y sus accesorios, continuándose con el procedimiento administrativo de ejecución. 2. Determinación que se notificó el doce de enero de dos mil dieciocho a la persona requerida, en la cual se hizo constar lo siguiente: ".me constituí en el domicilio citado al rubro a fin de practicar la diligencia de notificación del documento con folio 165A01C8982034109, acto que no fue posible realizar por los siguientes hechos: La presente diligencia se lleva a cabo con contadora de la contribuyente en domicilio alterno, edificio de cuatro pisos de color gris, cada uno de estos cuenta con una ventana, y ventanal, propio estacionamiento. Media filiación (de quien atiende la diligencia o se oponga a ella): persona del sexo femenino, edad aproximada 32 años, complexión delgada, tez morena, altura aproximada 1.80 metros, cabello lacio y negro." 3. Ahora, en la misma fecha se levantó el acta de requerimiento de pago, en la que se hizo constar lo que a la letra se transcribe: ".ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE ALETHIA AYALA NÚÑEZ (.) En Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con cinco minutos del doce de enero del año dos mil dieciocho, el (la) suscrito (a) Karina Morales Martínez en mi carácter de ejecutor. me constituyo en el domicilio fiscal del contribuyente citado al rubro, y una vez cerciorado que este es el domicilio de la persona buscada por coincidir la nomenclatura oficial del lugar con el señalado en el documento con folio 165A01C8982034109, además por el dicho de quien manifestó llamarse Indira Ayala Núñez, y que en ese momento se encontraba en dicho lugar, y que se identifica con credencial para votar, número de folio 1105964431, expedida por Instituto Federal Electoral.acto seguido procedí a identificarme con carta de acreditación número 16/3820/I-2018/00046PAE, emitida por el (la) C. Hugo Cital Beltrán en su carácter de Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Michoacán, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con vigencia del día uno del mes de enero del año dos mil dieciocho, al día treinta del mes de junio del año dos mil dieciocho, misma que contiene fotografía y firma del suscrito ejecutor.y a efecto de dar cumplimiento al mandamiento de ejecución con número de folio 165A01C8982034109, procedí a requerir la presencia del deudor señalado al rubro o de su representante legal a la persona que en este momento se encuentra en dicho domicilio. persona que informa que el deudor o su representante legal no se encuentra presente en este momento, por lo que se procede a realizar las diligencias ordenadas, entendiéndolas con el (la) C. Indira Ayala Núñez, quien dice ser contadora del buscado y lo acredita con su dicho, para lo cual, de acuerdo con lo establecido en los artículos 151 y 152 del Código Fiscal de la Federación, en este acto se le requiere que acredite el pago efectuado del (los) crédito (s) fiscal (es) señalado (s) al rubro, más los accesorios que se generaron, apercibiéndole de que en caso de no acreditarlo en este mismo acto, se procederá de inmediato a señalar bienes suficientes a embargar y así poder obtener el importe de los créditos fiscales citados al rubro y sus accesorios a través del remate o adjudicación de los mismos, pudiendo ser necesario embargar cuentas bancarias, o en su caso, el embargo de la negociación con todo lo que de hecho y derecho corresponda, a fin de obtener los ingresos necesarios que permitan satisfacer los créditos fiscales y sus accesorios, manifestando lo siguiente: 'No haber realizado el pago de los créditos fiscales´ Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, se hace constar que a este diligencia sí procedió citatorio, mismo que se dejó en original al (a la) C. Se dejó por instructivo. persona de sexo femenino, edad aproximada de 32 años, complexión delgada, tex morena, altura aproximada 1.80 metros, cabello negro y lacio." 4. Por lo anterior, ante la omisión de pago de la buscada, en esa fecha, esto es, el doce de enero de dos mil dieciocho, se levantó acta de embargo en los siguientes términos: ".acto continuo y ante la presencia de quienes intervienen en esta diligencia, para la traba del embargo, el (la) C. Indira Ayala Núñez, señalo lo siguiente: El suscrito ejecutor, procede a trabar formal y legalmente embargo, para lo cual precisa lo siguiente: Una vez respetado el derecho de señalar bienes en términos del artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la persona con quien me entiendo, no señaló bienes, el suscrito, en términos del artículo 156, fracción I, del mismo Código Fiscal, procede a embargar los depósitos bancarios o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el ejecutado en las cantidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones o valores, asimismo, en virtud de que el suscrito desconoce el monto de los depósitos bancarios procede a realizar el embargo de la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. El suscrito ejecutor, en término del artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, designa como depositario al (a los) C. Indira Ayala Núñez, quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tiene su domicilio en C. Francia 37, fraccionamiento Villa Universidad, 58060." 5. Posteriormente, mediante oficio SIARA INFONAVITMICH/2021/001252, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Morelia, Michoacán, dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que ante la omisión de Alethia Ayala Núñez para dar cumplimiento al pago del crédito fiscal 162163C8982034109, solicitó la inmovilización de recursos hasta por el monto del crédito solicitado. 6. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, en la ventanilla única de recepción de documentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Indira Ayala Núñez, compareció como apoderada de Alethia Ayala Núñez, en la que refirió: Que por medio de dicho escrito le informaba que realizó el pago de los adeudos pendientes al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que solicitó se diera la instrucción a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que instruyera a las instituciones bancarias con las que tenía aperturadas sus cuentas para que fueran desbloqueadas y movilizar su saldo total. También refirió que anexaba diversos documentos consistentes en: a) Copia de comprobante de pago bancario. b) Copia de ficha de pago. c) Copia de detalle de las cuotas pagadas. d) Constancia de situación fiscal emitida por el Instituto. e) Copia del poder notarial. f) Copia de representación legal. Ahora, para acreditar su personalidad se advierte que anexó a su escrito un instrumento notarial con certificación número mil doscientos cuarenta y ocho de once de junio de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público número trece de esta ciudad, en el que se hizo constar que Alethia Ayala Núñez (aquí quejosa) otorgó poder general para pleitos y cobranzas, así como actos de administrativos a favor de Indira Ayala Núñez. 7. El veintiocho de abril de dos mil veintidós se dio respuesta al escrito referido en el punto anterior, en el que la autoridad -aquí responsable- precisó que una revisados los documentos advertía que estos se encontraban incompletos, por lo que requirió a la promovente para que presentara los pagos por diferencias en actualización y cargos por los siguientes periodos. Lo anterior se notificó el treinta de junio de dos mil veintidós. Hasta aquí la relación de antecedentes relevantes. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Este Juzgado federal advierte de oficio que dentro de la presente instancia constitucional, se actualiza, en primer lugar, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, a contrario sentido, del mismo cuerpo de leyes. El primer numeral citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita prevé la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de ley de la materia. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. En ese contexto, el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas terceras extrañas". El numeral citado dispone que el juicio de amparo procede contra actos fuera o dentro del juicio que afecten a personas terceras extrañas. Ahora, por persona extraña a juicio debe entenderse que es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la persona que no fue o fue indebidamente emplazada al juicio o al procedimiento. Así, la persona que no fue llamada o fue indebidamente llamada a juicio se denomina tercero extraño por equiparación, que de acuerdo con la jurisprudencia, es aquel sujeto que es parte en el juicio natural por ser el demandado, y que no es llamado correctamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; por tanto, resulta evidente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." El tercero extraño por equiparación es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; sin embargo, el hecho de que ese demandado se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento en términos del precepto citado. Es decir, la particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando el quejoso se ostente como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Cobra aplicación, la tesis VII.3o.P.T.32 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: Registro digital: 162966 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.3o.P.T.32 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 3341 Tipo: Aislada "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio." Por tanto, si de las constancias de autos se advierte que la quejosa, quien se ostenta tercera extraña por equiparación, conoce fehacientemente la existencia del juicio en el que es parte y/o compareció, a pesar de no haber sido legalmente emplazada, ya no puede ser considerada como persona extraña, pues el conocimiento del contradictorio le da la posibilidad de defenderse dentro de éste. Sirven de sustento las jurisprudencias que dicen: Registro digital: 189916 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 39/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 93 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Registro digital: 2004274 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En el caso, la quejosa Alethia Ayala Núñez señaló como actos reclamados, los precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria, consistentes en términos generales en la inmovilización o bloqueo de sus cuentas bancarias, así como la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo de ejecución en su contra. De lo anterior se advierte que si bien no lo precisó, implícitamente se ostentó como tercera extraña al procedimiento, al referir que no existía la notificación del acto reclamado, y que se enteró del bloqueo o inmovilización de sus cuentas bancarias, sin que se le hubiera hecho del conocimiento del acto o procedimiento que avalara el actuar de las autoridades responsables. Sin embargo, de las constancias que integran el procedimiento administrativo de ejecución de origen, como se precisó en los antecedentes, se advierte que mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, Indira Ayala Núñez, apoderada legal de la aquí quejosa Alethia Ayala Núñez, carácter que además acreditó fehacientemente en el procedimiento natural, se apersonó a dicho proceso, además de que precisó que realizó el pago de los adeudos requeridos pendientes a fin de que fueran desbloqueadas sus cuentas bancarias. Lo anterior se acordó de conformidad mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós; esto es, se observa que acudió al procedimiento de origen y se hizo conocedora de la inmovilización o bloqueo de sus cuentas bancarias. En esas condiciones, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento natural, pues su comparecencia evidencia que tuvo conocimiento de la existencia del proceso del que se ostenta como tercera extraña por equiparación por conducto de su apoderada, tanto es así, que estuvo en aptitud de acudir a él. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 219263 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Mayo de 1992, página 395 Tipo: Aislada APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL QUEJOSO, CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO POR CONDUCTO DEL. Si en el juicio original aparece que el apoderado general para pleitos y cobranzas del quejoso, compareció a dicho proceso en su nombre y representación, es claro que a partir de tal comparecencia, tuvo conocimiento, el aludido quejoso, del referido juicio, en el cual se ostenta como extraño y, por ello, a partir del día siguiente le empezó a correr el término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de garantías." Con lo anterior es suficiente para determinar que tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del procedimiento administrativo de ejecución seguido en su contra, a fin de que realmente pudiera estar en condiciones de acudir a éste e integrarse de la relación procesal, tal y como lo hizo el dos de febrero de dos mil veintidós, por conducto de su apoderada. En ese contexto, no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse en el procedimiento administrativo de ejecución y defender sus intereses dentro éste, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.)14, de rubro y texto: Registro digital: 2000293 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627 Tipo: Jurisprudencia "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, resulta claro que a la quejosa no puede equiparársele como persona extraña al proceso, pues fue sabedora de la existencia del procedimiento administrativo de ejecución instado en su contra, por lo menos desde el dos de febrero de dos mil veintidós, en que compareció a apersonarse por conducto de su apoderada legal. Escrito en el que además, refirió que conocía de la existencia del bloqueo o inmovilización de sus cuentas bancarias pues solicitó su liberación, lo que evidencia que tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del procedimiento seguido en su contra con motivo de la ejecución de diversos créditos fiscales ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda en su contra, y que estuvo en condiciones, desde ese momento, de acudir a dicho proceso y defender su derecho de audiencia. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, virtud de haber comparecido al procedimiento de origen desde el dos de febrero de dos mil veintidós, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, en cuyo caso, se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. Ahora bien, a fin de resolver el asunto es necesario cuestionarse ¿A partir de qué momento debe computarse el mencionado plazo de quince días? Esta interrogante admite tres posibles respuestas, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la materia, a saber: Regla uno, inicia a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Regla dos, corre a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de ellos o de su ejecución. Regla tres, el plazo inicia a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor de los mismos. Es aplicable la Jurisprudencia que se cita: Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación (regla uno) es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercera regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. En el caso se actualiza la regla dos, conforme a la cual el plazo de quince días con que la quejosa contaba para presentar su demanda inició a partir del día siguiente al en que se ostentó sabedora de los actos que señaló como reclamados -que derivan del procedimiento administrativo de ejecución seguido en su contra-, diligencias sobre las que, al menos desde el dos de febrero de dos mil veintidós, debe considerarse que tuvo conocimiento, al apersonarse por conducto de su apoderada al procedimiento administrativo de ejecución, y solicitar el desbloque de las cuentas bancarias y exhibir documentos para justificar el supuesto pago del crédito fiscal del que derivó el embargo trabado; como se explicó. En ese sentido, comenzó a correr el plazo al día siguiente al en que se ostentó sabedora de dichos actos; por ende, el plazo de quince días hábiles a que refiere el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, feneció el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Luego, si la demanda de amparo se presentó el tres de mayo del mismo año, esto es, un poco más de dos meses después de concluido el plazo de quince días hábiles con que contaba la quejosa para presentarla, es evidente que su presentación resultó extemporánea. De ahí que, al no tener el carácter de tercera extraña por equiparación y haber promovido de manera extemporánea su demanda de amparo, consintió tácitamente los actos impugnados, por esa razón se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 196930 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 95 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." En ese sentido, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, a contrario sentido, del mismo cuerpo de leyes, así como la diversa contemplada en la fracción XIV del primer numeral citado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, por lo que ve a las diversas manifestaciones que hace valer a manera de alegatos el agente del Ministerio Público de la adscripción, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, en razón de que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alethia Ayala Núñez, por propio derecho, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria y por los motivos expuestos en el quinto. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo III-469/2022 promovido por Alethia Ayala Núñez contra actos del Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Michoacán de Ocampo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Directora Contenciosa y Director Contencioso, adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", quienes comparecieron de manera conjunta en ejercicio de la facultad de su titular Coordinador de Atención a autoridades "A" y "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa en su libelo constitucional, ofreció las pruebas presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones. Además la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas constancias derivadas del oficio 214-1-10630835/2021. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIEEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 469/2022, promovido por Alethia Ayala Núñez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario dé cuenta con las constancias que integran este asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta, en su orden, con los informes previos recibido con antelación y rendido por las siguientes autoridades: 1.- Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 2.- Informe conjunto del Coordinador de Atención a Autoridades "A" y "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su denominación actual. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales junto con su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Se tiene por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión III-469/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional el mismo día, por razón de turno, Alethia Ayala Núñez, por su propio derecho solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como acto reclamado la "confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso, o cargo ilegal" de las cantidades contenidas en la cuenta bancaria número 459364428, con clave interbancaria 002470459300644280, de la Institución de Banca Múltiple Citibanamex y/o Banco Nacional de México, S.A., así como la diversa 50034990507, con clave 036470500349905070 de la Institución de Banca Múltiple Banco Inbursa, S.A." También señala como actos reclamados la notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo de ejecución en su contra, y toda orden verbal o escrita dirigida a las instituciones bancarias para el congelamiento, bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de sus cuentas bancarias y que le impide disponer de los recursos que existen en tales cuentas. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable Coordinador de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su denominación actual, se advierte que niega la existencia del acto de molestia que se le atribuye. Por su parte, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del acto reclamado a esa autoridad, por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se advierte la existencia del acto reclamado. Por otra parte, del informe allegado por el Coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su denominación actual, se advierte que niega la existencia de los actos de molestia; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada ya que en el mismo documento se hace saber dicha autoridad recibió y transmitió el oficio MICH/INMOV/1411/2021, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, solicitó a las instituciones financieras de que se trata, la retención de las cuentas bancarias de la quejosa hasta por cierta cantidad y para tales efectos se giraron los oficios 214-1-10630835/2021 al 214-1-10630922/2021, para que las instituciones bancarias materializaran la instrucción de la autoridad ordenadora, lo que implica que se presuma cierto el acto consistente en la orden verbal o escrita dirigida a las instituciones bancarias para el congelamiento, bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias y que impide disponer de los recursos que existen en tales cuentas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. QUINTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión solicitada respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la inmovilización de los recursos que obran en las citadas cuentas bancarias; con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo suspensional. c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en relación a los efectos del acto reclamado respecto de las cuentas bancarias señaladas, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, pues el hecho de que el amparista solicite la medida cautelar definitiva en relación con los efectos del acto reclamado respecto de las cuentas de cheques precisadas y exhiba los estados de cuenta respectivos, lo cual vinculado permite establecer que se tiene acreditado al menos en forma indiciaria, el interés que le asiste para obtener la medida suspensiva que solicita. Además de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con el acto reclamado, máxime que la autoridad responsable Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al rendir su informe previo manifestó que se solicitó la inmovilización de los recursos que obran en las cuentas bancarias de que se trata, hasta por el monto del crédito solicitado. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos del acto reclamado, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Alethia Ayala Núñez, la presente medida cautelar para el único efecto de que no se extraigan los recursos de las cuentas bancarias precisadas con antelación, hasta en tanto no se resuelva en lo principal el juicio de amparo de donde emanan los presentes cuadernos incidentales. En el entendido que si a la fecha ya fue retirada la cantidad total que se encontraba en las cuentas bancarias en comento, esta medida no tiene efectos restitutorios. De igual manera, la presente suspensión no surtirá efectos si el aseguramiento se emitió en cumplimiento de una obligación contraída por un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. Asimismo, en caso de que la libre disposición de las cuentas bancarias que se defienden provenga de un crédito líquido y exigible, la presente suspensión se concede sólo por el excedente de esa cantidad determinada, a fin de que dicho excedente si pueda disponer la parte quejosa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia con número de registro 2019978, de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y testo señalan: "Época: Décima Época Registro: 2019978 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 87/2019 (10a.) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." GARANTÍA. La medida suspensiva conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, SEGUIRÁ SURTIENDO EFECTOS si se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, esto es, lo equivalente al monto establecido en el crédito fiscal determinado; para lo cual, se concede el plazo de cinco días al impetrante de garantías, para que garantice tal interés; en el concepto de que en caso de que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo, o bien, cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión, la autoridad responsable hará efectivo el depósito, de conformidad con lo dispuesto por el invocado precepto legal. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: "Registro digital: 2023918 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 18/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1591 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE INVOLUCREN CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO. Hechos: El Pleno de un Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito discreparon sobre si cuando en el juicio de amparo se concede la suspensión (provisional o definitiva) contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la medida surte efectos de inmediato o su efectividad queda sujeta a que se haya constituido o se constituya garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en ese caso la suspensión surte sus efectos de inmediato pero su efectividad está condicionada a que se garantice el interés fiscal por cualquiera de los medios legalmente establecidos que le señale el Juez de amparo. Justificación: La interpretación armónica y sistemática de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente, lleva a concluir que cuando se solicita la suspensión -provisional o definitiva- en contra de los actos de determinación, liquidación, ejecución y cobro de contribuciones o créditos fiscales, surte efectos de inmediato, esto es, desde el momento en que se concede en el acuerdo relativo, aunque se recurra, pero su continuación está condicionada a que en el plazo de 5 días el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables en los términos que considere el Juez de amparo, incluso, para reducir su monto o a dispensar su otorgamiento en determinados supuestos. En caso contrario, es decir, de no exhibir en el plazo indicado la garantía, dejará de surtir efectos la suspensión, aunque si no se ejecuta el acto reclamado después de dicho lapso y se ofrece garantía, volverá a surtir efectos. Lo expuesto es así, porque no es factible realizar una interpretación literal y aislada de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo en vigor, cuando establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos legalmente; pues ello implicaría que previamente a conceder la suspensión, indefectiblemente y en todos los casos, el interés fiscal ya estuviera garantizado o se tendría que garantizar, con lo que, por una razón práctica, carecería de sentido solicitar la medida cautelar respecto de actos que involucren contribuciones o créditos fiscales ante el Juez de Distrito, dado que sería la propia autoridad fiscal -señalada como responsable en el juicio de amparo- la que calificó o no la pertinencia de la garantía, haciendo nugatorio el ámbito protector del juicio de derechos fundamentales, ya que la medida cautelar es lo que permite conservar o preservar su materia, siendo el Juez de amparo el que podrá concederla discrecionalmente y atendiendo a las circunstancias de cada caso. Además, el numeral 136 de la Ley de Amparo vigente es explícito al señalar que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento que se conceda en el acuerdo relativo. De ahí que si la ley no distingue, no debe hacerlo el juzgador, por lo cual, la medida cautelar surte sus efectos de inmediato contra actos que involucren contribuciones o créditos fiscales, pero está condicionada a que el peticionario de amparo exhiba la garantía que le fije el Juez de amparo en el plazo de 5 días, o con posterioridad si no se ha ejecutado el acto reclamado." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios que aparecen citados en el presente auto, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve; PRIMERO. SE NIEGA a Alethia Ayala Núñez la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a Alethia Ayala Núñez la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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