ALEXIS GONZALEZ ACEVEDO y Otros.

Expediente 1197/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1197/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Alexis Gonzalez Acevedo
  • ALEXIS GONZALEZ ACEVEDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y mediante oficios a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que acompaña, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los quejosos acuden a esta instancia constitucional a impugnar: -El procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra y como consecuencia la orden de deportación, expulsión, incomunicación, así como la privación ilegal de la libertad o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política y la negativa de otorgarle los beneficios que señala la Ley de Migración. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, de las constancias que obran en autos se desprende que el seis de septiembre de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, resolvió dar la salida de los extranjeros Alexis González Acevedo, Aidel Rojas Rangel, Danay Rojas Mena, Yamel Alberto Duarte Díaz y William Fernández Vega, bajo los términos señalados en la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo, notificándole a los aquí quejosos dichos acuerdos en la misma data. Ahora bien, de las constancias que el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remite adjuntas a su oficio de cuenta, respecto de las cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los documentos electrónicos respectivos son copia íntegra e inalterada del documento impreso, en términos de la fracción VI del artículo 34 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que con fecha doce de octubre del año en curso, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, adscrito a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, emitió acuerdo a través del cual tuvo por concluidos los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los quejosos Alexis González Acevedo, Aidel Rojas Rangel, Danay Rojas Mena, Yamel Alberto Duarte Díaz y William Fernández Vega, pues señaló que los aludidos extranjeros, no cumplieron con la obligación de firmar los días lunes de cada quince días, ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, pues no se encontró con registro de firmas en el libro de control respectivo, lo que imposibilitó la continuación de dicho procedimiento administrativo migratorio. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que Alexis González Acevedo, Aidel Rojas Rangel, Danay Rojas Mena, Yamel Alberto Duarte Díaz y William Fernández Vega, quedaron en libertad el seis de septiembre del año en curso, y en virtud de que se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, el doce de octubre del mismo año, se dictó en los procedimientos administrativos migratorios 4248, 4249, 4250, 4251 y 4252 (seguidos a dichos quejosos), un acuerdo en el que se determinó tener concluidos tales procedimientos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraban ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el doce de octubre del año en curso, en los procedimientos administrativos migratorios 4248, 4249, 4250, 4251 y 4252, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se desprende que con motivo de la incompetencia decretada en el juicio de amparo 886/2021-V, del índice de este órgano jurisdiccional, del que deriva el presente cuaderno de incompetencia, éste fue turnado para su conocimiento al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al que le correspondió el número expediente 511/2022, de su estadística, el cual se encuentra pendiente de ser radicado. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa que el doce de octubre del presente año se dictó auto de conclusión del procedimiento administrativo instruido en contra del quejoso Alexis González Acevedo, sin embargo es omiso en hacer manifestación alguna en relación con Aidel Rojas Rangel, Danay Rojas Mena, Yamel Alberto Duarte Díaz y William Fernández Vega. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este Juzgado si a la fecha en que se actúa se ha llevado a cabo alguna actuación dentro de los expedientes administrativos de Aidel Rojas Rangel, Danay Rojas Mena, Yamel Alberto Duarte Díaz y William Fernández Vega, o si en su caso, dichos procedimientos han sido concluidos, y de ser así, remita las constancias que acrediten tales actuaciones. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí.Así lo acordó y firma Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho , por licencia académica autorizada a la titular por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta a Carrera Judicial, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/4705/2022, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, quien actúa con Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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