Alex René Tagua Gualli

Expediente 1712/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1712/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Alex René Tagua Gualli
  • ALEX RENÉ TAGUA GUALLI y Otros.
  • NORMA BRUMILDA ZELAYA AMADOR y Otros.
  • FANY PATRICIA LOPEZ CLAROS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto.********************San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintitrés.********************Causa estado.********************Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído en este juicio el nueve de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho proveído que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Tomos de pruebas.********************Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes.********************Archivo.********************Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.********************Valoración. ********************Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el nueve de mayo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto.********************No relevancia documental.********************Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. ********************Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, por medio del cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó a su informe de cuenta. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la prolongación de la detención en la estación migratoria de San Luis Potosí y/o Nuevo León, y como consecuencia de ello la posible deportación, retorno asistido o traslado a otra estación migratoria. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y sus anexos, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte: Que la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, informó a este órgano jurisdiccional que los aquí quejosos ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, quedaron en libertad materialmente el catorce de diciembre de dos mil veintidós. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta y sus anexos, la Jefa del Departamento de Asuntos, remitió copia certificada de los acuerdos dictados el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en los expedientes administrativos migratorios aperturados a los aquí quejosos, en los que se declaró que dichos extranjeros se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, lo que imposibilitó la continuación de tal procedimiento, determinando que estos últimos se tuvieran concluidos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, quedaron en libertad el catorce de diciembre de dos mil veintidós, y en virtud de que se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, se dictó en los procedimientos administrativos migratorios seguidos a dichos quejosos, un acuerdo en el que se determinó tenerlos concluidos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en los procedimientos administrativos migratorios, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, no ha remitido las constancias que tuvo a la vista para la emisión de los actos reclamados, no obstante que mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, remitió diversas documentales que no corresponden los expedientes administrativos de los aquí quejosos *** Requerimiento. En ese tenor, a efecto de emitir una sentencia conforme a derecho, apegada a la situación real que impera respecto de los quejosos ante las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que se les notifique este proveído, remita las constancias en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de toda y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión de los actos reclamados, en relación a los citados quejosos, ello a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos. Apercibimiento. En caso de no atender el requerimiento que antecede, dentro del plazo concedido, el omiso se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la autoridad citada.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, remite diversas documentales relativas al expediente administrativo de *** manifestando que el mismo se tuvo por concluido el cuatro de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio de amparo los quejoso son ***, y a efecto de emitir una sentencia conforme a derecho, apegada a la situación real que impera respecto de los quejosos ante las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que se les notifique este proveído, remita las constancias en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de toda y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión de los actos reclamados, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, debiendo remitir en su caso, copia certificada del acuerdo en el que tuvo por concluido los expedientes migratorios de los quejosos aludidos. Apercibimiento. En caso de no atender el requerimiento que antecede, dentro del plazo concedido, el omiso se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia programada para diez horas con cuarenta minutos del quince de marzo del año en curso y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la autoridad citada.

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