Alexis Rafael Mendoza Rico

Expediente 1264/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1264/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Alexis Rafael Mendoza Rico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, mediante el cual remite copia autenticada de la carpeta de investigación *, de su índice e informa que contiene datos personales y pide sean debidamente protegidos y sean manejados con secrecía y resguardo. Se requiere versión pública. Toda vez que la Representante Social responsable acompaña copia certificada de la versión oficial de la carpeta de investigación *, con fundamento en el artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo; y diversos 23 y 111, ambos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, requiérase al Fiscal responsable, quien se estima es el sujeto obligado de conformidad con los dispositivos citados, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, remita copia autentificada de la VERSIÓN PÚBLICA (en la que se supriman los datos sensibles de conformidad con la ley de transparencia referida) de la carpeta de investigación aludida. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de acuerdo con el artículo 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. Justificación del requerimiento de la versión pública. Lo anterior, porque la versión pública servirá para que la consulten las partes, y se resguarde la información reservada de la citada persona o de las personas que son ajenas a él. Y es que en la carpeta de investigación señalada existen actos de investigación con datos de persona ajena a las partes, por lo que tal información es confidencial y ésta debe continuar así, aun cuando al promovente del amparo se le permita su consulta, pues este último supuesto solo conlleva que esté en posibilidades de tener una adecuada defensa en el juicio de amparo, pero no implica que conozca la información personal de individuos que son ajenos a él. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis número I.9o.P.229 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI LAS CONSTANCIAS QUE LA INTEGRAN CONTIENEN INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL O QUE DEBA MANTENERSE EN SECRETO, EL SUJETO OBLIGADO PARA RESGUARDARLA EN LAS COPIAS QUE ACOMPAÑE AL INFORME JUSTIFICADO QUE SE LE REQUIERA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MINISTERIO PÚBLICO), LO SERÁ ÉSTA O EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO QUE TENGA A SU CARGO DICHA INDAGATORIA. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación. Bajo este contexto, cuando se requiera a un órgano ministerial investigador señalado como autoridad responsable, la remisión de copias certificadas de una averiguación previa que sustente la emisión o existencia del acto que se le reclama, es quien se constituye en el sujeto obligado para llevar a cabo, u ordenar en su escala de jerarquía a quien corresponda, el resguardo en términos de ley de la información clasificada como confidencial o reservada que pueda contenerse en dicha indagatoria y no el Juez de Control constitucional requirente, al ser quien puede saber cuáles son los datos sensibles y de investigación que deben guardar o contener la confidencialidad y/o secrecía necesaria, para no ser conocidos por quien no deba o sea ajeno a la averiguación previa.". Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen a la citada tesis, misma que fue emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se determinó lo siguiente: "[..] Bajo ese contexto, deviene inconcuso que resulta injustificada la inconformidad que se plantea por parte de la autoridad ministerial responsable a través del recurso hecho valer, toda vez que, indefectiblemente, a quien corresponde en el caso emitir la versión pública requerida lo es precisamente a quien se encuentra a cargo de la remisión de las copias en que se sustenta el acto reclamado, consistente en la indagatoria UEIORPIFAM/AP/032/2015; al ser quien está en posibilidad de saber cuáles son los datos sensibles y de investigación que deben guardar o contener la confidencialidad y/o secrecía necesaria para no ser conocidos por quien no deba o sea ajeno a la averiguación, de tal manera que resulta absurdo que pretenda, como lo deja entrever en sus argumentos de disenso y al interponer el recurso que se resuelve, que sea el propio juzgador de amparo quien lleve a cabo dicha versión.". También se cita en apoyo de lo anterior, por identidad de razón, la diversa tesis II.2o.P.14 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1703, libro 17, tomo II, Abril de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "CONSTANCIAS REMITIDAS CON EL INFORME JUSTIFICADO. NO PUEDE NEGARSE AL QUEJOSO IMPONERSE DE ÉSTAS, AUN CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) LAS HAYA ESTIMADO COMO RESERVADAS, SI PUEDE ELABORAR UNA VERSIÓN DE AQUÉLLAS PARA PONERSE A LA VISTA DE LAS PARTES, Y SIN VIOLAR EL SIGILO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA -DE DONDE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO-, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Si el juicio de amparo indirecto es un procedimiento de impugnación autónomo donde se reclaman actos de autoridad, es claro que en él, éstos están sometidos al análisis de su constitucionalidad en equilibrio y contradicción al derecho de los quejosos para debatir este aspecto en cuanto a lo que a éstos perjudique. Por tanto, la autoridad responsable no puede condicionar el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del propio juicio constitucional, ni la actuación de la autoridad de amparo, para complementar o compensar sus actos. Ahora bien, tratándose de las constancias que son remitidas por el Ministerio Público (autoridad responsable) junto con su informe justificado, en asuntos relacionados con la secrecía o sigilo de la averiguación previa, es responsabilidad de ésta -y no de los Jueces de amparo- buscar los métodos que le permitan enviarlas sin violar los derechos de quienes acceden al juicio constitucional en contra de lo que individualmente les afecta; por ende, en estos casos, la integración de las constancias debiera hacerse de forma tal que, cumpliendo con la ley, se tenga contemplado que las actuaciones remitidas al juicio de amparo, no pueden estar ya sujetas al criterio de sigilo de la autoridad responsable, pues si obran en el juicio de amparo no deben ser ajenas ni ocultarse al quejoso; de ahí que, si el Ministerio Público estima que ciertas actuaciones de la averiguación previa -de donde derivó el acto reclamado- son consideradas como reservadas, para no violentar el secreto y confidencialidad que en aquéllas ha de imperar, debe adjuntar a su informe una versión que pueda ser consultable, y así el Juez de Distrito, estar en posibilidad de ponerlas a la vista de las partes, pues si bien no se trata de que a través del amparo se tenga acercamiento a cuestiones ajenas al quejoso, lo cierto es que no puede negársele el acceso a las constancias remitidas como justificación del acto reclamado, ya que sólo así se respetan su derecho y la posibilidad plena de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad de dicho acto; de lo contrario, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento que amerita su reposición, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo." Devolución. Por tanto, devuélvasele la copia certificada de la versión oficial de la carpeta de investigación *, que remite la autoridad oficiante. Finalmente, se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, deje sin efectos la vinculación electrónica del anexo relativo al oficio de cuenta, por las razones previamente expuestas.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Contenido. Del contenido de dicho informe se desprende que sí es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a fin de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Temprana de Atención a la Mujer, de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, rinda su informe justificado. Diferimiento. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Fiscal Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Causas de improcedencia. De igual manera, del contenido del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de la inexistencia del acto reclamado por los motivos que refiere. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva.

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