Alexandra Beatriz Roche Correa

Expediente 2120/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 32 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2120/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Alexandra Beatriz Roche Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio número 3436 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía interconexión, mediante el cual comunica a este juzgado federal, en esencia, que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Alexandra Beatriz Roche Correa o Alexandra Roche Correa o Alexandra Roche Chami, contra de la sentencia pronunciada en el presente juicio el diecinueve de abril de dos mil veintidós, mismo que quedó registrado bajo el número 181/2022 de su índice. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa Alexandra Beatriz Roche Correa o Alexandra Roche Correa o Alexandra Roche Chami, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada por proveído de once de mayo actual. Ahora bien, toda vez que de su escrito recibido en este Juzgado el diez de mayo del presente año, registrado con el número de promoción 10736, que obra glosado en autos, se desprende que la quejosa interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, a los terceros interesados Patricia Chami Urcelay y Joaquín Roche Chami, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple del aludido escrito de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el escrito de expresión de agravios, los autos del presente expediente y el anexo remitido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado autoridad responsable; al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que dicha Superioridad estime procedente acordar. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del escrito de agravios. Notifíquese, haciéndolo personalmente a los terceros interesados, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y cúmplase.

  3. Principal

    NOT. ELECT Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: Alexandra Beatriz Roche Correa o Alexandra Roche Correa o Alexandra Roche Chami, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia pronunciada el veinticinco de agosto del año en curso. Ahora bien, el escrito de los agravios esgrimidos fue exhibido con cinco copias, siendo que son necesarias para la correcta tramitación del aludido recurso siete copias, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: tres para las autoridades responsables, dos para la parte tercera interesada, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y otra más para este expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días que sea notificada de este acuerdo, exhiba dos copias más de su referido escrito de agravios, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el citado recurso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2120/2021-VIII-A, promovido por Alexandra Beatriz Roche Correa o Alexandra Roche Correa o Alexandra Roche Chami, contra los actos atribuidos a la Juez Primero Mercantil, actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Alexandra Beatriz Roche Correa o Alexandra Roche Correa o Alexandra Roche Chami, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos a la Juez Primero Mercantil, actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 2120/2021-VIII-A y se admitió a trámite la misma, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, fundamentalmente, lo siguiente: La admisión, emplazamiento, orden de embargo, toma de razón y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1745/2018, promovido por Patricia Chami Urcelay, en contra de la sucesión de Joaquín Roche Díaz, también conocido con Joaquín Roche y Díaz. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, toda vez que así se desprende de sus respectivos informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse, lo aleguen o no las partes si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]." El primer precepto transcrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses del quejoso; y el segundo, dispone que sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, que vulnere sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 1° Constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica, es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos. El respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, consiste en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia 852, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En tal virtud, para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la propiedad, ésta debe acreditarse mediante el título correspondiente o, en su caso, por medio de alguna probanza apta y suficiente para evidenciar que es titular del mismo. Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1. Auto de fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, con el que la Juez responsable, admitió a trámite la demanda que en la vía ejecutiva mercantil promovió Patricia Chami Urcelay, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de Joaquín Roche Díaz o Joaquín Roche y Díaz, por conducto de su albacea Joaquín Roche Chami. (fojas 22-23 anexo). 2. Diligencia de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la que el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, emplazó a juicio a Joaquín Roche Chami en su carácter de albacea de Joaquín Roche Díaz o Joaquín Roche y Díaz; asimismo, declaró trabado formal embargo sobre los inmuebles ahí descritos. (fojas 27-30 anexo). 3. Seguido el juicio en todas sus etapas legales, por resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, la Juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por parte la actora (fojas 39-51 anexo). Las anteriores constancias patentizan que la quejosa no es parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por tanto, les asiste el carácter de persona extraña con que se ostenta. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, la quejosa es persona extraña a juicio y alega la violación a su derecho fundamental de audiencia porque, según afirma, se le pretende privar de la propiedad de los bienes inmuebles que menciona en su demanda sin que se le haya oído y mucho menos vencido en juicio ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo, respecto de los bienes inmuebles que defiende, la parte quejosa ofreció como prueba: - Copia certificada del acta número cuatrocientos cincuenta y siete de catorce de octubre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público suplente de la Notaría Treinta y Siete del Estado, que contiene: a) la protocolización del inventario y avalúo de los bienes que formaron la masa hereditaria de la sucesión testamentaria extrajudicial del extinto señor Joaquín Roche Díaz o Joaquín Roche y Díaz; b) la protocolización del proyecto de partición de herencia de la sucesión testamentaria extrajudicial del señor Joaquín Roche Díaz o Joaquín Roche y Díaz y c) la adjudicación por herencia a bienes de la sucesión testamentaria extrajudicial del señor Joaquín Roche Díaz o Joaquín Roche y Díaz. - Documentales consistentes en siete impresiones de certificados electrónicos con sellos digitales de inscripción de aviso definitivo, de los bienes siguientes: Inmueble número 494, de la calle 47, del Fraccionamiento Parque Industrial de Umán, Yucatán inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado a folio electrónico 222119. Aviso definitivo de adjudicación por herencia asentado en el número de inscripción 2928109 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Inmueble número 495, de la calle 47, del Fraccionamiento Parque Industrial de Umán, Yucatán inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado a folio electrónico 222120. Aviso definitivo de adjudicación por herencia asentado en el número de inscripción 2927405 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Inmueble número 499, de la calle 47, del Fraccionamiento Parque Industrial de Umán, Yucatán inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado a folio electrónico 48645. Aviso definitivo de adjudicación por herencia asentado en el número de inscripción 2926663 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Inmueble número 496, de la calle 49, del Fraccionamiento Parque Industrial de Umán, Yucatán inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado a folio electrónico 51473. Aviso definitivo de adjudicación por herencia asentado en el número de inscripción 2931024 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Inmueble número 501, de la calle 49, del Fraccionamiento Parque Industrial de Umán, Yucatán inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado a folio electrónico 51474. Aviso definitivo de adjudicación herencia asentado en el número de inscripción 2929760 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Inmueble número 498, de la calle 50 del Fraccionamiento Parque Industrial de Umán, Yucatán inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado a folio electrónico 156874. Aviso definitivo de adjudicación de herencia asentado en el número de inscripción 2925600 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Inmueble número 498, de la calle 52, del Fraccionamiento Parque Industrial de Umán, Yucatán inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado a folio electrónico 144510. Aviso definitivo de adjudicación de herencia asentado en el número de inscripción 2927426 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Sin embargo, dichos documentos públicos, para efectos del presente juicio de amparo, carecen de eficacia legal para acreditar el interés jurídico de la peticionaria del amparo. Al respecto, es necesario transcribir el artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, vigente al momento del acto jurídico que en el se hace constar, que a la letra dispone: Artículo 49.- Los fedatarios públicos, en los actos y hechos jurídicos en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar de la siguiente manera: I.- Cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes. Cuando el Fedatario Público no conozca personalmente a algún compareciente deberá asegurarse de su identidad por cualesquiera documento que, a su juicio sea fehaciente para comprobar dicha identidad, y hará constar en el acta tal circunstancia, asimismo agregará al apéndice del acta el original o copia certificada de lo exhibido por el interesado para acreditar dicha identidad. En el caso de que el Fedatario Público no conociese personalmente a alguno o algunos de los comparecientes y estos carezcan de documento alguno en términos del párrafo que antecede, podrá asegurarse de la identidad de ellos por la declaración de dos testigos que a su juicio sean dignos de crédito y deberá hacer mención de esta circunstancia en el acta respectiva; II.- Cuando una persona represente a otra en un acto, contrato o convenio, el Fedatario Público le exigirá la comprobación de su personalidad y de las facultades de que se halla investida, aún cuando los una el nexo de patria potestad o de tutela y se agregará el documento original al apéndice, a no ser que el interesado pidiere la devolución del original, en cuyo caso se agregará al apéndice una copia certificada. Si no se tratare de documento especial para el acto, o aún siéndolo, la copia certificada podrá contener sólo la parte conducente; III.- Asegurarse de la voluntad y capacidad de los comparecientes para la celebración del acto o convenio de que se trate; IV.- Instruir a los comparecientes del sentido y efectos legales del acto o convenio en que intervengan, dándoles a conocer especialmente el alcance y efectos jurídicos de las renuncias de preceptos legales que hubiesen otorgado; V.- Leer el acta notarial o escritura pública respectiva a las partes y a todos los que hubiesen intervenido en su otorgamiento, pudiendo todos ellos, repetir la lectura por sí mismos o por medio de otra persona; Si alguno de los comparecientes fuere sordo, deberá leer por sí mismo la escritura, pero si no pudiere o no supiere hacerlo, designará a una persona que la lea por él. Si el compareciente fuere invidente, designará a una persona que la lea por él. Para que el Fedatario Público haga constar que los comparecientes tienen capacidad legal, bastará con que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no tenga noticias de que están sujetos a un procedimiento de interdicción en términos de la ley; VI.- Cuando alguno de los comparecientes ignore el idioma español, deberá concurrir con un traductor de su confianza, cuyo nombre y generales se mencionarán en el acta notarial o escritura pública, siendo admisible que todos los que ignoren dicho idioma nombren de común acuerdo a un sólo traductor. Lo dispuesto en esta fracción podrá dejar de aplicarse, si el Fedatario Público conoce el idioma de los comparecientes; VII.- Los fedatarios públicos autorizarán las actas notariales y escrituras públicas con la fecha del último documento que deba agregarse al apéndice, y VIII.- Además de los deberes que esta ley impone, los fedatarios públicos deberán cumplir en cuanto al examen de documentos, autorización de escrituras y expedición de testimonios o copias, con las obligaciones que establezcan las demás leyes vigentes; Cuando por error del Fedatario Público hubiere que rectificar algún acta notarial la rectificación se hará a costa del mismo. Para efectos de lo anterior, el Fedatario Público deberá cumplir con las formalidades legales correspondientes a la corrección de que se trate. En ese sentido, de la interpretación del numeral transcrito, se desprende que los Notarios en ejercicio de su función, están obligados a comprobar la identidad de los interesados; así como la identidad de la persona quien represente a otra en un acto, contrato o convenio. En la especie, del contenido del instrumento de que se trata, se desprende, en lo que interesa: ".La compareciente manifiesta que acude al presente otorgamiento por su propio y personal derecho y que de igual manera son (sic) de nacionalidad mexicana e hija de padres de la misma nacionalidad y origen, quien se identifica ante mí, el Notario Público Suplente, con su respectiva identificación oficial vigente con fotografía mismo que en copia certificada agrego al apéndice de la presente escritura pública, con capacidad legal para obligarse y contratar..." En ese sentido, si bien es cierto que el fedatario suplente indicó que la compareciente Alexandra Beatriz Roche Correa (aquí quejosa) se identificó con documento oficial vigente con fotografía; también lo es que omitió precisar con qué documento lo hizo así como tampoco se adjuntó a la copia certificada del acta notarial expedida el indicado documento con el que refirió se identificó la citada Roche Correa. Aunado a lo anterior, tampoco se aprecia que el Notario señalara expresamente que conocía personalmente a la compareciente, pues en ese sentido, expresó: "...En cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el compareciente, bajo formal protesta de decir verdad, declara: A) Que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento una relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y no como el resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito Notario Público Suplente..." En consecuencia, toda vez que el Notario no observó estas formalidades, es indicativo de que no hay certeza de que quién compareció ante él era la persona que participó en el acto jurídico de que se trata. De igual manera, el Notario Suplente plasmó en el apartado de declaraciones, lo siguiente: "La ciudadana ALEXANDRA BEATRIZ ROCHE CORREA también conocida como ALEXANDRA ROCHE CORREA también conocida como ALEXANDRA ROCHE CHAMI, declara: Que mediante Escritura Pública número trescientos noventa de fecha veintisiete de Septiembre del año dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del suscrito Notario Público Suplente, denunció la Sucesión Testamentaria extrajudicial del extinto señor JOAQUÍN ROCHE DÍAZ TAMBIÉN CONOCIDO COMO JOAQUÍN ROCHE Y DÍAZ. Reconociendo de manera expresa la validez y legitimidad del testamento público abierto, otorgado en escritura pública número seis de fecha veintitrés de Enero del año dos mil uno, otorgado ante la fe del Abogado Juan Sebastián Rubio González quien fuera para esa fecha Notario Público Titular de la Notaría Pública número Cincuenta del Estado de Yucatán, que aceptó de manera expresa la ciudadana ALEXANDRA BEATRIZ ROCHE CORREA también conocida como ALEXANDRA ROCHE CORREA también conocida como ALEXANDRA ROCHE CHAMI, la herencia instituida a su favor, a la cual se le reconoció todos sus derechos hereditarios. De igual manera la ciudadana ALEXANDRA BEATRIZ ROCHE CORREA también conocida como ALEXANDRA ROCHE CORREA también conocida como ALEXANDRA ROCHE CHAMI aceptó el cargo de albacea para el cual fue designada, por el autor de la sucesión, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente; declarando la albacea que procedería a formar inventario y avalúo de los bienes que constituyen el caudal hereditario; y solicitó al suscrito Notario Público Suplente hiciera las publicaciones a que se refiere el último párrafo del artículo seiscientos cincuenta y tres del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Dichas publicaciones fueron efectuadas en las ediciones del Periódico "Milenio Novedades", que es uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado e igualmente fue recibida de la Dirección del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, el oficio CJ/DA/0D5238/2021 donde se informa que no hay aviso de posterior al testamento de fecha veintitrés de enero del año dos mil uno, otorgado ante la fe del Abogado Juan Sebastián Rubio González, citado líneas arriba..." Lo anterior, lo plasmó como una declaración de la ahora quejosa, sin que conste o se hubiera agregado al acta cuatrocientos cincuenta y siete, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, los documentos que se citan en el apartado antes transcrito, esto es, no obra constancia que acredite que la citada Alexandra Beatriz Roche Correa o Alexandra Roche Correa o Alexandra Roche Chami, hubiere aceptado el cargo de albacea y se le discerniera el mismo, máxime que en el capítulo II del acta exhibida en autos, se refiere al proyecto de partición de herencia, por lo que resultaba necesario el cercioramiento de la personalidad de quien dijo compareció con el carácter de albacea, puesto que al inicio del acta únicamente se asentó que compareció por su propio y personal derecho. De igual manera, cobra relevancia el oficio CJ/DA/0D5238/2021 de la Dirección del Archivo Notarial del Estado de Yucatán que refiere es el que informó que no hay aviso de testamento posterior al testamento de fecha veintitrés de Enero del año dos mil uno. Ello en atención a que mediante oficio CJ/DA/0D/6968/2021 de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno (foja 159) el Director del Archivo Notarial del Estado, en cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado, informó que en la dependencia a su cargo se encontró un aviso de Testamento a nombre de Joaquín Roche y Díaz de fecha catorce de abril de dos mil quince otorgado ante la fe del Notario Público José Alejandro Rodríguez Bolio, Titular de la Notaria Pública Número Diez. De ahí que, como ya quedó indicado, la escritura pública exhibida, para efectos del presente juicio de amparo, carece de eficacia legal para acreditar el interés jurídico de la peticionaria del amparo, pues el aludido fedatario contravino las formalidades previstas en la ley para la elaboración de las escrituras públicas. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el mismo, por las precisiones antes aludidas. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, con número de registro 206338, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra de la falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil, el embargo, y toma de razón de los bienes inmuebles que defiende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia; situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". El sobreseimiento se hace extensivo a los actos atribuidos al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán; en virtud de que no se combatieron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la atribuida a los actos reclamados del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 231, visible en la página 156, del Tomo VI, Materia Común, del citado apéndice de jurisprudencia, compilación 1917-1995, que a la letra dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa Alexandra Beatriz Roche Correa o Alexandra Roche Correa o Alexandra Roche Chami, contra los actos que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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