Alex Gallareta Figueroa
Expediente 429/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Alejandro Avalos Gamboa
- GABRIEL ALEJANDRO AVALOS GAMBOA y Otros.
- Alex Gallareta Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio correspondiente al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, el cual remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veinticuatro de junio en curso. Al respecto, reitera que se aperturó el acta de investigación V1-G4-143/2020, la cual se encuentra actualmente en integración e informa que el veintinueve de junio último, libró un oficio dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, solicitándole copia certificada del informe policial homologado, de los exámenes médicos y psicofisiológicos practicados al aquí quejoso Alex Enrique Gallareta Figueroa, así como la documentación relacionada con la detención del mismo. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes; téngase por cumplido el referido requerimiento. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, se recibió en este juzgado la copia del oficio 88/2020 del entonces Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, dirigido al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, del que se aprecia que le remitió copias certificadas de constancias conducentes de este juicio, a fin de que se inicie la indagatoria correspondiente, en atención a la vista que se le dio mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veinte. Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio del Fiscal General del Estado de Yucatán, con el que informó que se aperturó el acta de investigación V1-G4-143/2020 del índice de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado. En tales condiciones, requiérase a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificada de este proveído, informe a este órgano de control constitucional, el seguimiento que le dio a la mencionada acta de investigación, debiendo remitir las copias certificadas con las que lo acredite. Apercibido que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil, cuatrocientos ochenta y un pesos, con cero centavos, moneda nacional). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de doce de enero actual, se dio vista a la parte quejosa de lo que informó la autoridad responsable sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a los quejosos que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se les concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, el acuerdo de mérito se notificó personalmente a la parte quejosa el trece de enero en curso, sin que a la fecha alguna de las partes hubiera hecho manifestación al respecto. Por tanto, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que se otorgó, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Así, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo, se sobreseyó en el presente asunto y, en el segundo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, residente de esta capital, para el efecto siguiente: "... Deje sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto) de siete de marzo de dos mil veinte, en el que se sancionó a los quejosos con arresto administrativo de treinta y seis horas; ante la violación al derecho de audiencia previa y por falta de fundamentación y motivación de los actos reclamados" Posteriormente, por auto de once de diciembre último, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, mediante oficio SSP/DJ/29476/2020, relacionado por auto de doce de enero en curso, remitió copia certificada de la determinación que emitió el diecisiete de diciembre último, en la cual, dejó insubsistente la orden de arresto de siete de marzo pasado, impuesta contra los directos quejosos; y por ende, las horas pendientes por compurgar. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá anexar copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que en su punto resolutivo segundo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la propia ley de la materia, se le impondrá una multa por el valor de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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