Alexis Avila Gallo
Expediente 1246/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1246/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alexis Avila Gallo
- ALEXIS AVILA GALLO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán; seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra dado de alta administrativamente el exhorto 89/2022, sin embargo, tomando en consideración que el presente expediente se trata de un asunto totalmente concluido, porque el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, la cual el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se ordenó el archivo. Por tanto, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial en los libros de control del Sistema de Registro Electrónico de Expedientes para los efectos administrativos correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en este asunto, toda vez que se sobreseyó el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta al Juez con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que obran agregados en autos. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, y por rendido el informe justificado que se ordenó agregar con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó prueba alguna. A lo que el Juez acuerda: en atención a la certificación Secretarial que antecede, en vista de que no existen pruebas de las partes, se declara cerrado el período de pruebas. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrado el período de alegatos. Al no existir promoción pendiente de acuerdo, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1246/2022-IV-A, promovido por ALEXIS ÁVILA GALLO, por conducto de Víctor Moisés Sánchez Ramírez; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido esa misma data a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ALEXIS ÁVILA GALLO, por conducto de Víctor Moisés Sánchez Ramírez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades siguientes: Comisionado del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México. Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, sito en la Ciudad de México. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México. Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México; Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. CIUDAD DE MÉXICO. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Mérida, Yucatán. Encargado de la Estación Migratoria de Mérida, del Instituto Nacional de Migración. Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán (denominación correcta). Jefe de la Policía Estatal de Yucatán; y, Director de Policía Municipal de Mérida (denominación correcta). SEGUNDO. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 1246/2022-IV-A, y previa ratificación se admitió a trámite; se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y previo diferimiento se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: La privación de la libertad fuera de procedimiento, deportación y/o expulsión y/o repatriación del directo quejoso. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir sus informes justificados las autoridades señaladas como responsables: Comisionado del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México [promoción 17106], Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México [promoción 16825], Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México [promoción 16825], Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México [promoción 16825], Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México [promoción 16825], Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México [promoción 16825]. Por su parte, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Mérida, Yucatán [promoción 13847], Encargado de la Estación Migratoria de Mérida, del Instituto Nacional de Migración [promoción 13847], Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán (denominación correcta) [promoción 12456], Jefe de la Policía Estatal de Yucatán [promoción 12820]; y Director de Policía Municipal de Mérida (denominación correcta) [promoción 12485], NEGARON la existencia de los actos reclamados. Por lo que así debe tenerse, ya que de esa forma lo manifestaron expresamente dichas autoridades al rendir sus informes de ley, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas expresas de dichas autoridades. Apoya lo anterior, por el principio que contiene, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable con el Registro digital 217823, Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, página 372, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y LA EJECUTORA LO ACEPTA, SIN PRECISAR QUIEN LO ORDENÓ. Acertadamente el juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo sobresee en el juicio cuando las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, niegan categóricamente el acto reclamado sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa, y el hecho de que la autoridad ejecutora reconozca que sí es cierto el acto reclamado, pero no precisa quién lo ordenó, por lo que si esta autoridad fue señalada como ejecutora y no como ordenadora y al negar éstas el acto reclamado decretando el juez Federal el sobreseimiento, lógico es que también debe dictarse respecto de la autoridad ejecutora". En tales condiciones, ante la negativa de las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el SOBRESEIMIENTO por inexistencia de actos en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALEXIS ÁVILA GALLO, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
NOT ELECT Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Finalmente, téngase por señalados como domicilio y delegados de la autoridad responsable, en términos del artículo 9° de la ley de la materia, los precisados en el informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.
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