Alexander Ibañez Robles

Expediente 945/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
945/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • FIDEL MARTINEZ LEZAMA (ABOGADO) y Otros.
  • Alexander Ibañez Robles
  • ALEXANDER IBAÑEZ ROBLES y Otros.
  • Fidel Martinez Lezama (Abogado)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. I. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del catorce de octubre al cinco de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. II. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. En diverso aspecto, devuélvanse la documental exhibida por la autoridad responsable 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), consistente en un disco versátil digital que contiene los registros audiovisuales de las audiencias de uno de junio de dos mil diecinueve, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, quince de agosto de dos mil veinte y catorce de noviembre de dos mil veinte, celebradas en la causa penal 386/2019. No ha lugar a solicitar el acuse de recibo respecto del disco versátil digital devuelto, toda vez que la autoridad responsable indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del disco versátil descrito. IV. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LOS QUEJOSOS. Ahora, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General antes mencionado, hágase saber a los quejosos que deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el puerto de seriado universal (USB), que contiene copia del registro audiovisual de la audiencia de quince de agosto de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 386/2019 -exhibido en su escrito de demanda-, con el apercibimiento que de no hacerlo, éste será destruido junto con el expediente en que se actúa. En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Hágaseles del conocimiento, que para comparecer a este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar la cita correspondiente a la fecha en que desee comparecer, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; en la inteligencia, que la cita respectiva estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, en cuyo supuesto, quedará bajo su estricta responsabilidad cumplir con lo requerido en este auto para la devolución de la constancia descrita. Notifíquese por lista a los directos quejosos de conformidad con lo ordenado en acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno; personalmente a su defensor; por oficio a las autoridades responsables así como a la diversa tercera interesada; y, electrónicamente al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que alguna de ellas desahogara la vista en cita. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. El veintinueve de enero de dos mil veintiuno (fojas 86 a 107), se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo a los quejosos Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, como sigue: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo y cumplimiento inmediato. La presente sentencia de amparo surte sus efectos de manera inmediata, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, cuenta habida que los quejosos se encuentran vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. Los cuales no ameritan prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 Constitucional vigente al momento de comisión de los hechos (veintinueve de mayo de dos mil diecinueve). En ese sentido, conviene recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, se encuentra condicionada a que se cumpla lo ordenado en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de abril de 2019. Es decir, hasta que el Congreso de la Unión adecue el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, dado que -justificó- las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar. En tal virtud, se ordena al juez responsable para que de manera inmediata cumpla con los efectos establecidos en la presente sentencia, habida cuenta que deberá prescindir de la prisión preventiva e imponer una diversa medida cautelar a los quejosos; sin perjuicio de que este fallo pueda ser revocado o modificado por el Tribunal de alzada a través del medio de defensa legal que legalmente se interponga. De tal suerte que se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a los quejosos Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, para que de inmediato la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega): 1. Deje insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el catorce de noviembre de dos mil veinte, donde negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta a Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, en el proceso penal PUE/386/2019. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia, en la que reiterará todo lo manifestado por las partes en la aludida audiencia de catorce de noviembre de dos mil veinte. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior y con plenitud de jurisdicción, resuelva la solicitud planteada, en donde deberá analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que deberá imponer a los quejosos, desde luego sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, es indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento. 4. Notifique a los quejosos y su defensa, en el acto de la audiencia la determinación que se sirva tomar. 5. Remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo ordenado La aludida concesión de amparo no implica que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, no se pueda imponer a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva justificada o diversas que tengan mayor rigor, ya sea porque éstos incumplieron con las medidas cautelares impuestas o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (.)" En esa misma data, se solicitó el cumplimiento inmediato de la sentencia de que se trata, por lo que a través del oficio 2141/2021 de tres de febrero de dos mil veintiuno, recibido el cinco siguiente, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), informó que señaló las veintiún horas con treinta minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración (a través de videoconferencia) de la audiencia de cumplimiento a la sentencia concesoria de garantías. Posteriormente, en acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno (fojas 133 y 134), se tuvo por recibido (físicamente) el oficio 2153/2021, signado por el aludido juzgador federal (foja 127), de cuyos anexos: constancia general de cumplimiento de amparo y un disco versátil digital que contiene la audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 386/2019 de su índice -visibles a fojas 128 a 131- se aprecia que: 1. Dejó insubsistente la audiencia de juicio oral celebrada el catorce de noviembre de dos mil veinte, donde negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta a los hoy quejosos. 2. Determinó revocar dicha medida cautelar y analizó la procedencia de diversas medidas distintas la prisión preventiva. 3. Con libertad de jurisdicción impuso a Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, como medida cautelar, su presentación periódica quincenal ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, así como la exhibición de garantía económica por cada uno de $7,000.00 (siete mil pesos con cero centavos Moneda Nacional), dentro de los siete días hábiles siguientes, en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, plazo que comenzaría a contar a partir de la reanudación de plazos y términos, suspendidos por contingencia sanitaria; y, 4. Decretó su inmediata libertad por cuanto hace al proceso de origen, por lo que giró oficio correspondiente a la Policía Procesal y al Centro de Reinserción Social de Puebla para tal efecto. De todo lo cual quedaron enterados los multicitados peticionarios de amparo y su defensa, en la propia audiencia. Una vez recibidas dichas documentales, este juzgador de amparo ordenó reservar la vista a que se constriñe el artículo 196 de la Ley de Amparo, hasta en tanto la sentencia amparadora quedara firme. Constancias con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, quien resuelve, estima que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió la responsable, se obtiene, sin lugar a dudas, que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista a los directos quejosos, de conformidad con lo ordenado en acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, personalmente a su defensor; por oficio a las autoridades responsables y a la autoridad tercero interesada; y electrónicamente al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado...

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 04-10-2021 Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que alguna de ellas desahogara la vista en cita. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. El veintinueve de enero de dos mil veintiuno (fojas 86 a 107), se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo a los quejosos Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, como sigue: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo y cumplimiento inmediato. La presente sentencia de amparo surte sus efectos de manera inmediata, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, cuenta habida que los quejosos se encuentran vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. Los cuales no ameritan prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 Constitucional vigente al momento de comisión de los hechos (veintinueve de mayo de dos mil diecinueve). En ese sentido, conviene recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, se encuentra condicionada a que se cumpla lo ordenado en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de abril de 2019. Es decir, hasta que el Congreso de la Unión adecue el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, dado que -justificó- las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar. En tal virtud, se ordena al juez responsable para que de manera inmediata cumpla con los efectos establecidos en la presente sentencia, habida cuenta que deberá prescindir de la prisión preventiva e imponer una diversa medida cautelar a los quejosos; sin perjuicio de que este fallo pueda ser revocado o modificado por el Tribunal de alzada a través del medio de defensa legal que legalmente se interponga. De tal suerte que se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a los quejosos Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, para que de inmediato la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega): 1. Deje insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el catorce de noviembre de dos mil veinte, donde negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta a Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, en el proceso penal PUE/386/2019. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia, en la que reiterará todo lo manifestado por las partes en la aludida audiencia de catorce de noviembre de dos mil veinte. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior y con plenitud de jurisdicción, resuelva la solicitud planteada, en donde deberá analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que deberá imponer a los quejosos, desde luego sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, es indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento. 4. Notifique a los quejosos y su defensa, en el acto de la audiencia la determinación que se sirva tomar. 5. Remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo ordenado La aludida concesión de amparo no implica que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, no se pueda imponer a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva justificada o diversas que tengan mayor rigor, ya sea porque éstos incumplieron con las medidas cautelares impuestas o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (.)" En esa misma data, se solicitó el cumplimiento inmediato de la sentencia de que se trata, por lo que a través del oficio 2141/2021 de tres de febrero de dos mil veintiuno, recibido el cinco siguiente, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), informó que señaló las veintiún horas con treinta minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración (a través de videoconferencia) de la audiencia de cumplimiento a la sentencia concesoria de garantías. Posteriormente, en acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno (fojas 133 y 134), se tuvo por recibido (físicamente) el oficio 2153/2021, signado por el aludido juzgador federal (foja 127), de cuyos anexos: constancia general de cumplimiento de amparo y un disco versátil digital que contiene la audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 386/2019 de su índice -visibles a fojas 128 a 131- se aprecia que: 1. Dejó insubsistente la audiencia de juicio oral celebrada el catorce de noviembre de dos mil veinte, donde negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta a los hoy quejosos. 2. Determinó revocar dicha medida cautelar y analizó la procedencia de diversas medidas distintas la prisión preventiva. 3. Con libertad de jurisdicción impuso a Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, como medida cautelar, su presentación periódica quincenal ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, así como la exhibición de garantía económica por cada uno de $7,000.00 (siete mil pesos con cero centavos Moneda Nacional), dentro de los siete días hábiles siguientes, en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, plazo que comenzaría a contar a partir de la reanudación de plazos y términos, suspendidos por contingencia sanitaria; y, 4. Decretó su inmediata libertad por cuanto hace al proceso de origen, por lo que giró oficio correspondiente a la Policía Procesal y al Centro de Reinserción Social de Puebla para tal efecto. De todo lo cual quedaron enterados los multicitados peticionarios de amparo y su defensa, en la propia audiencia. Una vez recibidas dichas documentales, este juzgador de amparo ordenó reservar la vista a que se constriñe el artículo 196 de la Ley de Amparo, hasta en tanto la sentencia amparadora quedara firme. Constancias con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, quien resuelve, estima que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió la responsable, se obtiene, sin lugar a dudas, que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista a los directos quejosos, de conformidad con lo ordenado en acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, personalmente a su defensor; por oficio a las autoridades responsables y a la autoridad tercero interesada; y electrónicamente al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio III-407/2021, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 945/2020, y remite testimonio de la ejecutoria dictada el dos de septiembre de dos mil veintiuno en el toca de revisión R-67/2021 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad tercera interesada Juan Antonio Robledo Romero, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula 6, del Equipo de Investigación y Litigación V, de la Subsede Zacatlán, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, contra la no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria decretada en audiencia de catorce de noviembre de dos mil veinte, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), y su ejecución, atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Asimismo, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, visto el estado que guardan los autos, se tiene que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo a los quejosos Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, como sigue: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo y cumplimiento inmediato. La presente sentencia de amparo surte sus efectos de manera inmediata, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, cuenta habida que los quejosos se encuentran vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. Los cuales no ameritan prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 Constitucional vigente al momento de comisión de los hechos (veintinueve de mayo de dos mil diecinueve). En ese sentido, conviene recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, se encuentra condicionada a que se cumpla lo ordenado en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de abril de 2019. Es decir, hasta que el Congreso de la Unión adecue el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, dado que -justificó- las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar. En tal virtud, se ordena al juez responsable para que de manera inmediata cumpla con los efectos establecidos en la presente sentencia, habida cuenta que deberá prescindir de la prisión preventiva e imponer una diversa medida cautelar a los quejosos; sin perjuicio de que este fallo pueda ser revocado o modificado por el Tribunal de alzada a través del medio de defensa legal que legalmente se interponga. De tal suerte que se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a los quejosos Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, para que de inmediato la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega): 1. Deje insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el catorce de noviembre de dos mil veinte, donde negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta a Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, en el proceso penal PUE/386/2019. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia, en la que reiterará todo lo manifestado por las partes en la aludida audiencia de catorce de noviembre de dos mil veinte. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior y con plenitud de jurisdicción, resuelva la solicitud planteada, en donde deberá analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que deberá imponer a los quejosos, desde luego sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, es indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento. 4. Notifique a los quejosos y su defensa, en el acto de la audiencia la determinación que se sirva tomar. 5. Remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo ordenado La aludida concesión de amparo no implica que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, no se pueda imponer a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva justificada o diversas que tengan mayor rigor, ya sea porque éstos incumplieron con las medidas cautelares impuestas o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, no ha lugar a fijar medidas de aseguramiento en términos del citado artículo 77 de la ley de la materia, tomando en consideración que el juez de control, con la libertad de jurisdicción reservada, impondrá a los quejosos medidas cautelares para asegurar su presencia al procedimiento de origen y para que no evadan la acción de la justicia; y considerar lo contrario, significaría imponerles una doble carga, pues tanto en el presente. juicio como en el proceso de origen subsistirían en un mismo lapso medidas impuestas para tales efectos." En auto de cinco de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 2141/2021, signado electrónicamente por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), mediante el cual informó que señaló las veintiún horas con treinta minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración (a través de videoconferencia) de la audiencia de cumplimiento a lo ordenado en sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal PUE/386/2019. En acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 2153/2021, signado por el aludido juzgador federal, con el que comunicó gestiones relativas al cumplimiento de la sentencia de este sumario constitucional e hizo del conocimiento que en audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 386/2019 de su índice, impuso a Alexander Ibáñez Robles y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, como medida cautelar, su presentación periódica quincenal y la exhibición de garantía económica (siete mil pesos). Además, dejó insubsistente la audiencia de juicio oral de catorce de noviembre de dos mil veinte, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta previamente en contra de los peticionarios de amparo y decretó su inmediata libertad por cuanto hace a dicho proceso. Lo que apoyó las constancias escritas que adjuntó a dicho ocurso y el contenido de un disco versátil digital que envió junto con la versión física del oficio de referencia y que fue recibido el nueve siguiente. En mérito de lo expuesto, como la sentencia ha sido confirmada y, por ende, ha adquirido firmeza, con el contenido de las constancias de referencia dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Notifíquese por lista a los directos quejosos, de conformidad con lo ordenado en acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, personalmente a su defensor; por oficio a las autoridades responsables, así como a la autoridad tercero interesada y electrónicamente al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Zeus Islas González, que autoriza y da fe. Doy fe.

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