Alejandro Torres Tamayo
Expediente 1406/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1406/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Torres Tamayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, como lo dispone el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, tomando en consideración que fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del veinte de enero de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista del informe aludido en líneas precedentes y dicha fecha no ocurrirá; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada y se señalan las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veinticinco de noviembre último (fojas 44 y 45), se requirió a la parte quejosa para que en el término de quince días contado a partir de la notificación de dicho auto, manifestara si es su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla (********************), término que trascurre del cinco al veintitrés de diciembre del actual, tal como se aprecia a fojas cuarenta y seis y cuarenta y siete. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso ******************** y, en atención al contenido del mismo, téngasele desahogando la vista que se le otorgó por auto de veinticinco de noviembre pasado (fojas 44 y 45), pues al efecto amplía su demanda de amparo en el sentido de señalar como nueva autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla (********************), manifestando los actos que le atribuye a la citada responsable, así como los conceptos de violación que hace valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 107, 108, 111 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda planteada por el quejoso, respecto de la nueva autoridad responsable que señala y por cuanto hace a los actos atribuibles a ésta. A lo anterior resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional. Por tanto, pídase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla (********************) su informe justificado, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, remitiendo para tal efecto copia de la demanda, del escrito de ampliación y del diverso escrito presentado por el quejoso ante este juzgado federal el ocho de noviembre pasado (fojas 26 a 29). Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le corresponde. No se tramita el incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que el quejoso en su escrito de cuenta expresó: "No solicitó suspensión alguna", por lo que en caso de abrir de oficio la referida incidencia se estaría contrariando la voluntad del promovente. Ahora bien, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado ********************, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se solicita a la citada autoridad que, en su caso, convenga en la existencia de los actos reclamados, precise si las constancias que remite como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Hágase del conocimiento de la diversa autoridad responsable el contenido de este acuerdo, corriéndole traslado con copia simple del escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Así mismo, se hace del conocimiento de la nueva autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad o por sus delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En diverso aspecto, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con treinta minutos del veinte de enero de dos mil diecisiete.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por de veinticinco de noviembre último (foja 44), se requirió a la parte quejosa para que en el término de quince días contado a partir de la notificación de dicho auto, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla (********************), término que trascurrirá del dos al veintidós de diciembre, pues el referido acuerdo se le notificó por lista el día de hoy, tal como se aprecia a fojas cuarenta y seis y cuarenta y siete. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.
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