Alexis Gil Martinez

Expediente 1382/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 43 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1382/2016
Año
2016
Actuaciones
43
Última actuación
03/05/2017

Partes del expediente

  • Alexis Gil Martinez
  • Aurelio Pastrana Cacalotl
  • AURELIO PASTRANA CACALOTL y Otros.
  • Baltazar Trillo Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por tanto, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó en original a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar los discos compactos que remitió la Jueza de Control y de Ejecución de Sentencias del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado; devuélvansele los mismos relativos a la causa penal 114/2016/PUEBLA, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja 317; y, requiérasele para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, devuélvanse a la 3. Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la carpeta de investigación CDI/271/2016/UF2C4 de su índice, así como las copias certificadas de la citada indagatoria, que remitió en justificación a su informe (anexos I y II, así como el diverso anexo I que se formó en el incidente de suspensión que deriva del presente controvertido constitucional) y, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo de las mismas. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por tanto, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó en original a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar los discos compactos que remitió la Jueza de Control y de Ejecución de Sentencias del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado; devuélvansele los mismos relativos a la causa penal 114/2016/PUEBLA, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja 317; y, requiérasele para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, devuélvanse a la 3. Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la carpeta de investigación CDI/271/2016/UF2C4 de su índice, así como las copias certificadas de la citada indagatoria, que remitió en justificación a su informe (anexos I y II, así como el diverso anexo I que se formó en el incidente de suspensión que deriva del presente controvertido constitucional) y, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo de las mismas. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 30 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las diez horas con veinte minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1382/2016-III-D (foja 1 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, el escrito de demanda de Alexis Gil Martínez (fojas 2 a 24); así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y se certifica que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran de los informes justificados de las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se da cuenta con las constancias de emplazamiento del tercero interesado Aureliano Pastrana Cacalotl de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis (foja 214 y 215), y del diverso tercero interesado menor Alejandro Diego Montalvo, por conducto de su representante Rita Diego Montalvo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 210). También se da cuenta con el escrito presentado por el quejoso ante este Juzgado de Distrito el veinte de enero de dos mil diecisiete, que se reservó acordar por auto de ocho de febrero de dos diecisiete (fojas 408 a 416 del expediente de amparo), por el que promueve incidente de objeción de documento, por considerar que 1) la firma que calza la constancia de lectura de derechos del detenido, de tres de septiembre de dos mil dieciséis, y que obra en la carpeta de investigación CDI 271/2016/UF204 no corresponde al detenido Alexis Gil Martínez (foja 21 del anexo II), y 2) la firma que calza la misma constancia de lectura de derechos del detenido, no corresponde al policía municipal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, placa 596, de nombre David Pérez Mejía (foja 21 del anexo II). Por otro lado, se da cuenta con la objeción planteada por el quejoso en el mismo escrito de cuenta que presentó el veinte de enero de dos mil diecisiete, respecto del: a) acuerdo de retención de tres de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia II, Central 4 de la Fiscalía General del Estado de Puebla; b) constancia de que el detenido estuvo de acuerdo en proporcionar una muestra de orina; c) cadena de custodia relativa a la muestra de orina; y d) dictamen médico del doctor Julio César P. Camacha Hernández, datos de prueba que obran en la indicada carpeta de investigación CDI 271/2016/UF204, y que objeta en cuanto a su contenido y no en cuanto a su autenticidad, por considerar que en dichas constancias hay variación en el tiempo en que supuestamente se llevaron a cabo (fojas 410 y 411). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Respecto a las constancias de emplazamiento del tercero interesado Aureliano Pastrana Cacalotl, toda vez que no señaló domicilio en la ciudad de Puebla ni en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, y se ordena notificarle a dicha parte por mediante lista de acuerdos, aún las notificaciones de carácter personal; y respecto a la constancia de emplazamiento del menor Alejandro Diego Montalvo, por conducto de su representante Rita Diego Montalvo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 210), téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en la constancia de emplazamiento. Respecto a la objeción planteada en cuanto al contenido de los datos de prueba que menciona en el escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete (fojas 410 y 411), esto es, objetar las manifestaciones realizadas en los propios documentos en relación a las horas en que se realizaron, se tiene a la parte quejosa haciendo dicha objeción, lo que será materia de análisis al estudiar el fondo del asunto y emitirse la sentencia correspondiente, ello, con base en los elementos probatorios aportados por las partes que ya obran en autos y constancias relativas. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que interpreta el numeral 153 de la Ley de Amparo abrogada, similar al 122 de la Ley vigente, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "FALSEDAD DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO. LA OBJECIÓN RELATIVA DEBE REFERIRSE A SU AUTENTICIDAD, ES DECIR, A SU CONTINENTE Y NO A SU CONTENIDO, PUES ÉSTE ES MATERIA DE ANÁLISIS AL DICTARSE SENTENCIA. El artículo 153 de la Ley de Amparo establece: "Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.-Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.-Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente que la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario.". Ahora bien, si el motivo de la objeción no es el contenido de un documento, sino su eficacia probatoria, porque en la fecha en que se ratificó ante el notario público, éste no había recibido su constancia para actuar como tal, y el sello de la notaría que calzaba dicha ratificación no correspondía al registrado ante el Archivo General de Notarías, esa objeción encuadra en lo previsto en el mencionado artículo 153, que autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes, pues en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción, al señalar que ésta sólo da competencia al Juez para apreciar dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que permite establecer que la objeción de falsedad de un documento, debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues éste es materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente, con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos." (Época: Novena Época, Registro: 173298, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.C.31 K, Página: 1737.) Por lo que respecta al incidente de objeción de documento, relativo a las firmas que calza la constancia de lectura de derechos del detenido, de tres de septiembre de dos mil dieciséis, y que obra en la carpeta de investigación CDI 271/2016/UF204 (foja 21 del anexo II), toda vez que tiene la finalidad de acreditar la ilegalidad de la detención de que fue objeto el quejoso, al no haber estampado el quejoso ni el policía municipal que lo detuvo, de su puño y letra, las firmas que aparecen en dicha constancia de lectura de derechos del detenido, no ha lugar ordenar su substanciación, ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, conforme al numeral indicado, en las sentencias dictadas en los juicios de amparo, el acto reclamado debe apreciarse, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y, en consecuencia, no pueden tomarse en consideración pruebas que no se hubiese rendido ante la autoridad responsable, hecha excepción, en el amparo indirecto, cuando se trate de pruebas que el quejoso no hubiere tenido oportunidad de rendir ante la autoridad responsable, y lo mismo debe indicarse con relación a los incidentes que tengan por objeto demostrar un situación para valorarla finalmente como prueba, si tuvo la oportunidad de alegar y ofrecer las pruebas relativas. En el caso, el incidente de objeción de documento resulta inconducente, ya que aun y cuando se ordenara su substanciación, no podría tomarse en cuenta para el estudio de fondo de los actos reclamados, en virtud de que no se está ante la excepción señalada, porque la parte quejosa en el desahogo de la audiencia inicial de control de la detención, formulación de imputación y medida cautelar (disco compacto DVD) con fecha y hora de grabación de las catorce horas con veintiún minutos a las dieciséis horas con un minuto del tres de septiembre de dos mil dieciséis, tuvo oportunidad de rendir pruebas y controvertir lo aseverado por el ministerio público en relación a su detención y, por el contrario, de la misma audiencia se advierte que la juez de control refirió que no fue controvertido dato alguno con relación a las circunstancia de lugar, de tiempo, modo y ocasión en que se verificó tanto el aseguramiento material del imputado, aquí quejoso, como la posterior entrega de éste ante el ministerio público, el lapso de su retención y finalmente la puesta a disposición en la casa de Justicia del estado de Puebla (con hora de grabación de las catorce horas con cuarenta y seis minutos del disco ya señalado), por lo que reiteró, que al no ser controvertida dicha información, no había porqué dudar de su veracidad y calificó de legal la detención del quejoso; de ahí, como ya se dijo, que no proceda la substanciación del incidente de objeción de documentos, porque debió alegar y ofrecer pruebas en dicha audiencia y no lo hizo. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con: I. Las documentales de las autoridades responsables: 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia II, Central 4 de la Fiscalía General del Estado de Puebla (anexo I en copia simple, y fojas 320 a 355); 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional del Estado de Puebla (fojas 305 a 311 en copia certificada); y 5. Juez de Control de la Región Judicial Centro (fojas 226 a 286 en copia certificada, y dos discos en formato DVD, foja 317 del expediente de amparo). II. Con la documental que anexó el quejoso a su escrito de demanda, consistente en la copia autorizada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación CDI 271/2016/UF204 (fojas 28 a 161), y con las constancias originales de la señalada carpeta que fueron requeridas al 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia II, Central 4 de la Fiscalía General del Estado de Puebla (anexo II). III. Se da cuenta con las diversas pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: a) Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (foja 27); b) La pericial en grafoscopía, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y la inspección judicial que refiere el quejoso en su escrito de demanda, reservadas en auto admisorio (foja 168 vuelta); c) Requerimiento por parte de este Juzgado de Distrito al Fiscal General del Estado de Puebla, para que informara la hora y los minutos en que el abogado Jesús Porfirio Díaz González ingresó a las oficinas que ocupan la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Puebla, estas últimas reservadas por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 301); y d) las relativas a la inspección judicial (ya indicada en el escrito inicial de demanda), la testimonial, la documental privada que anexa a su escrito de veinte de enero pasado, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, reservadas por auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete (foja 442 vuelta). Todas las pruebas mencionadas, fueron ofrecidas para substanciar el incidente de objeción de documento, respecto a las firmas que refiere el quejoso de falsas, también para probar la objeción en cuanto al contenido de los datos de prueba que menciona en el escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, esto es, objetar las manifestaciones realizadas en los propios documentos en relación a las horas en que se realizaron; y con el fin, todas, de acreditar la ilegalidad de la detención de que fue objeto dicho peticionario de amparo. Enseguida, la Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten únicamente las pruebas documentales relatadas por la Secretaria en los apartados I y II del presente periodo de pruebas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. En relación con las diversas identificadas con el apartado III, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, no se admiten. En efecto, en el caso no se está ante la excepción que señala dicho numeral, porque la parte quejosa en el desahogo de la audiencia inicial de control de la detención, formulación de imputación y medida cautelar (disco compacto DVD) con fecha de grabación de las catorce horas con veintiún minutos a las dieciséis horas con un minuto del tres de septiembre de dos mil dieciséis, tuvo oportunidad de rendir pruebas y controvertir lo aseverado por el ministerio público en relación a su detención y no lo hizo, de ahí que no procede admitir las pruebas que ofrece la parte quejosa, ya que de hacerlo se vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V Constitucional, esto es el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales, pues se emitiría la resolución de amparo tomando en cuenta pruebas que no tomó ni conoció la juez de control al calificar de legal la detención del quejoso. Tienen aplicación al caso, por analogía, las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, y por el primer Tribunal Colegiado de circuito en materia Administrativa especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la república, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales." (Época: Décima Época, Registro: 2007612, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: II.1o.8 P (10a.), Página: 2902); y, "PRUEBAS OFRECIDAS EN EL AMPARO INDIRECTO. AL PROVEERSE SOBRE SU ADMISIÓN, DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA APERTURA Y DE ECONOMÍA PROCESAL. En el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos mencionados, es admisible toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y de las contrarias a la moral y al derecho, lo cual pone de manifiesto la rectoría que en ese procedimiento tiene el principio de máxima apertura, en cuanto a los medios que pueden ofrecerse para acreditar las cuestiones y los hechos fundatorios de las pretensiones de las partes, que debe considerarse limitado por el diverso principio de economía procesal, con arreglo al cual, ha de estimarse proscrito el desahogo de diligencias innecesarias o inconducentes, como lo serían las que no guarden relación con los hechos o cuestiones que sean materia de la controversia o que sean inadecuadas por su naturaleza o características para corroborar los enunciados relativos." (Época: Décima Época, Registro: 2012777, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: I.1o.A.E.65 K (10a.), Página: 3035). Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que el quejoso mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis (fojas 288 a 290) hizo diversas manifestaciones a manera de alegatos; y que el tercero interesado Sergio González Huerta (fojas 220 a 222) por escrito presentado el diecinueve de octubre del mismo año, formuló alegatos; y que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita no presentó pedimento. Enseguida, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa y tercero interesado formulando alegatos para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que al no existir más promociones que acordar, ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo que se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia." R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto de los actos que Alexis Gil Martínez, reclamó de las autoridades responsables 1. Policía de tránsito JOSÉ ALBERTO TECAYEHUATL HERNÁNDEZ, placa 596, 2. Policía de tránsito DAVID PÉREZ MEJÍA, placa 762, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia número 2, central 4 de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta, 4. Agente de Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional del estado de Puebla, 5. Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y 6. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, precisados en el considerando segundo de esta resolución, precisados en el considerando segundo de esta resolución, en virtud de lo expuesto en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EL 30 DE marzo DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto de los actos que Alexis Gil Martínez, reclamó de las autoridades responsables 1. Policía de tránsito JOSÉ ALBERTO TECAYEHUATL HERNÁNDEZ, placa 596, 2. Policía de tránsito DAVID PÉREZ MEJÍA, placa 762, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia número 2, central 4 de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta, 4. Agente de Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional del estado de Puebla, 5. Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y 6. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, precisados en el considerando segundo de esta resolución, precisados en el considerando segundo de esta resolución, en virtud de lo expuesto en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo..."

Quedan 39 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano