Alex Ramos de Matos

Expediente 1193/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1193/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Mariñez Ramos D E Souza Rosa
  • Fabiano Ferreira Silva
  • Alex Ramos de Matos

Actuaciones

  1. Principal

    RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1193/2023-F, promovido por (********************, por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados en representación de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Gobernadora del Estado de Baja California, por medio de los cuales interponen recursos de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con los escritos exhibidos. En ese tenor, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, se le tiene rindiendo informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. De igual manera, de conformidad con los artículos 9º y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable a la persona que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16, constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 1193/2023-F. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que en el escrito inicial de demanda se señalan como actos reclamados destacados los siguientes: ? La orden, mandato, instrucción, consistente el cualquier acto que tenga por objeto que nos prive de la libertad personal fuera de procedimiento y/u orden de deportación, así como cualquier procedimiento administrativo iniciado en su contra. Por tanto, en atención a los actos reclamados, los cuales podrían traer como consecuencia la posible deportación o expulsión del territorio nacional de los directos agraviados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directos quejosos no sean deportados o expulsados del país; hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." La suspensión se concede bajo el entendido de que los quejosos ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, quedan a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable migratoria por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio que en su caso se haya instaurado en su contra. Sin que dicha medida cautelar tenga por alcance otorgar un permiso respecto a su situación migratoria o de refugiados, toda vez que en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, establece que no es posible de que con motivo de la suspensión del acto, se constituyan derechos a la parte quejosa con los que no contaba antes de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia Común, pagina 2585, con número de registro 2018421, la cual al rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL RESTABLECIMIENTO PROVISIONAL AL QUEJOSO EN EL GOCE DEL DERECHO AFECTADO ESTÁ ACOTADO A LOS CASOS EN QUE LA PRERROGATIVA DE QUE SE TRATE ESTÉ INCORPORADA A SU ESFERA JURÍDICA ANTES DE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador deberá proveer sobre la suspensión y ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden al momento de la presentación de la demanda, además de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho afectado, en caso de ser material y jurídicamente posible. Asimismo, el artículo 131, párrafo segundo, del propio ordenamiento prevé la imposibilidad de que, con motivo de la medida cautelar, se constituyan derechos a los quejosos con los que no contaban antes de la presentación de la demanda. Por ende, de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, pues lo establecido en el último numeral mencionado revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la que no era titular. Tan es así que en el artículo 77 de la misma ley se reconoce que, de tener razón el particular en el fondo, los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce del derecho afectado o la vinculación a la responsable para que observe el derecho cuya omisión se reproche, por lo que es materia de la sentencia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos indebidamente afectados a los justiciables y no del incidente de suspensión, ya que el objeto de esa medida únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado." Informe de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibida de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se le hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI 25/12/22 16:14:58 RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirvan rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar el comunicado respectivo a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión al no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de ellas acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y notifíquese por oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c) de la ley de la materia. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Se autoriza a la autoridad responsable para que remita su informe justificado vía correo electrónico institucional a la dirección 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Solicítese a la responsable, indique al rendir su informe con justificación, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o derivado del procedimiento de origen. Requerimiento de correo institucional. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, requiérase a la autoridad responsable para que proporcione su correo institucional, a efecto de que se le realicen las subsecuentes notificaciones por dicho medio. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este Juzgado. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, toda vez que sí cuentan con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante por así haberlo solicitado. Acceso y notificaciones vía electrónica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, así como las notificaciones por este mismo medio, las cuales están sujetas a lo que se indica en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, por lo que el usuario a quien se autoriza está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "********************", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese y vía electrónica a los quejosos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano