Alejandro Pérez Mancilla
Expediente 98/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Alejandro Pérez Mancilla
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días otorgado al quejoso Alejandro Pérez Mancilla, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tecate, otorgado en acuerdo de doce de diciembre en curso, al advertir que se notificó al impetrante de amparo el dieciocho del mes y año en curso, por tanto, dicho plazo fenece el dos de enero de dos mil veinte, sin contar los días veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiocho y veintinueve de diciembre del presente año, así como el uno de enero de dos mil veinte, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la constancia de notificación signada por el fedatario adscrito a este juzgado, por medio del cual notifica de manera personal al quejoso Alejandro Pérez Mancilla, el requerimiento efectuado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se tiene al quejoso desahogando dicho requerimiento y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Nidia Marcela Vera López y Mariana Lizbeth García, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza Mundo Divertido, vía rápida, locales 41 y 43, fraccionamiento San José, en esta ciudad. Por último, el quejoso manifiesta que las subsecuentes notificaciones le sean notificadas en el Centro de Reclusión y también a sus abogados; consecuentemente, tómese nota de lo manifestado por el quejoso para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Coordinador Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a las licenciadas Nidia Marcela Vera López y Marianna Lizbeth García, como defensoras públicas del quejoso, así como a diversas personas para oír y recibir toda clase de notificaciones en el domicilio ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida José Fimbres Moreno, locales 41 y 43, fraccionamiento San José, en esta ciudad. Por ello, y atendiendo a la certificación de cuenta en la que se desprende que las licenciadas Nidia Marcela Vera López y Mariana Lizbeth García, designadas como defensoras públicas del quejoso, no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; en tal virtud, a fin de salvaguardar los derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, requiérase al Coordinador Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, para que de inmediato, designe a diverso abogado que sí cuente con dicho registro, para que lo asista en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguientes: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Por otra parte, dese vista al quejoso Alejandro Pérez Mancilla, para que en el acto de la notificación, o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, manifieste si señala como domicilio y designa a las personas que mencionó el Coordinador Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, para oír notificaciones; lo anterior, que en el caso concreto, dicha designación es facultad exclusiva del quejoso, en términos del párrafo segundo del artículo 12, de la Ley de Amparo. Además para que manifieste, si las subsecuentes notificaciones inherentes al presente juicio de amparo le sigan siendo notificadas personalmente en el lugar en el que se encuentre recluido y por conducto de dichas personas o bien, únicamente a estas últimas. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado para que se constituya en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate, Baja California, a efecto de notificar personalmente al quejoso el presente proveído y requerirle en los términos que se precisa. Notifíquese personalmente al quejoso.Así lo proveyó y firmó Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida de María Socorro Hurtado Ceja, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Alejandro Pérez Mancilla, de propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tecate, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 98/2019-D. No pasa inadvertido que a la demanda que se atiende no fueron acompañadas las sendas copias para el completo traslado a las partes; sin embargo, dado que al encontrarse el impetrante privado de su libertad, es inconcuso que no cuenta con recursos económicos para ello; en aras de una pronta expedición de justicia atento al artículo 17 constitucional, procédase a fotocopiar el escrito inicial de demanda, a fin de correrles traslado con la misma a las partes. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, el criterio I.7o.P.21 P (10a.) , que dice en su título: ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. A FIN DE RESPETAR ESE DERECHO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE POR ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD, ESTÁ IMPEDIDO PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO PARA OBTENER LAS COPIAS CORRESPONDIENTES, ÉSTAS DEBEN EXPEDIRSE GRATUITAMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." Incidente de suspensión Sin que se tramite el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, toda vez que no fue solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informes justificados Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir el oficio que se gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa, en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización que equivalen a la cantidad anteriormente señalada. Asimismo, se solicita a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tecate, que al momento de rendir el informe justificado solicitado proporcione el nombre del Agente del Ministerio Público que conoce del expediente formado con motivo del beneficio de libertad anticipada solicitado por el quejoso Alejandro Pérez Mancilla. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesados No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable, rinda el informe justificado y del mismo se advierta que alguien pueda asistirle tal carácter, en virtud de que, hasta este momento no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Téngase como autorizados en los términos precisados, a las personas que refiere, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en el escrito de demanda. Notificaciones derivadas del presente asunto. Toda vez que el quejoso Alejandro Pérez Mancilla, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en la ciudad de Tecate, comisiónese a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin de que proceda a notificarle personalmente el presente acuerdo, así como las subsecuentes determinaciones que tengan tal carácter, de conformidad con el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. Designación de defensor. En atención a que el quejoso Alejandro Pérez Mancilla, se encuentra privado de su libertad interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en la ciudad de Tecate, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 2°, fracción I, 5°, fracciones III y VI, 14, 20, fracción I, 35, fracción IX, y 35 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, anexándole copia simple de la demanda y de su admisión, con el objeto de que de inmediato, asigne al quejoso un asesor jurídico, a fin de que adquiera un representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, razón de las condiciones restrictivas de la libertad en las que se encuentra. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quién corresponda multa de cincuenta a mil días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Asimismo, como lo solicita el quejosos expídase copia certificada de las constancias que solicita. Transparencia Por otro lado, con base en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, 3, 9, 68, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que la sentencia que se emita en el asunto que nos ocupa -versión pública con supresión de información confidencial-, estará a disposición del público sin que se requiera su consentimiento; ello, en el entendido que para otorgarla deberá mediar una solicitud en términos del artículo 123 de la Ley ordinaria en comento. Expediente electrónico Finalmente, en atención los Acuerdos Generales 21/2007 y 1/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.
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