Alejandro Verduzco Camacho
Expediente 59/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/05/2022
Partes del expediente
- Alejandro Verduzco Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; por lo que se establece como fecha probable para tal evento a partir del veintisiete de mayo de dos mil veinticinco. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado Acuerdo General, se indica que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, toda vez que por resoluciones de nueve y dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible". Notifíquese, y personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.
- Principal
R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y turnada al día siguiente a este Juzgado de Distrito, la demanda de amparo promovida por Alejandro Verduzco Camacho, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que a continuación se mencionan: Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con residencia en esta ciudad De igual forma, mencionó como acto reclamado lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA INCONSTITUCIONAL NEGATIVA A PROPORCIONARME COPIAS SIMPLES DEL EXPEDIENTE QUE SE CONFORMA POR LA CAUSA PENAL NUMERO 673/2005, EN EL CUAL EL SUSCRITO TIENE EL CARÁCTER DE SENTENCIADO, LO ANTERIOR EN MI PERJUICIO VULNERANDO LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA, A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y A UNA DEFENSA ADECUADA". Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 20, inciso b), fracción VI, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Auto inicial, admisión de demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo presentada por Alejandro Verduzco Camacho, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con residencia en esta ciudad, en el que se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo; posteriormente, en acuerdo de veintiocho de enero siguiente, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado puede tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La negativa de la autoridad responsable de autorizar copias simples de la causa penal 673/2005 Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis del propio tribunal con título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Certeza del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto reclamado, ya que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que opera la presunción de certeza en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Cuarto. Causas de improcedencia. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, quien resuelve estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; precepto que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios... XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." (El énfasis no es de origen) Del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para demostrar la actualización de dicha causal, se tiene como base las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 46/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicos Federales en el -Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. A efecto de establecer la identidad del quejoso, autoridad responsable y acto reclamado, conviene realizar el siguiente cuadro: Juicio de amparo 46/2021 Juicio de amparo 59/2022 Quejoso. Alejandro Verduzco Camacho Quejoso. Alejandro Verduzco Camacho Autoridad responsable: Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con residencia en esta ciudad. Autoridad responsable: Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA INCONSTITUCIONAL NEGATIVA A PROPORCIONARME COPIAS SIMPLES DEL EXPEDIENTE QUE SE CONFORMA POR LA CAUSA PENAL NÚMERO 673/2005, EN EL CUAL EL SUSCRITO TIENE EL CARÁCTER DE SENTENCIADO, LO ANTERIOR EN MI PERJUICIO VULNERANDO LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA, A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A UNA DEFENSA ADECUADA." Acto reclamado: SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA INCONSTITUCIONAL NEGATIVA A PROPORCIONARME COPIAS SIMPLES DEL EXPEDIENTE QUE SE CONFORMA POR LA CAUSA PENAL NUMERO 673/2005, EN EL CUAL EL SUSCRITO TIENE EL CARÁCTER DE SENTENCIADO, LO ANTERIOR EN MI PERJUICIO VULNERANDO LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA, A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y A UNA DEFENSA ADECUADA Antecedente del acto reclamado: "[.] mediante escrito con fecha dieciséis de octubre del dos mil veinte, el suscrito solicité a la autoridad responsable, la expedición a mi costa de copias simples del expediente que nos ocupa, autorizando para que en mi nombre y representación éstas le fueran entregadas a la licenciada Laura Concepción Garza Figueroa, cabe mencionar que al momento de presentar dicho escrito, el personal de recepción le comentó que por motivo de la contingencia que estamos viviendo, era posible que dichas copias le fueran entregadas vía electrónica [.] Antecedente del acto reclamado: "Es el caso que, mediante escrito con fecha dieciséis de Octubre del dos mil veinte, el Suscrito solicite a la Autoridad responsable, la expedición a mi costa de copias simples del expediente que nos ocupa, autorizando para que en mi nombre y representación estas le fueran entregadas a la C. Licenciada Laura Concepción Garza Figueroa, cabe mencionar que al momento de presentar dicho escrito, el personal de recepción le comento que por motivo de la contingencia que estamos viviendo era posible que dichas copias le fueran entregadas vía electrónica. Sentencia dictada el 30 de abril de 2021. Causó ejecutoria el 27 de mayo de 2021. En ese contexto, es improcedente el acto reclamado en el presente juicio de amparo al ya haber sido reclamado por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad responsable en el diverso juicio de amparo 46/2021, por lo que ya fue sometido a la consideración de ese juzgado de distrito, quien resolvió sobreseer en el juicio de amparo por inexistencia del acto omisivo reclamado. Lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Efectivamente, si bien el sobreseimiento en el primer juicio de amparo por el quejoso implicó que no se analizara la constitucionalidad del acto que ahora reclama de nueva cuenta, lo cierto es que ello no lo faculta para intentar una nueva acción constitucional. En efecto, de acuerdo al principio de preclusión, que rige la procedencia de la acción constitucional, consagrado, entre otros, en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Con base en esa premisa, el sobreseimiento en el juicio de amparo generó en el quejoso la carga procesal de impugnar esa resolución a través del recurso de revisión en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo. De esa forma, el no ejercicio de esa carga procesal genera la conformidad del quejoso, no sólo con aquél sobreseimiento, sino también con las consideraciones en que se sustentó esa determinación. Por ello, si el la sentencia que resolvió la primera demanda que promovió el quejoso se sustentó en la inexistencia del acto reclamado., ya que se expuso lo siguiente: ¨[.] Toda vez que la autoridad responsable, el rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto reclamado, es decir, la negativa de expedición de copias simples de la causa penal 673/2005, pues manifestó que el veintiséis de octubre de dos mil veinte, acordó de conformidad la solicitud del quejoso, pues no obstante que con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el servicio de fotocopiado se encontraba suspendido, en acatamiento al Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, de veinte de agosto de dos mil veinte, autorizó que la licenciada Laura Concepción Garza Figueroa -autorizada por el propio quejoso- realizara la reproducción de imágenes del expediente con equipos tecnológicos, como pudiera ser, teléfono celular, escáner portátil o cámara fotográfica; determinación que le fue notificada personalmente al sentenciado vía exhorto, el veintidós de diciembre de dos mil veinte. Lo que se corrobora con las documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de la causa penal 673/2005, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se desprende que, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó de conformidad el escrito presentado por el quejoso, pues autorizó a que la licenciada Laura Concepción Garza Figueroa - autorizada por el propio quejoso- realizara la reproducción de imágenes del expediente con equipos tecnológicos, como pudiera ser, teléfono celular, escáner portátil o cámara fotográfica; de lo cual tuvo conocimiento personalmente, el veintidós de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, si la autoridad responsable acreditó haber autorizado la reproducción de las constancias de la causa penal 673/2005 a favor del quejoso; resulta inconcuso que la negativa que reclama Alejandro Verduzco Camacho en su escrito inicial de demanda es inexistente, puesto que la autoridad responsable, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, acordó de conformidad su solicitud y autorizó a la persona que designó para que realizara la reproducción de las constancias correspondientes. En mérito de lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado; ¨[.]" La anterior determinación, trae como consecuencia que, mientras subsista jurídicamente, sea inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto. Es decir, el sobreseimiento decretado, imposibilita la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las mismas autoridades; máxime si se considera que en dicha determinación se sustentó en que la petición del quejoso cuya omisión reclamaba, ya había sido atendida; por lo que tales consideraciones no se impugnaron y, por ello, adquirió firmeza. Al respecto es aplicable, por identidad jurídica, la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), con registro digital: 2002272, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 524, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.-Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 214, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, página 232, del contenido siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.-Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Consecuentemente, si el quejoso intenta de nuevo su acción constitucional en contra del mismo acto reclamado, ante el sobreseimiento en el primer juicio de amparo, tenía la carga procesal de impugnar esta última resolución mediante el recurso de revisión por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para ello; de ahí que si el ahora quejoso no interpuso dicho medio de defensa debe asumir las consecuencias jurídicas de ello. Por tanto, la no interposición del recurso de revisión contra el sobreseimiento en el primer juicio de amparo, generó que esta última resolución se declarara firme mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. De ahí que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, debe prevalecer lo resuelto en esa resolución que sobreseyó en aquel juicio de amparo, promovida por el quejoso. Pues de lo contrario, implicaría desconocer la decisión previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia de posibles resoluciones contradictorias, ante la probabilidad que en la segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados, pues la improcedencia del primer juicio se determinó conforme al examen que realizó la propia Juez de Distrito. Asumir una posición contraria implicaría que los quejosos pudieran, válidamente, promover tantos amparos como quisieran respecto de un mismo acto reclamado, y señalando idénticas autoridades responsables, lo que iría en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia -que, además, de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto-, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar un tema del que ya hubo un pronunciamiento -aun cuando no fuera de fondo- por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. De esa forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, no está permitido promover dos o más demandas por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado y por idénticas autoridades responsables, cuando una primera acción constitucional ya ha sido desestimada, en resolución firme, al estimar actualizada una causa de sobreseimiento que la hace inejercitable. No se pierde de vista que la Ley de Amparo, atento al principio de preclusión consustancial a todo procedimiento judicial, sólo prevé la promoción de un juicio de amparo por acto que se reclame pues, expresamente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos reclamados que ya hayan sido juzgados en resolución firme. Ello porque la Ley de Amparo se rige por los principios procesales de: a) Consumación procesal: relativo a que las facultades procesales se extinguen una vez que se han ejercido, sin que pueda repetirse el acto ya realizado. b) Economía procesal: consistente en que el proceso debe desarrollarse con la mayor economía de tiempo y gastos. Principios que impiden al quejoso promover un segundo juicio en contra del mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades responsables dado que, previamente, agotó su derecho de audiencia como parte del debido proceso a que se refiere el artículo 14 constitucional, y que al ejercerlo debidamente entonces precluye o se extingue esa facultad procesal para ejercerla nuevamente, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, materia común, página 314, que dice: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.-La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Así, la preclusión es una sanción que otorga seguridad al desarrollo del procedimiento, pues consiste, en una de sus vertientes, en la consumación de una facultad procesal, al establecer un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; lo que torna improcedente la segunda demanda de amparo en contra del mismo acto reclamado y autoridades responsables. En consecuencia, al quedar evidenciado que se actualiza de manera evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio constitucional. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Sexto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Verduzco Camacho; por el acto y respecto de la autoridad precisada en el considerando segundo, y en términos de lo establecido en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el cuarto punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos, para que obren como correspondan, el oficio y anexo que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; mediante el cual, remite copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo 46/2021-V, de su índice, solicitadas en auto de dieciséis de marzo del año en curso. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista al quejoso interno, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señala para hoy, y en su lugar se fijan las doce horas del dos de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Juez Tercero Penal Provisional, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante oficio 4715/2022 (del índice de este juzgado), informa que mediante oficios 180-1 e inmerso 181-1, fueron enviados los informes previo y justificado, por los cuales negó el acto reclamado, asimismo informa que el aquí quejoso promovió juicio de amparo 46/2021-V, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado por los mismos hechos; de igual forma remite copias certificadas de las constancias relativas que obran dentro de la causa penal 673/2005; en ese contexto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad dando cumplimiento al requerimiento de referencia. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende en primer término que mediante auto de ocho de febrero último, dictado dentro del incidente de suspensión el cual deriva del presente juicio de amparo, se tuvo por recibido únicamente el oficio 180-1 (con anexos) suscrito por la Juez Tercero Penal Provisional (registrado con número de folio 1347), por el cual dicha autoridad rindió su respectivo informe previo. No obstante, del anexo al oficio de cuenta, se desprende el oficio 181-1, mediante el cual la autoridad responsable, rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el mismo, con el contenido de este dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Así también, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad remitente, las documentales anexas a su oficio de cuenta; lo anterior, sin perjuicio de relacionarlas en audiencia constitucional; por ende, a fin de que las partes se impongan de su contenido, de conformidad con en el artículo 117 de la ley de la materia, con el contenido de las mismas, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sin que se soslaye, que por auto de siete de marzo último, se asentó que transcurrió el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con sede en esta ciudad, rindiera su informe justificado, solicitado en auto de veintiocho de enero último. Ahora bien, dado que del oficio de cuenta se desprende la existencia del juicio de amaro 46/2021-V, radicado en el Juzgado Primero Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por tanto, solicítese a dicho juzgado que de no tener inconveniente legal alguno remita copia certificada de la papeleta, demanda y auto admisorio del mismo; e informen el estado procesal en que se encuentra dicho juicio de amparo, a fin de determinar lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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