Alex Alí Méndez Díaz

Expediente 600/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
600/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Alex Alí Méndez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, a través del cual hace del conocimiento el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Alex Ali Méndez Díaz, en contra de la sentencia emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, mismo que quedó registrado con el número 481/2023. En consecuencia, téngase a la superioridad informando lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia dictada en este juicio de amparo indirecto, así como del auto por el cual se tuvo al quejoso Alex Ali Méndez Díaz, interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia; en consecuencia, remítanse el escrito original de agravios, con una copia y el juicio de amparo 600/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno, del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que las actuaciones practicadas en el presente juicio electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AMPARO INDIRECTO 600/2023 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA San Bartolo Coyotepec, a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yaninni, con la secretaria Nayelli Leticia Galván Morales, procede a celebrar la presente audiencia constitucional sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. La secretaria hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 600/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (I) demanda de amparo promovida por********************; (II) auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo y (III) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otra parte, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito signado electrónicamente por el quejoso********************, con un anexo, registrado con el folio 9325. El Juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que anteceden y se ordena pasar a la siguiente etapa. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que adjunta la quejosa a su ocurso de cuenta; la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Etapa probatoria. En esta etapa se hace constar las documentales que ofreció la parte quejosa y las autoridades responsables al rendir sus informes justificados. El Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas antes enunciadas, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver este asunto. Etapa de alegatos. Como ninguna de las partes hizo uso de su derecho para formular alegatos, se da por concluida la presente audiencia y en cumplimiento de las atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en la Ley de Amparo, se emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 600/2023, promovido por********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si se actualiza la violación a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló, mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintitrés, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por cuestión de turno, se remitió a este Juzgado de Distrito, donde se registró con el número 600/2023 y se admitió por auto de dieciséis de junio del año en curso, en el cual, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la audiencia constitucional, misma que se difirió en proveído de trece de julio del año en curso, y se señaló nueva fecha para tal efecto. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de leyes que se pueden ejecutar en el territorio donde éste órgano ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la intención del quejoso es reclamar del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Oaxaca, lo siguiente: Artículo 294 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Artículo 1, 2 y 3 fracción IV de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca. Artículos 2, fracción II, 3, fracciones XIV y XXII, 22, fracción I y 24, fracción I, de la Ley de los cuidados paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal del Estado de Oaxaca. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Son ciertos los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Oaxaca, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. VII. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan de oficio o que hayan hecho valer las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 y 63, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, y en la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Al respecto, las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Oaxaca, a través de sus representantes, refieren que respecto de los actos reclamados consistentes en el artículo 294 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, así como los artículos 1, 2 y 3 fracción IV de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca, y 2, fracción II, 3, fracciones XIV y XXII, 22, fracción I y 24, fracción I, de la Ley de los cuidados paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal del Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no acredita su interés legítimo. Para avalar tal aserto, es pertinente destacar que del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De ese modo, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia 2ª/J.51/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2019456, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por ello, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo 2, página 1736, que es del rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. De igual manera, conviene tener presente por el criterio que contiene, la diversa tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 1, página 822, cuyo rubro y texto es: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De lo hasta aquí expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que, presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. De lo reseñado, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Ahora bien, tratándose de la impugnación de normas generales pueden ser combatidas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, esto es con motivo de su sola vigencia, en su carácter autoaplicativas, o bien por virtud de su primer acto concreto de aplicación, en su carácter de normas heteroaplicativas, principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Para determinar si una ley tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario recurrir al concepto de individualización incondicionada, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, la citada condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede ser administrativo, jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. Cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. Apoya la conclusión anterior la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 5, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, que a la letra dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Precisó que un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, estableció que si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso, por lo que los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico, las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Ahora bien, cabe destacar que los artículos artículo 294 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, así como los artículos 1, 2 y 3 fracción IV de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca, y 2, fracción II, 3, fracciones XIV y XXII, 22, fracción I y 24, fracción I, de la Ley de los cuidados paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal del Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente: Código Penal para el Estado de Oaxaca. Artículo 294.- Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de cuatro a doce años de prisión. Al que induzca a otro para que se prive de la vida se le impondrá prisión de tres a ocho años, si el suicidio se consuma. Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la pena anterior sin que exceda de la pena que corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una cuarta parte de las señaladas en este artículo. Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca. Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las normas, requisitos y formas de la exteriorización y realización de la voluntad de cualquier persona, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, sea imposible mantener su vida de manera natural. Artículo 2. Toda persona, en cualquier tiempo podrá manifestar su voluntad anticipada de manera expresa, libre e informada, en los términos de la presente Ley, para someterse o no a los tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad no curable o en situación terminal; conservando en todo tiempo el derecho a retractarse. Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: [.] IV. Documento de voluntad anticipada: Es el documento suscrito por cualquier persona, con capacidad de ejercicio, en pleno uso de sus facultades mentales, o por las personas legalmente facultadas para suscribirlo, ante notario o el personal de la institución de salud que atiende al enfermo, con la presencia de dos testigos, a través del cual se manifiesta la voluntad, libre, inequívoca, consciente e informada, a rechazar un determinado tratamiento médico, que prolongue de manera innecesaria y sin fines terapéuticos, la vida del enfermo. [.] Ley de los cuidados paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal del Estado de Oaxaca. Artículo 2.- Son principios rectores en la aplicación de esta Ley: II. La prohibición de la eutanasia, y de la obstinación terapéutica, cuando en este último caso se ha manifestado la voluntad de recibir cuidados paliativos. Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley salvo disposición expresa en contrario, se entenderá por: XIV. Eutanasia, a la acción u omisión dirigida a propiciar la muerte a una persona, de una manera indolora y sin sufrimiento, por la existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva o liberadora, ya sea a petición de la misma persona o de un tercero cercano, con el fin de eliminar su agonía. XXII. Objeción de conciencia, la resistencia que muestre el personal de salud autorizado con respecto al cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo no curable o en situación terminal. [.] Artículo 22.- Incurren en responsabilidad para los efectos de esta Ley: El médico tratante y personal de salud que suministre tratamientos o medicamentos que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo no curable o en situación terminal, independientemente del delito que llegare a cometerse con tal conducta u omisión; Artículo 24.- A quienes incurran en las responsabilidades señaladas en el artículo 22, se les aplicarán las siguientes sanciones: I. En el caso de la fracción I, se aplicará a los responsables multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente en el Estado; De los numerales transcritos, se advierte que el artículo 294 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, tiene por objeto sancionar a la persona que ayude o induzca a otro para que se prive de la vida; por su parte, la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca, tiene por objeto regular la exteriorización de la voluntad de cualquier persona, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, ello a través de un documento suscrito por cualquier persona, con capacidad de ejercicio, en pleno uso de sus facultades mentales, o por las personas legalmente facultadas para suscribirlo, ante notario o el personal de la institución de salud que atiende al enfermo. Ahora, por cuanto a la Ley de los cuidados paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal del Estado de Oaxaca, en específico a los artículos transcritos con antelación, se advierte la prohibición de la práctica de la eutanasia, así como la responsabilidad en que incurre el personal de salud que suministre tratamientos o medicamentos que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo no curable o en situación terminal. Conforme a lo expuesto, se observa que las layes reclamadas no le causan un perjuicio al quejoso, pues para que exista un interés legítimo, como aduce, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, lo que en la especie no acontece, pues la parte quejosa no acude en defensa de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante a su esfera jurídica, pues no se observa que tenga una situación especial frente al ordenamiento jurídico reclamado, al no haberlo acreditado. Así, en atención a que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige, para acudir al juicio de amparo, la existencia de una especial situación frente al orden jurídico, por lo que ésta puede acreditarse con el vínculo entre el derecho humano reclamado y la persona que comparece en el proceso. En ese sentido, la parte quejosa no exhibió prueba alguna con la que acredite una especial situación frente al orden jurídico, que participa directa y activamente respecto a la efectividad del derecho de que se trate como es la salud y el derecho a decidir sobre la vida o la muerte de una persona, que haya realizado alguna investigación al respecto, o bien que asesora a personas que quieren decidir sobre su muerte, o familiares, o personal de la salud que pretendan ejercer la eutanasia sobre otra, pues no basta con afirmar que por el solo hecho de ser un gobernado le es aplicable la norma, o tiene una situación especial, pues ello debe comprobarse, y no puede ser a base de meras afirmaciones subjetivas, ya que en la especie no es posible verificar la situación del promovente frente al acto de autoridad y el tipo de afectación, y menos aún el beneficio que implicaría la obtención de la concesión del amparo. Se expone lo anterior, ya que no basta que exponga meras suposiciones o argumentos subjetivos, como lo que refiere en el sentido de que debemos decidir en forma libre y autónoma sobre nuestra muerte incluso fuera de esas situaciones físicas extremas como las enfermedades terminales o incurables y que tiene el derecho a decidir cuándo y cómo morir, ya que es importante para él reivindicar la posibilidad de elegir las condiciones en que su ciclo de vida, por las razones que de forma personal y autónoma, llegue a su fin, pues debió al menos acreditar haber realizado una solicitud de autorización en el sentido que refiere a fin de tener una muerte segura, lo que en la especie no acontece. Además, de los medios de convicción de los que se ha dado noticia, se observa que no resultan suficientes para acreditar su interés legítimo, pues en forma alguna se advierte que pueda participar directa y activamente en la defensa o promoción de algún derecho, que en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso, ni basta como lo aduce, con afirmar que podría en cualquier momento decidir quitarse la vida, pues incluso dicha cuestión es futura e incierta, ya que no es un aspecto que haya quedado acreditado, ni afirmó tajantemente la convicción de pretender hacerlo, sino simplemente una mera posibilidad incierta. Asimismo, el quejoso refiere que los ordenamientos jurídicos que reclama vulneran su reconocimiento al derecho de decidir cuándo y cómo morir; en ese sentido, atendiendo al análisis integral del código y las leyes analizadas, se advierte que de manera general, regulan la voluntad anticipada de cualquier persona con capacidad para ejercer ante notario público o ante el médico tratante en fase terminal a ejercer medidas terapéuticas, incluyendo cuidados paliativos y rechazar tratamientos extraordinarios con la pretensión de prolongar de manera innecesaria su vida, mismos preceptos que prohíben la eutanasia en incluso la castigan. En ese sentido, para que las normas reclamadas causen perjuicio al quejoso, es necesario que se actualice la aplicación de la eutanasia, pues con la sola entrada en vigor de las normas reclamadas, no causa alguna afectación al peticionario de amparo, pues para la procedencia del juicio de derechos fundamentales no basta que las normas combatidas pudieran afectar la esfera jurídica del quejoso, sino quien promueve el juicio de amparo debe demostrar que las normas impugnadas ya sea de forma heteroaplicativa o autoaplicativa, le causan una afectación real y directa, en razón de encontrarse en los supuestos de la norma de obervancia general o por virtud de la aplicación que lo actualice. Sin que se inadvierta que el quejoso pretende acreditar su interés legítimo con diversos documentos de los cuales se advierte su residencia en esta entidad federativa, es decir, en razón de que las leyes que considera violatorias a sus derechos humanos están destinadas a las personas que tienen su residencia en el estado de Oaxaca; sin embargo, como ya se precisó anteriormente, con el contenido de dichas normas no se genera de manera inmediata la afectación individual, actual, real y jurídicamente relevante, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Razonamientos por los que este Juzgado Federal estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de control constitucional en que se actúa, respecto de la autoridad y por el acto que ha quedado precisado. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por********************, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Oaxaca; en términos del considerando VII de este fallo. NOTIFÍQUESE

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