ALEJANDRO TELLO LÓPEZ y Otros.
Expediente 154/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALEJANDRO TELLO LÓPEZ y Otros.
- Alejandro Tello López
- EVERARDO TELLO LÓPEZ y Otros.
- Everardo Tello López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional, se negó por una parte y por otra se concedió la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que se concedió la provisional, se negó y se concedió la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte e interlocutoria de seis de marzo de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Rodrigo Rodríguez Ibarra, con quien actúa y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde pos una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 154/2020, promovido por ************* y ****************, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, y otras autoridades. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público, solicitó al Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, se librara orden de aprehensión en contra de ************ y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señalan como los delitos de homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas con ventaja, cometido el primero en agravio de la persona que en vida respondió a nombre de **************** y el segundo en agravio de ********************. Una vez que el citado representante social expuso los hechos delictivos, datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y necesidad de la cautela, el citado juzgador resolvió librar orden de aprehensión en contra de **********************y otro, por los delitos antes citados. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****************** y **********************, presentaron un escrito el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes del acto reclamado y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto a este órgano de control constitucional, el que por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite; se registró bajo el consecutivo 154/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que los quejosos reclaman lo siguiente: Autoridades responsables ordenadoras. Juez de Control de Juicios Orales de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Juez de Control de Juicios Orales de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Juez de Control de Juicios Orales de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. La orden de aprehensión librada en su contra. Autoridades responsables ejecutoras. Fiscal Encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (Feri) de la Agencia Estatal de Investigaciones Vicefiscal Regional de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Agente del Ministerio Público Encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo Río Grande, Tututepec, Oaxaca. Agente del Ministerio Público Encargado de la Fiscalía Local de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Agente del Ministerio Público Encargado de la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. La ejecución de la orden privativa de libertad. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS Los Jueces de Control de Juicios Orales de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec y San Pedro Pochutla, Oaxaca, así como los Jueces Mixtos de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional y Santiago Jamiltepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron los actos que se le atribuyen, consistente en la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos **********************y ********************** Ahora, el Juez de Control de Juicios Orales de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe de ley, negó la existencia de un mandato judicial de captura únicamente en contra del quejoso **********************. En ese orden de ideas, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Dicha porción normativa establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos que atribuye a las responsables, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Juez de Control de Juicios Orales de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, toda vez que en audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, libró orden de aprehensión en contra de ********************** y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señalan como los delitos de homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas con ventaja, cometido el primero en agravio de la persona que en vida respondió a nombre de ********************** y el segundo en agravio de **********************. De ahí, que deba tenerse por cierto el acto que se atribuye a la citada responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia privada de orden de aprehensión dentro de la causa penal ***/****, así como el archivo en formato de documento portátil de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Respecto a los informes de ley de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, se desvirtúa su negativa, toda vez que una de las responsables ordenadoras aceptó la orden de captura; por ende, es inminente su ejecución. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y seis, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". LEGITIMACIÓN **********************, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la orden de captura fue emitida en su contra, lo que a su consideración vulnera sus derechos fundamentales al considerar que no ha cometido ilícito alguno. OPORTUNIDAD Se estima que la promoción del juicio es oportuna, debido a la naturaleza de los actos reclamados, ya que al tratarse de una orden de aprehensión, cuya ejecución debe guardar sigilo, es inconcuso que el quejoso no tiene conocimiento cierto de aquélla hasta que las autoridades responsables rindan sus informes justificados y, en su caso, acepte la existencia de dichos mandamiento de captura. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE FONDO El quejoso señala que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que pretenden ejecutarle una orden de aprehensión de manera injusta, sin haber participado en la comisión de delito alguno. El argumento antes expuesto resulta infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como bien se indicó en párrafos precedentes, se controvierte en la presente instancia constitucional, la orden de aprehensión librada por el Juez de Control de Juicios Orales de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Ahora, la orden de aprehensión al igual que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, previstos por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual en observancia a tal derecho fundamental, el juez de la causa debe establecer de manera fundada y motivada si obran o no datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en tanto que este órgano jurisdiccional, a su vez, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene el deber de examinar que las responsables cumplan con tal obligación constitucional. Así, para justificar la calificativa del motivo de disenso (infundado), se considera oportuno precisar que el artículo 16 de la Carta Magna, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener precisa las exigencias para su dictado se deben cumplir, según establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial; Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Se advierta necesidad de cautela. A su vez, los dispositivos 141, fracción III, y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Primero requisito. En la especie se considera que se encuentra colmado, porque de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la orden de captura fue emitida por el Juez de Control de Juicios Orales de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerce sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica. Segundo requisito. Se encuentra satisfecho relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Cierto, de la consulta del disco digital se advierte que existe la denuncia inmersa en el acta de avisos datado con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, signado por Arturo Sánchez Vásquez el Agente Estatal de Investigaciones y el Informe del Agente Estatal de Investigaciones Eder Dublan Mendoza, fechado el veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, mediante los cuales la institución ministerial tuvo conocimiento del deceso de una persona de nombre Silvano Curiel Martínez. De igual forma advirtió que en el Hospital Regional de Jamiltepec, Oaxaca, se encontraba una persona sin vida y a disposición una camioneta tipo Nissan en la que viajaban las ahora víctimas, la cual también se encontraba fuera del Hospital Regional de Jamiltepec, Oaxaca; de ahí, que inició la indagatoria que originó la carpeta de investigación de origen, lo que resulta suficiente para tener por colmada esa exigencia. Tercer requisito. Se encuentra cumplido consistente en que el ilícito respecto del cual el Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión sea sancionado con pena privativa de libertad, toda vez que en el caso, se trata de los hechos que la ley señala como los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, ambos con la agravante de ventaja. El primer ilícito se encuentra previsto por los numerales 285 en relación con los numerales 299, 301 fracción IV y 302 y sancionado por el diverso 291, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Tocante al ilícito de lesiones se encuentra previsto por los artículos 271, 277 en relación con los numerales, 299, 301 fracción IV y 302 y sancionado por el numeral 277 en relación con el artículo 280 del ya referido código sustantivo de la materia. Dichas porciones normativas son del tenor siguiente: Homicidio calificado con la agravante de ventaja. "CAPITULO III. Homicidio. 285. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. [.]" "299. Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. [.]" "301. Se entiende que hay ventaja: [.] IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie." "302. Sólo será considerada la ventaja como colificativa (sic) de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa." "291. A los autores de un homicidio calificado se les aplicará la pena de treinta a cuarenta años de prisión." Lesiones con la agravante de ventaja. "CAPITULO I. Lesiones. "271. Bajo el nombre de lesiones se comprenden, no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. [.]" "277. Al que infiera una lesión que ponga en peligro la vida, se le impondrán de tres a siete años de prisión sin perjuicio de las sanciones que le corresponda conforme a los artículos anteriores." "299. Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. [.]" "301. Se entiende que hay ventaja: [.] IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie." "302. Sólo será considerada la ventaja como colificativa (sic) de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa." Cuarto requisito. Es oportuno destacar que para que se actualice el hecho que la ley señala como los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, ambos con la agravante de ventaja, se requiere de los elementos siguientes: Homicidio calificado. La privación de la vida; y, Que dicha acción sea ocasionada por otra persona; A su vez, para la agravante del referido ilícito se necesita lo siguiente: Que el sujeto pasivo se encuentre inerme y el activo armado. Lesiones. Que alguien provoque una alteración en la salud o cualquier otro daño que dejé huella material en el cuerpo de otra persona. Que tales efectos sean producidos por una causa externa, sujeta a la voluntad del activo. Que esas lesiones pongan en peligro la vida del sujeto pasivo y además. A su vez, para la agravante del referido ilícito se necesita lo siguiente: Que el sujeto pasivo se encuentre inerme y el activo armado. Para tener por configurados tales elementos, el resolutor de origen tomó en consideración los datos de prueba siguiente: El acta de avisos datado con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por Arturo Sánchez Vásquez Agente Estatal de Investigaciones. Informe del agente Estatal de Investigaciones Eder Dublan Mendoza, fechado el veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve. El acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, elaborada por el Agente Estatal de Investigaciones Eder Duran Dublan Mendoza. La identificación legal de cadáver realizada por la ciudadana **********************, del cuerpo sin vida del extinto **********************. La declaración de Dominga Galván López. Quien resulta ser la víctima indirecta, al ser esposa del finado Silvano Curiel Martínez, quien manifestó que el día de los hechos, conjuntamente con su esposo y su nieto abordaron la camioneta en la que posteriormente perdería la vida su esposo, con motivo de que iban a viajar a la población de Jamiltepec, Oaxaca. Así, precisa que a la altura del paraje denominado la capilla, pudo ver que la camioneta rebasa una motocicleta que es de color negro con verde, que en esa motocicleta transitaban dos personas del sexo masculino, que posteriormente escuchó que le gritaron al chofer "párate" y al instante se escucharon varios disparos de arma de fuego, a lo que el vehículo en el que abordaron aumentó de velocidad para llegar a su destino. Una vez en Jamiltepec, se percató que su esposo **********************, estaba lesionado, al advertir que le escurría mucha sangre y que también el chofer estaba sangrando de su estómago y de su brazo, por lo que los ayudaron a llegar al Hospital Rural de Santiago Jamiltepec, en el que posteriormente perdiera la vida el nombrado **********************. La declaración de la víctima **********************. Quien es el chofer de la camioneta pasajera, quien indicó que el veintinueve de noviembre, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos salió de la población de San Agustín Chayuco, para dirigirse a Jamiltepec. Así, en la salida de la comunidad de Santa Catarina Mechoacán, por donde esta una capilla por el COBAO, advirtió que circulaba delante de su unidad de motor, una motocicleta de color verde con negro, en la cual viajaban dos personas del sexo masculino, una vez que rebasó la motocicleta, más adelante la motocicleta rebasó la camioneta, que los tripulantes de esa camioneta se le emparejaron del lado del copiloto; es decir, del lado derecho y pudo ver como un joven delgado de playera gris quien iba en la parte trasera de la motocicleta, sacó una pistola de su cintura, apuntó al señor ********************** y le empezó a disparar, a lo que también salió lesionado, ya que recibió disparos en su brazo derecho y abdomen. Seguidamente y por temor siguió manejando y pudo llegar hasta Jamiltepec, Oaxaca. La declaración de **********************, recepcionada el veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve. Refiere ser nieto del finado **********************, y que el día de los hechos, también en compañía de su abuela **********************, una vez que abordaron la camioneta pasajera, pudo observar una motocicleta de color verde con negro, la cual se emparejó del lado del copiloto de la camioneta, que en ese momento logró reconocer a las personas que iban, como ********************** y **********************y que este último, de su mano izquierda le empezó hacer señas al chófer de la pasajera en la que viajaba y le gritaban "párate", pero que el chófer seguía avanzando por lo que pudo ver que **********************, sacó una pistola y empezó a apuntar con la misma e hizo varios disparos con dirección a la cabina de la pasajera, por lo que los pasajeros empezaron a gritar y el chófer de la camioneta siguió avanzando con mayor velocidad. Una vez que entraron a Jamiltepec, los pasajeros empezarán a bajarse y fue que en ese momento se dio cuenta que su abuelo le estaba escurriendo mucha sangre. La declaración de ********************** recepcionada el veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve. Refiere que el día de los hechos delictivos, abordó la unidad de motor, puesto que se dirigía como de costumbre a Jamiltepec, Oaxaca, para trabajar ya que su ocupación es bolero. Así, a la altura donde se ubica una capilla, la unidad de motor procedió a rebasar una motocicleta y que una vez que la rebasó se dio cuenta que esa motocicleta de color verde con negro, siendo el conductor una persona que él identifica como ********************** y como copiloto **********************, cuando de forma repentina escuchó que le gritaron "párate" y al instante varios disparos de arma de fuego. La inspección ocular realizada el veintinueve de noviembre, en la camioneta pasajera en donde sucedieron los hechos. La inspección ocular realizada en el lugar del hecho, el día veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificado médico emitido por el doctor **********************, a favor de **********************. Dictamen de reconocimiento médico exterior y necropsia de ley, realizado en el cuerpo sin vida de **********************, por el perito el médico **********************. Atestado de nacimiento a favor de ********************** emitida por el oficio del registro civil de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Los datos de prueba que anteceden, el suscrito considera que fueron correctamente valorados por el juez de control en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se justifica lo anterior, toda vez que respecto de las declaraciones de la víctima indirecta ********************** (esposa del finado); **********************(chofer de la unidad motor); **********************(nieto del finado y de la nombrada **********************) y, **********************(pasajero de la unidad motor), fueron realizada acorde con las formalidades que establecen los artículos 221 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitida ante la autoridad ministerial y por personas mayores de edad Quien **********************(esposa del finado), precisó de forma razonable como sucedieron los hechos, ya que se percató que dos personas en una motocicleta rebasaron la camioneta y una empezó a disparar, ocasionado heridas a su esposo, lo que posteriormente le ocasionó la muerte. Así de la narración **********************(chofer de la unidad motor), precisó de manera detallada como en un día de labores, dos personas que iban circulando en una motocicleta, de forma repentina la persona que iba en la parte de atrás empezó a disparar, ocasionándole heridas en su integridad física y a uno de sus pasajeros. Seguidamente, de la narrativa de ******************* (nieto del finado y de la nombrada ************), es coincidente con las anteriores declaraciones, empero, este testigo logra identificar a las personas que se encontraban sobre la motocicleta, como son ******************* y ******************* . De igual forma, lo indicado por Catarino Riaño Quiroz, quien es coincidente de lo sucedido y también logró identificar a los atacantes, quien responde a los nombres de ******************* y ******************* . Por ende, como bien lo estimó el juez de la causa, dichos datos de prueba merecen valor probatorio, ya que las personas fueron testigo de los hechos delictivos y dos de ellos pudieron identificar a los atacantes. Lo que se corrobora con el acta de aviso de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el Agente Estatal de Investigaciones, con dicho dato de prueba se pudo advertir como le hacen del conocimiento a la policía investigadora del deceso de una persona de nombre Silvano Curiel Martínez; de ahí, que es a través de esta acta de aviso, es que se tuvo conocimiento como inicia la investigación correspondiente. Seguidamente al dato de prueba consistente en el informe signado por ******************* , en su carácter de Agente Estatal de Investigaciones, detalla como la policía investigadora, toma conocimiento que en el Hospital Regional de Jamiltepec, Oaxaca, se encontraba una persona sin vida y también tiene conocimiento que se encuentra a disposición una camioneta tipo Nissan en la que viajaba las ahora víctimas, la cual también se encontraba fuera del Hospital Regional de Jamiltepec, Oaxaca. Ambos datos de prueba, como bien lo refirió el juez de la causa y este juzgador de amparo concuerda, merecen valor probatorio, ya que fueron datos de suma importancia para tomar conocimiento de posibles hechos que la ley señala como delitos y empezar la indagatoria correspondiente. Seguidamente, los datos de pruebas consistentes en las inspecciones oculares de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, realizada en la camioneta pasajera en que se suscitaron los suceso y la diversa realizada en el lugar de los hechos, se coincide con el juzgador de la causa al otorgarle valor probatorio. Ello al ser practicadas por agentes de investigaciones que asientan se constituyeron en donde se encontraba la camioneta pasajera que es en el encierro denominado "Ojo de Agua", así como el lugar donde sucedieron los hechos, detallando todo lo que percibieron; por ende, como bien lo precisó el juzgador primario, esos datos de prueba hasta ese momento procesal son idóneos para tener establecido que materialmente existe la camioneta Nissan conocida como camioneta pasajera y el lugar donde acontecieron los hechos que nos ocupan. De ahí que este Juzgador Federal coincide en el acertado valor probatorio concedido, ya que generan convicción porque se trata de actos de investigación sobre los cuales tiene facultad en términos de lo que establece el artículo 132 en su fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues actuó como un auxiliar del Ministerio Público, se constituyó de manera directa en el lugar inspeccionado, es decir tuvo a la vista el vehículo de la marca Nissan y se constituyó en el lugar de los hechos delictivos. También se coincide con el juzgador al otorgarle valor probatorio al acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, elaborada por el Agente Estatal de Investigaciones Eder Duran Dublan Mendoza, al evidenciar que al trasladarse hasta el hospital regional de Jamiltepec, Oaxaca, en el área de urgencias observó en una camilla, una persona envuelta con una sábana blanca, describe la posición en que se encontraba esta persona y también pudo advertir a simple vista que dicha persona cuenta con tres lesiones en el tórax y que al parecer estas fueron producidas por arma de fuego, que siendo aproximadamente las diez horas con treinta minutos de esa fecha en la que actuó ordenó el levantamiento del cuerpo sin vida al descanso municipal de Jamiltepec, para la práctica de la necropsia, de la persona que en vida respondió al nombre de Silvano Curiel Martínez. El anterior dato de prueba, evidente es apto para acreditar el deceso de la referida víctima. Así, por lo que hace al dato de prueba consistente en la identificación legal de cadáver realizada por la ciudadana Dominga Galván López, del cuerpo sin vida del extinto Silvano Curiel Martínez, este Juzgador Federal es coincidente en el valor probatorio que se otorgó, ya que identifica el cuerpo de la persona que en vida respondió al nombre de Silvano Curiel Martínez; por consiguiente, esa dato es apto para tener identificado la identidad del occiso. En sustento a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 36, Volumen 56, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCION. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." Asimismo, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 280, Tomo XI, Febrero de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y texto dicen: "MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACION PREVIA, INSPECCION OCULAR. No es atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron en el período de averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el período de instrucción. Al respecto debe mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3, fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público Federal, para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere "que sea confirmada o practicada durante el período de instrucción". De igual forma se concuerda con el juzgador al otorgarle valor probatorio al certificado médico emitido por el doctor Lásaro Ramírez Jiménez, a favor de Edilberto Sebastián Sánchez de la Cruz. En dicho dictamen se describe las lesiones que fueron ocasionadas por los proyectiles del arma de fuego, y concluye que interesaron tejidos blandos, órganos blandos abdominales y tejido óseo, que ponen en peligro la vida toda vez que el paciente se encuentra grave, requirió intervención quirúrgica y tardan en sanar más de quince días; por ende, es idóneo al ser expedido a nombre de la víctima, por persona que tiene los conocimientos especializados en el área de medicina (al tratarse de un médico con los conocimientos para emitirlo), quien explica la metodología empleada como fue la exploración física, que lo tuvo a la vista y que pudo apreciar por sí mismo. Ilustra lo anterior, la tesis 599 de la entonces Sala Auxiliar del Alto Tribunal del País, visible en la página 284, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, Séptima Época, Apéndice 2000. "CERTIFICADO MÉDICO. HACE FE COMO INDICIO.- El certificado médico que indica que el inculpado se encontraba en el tercer grado de intoxicación alcohólica, sí tiene validez legal y hace fe como indicio, si no resulta cierto que denote ambigüedad ni imprecisión, por lo que adminiculado a la propia confesión del quejoso adquiere pleno valor probatorio." Respecto del dictamen de reconocimiento médico exterior y necropsia de ley, realizado en el cuerpo sin vida de Silvano Curiel Martínez, por el perito el médico Lásaro Ramírez Jiménez, de mismo modo se considera correcto el valor probatorio otorgado por el juez de control, ya que genera certeza porque la perito expone la metodología empleada y las conclusiones allegadas, lo que desde luego es creíble que por esos conocimientos especializados que ella tiene, pueda apreciar esa circunstancia, y hasta este momento procesal no hay dato alguno que contradiga las conclusiones del dicho de la perito. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Finalmente, es atinado el valor probatorio otorgado al atestado de nacimiento a favor de ******************* , emitido por el oficial del registro civil de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, ya que fue expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en el cual se consigna el nacimiento de ******************* , quien nació el día veintiocho de octubre del año mil novecientos cincuenta y ocho. Con base en estos datos de prueba, se coincide con el juez de control en el sentido de que de su valoración individual y conjunta, hasta ese momento procesal, se justifica lo siguiente: "Que el día viernes veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las nueve horas cuando ******************* de la Cruz, manejaba una camioneta de la marca Nissan con placas de circulación ******************* del servicio público de pasaje, sobre la carretera que conduce de San Agustín Chayuco hacia la localidad de Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, Oaxaca, mientras que en el asiento del copiloto viajaba Silvano Curiel Martínez y en la parte de la batea viajaban diversos pasajeros." "Que al ir circulando a la altura del paraje denominado la capilla perteneciente a la localidad de Santa Catarina Mechoacán, los tripulantes de la camioneta pasajera fueron rebasados en su costado derecho por Everardo Tello López y Luis Fabián Bautista Martínez, quienes viajaban en una motocicleta de color verde con negro, el primero de ellos lo hacía conduciendo la motocicleta, mientras que el segundo de ellos viajaba en el asiento trasero." "Que Everardo Tello López y Luis Fabián Bautista Martínez, a bordo de la motocicleta se emparejaron a la camioneta nissan, y el segundo de los nombrados sacó un arma de fuego con la que realizó diversos disparos en contra de ******************* y ******************* ." "Que a causa de las lesiones provocadas por los disparos de arma de fuego, perdió la vida ******************* y a ******************* , le provocaron lesiones que pusieron en peligro su vida." Es decir, el suscrito considera que con dichos datos de prueba se configuran los elementos que integran el hecho que la ley señala como los ilícitos de homicidio calificado y lesiones, con la agravante de ventaja. Homicidio calificado. Por lo que respecta al primer elemento que es la privación de la vida, como acertadamente lo infiere el juez, se acredita con las declaraciones de los atestes ******************* , ******************* y ******************* , pues estos atestes presenciaron dicho evento, manifestando en dónde, cuándo y cómo sucedieron los hechos delictivos. Lo cual se robustece con el dictamen emitido por el perito médico ******************* , en el cual hace constar la causa de la muerte del pasivo *******************; la diligencia de descripción, levantamiento y traslado de cadáver elaborado por el agente estatal de investigaciones *******************; y, la inspección en el lugar del hecho realizada el veintinueve de noviembre del año en curso, lo que evidentemente acredita el deceso de Silvano Curiel Martínez. Por lo que respecta al segundo elemento, consistente en que dicha acción sea ocasionada por otra persona, quedó acreditado con las lesiones que causaron el deceso a *******************, las cuales fueron ocasionadas por una persona que disparó un arma de fuego. Lo anterior se acreditó con las declaraciones de ******************* , ******************* y *******************, pues de estas se advierte que los testigos refieren que fue una tercera persona fue quien efectuó los disparos al pasivo. Dichas narrativas se refuerzan con el contenido del reconocimiento médico exterior y necropsia de ley practicada por el perito Lásaro Ramírez Jiménez, quien corrobora que efectivamente la víctima presentaba lesiones producidas por proyectiles de armas de fuego, además, que dicho galeno llega a la conclusión que la causa de la muerte de dicha víctima fue por hemorragia interna y externa masiva, lesión a vísceras torácicas producidas por proyectiles de arma de fuego disparadas. Así es, por lo que hace al agravante del ilícito en cuestión, tocante a que el sujeto pasivo se encuentre inerme y el activo armado, en la misma línea de pensamiento del juez primario, hasta este momento procesal se encuentra acreditado. Dicha afirmación se justifica con los mismos datos de prueba antes precisados, que evidencian que ******************* , no se encontraba armado, ya que transitaba como pasajero en la camioneta marca Nissan, mientras que los activos se acercaron en la motocicleta y específicamente ******************* , se encontraba armado y procedió a disparar en su contra, con lo cual como bien se adelantó se acredita el elemento objetivo de esta calificativa de ventaja. Lesiones. Para acreditar el primer elemento del cuerpo del delito, consistente en que alguien provoque una alteración en la salud o cualquier otro daño que dejé huella material en el cuerpo de otra persona, se tiene acreditado que efectivamente, la víctima ******************* , tuvo una alteración en su salud, específicamente lesiones provocadas por el activo con un arma de fuego, lo cual quedó justificado con el certificado médico realizado con fecha treinta de noviembre del año curso, por el perito médico ******************* , en el que certificó que la víctima tuvo diversas lesiones, que contaba con un vendaje compresivo abdominal secundaria a una laparotomía exploradora con presencia de un estómago por colostomía en flanco derecho de la región abdominal, herida quirúrgica supra umbilical por una laparotomía exploradora, vendaje compresivo con férula braquipalmar de miembro torácico derecho secundaria fractura decubito y radio de brazo derecho. Así también refirió que las lesiones que presentaba el pasivo interesaron tejidos blandos, órganos blandos abdominales y tejido óseo, que ponen en peligro la vida, que el paciente se encuentra grave y que se requirió intervención quirúrgica y estas lesiones tardan en sanar más de quince días. De lo expuesto, como bien lo indicó el juez penal de origen, se acredita el primer elemento del cuerpo de delito de lesiones, pues ******************* , sufrió una alteración en su salud. El segundo elemento en cuestión, que tales efectos sean producidos por una causa externa, sujeta a la voluntad del activo. Esto se traduce a la conducta que desplegó el activo, pues a consecuencia de los disparos con un arma de fuego que este le infirió al pasivo se alteró la salud de ******************* , lo cual quedó acreditado con lo narrado por la propia víctima, así como por lo narrado por ******************* y *************, pues estos en similares términos refieren la mecánica del hecho y como el activo lesionó con un arma de fuego a ***************************, acreditándose así el segundo elemento del tipo penal analizado. El tercer elemento, relativo a que las lesiones pongan en peligro la vida del sujeto pasivo y además, se tiene acreditado de misma forma con el certificado médico realizado con fecha treinta de noviembre del año curso, por el perito médico ***************, que detallan las lesiones que se le ocasionaron y que pusieron en peligro su vida, que en obvio de repeticiones innecesarias, se especifican en el párrafo 76 de la presente resolución. Finalmente, para la agravante del referido ilícito se necesita que el sujeto pasivo se encuentre inerme y el activo armado, como bien lo indicó el juez primario quedaron acreditados con los mismos argumentos y datos de pruebas vertidos respecto del ilícito de homicidio calificado; es decir, el sujeto pasivo no se encontraba armado, sino se encontraba manejando el automotor por ser dicha actividad su labor, mientras que el activo se encontraba armado y procedió a disparar, sin que el referido chofer pudiera hacer nada en su defensa. En diverso orden, en relación a la probable responsabilidad del aquí quejoso *************, se encuentra justificada hasta ese momento procesal, con las declaraciones emitidas por ************************, ****************** y principalmente por *********************** y ****************, pues de las declaraciones de estos últimos se puede advertir que hacen señalamiento directos y categóricos hacia el imputado como una de las personas que se trasladaban en una motocicleta y quienes posteriormente lesionaron a ******************** y privaron de la vida a ********************. Lo que se estima correcto, pues al respecto, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/93, visible en la página trescientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación VI, segunda parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, expresa: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías." Quinto requisito. Consistente en la necesidad de la medida dictada, el juez de control responsable, en el dictado del mandamiento de captura, advirtió su necesidad, atendiendo a que por la pena que pudiera llegarse a imponer al sujeto activo, de conformidad con el artículo 291 del Código Penal del Estado, respecto del ilícito de domicilio calificado que es una punibilidad como mínima de treinta años y como máximo cuarenta años de prisión, máxime que en el supuesto de dictarse auto de vinculación a proceso, ameritaría prisión preventiva oficiosa. En las relatadas consideraciones, se estima correcto el razonamiento relacionado con la necesidad de dictar la orden de aprehensión, pues es muy probable que el quejoso no se someta al procedimiento debido a la pena que pudiera imponérsele en caso de resultar culpable; además de que en el caso no se advierte, conforme a la ley del acto ninguna salida alterna o anticipada de terminación del proceso que pudiera beneficiarles; y, en caso de sentencia condenatoria, no podría concedérsele algún beneficio preliberacional como el de sustitución de la pena o la condena condicional; por lo que, como se dijo, es necesaria la medida dictada por el juez responsable. Por ello, es que se considera que hasta este momento, existen datos de prueba (valorados de forma individual y en su conjunto) que justifican que probablemente Everardo Tello López participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, ambos con la agravante de ventaja. El primer ilícito se encuentra previsto por los numerales 285 en relación con los numerales 299, 301 fracción IV y 302 y sancionado por el diverso 291, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Tocante al el ilícito de lesiones se encuentra previsto por los artículos 271, 277 en relación con los numerales, 299, 301 fracción IV y 302 y sancionado por el numeral 277 en relación con el artículo 280 del ya referido código sustantivo de la materia. Esto es, que existe la probabilidad de que **************, haya perpetrado el ilícito en estudio, ya que se demostró que el día viernes veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las nueve horas, sobre la carretera que conduce de San Agustín Chayuco hacia la localidad de Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, Oaxaca, en compañía de una diversa persona viajaban en una motocicleta, cuando de forma repentina dispararon en contra de una camioneta de pasajeros y a causa de las lesiones provocadas por los disparos del arma de fuego, perdió la vida **************** y a ********************, le provocaron lesiones que pusieron en peligro su vida. Resta destacar que para el libramiento de la orden de aprehensión la ley solo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del incoado en la comisión del ilícito que se le atribuye. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 514, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Por todo lo anterior, se concluye que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso concreto y los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían medios de convicción que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y lesiones, ambos con la agravante de ventaja. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio, promovido por ************** y ****************, por lo motivos expuesto en el apartado V de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************, por los motivos expuestos en el apartado XI del presente fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes; en relación a su contenido, se tiene a la juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, devolviendo diligenciado el despacho con número de orden 271/2021 [origen 177/2021] de la estadística propia; en consecuencia, se ordena dar de baja el citado despacho en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que los terceros interesados ** y **, fueron emplazados y notificados el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones personales por medio de lista. Notifíquese.
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