Alejandro Torres Luria

Expediente 935/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
935/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Torres Luria
  • Bertha Mesinas Ramírez o Bertha Mesinas de Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, devuélvase al Juez Sexto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, los tomos de prueba que anexó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las doce horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario de acuerdos, Rodrigo Rodríguez Ibarra, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 935/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo; (ii) acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós mediante el cual se admitió a trámite la demanda; (iii) emplazamiento de la parte tercero interesada; e, (iv) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se da cuenta al juez con el escrito de ************, representante del menor en este asunto, recibido a través de la Plataforma Virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, registrado con el folio 13231 El juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y se ordena agregar el escrito de **************, representante del menor en este asunto, por el cual, se le tiene formulando sus alegatos en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. De igual forma, conforme al precepto 119 de la ley reglamentaria se tiene al citado representante ofreciendo como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana al presente asunto. Etapa probatoria. En esta etapa se hace constar las documentales aportadas por la autoridad responsable titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente familiar 10/2018, así como, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por el representante del menor ****************. El juez acuerda: con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba antes enunciada. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que la tercera interesada ************** y el representante del menor **************** formularon alegatos mediante escritos registrados con los folios 11965 y 13231. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de la aludida tercero interesada. Acto seguido, se da por concluida esta etapa y después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, dictando la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 935/2022, promovido por *************** y ************ o **************, por propio derecho, en contra de un acto de omisión que atribuyen a la titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ANTECEDENTES De las constancias allegadas al sumario se tiene acreditado que ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, *************** por propio derecho y en representación del menor de edad A.T.S., demandó de *************** la guardia y custodia provisional del referido infante; el pago de una pensión alimenticia; y, demás prestaciones. Radicada la demanda y seguida la secuela procesal del juicio, en audiencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho las partes llegaron a un convenio definitivo elevándose a categoría de sentencia firme. En dicha avenencia se fijó la guardia y custodia definitiva, monto de pensión alimenticia, convivencia del menor con sus progenitores y diversas cuestiones en favor del infante. Vía incidental la ahora parte accionante ************, ************ y **************** (abuelos paternos), demandaron de *************, la revocación de la guarda y custodia del menor de edad y otras prestaciones. Seguida la secuela procesal vía incidental, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de escucha del menor, en la que comparecieron la totalidad de la partes y en lo que aquí interesa se precisó lo siguiente: Se hizo presente el perito en psicología dependiente de la dirección de periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y realizó una entrevista con el menor de edad A.T.S. Concluyó que el referido menor no cuenta con las características necesarias para participar en la diligencia en cuestión. La juez en atención a la opinión del experto, acordó que no era dable dialogar con el menor en esa diligencia y escuchar su opinión sobre la problemática que acontece con sus progenitores. La juez hizo constar el dialogo que realizó con las partes adultas intervinientes. No obstante, no lograron generar acuerdo de mutuo propio; por ende, la juez en atención al derecho de visitas del menor y dialogo con sus progenitores estableció un régimen de convivencias. Precisó que como la parte actora ********* (progenitor), ************* y B**************** (abuelos paternos), conforman un mismo núcleo familiar paterno, las convivencias del menor en conflicto con los abuelos paternos e incluso con la familia ampliada paterna, se lleve a cabo de manera simultánea o al mismo tiempo en que se verifica la convivencia con el progenitor no custodio. Acordó diversas cuestiones planteadas por las partes. Seguida la secuela procesal de esa incidencia y ante el cambio de cuestiones del entorno del menor de edad se celebró la audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. En dicha diligencia se escucharon a ambas partes y convinieron adecuar las modalidades bajo las cuales se ejercerá el derecho de convivencia del menor de edad con el padre no custodio ************, al tenor de las clausulas ahí detalladas. Al no existir oposición por parte del Agente del Ministerio Público adscrito, la juez de lo familiar aprobó el referido convenio. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **************** y **************** o ****************, por propio derecho, presentaron demanda de amparo el once de agosto del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la que se radicó bajo el consecutivo 935/2022; por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de lo siguiente: De la titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La omisión de fijar un régimen de visitas y convivencia del menor de edad y los promoventes del amparo en su calidad de abuelos paternos, dentro del expediente familiar 10/2018. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto de omisión que le atribuye la parte quejosa. Para justificar su informe de ley, adjuntó copia certificada de diversas constancias que integran el expediente familiar de origen 10/2018, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, los solicitantes del amparo **************** y **************** o **************** (abuelos paternos), refieren que desde la audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la juez familiar únicamente fijó un régimen de convivencias con su progenitor no custodio; sin embargo, fue omisa en considerar su derecho de visita y convivencia en su calidad de abuelos paternos con el menor de edad. Reiteran que la juez es omisa en fijar un régimen de convivencia del menor de edad A.T.S. con los referidos quejosos de manera independiente, para así fortalecer los lazos familiares. De las documentales aportadas al sumario, las cuales fueron valoradas en párrafos precedentes, se advierte lo siguiente: Ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, ****************z por propio derecho y en representación del menor de edad A.T.S., demandó de **************** la guardia y custodia provisional del referido infante; el pago de una pensión alimenticia; y, demás prestaciones. Radicada la demanda y seguida la secuela procesal del juicio, en audiencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho las partes llegaron a un convenio definitivo elevándose a categoría de sentencia firme. En dicha avenencia se fijó la guardia y custodia definitiva, monto de pensión alimenticia, convivencia del menor con sus progenitores y diversas cuestiones en favor del infante. Vía incidental la ahora parte accionante **************** (progenitor), **************** y **************** o **************** (abuelos paternos), demandaron de ****************z, la revocación de la guarda y custodia del menor de edad y otras prestaciones. Seguida la secuela procesal vía incidental, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de escucha del menor, en la que comparecieron la totalidad de la partes y en lo que aquí interesa se precisó lo siguiente. Se hizo presente el perito en psicología dependiente de la dirección de periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y realizó una entrevista con el menor de edad A.T.S. Concluyó que el referido menor no cuenta con las características necesarias para participar en la diligencia en cuestión. La juez en atención a la opinión del experto, acordó que no era dable dialogar con el menor en esa diligencia y escuchar su opinión sobre la problemática que acontece con sus progenitores. La juez hizo constar el dialogo que realizó con las partes adultas intervinientes. No obstante, no lograron generar acuerdo de mutuo propio; por ende, la juez en atención al derecho de visitas del menor y dialogo con sus progenitores estableció un régimen de convivencias. Precisó que como la parte actora **************** (progenitor), **************** y **************** o **************** (abuelos paternos), conforman un mismo núcleo familiar paterno, las convivencias del menor en conflicto con los abuelos paternos e incluso con la familia ampliada paterna, se lleve a cabo de manera simultánea o al mismo tiempo en que se verifica la convivencia con el progenitor no custodio. Acordó diversas cuestiones planteadas por las partes. Seguida la secuela procesal de esa incidencia y ante el cambio de cuestiones del entorno del menor de edad se celebró la audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. En dicha diligencia se escucharon a ambas partes y estuvieron en adecuar las modalidades bajo las cuales se ejercerá el derecho de convivencia del menor de edad con el padre no custodio ****************, al tenor de las clausulas ahí detalladas. Al no existir oposición por parte del Agente del Ministerio Público adscrito, la juez de lo familiar aprobó el referido convenio. De lo expuesto, se puede advertir que contrario a lo que asevera la aquí parte quejosa, la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno fijó un régimen de convivencias con el menor con sus abuelos. Empero, como los accionantes incidentistas **************** (progenitor), **************** y **************** o **************** (abuelos paternos), conforman un mismo núcleo familiar paterno, las convivencias del menor en conflicto con los abuelos paternos e incluso con la familia ampliada paterna, se llevarían a cabo de manera simultánea o al mismo tiempo en que se verifica la convivencia con el progenitor no custodio. Determinación que se estima correcta. La institución conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, se caracteriza como un 'derecho-deber', dado que en realidad están en juego dos derechos; por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos; con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor. Tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también -como se dijo-, favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. A través del derecho-deber de visitas y convivencias, se busca el desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares, en los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, ya que bajo esas condiciones no son fáciles las relaciones humanas, por existir serias dificultades para verse y relacionarse normalmente. Ello trasciende a las relaciones sociales que alcanzan en los menores una dimensión aun mayor que la simplemente familiar, dado que actualmente se hace indispensable una concepción de relaciones humanas que comprometa otros núcleos sociales. Sobre el derecho que nos ocupa, son ilustrativas las tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.) y 1a. CCCLXIX/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007795 y 2007797, publicadas el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber"." Con las convivencias se propician el trato y la calidez humana, las personas se ven, platican, se brindan afecto y, en síntesis, se conocen mejor, por lo que con la convivencia se fortalecen sentimientos afectivos que colman los fines de la institución familiar, pues los acercamientos de las personas son esenciales para alcanzar su tranquilidad, felicidad y armonía personal, familiar y social, máxime cuando se trata de niños; además, el derecho de visitas y convivencias, no solamente vincula al menor con sus padres, sino también rige en relación con sus parientes (abuelos, tíos, primos), allegados y amigos. Así cuando se resuelve sobre el régimen de visitas y convivencias, si bien se está ante un sistema artificial, también lo es que, a través de éste deben crearse las condiciones más adecuadas para equipararlas a las relaciones humanas que se habrían de desarrollar normalmente en la familia, esto es, los juzgadores, al fijar el régimen de visitas y convivencias, deben propiciar situaciones de normalidad en las relaciones familiares. Tal como se apuntó, el derecho del que se habla encuentra asidero en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece lo siguiente: "Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño". Del precepto transcrito se advierte que es un derecho del niño que esté separado de su padre -o madre-, el mantener relaciones personales y contacto directo de modo regular, añadiendo que, no obstante esta norma tiene su excepción cuando, sea contrario al interés superior del niño. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 583/2013, que dio origen a la tesis aislada CCCVII/2013, estableció que el derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Tesis citada con número de registro: 2004775, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, de rubro y texto siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Como se advierte de las tesis citadas anteriormente el derecho de visitas es un derecho del niño que esté separado de su padre -o madre-, el mantener relaciones personales y contacto directo de modo regular, ya también es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos; añadiendo que no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. No obstante, en los artículos 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño se prevé la existencia de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etcétera. Asimismo, se establece que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares. De los preceptos legales que anteceden, se advierte que los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos últimos, sino los menores, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse como sujetos. Por tanto, cuando los parientes de los menores pretenden ejercer, a través de la vía judicial, el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de éstos, sobre la base de que se aseguren su desarrollo y dignidad, y esto último es lo que justifica el dictado de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. De lo expuesto se reitera, contrario a lo aseverado por la parte quejosa la juez familiar de origen si estableció un régimen de convivencias con sus abuelos paternos tomando en consideración las necesidades del menor. El cual estableció se llevaran a cabo de manera simultánea al ser un mismo núcleo familiar, lo cual se estima acertado. Estimar lo contrario; es decir, realizar un señalamiento individualizado de convivencia por cada familiar implicaría reducir el tiempo del que debe disponer el menor para ejercer plenamente ese derecho con sus progenitores. Consecuentemente, la convivencia que debe existir entre los miembros de la familia ampliada y el menor de edad, debe realizarse en los días fijados para el progenitor que no tiene la guarda y custodia, pues si bien el derecho de convivencia es individual, su ejercicio debe hacerse de manera nuclear, esto es, conjuntamente con el de los miembros que conforman el mismo núcleo familiar, como en el caso concreto acontece. Máxime que en audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, los actores principales del juicio familiar ****************z y ****************, modificaron voluntariamente las modalidades de convivencia con el menor de edad, de la que se advierte que en ningún momento se privó de la convivencia con sus abuelos paternos, aquí quejosos. Apoya lo expuesto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2405, registro 2018350, de rubro y texto siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE EL MENOR Y SU FAMILIA AMPLIADA. DEBE FIJARSE DE FORMA CONCOMITANTE CON LA DEL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA. Los artículos 4, 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen el derecho de los menores a una familia ampliada, la cual debe comprender a los tíos, primos, abuelos, etcétera, así como que los Estados Partes deben respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes, en su caso, de los miembros de la familia ampliada según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en dicha convención. Ahora bien, cuando uno de los progenitores tiene asignada la guarda y custodia sobre su hijo y el otro sólo ejerce la convivencia, y algún miembro de la familia de este último también la solicita pero de modo particularizado, ese derecho debe ejercerse concomitantemente con el del progenitor que ya la tiene asignada y no por separado, toda vez que el señalamiento individualizado de convivencia por cada familiar implicaría reducir el tiempo del que debe disponer el menor para ejercer plenamente ese derecho con sus progenitores. Consecuentemente, la convivencia que debe existir entre los miembros de la familia ampliada y los menores, debe realizarse en los días fijados para el progenitor que no tiene la guarda y custodia, pues si bien el derecho de convivencia es individual, su ejercicio debe hacerse de manera nuclear, esto es, conjuntamente con el de los miembros que conforman el mismo núcleo familiar." Por consiguiente, este Juzgador Federal apela al argumento de la juez familiar, al indicar que el acto que le atribuye la parte quejosa consistente en la omisión de fijar un régimen de visitas y convivencia del menor de edad y los promoventes del amparo en su calidad de abuelos paternos, dentro del expediente familiar 10/2018, es inexistente. Dicha negativa no se desvirtuó por los promovente del amparo. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." DECISIÓN En este contexto, tal y como se indicó en párrafos precedentes, el acto atribuido a la juzgadora de origen consistente en la omisión de fijar un régimen de visitas y convivencia del menor de edad y los promoventes del amparo en su calidad de abuelos paternos, dentro del expediente familiar 10/2018, debe declararse inexistente; por ende, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 935/2022, promovido por **************** y **************** o ****************, por propio derecho, en contra actos de omisión que atribuyen a la titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los motivos expuestos en el considerado V del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguense las promociones señaladas en la cuenta al expediente en el que se actúa, para que surtan sus efectos correspondientes. Ahora bien, en relación a sus contenidos, se provee: (i) Se tiene a la tercera interesada **************, formulando sus alegatos en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, los cuales serán recepcionados en la fase respectiva de la audiencia constitucional. Asimismo, conforme al precepto 119 de la ley reglamentaria se tiene a la citada tercera ofreciendo como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana al presente asunto, las que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. (ii) I. Téngase a ************ aceptando la representación especial del menor en este asunto, sin que sea necesaria su comparecencia para el discernimiento respectivo, por las consideraciones que alude; además que protesta desempeñar el referido cargo fielmente y que no cuenta con impedimento legal para desempeñarlo. II. Se tiene por autorizados del promovente a las personas que refiere, en los términos que señala. III. Debido a que el promovente solicita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, por medio del Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación, con los nombres de usuarios Avisai85ivan y angeljsc, se procede a hacer del conocimiento a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice el alta del mismo. IV. Se toma nota del correo electrónico, el cual, de ser necesario se utilizará para mantener contacto entre dicha parte procesal y este órgano jurisdiccional, más no un medio para practicar notificaciones. V. De igual forma, se ordena notificar personalmente a la representante especial de mérito, en las instalaciones que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, todas las actuaciones procesales que obran en este juicio de amparo, para la defensa adecuada del menor impetrante de amparo. VI. Finalmente, se hace de su conocimiento que las iniciales correctas del menor son A.T.S., (************) para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la representante especial del menor y cúmplase.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que se encuentra señalada para hoy la audiencia constitucional; sin embargo, es necesario diferirse la misma debido a que se encuentra pendiente que el representante especial del menor se imponga de los autos; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para hoy se difiere para las doce horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. En la inteligencia que en caso de que las partes deseen estar presente en la audiencia constitucional que se lleve a cabo en el presente asunto, deberán generar la cita correspondiente para el día programado, atendiendo a lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del citado acuerdo para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. NOTIFÍQUESE.

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