Aleksei Tentory Vargas

Expediente 159/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
159/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Aleksei Tentory Vargas
  • Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho por el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se desechó la demanda que dio origen al mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Aleksei Tentory Vargas, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 159/2018. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Luego, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La resolución dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente JA-R-0225/2017-III. en la que se resolvió el recurso de reconsideración hecho valer por el ahora quejoso Aleksei Tentory Vargas, en contra del auto de tres de agosto de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio JA-1002/2017-I. Ahora bien, analizada la demanda de cuenta, se advierte que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos propios aseverados por el promovente del amparo. Cobra aplicación a lo anterior la tesis XVI.3o.C.T.9 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero 2013, Tomo 2, página 1440, con el siguiente rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE HECHOS PROPIOS DE LAS PARTES. EL REALIZADO EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO NO REQUIERE SER RATIFICADO PARA HACER PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El reconocimiento de hechos propios de las partes, a que alude el artículo 205 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual puede realizarse en la demanda, en la contestación de ésta o en cualquier otro acto del juicio, hace prueba plena sin necesidad de ratificación, toda vez que, a diferencia de otras legislaciones, el de la entidad no precisa ese requisito." Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran en tres momentos. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, si de los antecedentes relatados por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que fue sabedor del acto reclamado el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, surtiendo efectos la notificación personal que se le practicó el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, de acuerdo con el Articulo 92, fracción I, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por lo que el término de quince días para promover el amparo empezó a contar a partir del veinticinco siguiente y feneció el día quince de febrero del año en curso; sin tomar en cuenta los días veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero actual por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo; sin embargo, del sello de recibo estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, se advierte que la demanda fue presentada el veintidós de febrero de dos mil dieciocho. En consecuencia, la promoción de la demanda en relación con el acto referido, resulta extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que se esté frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 200094, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, con el siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así las cosas, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la misma ley, se desecha de plano la demanda respecto del citado acto reclamado, por su notoria e indudable improcedencia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa} Así lo acordó y firma la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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