Alejandro Rodriguez Flores
Expediente 1429/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Rodriguez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en este expediente. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, al Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, devuélvasele el anexo I consistente en el duplicado del proceso penal 411/2015 de su índice; se requiere a la autoridad responsable citada para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar su recibo. Se apercibe a la autoridad responsable aludida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá, una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCEROM INTERESADA N.M.G.H. A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 170), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 87 a 113), se concedió el amparo y protección a Alejandro Rodríguez Flores, para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor del quejoso Alejandro Rodríguez Flores, porque el acto reclamado atenta contra la garantía de legalidad contenida en el artículo 19, en relación con los diversos 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que sea requerido el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Alejandro Rodríguez Flores, en los autos de la causa penal 411/2015, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó Nallely Miriam González Hernández; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar los preceptos legales que sustentan su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos; y, b. Señalar con exactitud el lugar en que se ejecutó el delito de homicidio calificado, por el que se dictó el auto de bien preso. c. Valorar la totalidad del material probatorio para establecer si la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, está o no acreditada en la causa penal de origen. En el entendido de que, en caso, de que al valorar la declaración del procesado, aquí quejoso, el juez considere necesario integrar la prueba circunstancial, queda constreñido a revisar de forma pormenorizada, que se satisfagan los requisitos, que conforme a la legislación y la jurisprudencia aplicable, se requieren para su integración. d. Respetar los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución deben de observarse, para lo cual deberá resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes en la causa penal de origen, incluyendo desde luego, los argumentos que planteó el defensor del hoy inconforme, al momento en que se dio intervención durante la declaración preparatoria, en los que objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio el dictamen médico legal 1207 y el diverso dictamen en materia de criminalística 76. (.)" Mediante auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 127 a 129). Así, mediante oficio 840/2018/SRIA/IMPAR de catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla (foja 138), remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha en la causa penal 411/2015 de su índice (fojas 133 a 162). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 411/2015 de su índice, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Alejandro Rodríguez Flores, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó Nallely Miriam González Hernández (foja 140 vuelta). 2. El catorce e mayo de dos mil dieciocho, con plenitud de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra en el mismo sentido que la reclamada en esta instancia constitucional, en la que: a) Especificó los preceptos legales que sustentan su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos, pues señaló que los hechos que dieron origen a la causa penal sucedieron dentro de lugar donde ese juzgado ejerce jurisdicción, y que el delito que se trata resulta ser del fuero común, así mismo, citó y transcribió los dispositivos legales en que fundó su competencia (foja 141). b) Señaló con exactitud el lugar en que se ejecutó el delito de homicidio calificado materia de ese proceso penal, pues dijo que este sucedió a las cuatro horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil quince, en un lote baldío ubicado en calle Naranjo esquina con calle Heliotropos y calle gardenias de la colonia San Ramón Cuarta Sección de la ciudad de Puebla (foja 141, 155 y 156). c) Valoró la totalidad del material probatorio y señaló qué situaciones particulares y elementos configurativos del tipo penal tuvo por acreditado con cada uno de los elementos valorados; y, al analizar la declaración de Alejandro Rodríguez Flores en el apartado de responsabilidad penal, le otorgó valor indiciario en calidad de testigo, por lo que no la consideró como una confesión calificada divisible (fojas 157 vuelta a 159 vuelta). d) Respetó los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución deben de observarse, se ocupó de todas las cuestiones planteadas por las partes en la causa penal de origen, incluidos los argumentos que planteó el defensor de Alejandro Rodríguez Flores al momento en que se dio intervención durante la declaración preparatoria, en los que objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio el dictamen médico legal 1207 y el diverso dictamen en materia de criminalística 76, pues señaló que tal objeción resulta intrascendente en esa etapa del procedimiento, debido a que el defensor en cita no señaló el motivo de su incomodidad con el contenido de dichas pruebas, además que no aportó medio convicto suficiente y eficaz para justificar su objeción (fojas 155, 161 vuelta y 162). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 170), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 87 a 113), se concedió el amparo y protección a Alejandro Rodríguez Flores, para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor del quejoso Alejandro Rodríguez Flores, porque el acto reclamado atenta contra la garantía de legalidad contenida en el artículo 19, en relación con los diversos 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que sea requerido el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Alejandro Rodríguez Flores, en los autos de la causa penal 411/2015, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó Nallely Miriam González Hernández; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar los preceptos legales que sustentan su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos; y, b. Señalar con exactitud el lugar en que se ejecutó el delito de homicidio calificado, por el que se dictó el auto de bien preso. c. Valorar la totalidad del material probatorio para establecer si la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, está o no acreditada en la causa penal de origen. En el entendido de que, en caso, de que al valorar la declaración del procesado, aquí quejoso, el juez considere necesario integrar la prueba circunstancial, queda constreñido a revisar de forma pormenorizada, que se satisfagan los requisitos, que conforme a la legislación y la jurisprudencia aplicable, se requieren para su integración. d. Respetar los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución deben de observarse, para lo cual deberá resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes en la causa penal de origen, incluyendo desde luego, los argumentos que planteó el defensor del hoy inconforme, al momento en que se dio intervención durante la declaración preparatoria, en los que objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio el dictamen médico legal 1207 y el diverso dictamen en materia de criminalística 76. (.)" Mediante auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 127 a 129). Así, mediante oficio 840/2018/SRIA/IMPAR de catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla (foja 138), remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha en la causa penal 411/2015 de su índice (fojas 133 a 162). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 411/2015 de su índice, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Alejandro Rodríguez Flores, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó Nallely Miriam González Hernández (foja 140 vuelta). 2. El catorce e mayo de dos mil dieciocho, con plenitud de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra en el mismo sentido que la reclamada en esta instancia constitucional, en la que: a) Especificó los preceptos legales que sustentan su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos, pues señaló que los hechos que dieron origen a la causa penal sucedieron dentro de lugar donde ese juzgado ejerce jurisdicción, y que el delito que se trata resulta ser del fuero común, así mismo, citó y transcribió los dispositivos legales en que fundó su competencia (foja 141). b) Señaló con exactitud el lugar en que se ejecutó el delito de homicidio calificado materia de ese proceso penal, pues dijo que este sucedió a las cuatro horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil quince, en un lote baldío ubicado en calle Naranjo esquina con calle Heliotropos y calle gardenias de la colonia San Ramón Cuarta Sección de la ciudad de Puebla (foja 141, 155 y 156). c) Valoró la totalidad del material probatorio y señaló qué situaciones particulares y elementos configurativos del tipo penal tuvo por acreditado con cada uno de los elementos valorados; y, al analizar la declaración de Alejandro Rodríguez Flores en el apartado de responsabilidad penal, le otorgó valor indiciario en calidad de testigo, por lo que no la consideró como una confesión calificada divisible (fojas 157 vuelta a 159 vuelta). d) Respetó los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución deben de observarse, se ocupó de todas las cuestiones planteadas por las partes en la causa penal de origen, incluidos los argumentos que planteó el defensor de Alejandro Rodríguez Flores al momento en que se dio intervención durante la declaración preparatoria, en los que objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio el dictamen médico legal 1207 y el diverso dictamen en materia de criminalística 76, pues señaló que tal objeción resulta intrascendente en esa etapa del procedimiento, debido a que el defensor en cita no señaló el motivo de su incomodidad con el contenido de dichas pruebas, además que no aportó medio convicto suficiente y eficaz para justificar su objeción (fojas 155, 161 vuelta y 162). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Zacatlán Puebla, por medio del cual informa que recibió el oficio 841/2018/SRIA/IMPAR, mediante el cual el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, le comunicó que decretó auto de formal prisión o preventiva contra Alejandro Rodríguez Flores, por lo que realizó las anotaciones correspondientes en el expediente penitenciario de dicho quejoso; de lo que toma conocimiento la suscrita Juzgadora para los efectos legales a que haya lugar.
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