Alejandro Rodriguez Flores
Expediente 1112/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Rodriguez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de noviembre al diecinueve de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. Por tanto, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha quedado firme el mencionado auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Además, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, devuélvansele las copias certificadas de la causa penal ********************, que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado; requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; que asciende a un monto de $3,352.00 M.N. (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, a través del cual, informa lo siguiente: Que la diversa autoridad responsable Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio 4089/2014/S-PAR de once de noviembre del año en curso, le informó que decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, por el delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida llevó el nombre de Nallely Miriam González Hernández, lo anterior dentro de la causa penal 411/2015; por lo que, la autoridad oficiante procedió a realizar las anotaciones correspondientes. Así mismo, que el aquí quejoso ingresó al referido centro de reclusión el veintiuno de noviembre de dos mil quince, continuando en la población interna. Sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró cumplida la sentencia de amparo emitida en autos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 104 a 117), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Alejandro Rodríguez Flores, como sigue: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar los elementos del cuerpo del delito de feminicidio y determine si los elementos de prueba que obran en la causa penal son suficientes para acreditarlo en esta etapa procesa; debiendo exponer los motivos, circunstancias y razones que revelen que el actuar delictivo del sujeto activo tuvo su origen en el odio hacia el género femenino, atento a lo establecido en la presente sentencia. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, en la que se incluye el acto de ejecución, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." (foja 115). Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 197 a 199). Mediante oficio 4088/2014/SRIA-PAR de once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 208), la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha emitido en el proceso 411/2015, con el que dijo haber dado cumplimiento a la ejecutoria amparadora, y en el que se advierte que, el citado juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dio cumplimiento a los efectos siguientes: Dejó insubsistente el auto de término constitucional de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 209); Pronunció un nuevo auto de término constitucional, en el que, en lo conducente, consideró lo siguiente: ".de acuerdo a las constancias recabadas por el Agente del Ministerio Público Investigador, mismas que integran la presente causa, éstas resultan insuficientes para acreditar el injusto de FEMINICIDIO; ello en atención a que del examen del contenido de los autos, se precia que no existen datos suficientes, que nos lleven a determinar y en su caso a justificar, que al cometerse el injusto de que se trata el proceso en que se actúa, haya ponderado como elemento esencial del mismo y distintivo del diverso de homicidio, que la muerte de la víctima, obedeciera a circunstancias que denoten el odio hacia ella, por parte de su ejecutor, en razón de su género, pues como ya se dijo, no existe agregada probanza alguna que justifique, que el victimario actuó en contra de la sujeto pasivo del ilícito, a partir de algún odio denotado en contra de las mujeres." Atento a lo anterior, reclasificó el delito de feminicidio que se le imputara al inculpado, aquí quejoso y decretó auto de formal prisión en contra de Alejandro Rodríguez Flores, por el diverso delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó NALLELY MIRIAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, el hecho de haber reclasificado el delito el juez de origen resulta suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo en ese aspecto, tomando en consideración que en el presente caso la concesión de amparo fue por irregularidades formales, y tal situación no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores sino que dicho efecto consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso, o bien reclasificando el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 constitucional. En efecto, conforme al mencionado artículo 19 constitucional, al reservarse plenitud de jurisdicción al juez responsable en la sentencia que se cumplimenta éste podrá, en su caso, reclasificar el delito por el cual se ejerció la acción penal y de esta manera continuará con la instrucción, máxime que dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 103/2007-PS. siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." Luego, al haber reclasificado el juez responsable el delito de feminicidio, por el diverso ilícito de homicidio calificado, es inconcuso que, en ese aspecto, cumplió en sus términos la sentencia de amparo. Consecuentemente los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Alejandro Rodríguez Flores, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito y háganse entrega de las mismas a las personas que señala para tal efecto, previa razón que de su recibo se otorgue en autos. Indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve de la mañana a doce del día.
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