Alejandro Ramirez Flores

Expediente 484/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
484/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Alejandro Ramirez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro orden, devuélvanse las constancias de la causa penal 243/1998 (cuaderno de pruebas) exhibida por la autoridad responsable 1. Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, y requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente

  2. Principal

    S E N T E N C I A : V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 484/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado en esa misma fecha, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora 1. Secretario de Acuerdos, encargado del Despacho por ausencia accidental de la Titular del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Ejecutoras 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 3. Titular de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. ACTOS RECLAMADOS ".IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: LO SON LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN EMITIDA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, MIENTRAS SU REALIZACIÓN O EJECUCIÓN LA RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. DE LAS CITADAS AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO LA INCOMUNICACIÓN Y ORDEN DE REAPREHENSIÓN, QUE SE EJERCITÓ EN MI CONTRA EN FECHA MARTES 17 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE DENTRO DEL OFICIO NÚMERO ********************, SIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Y QUE SE ENCUENTRA RADICADA EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL DE PUEBLA QUE HA DICTADO EN CONTRA DEL HOY IMPETRANTE DE GARANTÍAS; ELLO, SIN HABERSE SEGUIDO JUICIO ALGUNO EN MI CONTRA QUE LLENE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, REAPREHENSIÓN EFECTUADA A MIS ESPALDAS SIN HABÉRSEME OTORGADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO EL ILEGAL ACOSAMIENTO Y APREHENSIÓN QUE EJECUTARON A DICHAS ÓRDENES GIRADAS POR LA ORDENADORA EN CONTRA DEL HOY GARANTE, PRIVANDO ILEGALMENTE AL QUEJOSO DE SU LIBERTAD PERSONAL, QUE POR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, NO SON DEL CONOCIMIENTO DE LA IMPETRANTE DE GARANTÍAS.". La parte quejosa, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 21 y 22 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Radicación y trámite. En acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte (fojas 13 a 20), se registró la demanda de amparo con el número 484/2020, y se admitió a trámite, se solicitó las autoridades responsables su informe justificado; se formó por separado el incidente de suspensión; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 44). TERCERO.- Autoridad inexistente. Por auto de catorce de agosto de dos mil veinte (foja 26), se agregó la razón de imposibilidad del Actuario Judicial adscrito a este Órgano Federal, en la que manifestó la imposibilidad de notificar a la autoridad denominada como 3. Titular de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; por ello, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de ese proveído precisara la denominacion correcta y completa de tal potestad, y se le apercibió que de no hacerlo, se tendría por inexistente; finalmente, por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el mencionado apercibimiento y se tuvo por inexistente a tal autoridad responsable (foja 60). CUARTO. Tercero Interesado. En acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla, a quien se ordenó emplazar por medio de oficio, lo que aconteció el catorce siguiente. QUINTO. Cita para audiencia. En acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte (foja 100), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa en su demanda, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promoverte y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: - La orden de reaprehensión dictada en contra del hoy quejoso y ejecutada el diecisiete de marzo de dos mil veinte; y, - La incomunicación. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por ausencia accidental del titular del Juzgado Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (fojas 35 y 29), al rendir sus respectivos informes justificados, y complemento de dicho informe (foja 82), negaron la existencia de los actos que se les reclama. Sobre este aspecto la citada secretaria de acuerdos encargada del despacho enfatizó que en ese juzgado está radicada la causa penal ********************, en la que se ha dictado sentencia firme, donde se impuso una pena privativa de libertad de veintitrés años, decretada en contra del hoy quejoso, previo descuento de la prisión preventiva, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de ********************. En el mismo sentido, señaló que el doce de octubre de dos mil quince, declaró procedente el incidente no especificado de adecuación de la pena, planteado por el peticionario de garantías y ordenó su inmediata libertad; sin embargo, tal determinación fue apelada por el representante social adscrito a ese juzgado; y, por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, revocó la sentencia interlocutoria apelada, y declaró improcedente otorgar el beneficio de reducción de la pena. Finalmente, concluyó que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ordenó la reaprehensión del sentenciado, para que cumpliera con la pena impuesta en la sentencia definitiva; y, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se ejecutó la privación de libertad del ahora accionante constitucional, quien fue puesto a disposición de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, a fin de que vigile el cumplimiento de la sentencia dictada en su contra. Para tal efecto, la 1. Secretaria de Acuerdos del juzgado responsable, remitió como apoyo a su informe justificado copia certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal ********************, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia -por tratarse de una documental pública- (cuaderno de pruebas I y fojas 67 a 70), y de las que se advierten las constancias relativas a los acontecimientos narrados por esa autoridad. Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, en autos no obra prueba alguna que desvirtúe las negativas de las autoridades responsables; puesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -seis de agosto de dos mil veinte-, no existía ya la orden de reaprehensión, ni la incomunicación reclamada, puesto que ese acto privativo de libertad fue ejecutado el diecisiete de marzo del año que transcurre, según se advierte del oficio ********************, signado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (fojas 675, del cuaderno de pruebas I); de ahí que no existan los actos que ahora reclama el quejoso. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirma, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades responsables y los actos reclamados. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no se ordenó el emplazamiento del tercero interesado -quien represente los intereses de la víctima del delito de homicidio calificado, que en vida llevó el nombre de ********************-, agraviado en la causa penal de origen; sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracciones IV, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo, se:

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano