Alejandro Ramirez Flores
Expediente 758/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Ramirez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en los cuadernos incidentales. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, por lista a sus autorizados procesales, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/2537/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Maribel Pereda Corvera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Maricela. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 758/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día hábil a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, , por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y, 2. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Actos reclamados De la sala responsable: la determinación de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca . Del juez penal responsable: la orden de reaprehensión emitida en su contra, en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la referida sala responsable. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte (fojas 6 a 16), se registró la demanda de amparo con el número 758/2020, se le dio trámite; y, se previno al quejoso para que en el término de cinco días, precisara si era su deseo o no, señalar como autoridad responsable ejecutora al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, quien conoce de la causa penal , que dio origen al toca de apelación , del índice de la sala responsable, de donde emana la resolución reclamada, y para que el quejoso proporcionara el domicilio cierto y actual de quien represente los intereses del occiso , así como su nombre completo, y si no lo conoce, manifestarlo bajo protesta de decir verdad, a fin de emplazarlo a juicio y tenga la oportunidad de probar y alegar en su favor sobre la constitucionalidad del acto reclamado. TERCERO. Desahogo de prevención y admisión de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte (fojas 20 a 24), previo escrito de desahogo de prevención, se admitió la demanda de garantías, se aperturó el incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 72). CUARTO.- Terceros interesados. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se tuvo como autoridad tercero interesada al Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien fue debidamente emplazado a este sumario constitucional (foja 31). Por otro lado, no pasa inadvertido que no se realizó el emplazamiento de la parte a quien le recae el carácter de tercero interesado (quien represente los intereses del occiso ); sin embargo, como se verá más adelante dicha situación no le irroga perjuicio alguno. QUINTO. Cita para audiencia. En acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte (fojas 96 y 97), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa en su demanda, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: a. De la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la determinación de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca ; y, b. Del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la orden de reaprehensión emitida el ocho de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal , en contra del quejoso, en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la referida sala responsable. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Certeza de los actos reclamados. Al respecto, la 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por conducto de su magistrada presidente y el 2. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado manifestaron que son ciertos los actos reclamados, consistentes en la determinación de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca ; y, la orden de reaprehensión emitida el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en contra del ahora quejoso, en el proceso penal , en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; en virtud de lo cual, se tiene plenamente probada la existencia de los actos que se les atribuyen. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora, con las copias certificadas de lo actuado en el toca de apelación (fojas 34 a 65); y, copias certificadas de diversas constancias deducidas de la causa penal (fojas 74 a 95), que la sala y juez responsables acompañaron a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyas constancias se advierte que el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se dictó dentro del toca penal , la determinación reclamada (fojas 44 a 49), y el ocho de octubre de dos mil dieciocho, se libró dentro de los autos de la causa penal , la orden de reaprehensión en contra del ahora quejoso, en cumplimiento a la citada resolución de apelación (fojas 84 a 85). Luego, son ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, es pertinente señalar que este juzgado de Distrito advierte la existencia del diverso juicio de amparo , y que en dicho expediente, el ahora quejoso , reclamó del 1. Secretario de Acuerdos, encargado del Despacho por ausencia accidental de la Titular del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, 3. Titular de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, la orden de reaprehensión dictada en su contra, dentro de la causa penal , ejecutada el diecisiete de marzo de dos mil veinte; y, la incomunicación (fojas 3 a 12, del juicio de amparo ). En el mismo sentido, se advierte que por autos dictados el dieciocho de agosto, uno y nueve de septiembre, todos del año en curso, en el referido juicio de amparo, en el primer acuerdo, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad ordendora -Secretaria Encargada del Despacho del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla-, en el que negó la existencia del acto privativo de libertad reclamado, sin embargo, realizó diversas manifestaciones de las que se advertía la existencia de la orden de reaprehensión reclamada y que dicha orden fue ejecutada el diecisiete de marzo de do smil veinte. En el segundo acuerdo, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo copia certificada de todo lo actuado en la causa penal , y se ordenó formar el cuaderno de pruebas I, asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron como pruebas de la responsable las citadas copias certificadas; y, en el tercer acuerdo, se tuvo a la responsable en cita, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el diverso auto de tres de septiembre del año en curso, y remitió copia certificada, completa y legible del auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la citada causa penal; cabe resaltar que dichos acuerdos se ordenaron notificar por medio de lista, lo que así sucedió los días diecinueve de agosto, dos y diez de septiembre, todos del año en curso (fojas 40 vuelta, 57 y 71 vuelta, del juicio de amparo ), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil - veinte de agosto, tres y once de septiembre, todos del mismo año-. Finalmente, se hace constar que el cinco de octubre de dos mil veinte, este órgano Federal determinó sobreseer en el referido juicio de garantías, puesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -seis de agosto de dos mil veinte-, no existía ya la orden de reaprehensión, ni la incomunicación reclamada, en virtud de que ese acto privativo de libertad fue ejecutado el diecisiete de marzo del año que transcurre, según se advierte del oficio , signado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (fojas 117 a 122, del juicio de amparo ); sentencia que causó ejecutoria el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 145 a 146, del juicio de amparo ). Lo que constituye un hecho notorio que se invoca de oficio, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Así como la diversa jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigesimo Segundo Circuito, con rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Ahora, atinente a los actos reclamados por el quejoso , a la 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la determinación de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca ; y, al 2. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la orden de reaprehensión emitida el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en contra del quejoso, en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la referida sala responsable, de oficio, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existen las siguientes jurisprudencias, las cuales no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la misma forma, se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De la lectura de los preceptos y jurisprudencias transcritas, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir los actos reclamados en a. la determinación de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca , por la sala responsable; y, b. la orden de reaprehensión emitida el ocho de octubre de dos mil diciocho, dentro de la causa penal , en contra del quejoso, en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Así, respecto del acto referido en el inciso a., el quejoso tuvo conocimiento el dos de septiembre de dos mil veinte, fecha en que se notificó por lista el auto dictado el uno del mismo mes y año, en el juicio de amparo , en donde se tuvo al juez responsable, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante auto de veintiuno de agosto del año en curso, y remitió copia certificada de todo lo actuado dentro de la causa penal , asimismo, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tuvo como prueba de la responsable la documental de mérito, a fin de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional; surtiendo sus efectos al siguiente día hábil -tres de septiembre de dos mil veinte - (foja 57, del juicio de amparo ) Ahora, respecto del acto referido en el inciso b., el quejoso tuvo conocimiento el diez de septiembre de dos mil veinte, fecha en que se notificó por lista el auto dictado el nueve del mismo mes y año, en el juicio de amparo , en donde se tuvo al juez responsable, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante auto de tres de septiembre del año en curso, y remitió copia certificada, completa y legible del auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal , asimismo, en términos de los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se tuvo como prueba de la responsable la documental de mérito, a fin de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional; surtiendo sus efectos al siguiente día hábil -once de septiembre de dos mil veinte - (fojas 71 vuelta, del juicio de amparo ). Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame, o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de ésta, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de los actos reclamados, a través de su defensor particular; sin embargo, contrario a lo que sostiene, de los autos que integran el diverso juicio de amparo , se advierte que el ahora quejoso, tuvo conocimiento del acto plasmado en el inciso a., el dos de septiembre de dos mil veinte, mientras que del diverso acto referido en el inciso b., el diez de septiembre de dos mil veinte. Fechas en que se notificaron por lista los autos dictados el uno y nueve del mismo mes y año, en el referido juicio de garantías, en donde se tuvo al juez responsable, dando cumplimiento a los requerimientos que se le formularon mediante los diversos proveídos de veintiuno de agosto y tres de septiembre del año en curso, y remitió copia certificada, de todo lo actuado en la causa penal , y copia certificada completa y legible del auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el referido porceso, y en términos de los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se tuvieron como pruebas de la responsable las documentales de mérito, a fin de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, tiene eficacia para demostrar que el promovente conoció del acto reclamado referido en el inciso a., el dos de septiembre de dos mil veinte, mientras que del diverso acto referido en el inciso b., el diez de septiembre de dos mil veinte. Entonces, el plazo de quince días para promover su demanda de amparo trascurrió a partir del siguiente día hábil, esto es, para el acto reclamado referido en el inciso a. del tres al veintiocho de septiembre de dos mil veinte; y, para el diverso acto referido en el inciso b., del once de septiembre al seis de octubre de dos mil veinte, en ambos términos, previo descuento de los días sábados y domingos, catorce y dieciséis por considerarse inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y el quince, en términos de la circular 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si la demanda de amparo que se analiza se presentó hasta el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; en tales condiciones, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Finalmente, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Por otro lado, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no se realizó el emplazamiento de la parte a quien le recae el carácter de tercero interesado (quien represente los intereses del occiso ); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción V, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por , contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso cuarto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso, en el lugar de su reclusión; por lista a los autorizados procesales, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de cinco de noviembre pasado, informa el nombre completo de las personas que representan los intereses legales de la parte agraviada Sergio Vicente Balcazar (occiso), dentro de la causa penal 243/1998, de su índice, así como el domicilio de dichas personas; al respecto, resérvese proveer lo conducente hasta la celebración de la audiencia constitucional. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el presente asunto, guarda estrecha relación con el diverso juicio de amparo 484/2020-E, de la estadística de este juzgado; por tanto, se ordena traerlo a la vista al momento de dictar sentencia en el este controvertido constitucional. Notifíquese por lista a las partes...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el informe previo de la autoridad 2. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por conducto de su representante; toda vez que el treinta de octubre de dos mil veinte se resolvió la suspensión definitiva en la presente incidencia, sin que el sentido del informe de cuenta cambie la misma. Cúmplase.
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