Alejandro Patricio Gonzalez Bautista
Expediente 1160/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Patricio Gonzalez Bautista
- Norma Daniela Gonzalez Bautista
- ALEJANDRO PATRICIO GONZALEZ BAUTISTA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el diez de enero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar la copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa CH-4592/2009/SPCHO, que remitió el agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, como justificación a su informe (fojas 627 y 628), y con las que se ordenó formar cuaderno de pruebas I, devuélvasele las mismas, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las citadas constancias. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento (1/2009).
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Alejandro Patricio González Bautista y Norma Daniela González Bautista, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en los diversos considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Intégrese a sus autos el oficio signado por el 2. Agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, con el que en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos del presente juicio de garantías, remite copia certificada de la CH-4592/2009/SPCHO, la cual contiene el oficio 2074 y constancias deducidas del triplicado abierto de la averiguación previa 692/2009/DMZS-V/AEDF-2/MIEDFST, en dos anexos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable antes referida ofreciendo como pruebas las documentales que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmese con los dos anexos que remite la oficiante, el cuaderno de pruebas I, del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante informa que las constancias que remite anexas a su oficio de cuenta es información considerada como reservada, debe tenerse con tal carácter la misma, dada la calificación que realizó la propia autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el apartado "A" del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procédase a colocar la carátula correspondiente al anexo I, de este juicio de garantías, a efecto de que las partes lo puedan consultar. Sin embargo, si bien las partes podrán tener acceso a dichas constancias para su consulta, no podrán ser grabadas o reproducidas por cualquier medio, en virtud de la calificación de reserva por parte de la autoridad responsable. Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES Y FORMACIÓN. Agréguese a los autos el oficio 1480-1-C del índice de este juzgado, al cual se adjunta copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 1313/2017-C, promovido por Alejandro Patricio y Norma Daniela, ambos de apellido González Bautista, con motivo de la separación de juicios ordenada el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en el referido sumario constitucional. En tales condiciones, fórmese expediente y regístrese con el número 1160/2018-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Ahora bien, conviene precisar que en razón de lo ordenado mediante resolución de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 1313/2017 de la estadística de este juzgado, respecto de la separación de juicios que dio origen al presente expediente, el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará respecto de los actos reclamados por Alejandro Patricio y Norma Daniela, ambos de apellidos González Bautista, al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades, derivados de la indagatoria CH-4592/2009/SPCHO, en específico, la orden de aseguramiento decretada sobre los bienes inmuebles cuya propiedad defienden, y su ejecución, que se traduce en la inscripción de dicho aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; así como la emisión del oficio 2074, por vicios propios. ADMISIÓN. Visto el oficio de cuenta y la copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 1313/2017-C, del índice de este órgano jurisdiccional; con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Alejandro Patricio y Norma Daniela, ambos de apellidos González Bautista, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 Constitucionales. AUTORIDAD INEXISTENTE. No ha lugar a tener como responsable a la autoridad que los quejosos denominaron como "Coordinador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla", ya por auto de nueve de julio del año en curso (fojas 376 y 377), dicha autoridad se tuvo por inexistente en el juicio de amparo 1313/2017-C del índice de este juzgado. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. INFORME JUSTIFICADO. De autos se advierte que ya obran los informes justificados requeridos a las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla (fojas 288 a 291), 2. Agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula Segundo Turno, cuya autoridad sustituta es el agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional -en su denominación actual y correcta- (fojas 509 a 524), 3. Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (fojas 390 a 398) y 5. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (fojas 399 a 410), por lo que no ha lugar a solicitarlos. Sin perjuicio de lo anterior, dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. SOLICITUD DE CONSTANCIAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. Tomando en consideración que el 2. agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó la existencia de los actos reclamados, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el improrrogable término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada de todo lo actuado en la indagatoria CH-4592/2009/SPCHO, en la inteligencia que dentro de las constancias en cita obra el oficio reclamado 2074 de su índice. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable referida con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no remita copia certificada completa y legible de las constancias necesarias, para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable mencionada, que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245 , en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251 , en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a ordenar la apertura de incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que es un hecho notorio que en el incidente de suspensión derivado del juicio 1313/2017-C, del índice de este juzgado, se dictaron el diecisiete de abril y el veinte de julio de dos mil dieciocho, la interlocutorias respectivas, en las cuales se resolvió negar la suspensión definitiva solicitada por los quejosos. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO(S) INTERESADO(S). Resérvese por el momento acordar tener como tercera interesada a persona alguna, hasta en tanto obren en autos las constancias requeridas en este proveído, pues sólo teniéndolas a la vista, se puede corroborar a quién le asiste tal carácter. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la parte quejosa, la documental que anexó a su escrito inicial de demanda. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el domicilio que indican en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indican en su escrito de demanda, por no proporcionar mayores datos de identificación de sus cédulas profesionales. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Alejandro Patricio González Bautista, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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