Alejandro Ramirez Chavez
Expediente 120/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 45 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Ramirez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que POR UNA PARTE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO Y POR OTRA SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que POR UNA PARTE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO Y POR OTRA SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, será destruido. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los autos originales del juicio laboral. remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Córdoba; devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que POR UNA PARTE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO Y POR OTRA SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que POR UNA PARTE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO Y POR OTRA SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, será destruido. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los autos originales del juicio laboral. remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Córdoba; devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NO ACUDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS AL QUEJOSO LA SENTENCIA QUE DICE SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, previa prevención, admitió la demanda bajo el número 120/2021; por ende, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a los terceros interesados y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveídos de doce y veinticinco de marzo, y trece de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazados a los terceros interesados. se tuvo por emplazada a juicio mediante edictos a la tercera interesada. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. ya que de ser cierto el acto reclamado, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado del Actuario de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, así lo manifestó al rendir su informe justificado. sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Máxime que del análisis de la resolución que se combate no se advierte que el actuario responsable haya tenido intervención alguna en su emisión. De ahí que el acto que se atribuye a dicha autoridad resulte inexistente y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta.6 Lo que además, se corrobora con las constancias deducidas del juicio laboral. remitidas por la citada Junta responsable en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, sin prueba en contrario, que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. por lo que el término de quince días hábiles siguientes al en que se ostentó conocedor de aquéllos (artículo 17 de la Ley de Amparo) transcurrió del veintidós de enero al quince de febrero del referido año; ello sin contar los días, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de febrero, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y del diverso numeral 9°, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el quince de febrero de dos mil veintiuno; 8 entonces, resulta oportuna. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las copias certificadas relativas al juicio laboral. remitidas por la Junta responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio fue precisado anteriormente, a saber. El veintinueve de abril de dos mil catorce. la Junta responsable dictó laudo en el referido expediente, promovido por. al tenor de los siguientes resolutivos. SÉPTIMO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. OCTAVO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia. NOVENO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.16 Por razón de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo. En principio, resulta infundado el concepto de violación "primero", en el que el impetrante sostiene medularmente que la resolución reclamada viola en su perjuicio la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no está fundada y motivada. En efecto, de la lectura de la resolución reclamada que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que aquí trasciende, que la Junta responsable sí citó los preceptos legales aplicables, pues a ese respecto invocó, entre otros, los artículos 616, 621, 761, 762, 837 y 838, de la Ley Federal del Trabajo, que regulan la substanciación del incidente de nulidad de actuaciones en el juicio laboral (fundamentación). Asimismo, la responsable expuso los razonamientos lógicos y jurídicos por los que consideró que el incidente de nulidad interpuesto por el apoderado legal del actor en el juicio laboral. en contra de la notificación de dos de junio de dos mil catorce, en la que le fue comunicado el laudo dictado en el asunto, resultaba improcedente; consideraciones a las que se hará amplia referencia en líneas posteriores (motivación). Por tanto, contrariamente a lo sostenido por el solicitante de amparo, el acto reclamado sí cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que debe reunir todo acto de autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Igualmente resulta infundado el concepto de violación identificado como "tercero" en el que el inconforme sostiene sustancialmente que la responsable omitió pronunciarse respecto de todos y cada uno de los agravios que formuló en el incidente de nulidad de actuaciones, como lo es relativo a que ".la actuaria al momento de realizar la diligencia de notificación de laudo definitivo no se cercioró de que estaba actuando en el domicilio del suscrito." Lo infundado de dicho motivo de inconformidad radica en que de la lectura de la resolución reclamada se advierte, en lo que trasciende que contrario a lo afirmado por el solicitante de la protección constitucional, la responsable sí dio contestación a todos y cada uno de los agravios que a ese respecto formuló en su escrito presentado el ocho de abril de dos mil dieciséis, a través del cual combatió la notificación de dos de junio de dos mil catorce, como se advierte en el cuadro siguiente. Lo anterior pone de manifiesto lo infundado del concepto de violación en análisis, relativo a que la responsable no se pronunció respecto de todos y cada uno de los planteamientos formulados por el actor incidentista aquí quejoso, en su escrito presentado el ocho de abril de dos mil dieciséis, a través del cual combatió la notificación de dos de junio de dos mil catorce. Por otro lado, resulta ineficaz el "cuarto" concepto de violación, en el que el peticionario de amparo aduce en síntesis que la Junta responsable inobservó que en la especie, no se le notificó de manera personal el cambio de denominación de dicha Junta, pues, insiste, al dejar de ser Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Entidad, y pasar a ser Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Entidad, dicho cambio dice debió haber sido notificado de manera personal, en términos de lo establecido por el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo; y no por lista de estrados como incorrectamente se realizó. La ineficacia del concepto de violación en análisis radica, esencialmente, en que constituye una repetición casi literal de uno de los agravios que el impetrante propuso en su demanda incidental. En efecto, como se indicó en líneas precedentes, al promover el incidente de nulidad de que se trata el inconforme expuso. De lo transcrito se desprende que el argumento que formula el quejoso, a título de concepto de violación, es una reproducción casi literal de uno de los agravios que a ese respecto formuló en el incidente de nulidad de trato, salvo algunas pequeñas diferencias y adecuaciones, por lo que es inconcuso que tal motivo de inconformidad, resulta jurídicamente ineficaz. Además, de la lectura integral de la resolución reclamada en comparación con el motivo de disenso en análisis, se advierte que el quejoso no combate de manera frontal las razones medulares que la Junta expuso al dar contestación al citado agravio expuesto por el inconforme en su demanda incidental, pues en aquélla determinación la responsable desestimó el argumento de trato, sobre la base de que la Ley Federal del Trabajo no establece que el cambio de denominación de una Junta deba ser notificado de manera personal a las partes, y que esa sola circunstancia (cambio de denominación), no causó perjuicio alguno al inconforme, pues dijo el juicio de origen se ciñó en todo momento a los lineamientos previstos en la citada ley laboral; sin embargo, el peticionario de amparo en su concepto de violación omite expresar las razones para evidenciar que tales consideraciones son violatorias de derechos humanos. También resulta ineficaz el concepto de violación identificado como "quinto", en el que el peticionario de amparo sostiene toralmente que la responsable varía los hechos de su demanda incidental, pues indicó que ". el suscrito no establecí día y hora de cuando me hice sabedor de la violación al procedimiento de notificación de laudo."; lo cual dice es falso, toda vez que ".de manera clara en mi incidente establezco que tuve conocimiento de dicha circunstancia el día de AYER, como se puede observar de la lectura del escrito incidental en el inciso A del capítulo de antecedentes.". La ineficacia de dicho motivo de disenso radica en que parte de una premisa falsa, esto es, se sustenta en el hecho de que la Junta responsable declaró "improcedente" el incidente de nulidad que planteó, entre otras cosas, por el hecho de que el inconforme fue omiso en señalar cuándo se hizo sabedor de la notificación impugnada; pero de lectura de dicha determinación se advierte que la responsable sí advirtió la circunstancia que plantea el inconforme, pues a ese respecto indicó .en el escrito incidental bajo el inciso A) del capítulo de antecedentes el trabajador menciona lo siguiente que me acabo de enterar el día de ayer, por lo que si su promoción fue recepcionada por esta Junta Especial el 8 de abril del año 2016, se infiere que el actor se enteró de la notificación que impugnó el día. de abril del año 2016, esto es, un año, diez meses y 3 días después de la notificación refutada. De igual forma, resulta ineficaz el "segundo" motivo de disenso, en el que el inconforme sostiene que la responsable suplió la deficiencia de la queja en favor del patrón, pues en la resolución reclamada invocó, sin que el demandado incidental lo planteara, los artículos transitorios de la reforma laboral de treinta y uno de noviembre de dos mil doce, que establecen la prorroga otorgada al personal jurídico de las Juntas para contar con el título y cédula profesionales, esto es, introdujo a la litis una cuestión que no fue planteada. La ineficacia del motivo de inconformidad en análisis radica en que, si bien es de explorado derecho que la litis en el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio laboral se integra sólo con la actuación impugnada, los agravios expresados por el actor incidental, e incluso, con la contestación a dichos planteamientos; también lo es que la Junta del conocimiento se encuentra en aptitud de citar como fundamento los preceptos normativos que estime pertinentes con el fin de dar contestación a los agravios formulados, lo invoquen o no las partes y, en consecuencia, resolver la cuestión que efectivamente le fue planteada. Por tanto, el hecho de que la responsable citara como parte de su fundamentación los preceptos normativos de la ley laboral a los que hace referencia el impetrante de amparo en su concepto de violación, no significa de modo alguno que haya suplido en favor de la parte demandada la deficiencia de la queja. Finalmente, es fundado pero ineficaz el "sexto" motivo de disenso, en el que el peticionario sostiene, en síntesis, que es irrelevante que al promover la incidencia se haya señalado como fecha del laudo el once de abril de dos mil catorce, cuando lo correcto es veintinueve de abril de ese año, ya que el incidente se planteó contra la notificación de laudo. Se sostiene lo anterior, pues aun cuando asiste razón al impetrante en el sentido de que el diferendo indicado resulta irrelevante y, por ende, no es un motivo que generara la "improcedencia" del incidente de nulidad planteado como incorrectamente lo consideró la Junta responsable; ello es insuficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, toda vez que lo cierto es que la responsable efectuó el análisis de la notificación reclamada al tenor de los agravios expuestos por el incidentista, esto es, efectuó el estudio de fondo de tal incidente, sin que se advierta queja deficiente que suplir en favor del quejoso. Por tanto, aun cuando la consideración que combate el impetrante en el concepto de violación que se analiza es incorrecta, subsisten los demás razonamientos lógico jurídicos en los que la Junta responsable fundó la resolución reclamada, los cuales, por sí, son suficientes para continuar rigiendo su sentido, esto es, la "improcedencia" del incidente de nulidad de notificación planteado. De ahí la ineficacia del motivo de inconformidad de trato. En atención a que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo debe expresarse en las sentencias de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el impetrante; y al no advertirse queja que suplir a favor del quejoso que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado; por tanto, resulta innecesario el análisis oficioso de toda la resolución reclamada. En tales condiciones, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. DÉCIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado. PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 120/2021, promovido por. contra el acto reclamado del Actuario de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a. contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, por los motivos expuestos en el considerando noveno de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente al quejoso, y por lista de acuerdos a los terceros interesados, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Glósese a sus autos el cuaderno de antecedentes formado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en el presente asuntó ya se dictó la sentencia correspondiente. Cúmplase.
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