Alejandro Morales Rodriguez

Expediente 596/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
596/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Morales Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo de once de octubre del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de?????? dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un dispositivo de almacenamiento de datos denominado USB, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido dispositivo correrá la misma suerte que este expediente. Asimismo, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Huatusco, Veracruz, las cuales obran en un tomo de pruebas, así como los discos de videograbación, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; a la parte quejosa por medio de lista.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo de once de octubre del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de?????? dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un dispositivo de almacenamiento de datos denominado USB, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido dispositivo correrá la misma suerte que este expediente. Asimismo, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Huatusco, Veracruz, las cuales obran en un tomo de pruebas, así como los discos de videograbación, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; a la parte quejosa por medio de lista.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que el fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, hace constar que no le fue posible notificar personalmente a los terceros interesados Jorge Sandoval García y Heriberto Hernández García, el proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que el domicilio señalado para tal efecto, no conocen a las personas buscadas. En tales condiciones, ante la manifiesta imposibilidad del actuario de poder llevar a cabo la notificación encomendada, hágase por lista la notificación de dicho auto, del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto los citados terceros interesados señalen nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. EL DIVERSO AUTO DICE Córdoba, Veracruz, a once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIII Distrito Judicial, con sede en Huatusco, y en atención a su contenido, en alcance a su oficio recibido en proveído de siete de julio del año en curso, téngase remitiendo un disco de audio y video de la audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte del proceso penal 33/2020 de su índice. Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco de audio y video que remite el Juez responsable para evitar su deterioro. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con los actos reclamados, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. Los actos reclamados en este asunto son. En el caso, se actualiza la improcedencia del presente juicio en relación con dichos actos reclamados, aunque por causas diversas. Causa de improcedencia en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a). Respecto de a) la dilación en el trámite de la apelación interpuesta por la fiscal que interviene en el proceso contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso en el expediente 33/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto que se combate. El artículo y la fracción invocada establecen. De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Ahora bien, como se adelantó en líneas precedentes, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante oficio 1811, de tres de junio de este año, la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 560/2020, en la que dicha Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía contra el auto de vinculación a proceso que se dictó contra el aquí quejoso en el proceso penal 33/2020. Lo anterior, en el sentido de ordenar la reposición parcial del procedimiento para el efecto de que el juez de control elabore una versión escrita de dicho auto y la notifique de manera personal a las partes, a efecto de que empiece a correr de nueva cuenta el término para impugnar dicho acto. Documental pública que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ello deriva que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre de dos mil veinte), la Tercera Sala de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, resolvió el recurso de apelación cuya dilación reclama el quejoso. Esto es, los efectos de la dilación que se combate han sido revocados, lo que implica que aquéllos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Así es, es incuestionable que la dilación en la tramitación del recurso de apelación de mérito, atribuida a la autoridad responsable, cesó en sus efectos, pues, como se vio, dicho medio de impugnación ya fue resuelto por el referido tribunal de alzada, lo que implica que la substanciación de dicho recurso se ha llevado a cabo hasta su conclusión. Luego, con la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 560/2020, de la estadística de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dejó de existir de forma total, inmediata e incondicional la dilación procesal combatida. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del referido acto. Causa de improcedencia en relación con el acto reclamado precisado en el inciso b). Por cuanto hace a b) la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida en el proceso penal de origen, en la que la entonces juez del conocimiento determinó que, en relación con la petición del fiscal tramitar el procedimiento abreviado, debía esperarse a que el tribunal de alzada resolviera el recurso de apelación interpuesto por dicho representante social contra el auto de vinculación a proceso; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice. Ahora, como se precisó, el quejoso reclama b) la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida en el proceso penal de origen, en la que se reservó tramitar el procedimiento abreviado solicitado por la fiscalía, hasta en tanto el tribunal de alzada resolviera el recurso de apelación interpuesto por dicha representación social en relación con el auto de vinculación a proceso dictado contra el impetrante. Sobre esa base, es patente que dicha determinación se trata de un acto que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días. Ello, pues el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Asimismo, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días hábiles que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tampoco se trata de una sentencia definitiva o laudo y resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente y se encuentre fuera del lugar del mismo, pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Finalmente, no se trata de un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal para que la demanda se promueva en cualquier tiempo, o contra los derechos individuales de ejidatarios o comuneros. Sentado lo anterior se tiene que, en el caso, la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte que se reclama, fue notificada al quejoso en la misma audiencia en que se emitió, esto es, al momento de su dictado, tal como se advierte de la videograbación de la audiencia contenida en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, es decir, el trece de octubre, y el lapso de quince días hábiles para promover la demanda de amparo previsto en el artículo 17, de la Ley de la Materia, inició el catorce de octubre y concluyó el seis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior, sin contar en dicho periodo los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, y uno de noviembre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; dos de noviembre de dos mil veinte, por haberse declarado como día no laborable en los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la Circular 17/2020, de veintiocho de octubre de dos mil veinte, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, finalmente, el veintitrés de octubre (en sustitución del veintiuno de ese mismo mes y año) y tres de noviembre, por haber suspendido labores la autoridad responsable, de conformidad con la Circular 20, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, firmada por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la ciudad de Xalapa, Veracruz, es evidente que se promovió una vez vencido el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia referidas en este auto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIII Distrito Judicial, con sede en Huatusco, y en atención a su contenido, en alcance a su oficio recibido en proveído de siete de julio del año en curso, téngase remitiendo un disco de audio y video de la audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte del proceso penal. de su índice. Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco de audio y video que remite el Juez responsable para evitar su deterioro. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con los actos reclamados, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. Los actos reclamados en este asunto son. En el caso, se actualiza la improcedencia del presente juicio en relación con dichos actos reclamados, aunque por causas diversas. Causa de improcedencia en relación con el acto reclamado precisado en el inciso. Respecto de a) la dilación en el trámite de la apelación interpuesta por la fiscal que interviene en el proceso contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso en el expediente. se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto que se combate. El artículo y la fracción invocada establecen. De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Ahora bien, como se adelantó en líneas precedentes, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante oficio 1811, de tres de junio de este año, la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca. en la que dicha Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía contra el auto de vinculación a proceso que se dictó contra el aquí quejoso en el proceso penal. Lo anterior, en el sentido de ordenar la reposición parcial del procedimiento para el efecto de que el juez de control elabore una versión escrita de dicho auto y la notifique de manera personal a las partes, a efecto de que empiece a correr de nueva cuenta el término para impugnar dicho acto. Documental pública que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ello deriva que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre de dos mil veinte), la Tercera Sala de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, resolvió el recurso de apelación cuya dilación reclama el quejoso. Esto es, los efectos de la dilación que se combate han sido revocados, lo que implica que aquéllos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Así es, es incuestionable que la dilación en la tramitación del recurso de apelación de mérito, atribuida a la autoridad responsable, cesó en sus efectos, pues, como se vio, dicho medio de impugnación ya fue resuelto por el referido tribunal de alzada, lo que implica que la substanciación de dicho recurso se ha llevado a cabo hasta su conclusión. Luego, con la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca. de la estadística de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dejó de existir de forma total, inmediata e incondicional la dilación procesal combatida. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del referido acto. Por cuanto hace a b) la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida en el proceso penal de origen, en la que la entonces juez del conocimiento determinó que, en relación con la petición del fiscal tramitar el procedimiento abreviado, debía esperarse a que el tribunal de alzada resolviera el recurso de apelación interpuesto por dicho representante social contra el auto de vinculación a proceso; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice. Ahora, como se precisó, el quejoso reclama b) la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida en el proceso penal de origen, en la que se reservó tramitar el procedimiento abreviado solicitado por la fiscalía, hasta en tanto el tribunal de alzada resolviera el recurso de apelación interpuesto por dicha representación social en relación con el auto de vinculación a proceso dictado contra el impetrante. Sobre esa base, es patente que dicha determinación se trata de un acto que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días. Ello, pues el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Asimismo, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días hábiles que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tampoco se trata de una sentencia definitiva o laudo y resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente y se encuentre fuera del lugar del mismo, pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Finalmente, no se trata de un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal para que la demanda se promueva en cualquier tiempo, o contra los derechos individuales de ejidatarios o comuneros. Sentado lo anterior se tiene que, en el caso, la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte que se reclama, fue notificada al quejoso en la misma audiencia en que se emitió, esto es, al momento de su dictado, tal como se advierte de la videograbación de la audiencia contenida en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, es decir, el trece de octubre, y el lapso de quince días hábiles para promover la demanda de amparo previsto en el artículo 17, de la Ley de la Materia, inició el catorce de octubre y concluyó el seis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior, sin contar en dicho periodo los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, y uno de noviembre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; dos de noviembre de dos mil veinte, por haberse declarado como día no laborable en los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la Circular 17/2020, de veintiocho de octubre de dos mil veinte, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, finalmente, el veintitrés de octubre (en sustitución del veintiuno de ese mismo mes y año) y tres de noviembre, por haber suspendido labores la autoridad responsable, de conformidad con la Circular 20, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, firmada por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la ciudad de Xalapa, Veracruz, es evidente que se promovió una vez vencido el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia referidas en este auto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto.

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