Alejandro Reyes Ruiz
Expediente 464/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Reyes Ruiz
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHO AUTO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Además, se determina que el presente expediente una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso d), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Finalmente, debido a que en la Secretaría de este Juzgado, se encuentran las copias del escrito de demanda exhibidas por los promoventes, atento a lo acordado en párrafos precedentes procédase a su destrucción
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo signado por ********, con ocho copias, sin anexos, contra actos del 1. Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 464/2021. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A ese respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese entendido, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 dela Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Expuesto lo anterior, en el caso, los promoventes Alejandro Reyes Ruíz y Mario García Salazar, reclaman la orden de traslado de donde actualmente se encuentran recluidos, esto es, Centro de Reinserción Social Penal de la Toma, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, a un Centro de Reinserción Social diverso; y atribuyen dichos actos, al Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. En esas circunstancias, en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no haber agotado la parte quejosa, previo a acudir a esta vía, "la petición administrativa" que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que pudo obtener la modificación, revocación o nulidad del citado acto. En efecto, de dicha disposición normativa deriva que el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad, que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado. En ese entendido, cabe destacar que de los artículos 1 y 2, así como primero y tercero transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se advierte que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social; y que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. La referida ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que se encuentra vigente desde el diecisiete de junio de dicha anualidad. Ahora, respecto al medio de defensa que debieron tramitar los quejosos antes de acudir al juicio de amparo, los artículos 107 al 117 de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución o de Control, regulan el mecanismo de protección denominado petición administrativa, el cual puede ser promovido para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, la subsanación de ésta. Asimismo, establecen que, en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses de los promoventes, éstos pueden formular controversia ante el Juez de ejecución o control según corresponda, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. En ese orden de ideas, la petición administrativa es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede recurrirla ante el Juez de ejecución o de control. Ante tal panorama, si los quejosos reclaman únicamente de las autoridades responsables, la orden de traslado y su ejecución, se concluye que el referido mecanismo de defensa y los preceptos resultan aplicables al caso, pues el citado acto surgió precisamente de la relación de hecho y de derecho que existe entre dichas autoridades y los peticionarios del amparo. Luego, los impetrantes debieron promover, previamente al juicio de amparo, la referida "petición administrativa", ante la propia autoridad penitenciaria que ordenó su traslado y, en su caso, impugnar la decisión relativa ante el Juez de control, medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual pudo ser modificado o revocado tal acto; y al no haberlo hecho así, se configura la aludida causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En el entendido de que no opera alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé la referida porción normativa, por el contrario, el citado mecanismo de control (peticiones administrativas), corresponde a un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, sin mayores formalismos para que el interno reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; con lo cual se pueden impugnar decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria ante el Juez de control, así como las omisiones de atender esas solicitudes, atento a que los quejosos tienen la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto paralizando de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión respectiva, por lo que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la prevista en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que esta última consigna para concederla, y tampoco uno mayor a aquél que se determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que significa que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada, frente a la autoridad correspondiente, en donde el interno podrá formular de viva voz sus inquietudes en las que reclame violaciones a su derecho a tener una vida digna y segura dentro del Centro de Reinserción Social, con la posibilidad de que en ese mismo acto se ordene el cese inmediato de lo reclamado y la restitución del derecho afectado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, este último en relación con el diverso 107, fracción I, constitucional, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, Décima Época, con registro 2018548, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." También se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia 1a. XXI/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023063, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10.) Y 1a./J. 58/2016 (10.). Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10.) y 1a./J. 58/2016 (10.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Similar criterio sostuvieron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja 76/2020 en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en esa misma ciudad, cuando resolvió la queja 162/2020 en sesión de veintiséis de noviembre del año pasado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda; y de conformidad con lo dispuesto en el 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como sus autorizados con facultades restringidas exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***********, ya que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República. De conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a los promoventes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, antes citado, requiérase al quejoso para que proporcione un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de él como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, consérvense por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la demanda de amparo, para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, se proveerá lo conducente. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del 1. Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades
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