Alejandro Mendez Polo

Expediente 298/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 36 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
298/2020
Año
2020
Actuaciones
36
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Mendez Polo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual, por una parte, SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE ASUNTO, Y POR OTRA, SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que a la tercero interesada, Secretaría de Seguridad Pública con sede en Xalapa, Veracruz, le transcurra el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que el sentido de dicha sentencia no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis número I.9º.T.13 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a foja 1872, tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA EL AMPARO. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por el tercero perjudicado contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito que niega el amparo por no causarle agravio alguno, ya que, por una parte, el acto reclamado quedó en sus términos al no otorgarse la protección constitucional y, por otra, porque tanto la promoción del juicio constitucional como sus recursos deben seguirse por parte interesada, esto es, por aquella a quien el acto reclamado o resolución combatidos cause un agravio personal y directo, lo que en el caso no acontece." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte, SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE ASUNTO, Y POR OTRA, SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación que remitiera la autoridad responsable, 1. Manuel Galeana Morales, Juez de Control, en representación del Titular de la Sala III que conforma el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual, por una parte, SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE ASUNTO, Y POR OTRA, SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que a la tercero interesada, Secretaría de Seguridad Pública con sede en Xalapa, Veracruz, le transcurra el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que el sentido de dicha sentencia no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis número I.9º.T.13 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a foja 1872, tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA EL AMPARO. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por el tercero perjudicado contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito que niega el amparo por no causarle agravio alguno, ya que, por una parte, el acto reclamado quedó en sus términos al no otorgarse la protección constitucional y, por otra, porque tanto la promoción del juicio constitucional como sus recursos deben seguirse por parte interesada, esto es, por aquella a quien el acto reclamado o resolución combatidos cause un agravio personal y directo, lo que en el caso no acontece." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte, SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE ASUNTO, Y POR OTRA, SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación que remitiera la autoridad responsable, 1. Manuel Galeana Morales, Juez de Control, en representación del Titular de la Sala III que conforma el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 298/2020, promovido por . contra actos del 1. Doctor Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz y otra autoridad, que consideró violatorios en su perjuicio de sus garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido por el secretario de guardia de este juzgado el diez de julio de dos mil veinte, . solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. C. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCEDIMIENTO Y PROCESO PENAL ORAL DEL XIV DISTRITO JUDICIAL DE CÓRDOBA, VERACRUZ, EL C. DR. OSCAR LUIS LOZADA HERNÁNDEZ, adscrito a la tercera sala penal del centro de readaptación social de la Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes Veracruz. 2. C. Director Del Centro De Readaptación Social De La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes Veracruz. IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades antes mencionadas reclamo los siguientes actos: 1. SON LOS SIGUIENTES: 1) EL AUTO DE LEGALIZACIÓN DE LA DETENCIÓN, 2) EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO; 3 EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA; 4) LA MEDIDA CAUTELAR PREVENTVA DE UN AÑO IMPUESTA EN CONTRA EL SUSCRITO .. dentro de la causa penal 83/2020, por los supuestos delitos de ultrajes a la autoridad, en la hipótesis de posesión simple del narcótico 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ denominado cannabis sativa o marihuana (sic), que violan mis garantías constitucionales de libertad, legalidad y estricto derecho en materia penal, presunción de inocencia, debido proceso, y otras. 2. EL AUTO DE LEGALIZACIÓN DE LA DETENCIÓN DECRETADO A LAS 17 HORAS DEL 20 DE MAYO DEL 2020, dentro de la audiencia, por el C. Juez De Control Del Juzgado De Procedimiento Y Proceso Penal Oral del XIV Distrito Judicial De Córdoba, Veracruz, El C. Dr. Oscar Luis Lozada Hernández, adscrito a la tercera sala penal, dentro del proceso penal 83/2020 en contra del quejoso, por los supuestos delitos de ultrajes a la autoridad. Y la hipótesis de posesión simple del narcótico denominado cannabis sativa o marihuana. (.) 3. EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA (sic) DICTADO A PARTIR DE LAS 13:31 HORAS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2020, decretado dentro de la audiencia por el C. Juez De Control Del Jugado De Procedimiento Y Proceso Penal Oral del XIV Distrito Judicial De Córdoba, Veracruz, Dr. Oscar Luis Lozada Hernández, adscrito a la tercera sala penal, dentro del proceso penal 83/2020 instruido en contra del quejoso, por los supuestos delitos de ULTRAJES A LA AUTORIDAD. EN LA HIPÓTESIS DE POSESIÓN SIMPLE DEL NARCÓTICO DENOMINADO CANNABIS SATIVA O MARIHUANA (sic), en contra de los policías aprehensores y de la salud pública. 4. LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA DE PRISIÓN PREVENTIVA de un año dictada dentro de la audiencia de fecha 20 DE MAYO DEL 2020 A LAS 18:44 HORAS, con base en el artículo 155 fracción XIV del código nacional de procedimientos penales que violenta mi presunción de inocencia, dejándome en indefensión jurídica ya que el CNPP no prevé medio de defensa. SIRVE DE APOYO LA TESIS DE JURISPRUDENCIA DE RUBRO; Época: Décima Época. Registro: 2018459 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: VI.2o.P. J/2 (10a.) Página: 2077 PRISIÓN PREVENTIVA. LA PENA MÁXIMA COMO ÚNICA RAZÓN PARA JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR, VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL, CONTENIDO EN LOS 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 3 Amparo indirecto 298/2020 ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 7 Y 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 5. EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DE TRES MESES, DECRETADO A LAS 13:34 HORAS DEL 25 DE MAYO DEL 2020, el cual q (sic) se equipara a la absolución de la instancia, y que se encuentra abolida, al ser excesivo el tiempo, y que permite a la fiscalía, mientras el proceso está detenido, buscar distintas evidencias para incriminarme. 6. TODA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SEÑALADA BAJO EL NÚMERO UIP/DXIV/F10/836/202 (sic), VALORADA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA EMITIR EL ACTO RECLAMADO, dada a conocer a las 17:13 horas del día 20 de mayo del 2020, en audiencia USADA EN MI CONTRA COMO DATO DE PRUEBA por la C. Fiscal Décima De La Unidad Integral De Procuración De Justicia Distrito XIV, De Córdoba Veracruz, misma que fue utilizada como medio de prueba en mi contra, al imputarme, con sus acuerdos, peritajes, actuaciones y diligencias realizados en audiencia ante el juez de control, y en que fundo su acto reclamado el ad quo, juez de control" (fojas 3 a 5). SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diez de julio de dos mil veinte se ordenó tramitar el presente juicio bajo el número 298/2020, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la participación que legalmente compete al representante social de la adscripción, y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (fojas 84 a 87). TERCERO. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Por auto de veintitrés de julio de dos mil veinte se tuvo como terceros interesados a Humberto Raziel Torres Acolt y Avelino Xolo Villasca (foja 117), y se ordenó su emplazamiento por diverso de dieciocho de agosto siguiente (fojas 121 y 122), el cual se llevó a cabo mediante edictos (foja 560). Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo como tercera interesada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa (fojas 567 y 568), la cual fue emplazada el cinco de noviembre del mismo año (foja 574). Finalmente, por autos de diecinueve de agosto de dos mil veinte (foja 127) y catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas 635 y 636), se tuvo como terceros interesados a la Fiscal Décima y Fiscal de Distrito, ambos de la Unidad Integral del XIV, Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, los cuales fueron emplazados el veintiuno de agosto de dos mil veinte (foja 132) y veintidós de marzo de dos mil veintidós (foja 641) respectivamente. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguida la secuela procesal, el doce de mayo del presente año, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. QUINTO. FORMACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al cual acompañó copia autenticada de las resoluciones de doce de mayo del presente año, por el que informó que dentro de los autos del proceso penal 81/2020, y su acumulada 83/2020, de su índice, se dictó auto de sobreseimiento parcial a favor del aquí quejoso ., derivado de la supresión del tipo penal de ultrajes a la autoridad, en atención a la Declaración de Invalidez del artículo 331 de Código Penal por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual se ordenó se pusiera en inmediata libertad al impetrante de 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 5 Amparo indirecto 298/2020 amparo, única y exclusivamente respecto del indicado ilícito, y se modificó la medida cautelar de prisión preventiva que en su momento se le impuso por la de presentación periódica. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso, .., reclama de las autoridades responsables lo siguiente: 1. El auto de legalización de detención de veinte de mayo de dos mil veinte. 2. La medida cautelar de prisión preventiva decretada el veinte de mayo de dos mil veinte. 3. El auto de vinculación a proceso de veinticinco de mayo de dos mil veinte emitido en su contra, por su probable participación en la comisión de los delitos de ultrajes a la autoridad y narcomenudeo en la hipótesis de posesión simple del narcótico denominado cannabis sativa o marihuana. 4. La determinación del plazo de investigación complementaria de tres meses, decretado el veinticinco de mayo de dos mil veinte. Todos éstos decretados dentro del proceso penal 83/2020, del índice del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz; y, 5. La carpeta de investigación UIP/DXIV/F10/836/2020. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los primeros cuatro actos reclamados del 1. Doctor Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz y del 2. Director del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con residencia en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, precisados en el considerando segundo de este fallo, ya que así lo señalaron al rendir sus informes justificados (fojas 99 y 100, así como 94). Lo que se corrobora con la copia autentificada de los archivos informáticos de las audiencias celebradas, relativas al proceso 83/2020, del índice del juzgado de la adscripción del juez responsable, contenidas en el disco versátil digital y en los registros escritos (fojas 102 a 107), remitidos por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado. La copia autorizada de los registros de las mencionadas audiencias cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por lo que respecta al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que cuenta con valor probatorio pleno. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, debido a que, por lo que hace al acto reclamado consistente en la carpeta de investigación UIP/DXIV/F10/836/2020, de la audiencia inicial de veinte de mayo de dos mil veinte se desprende que el defensor del quejoso hizo del conocimiento del juez de control que momentos antes de que ésta iniciara se le proporcionó copia de la mencionada carpeta, lo que implica que en esa fecha tuvo conocimiento de la existencia de la misma, por lo que en términos del artículo 18, de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda inició a correr el tres de agosto del mismo año. .En cuanto a las resoluciones sobre calificación de la detención y medida cautelar, emitidas el veinte de mayo de dos mil veinte, fueron notificadas al quejoso en esa misma fecha; y el auto de vinculación a proceso, así como la determinación del plazo de investigación complementaria, le fueron notificados el veinticinco de mayo de dos mil veinte; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones de dichas resoluciones surtieron efectos al día hábil siguiente, esto es, el tres de agosto del mismo año. Lo anterior, debido a que, por Acuerdos Generales número 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó restringir, en los términos ahí señalados, el acceso a los órganos jurisdiccionales, y se suspendieron los términos procesales; y mediante diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se determinó que a partir del tres de agosto de dos mil veinte se levantaba la suspensión de plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de ese año. Por tanto, el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda contra dichos actos, transcurrió del tres al veintiuno de agosto de dos mil veinte, sin contar los días ocho, nueve, quince y dieciséis, por ser inhábiles en términos del numeral 19 de la legislación de la materia, al corresponder a sábados y domingos. Luego, si .. promovió el juicio de amparo el diez de julio de dos mil veinte; entonces, la demanda fue presentada de manera oportuna. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN LO RELATIVO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN UIP/DXIV/F10/836/2020. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto consistente en la carpeta de investigación UIP/DXIV/F10/836/2020, de la Fiscalía Décima de la Unidad Integral del XIV, Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6º de la Ley de Amparo, ya que las actuaciones y diligencias tendientes a la integración de la investigación ministerial de que se trata, no le causa algún daño o perjuicio. En efecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente dispone lo siguiente. "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)". Del citado precepto legal se desprende que al Ministerio Público le corresponde la investigación y persecución de los delitos; de igual modo, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal correspondiente, de buscar y presentar pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados, así como ejercer acción penal ante la autoridad judicial. Por tanto, si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del justiciable, pues no le irrogan una afectación, ya que ésta, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no calificar de legal la detención del investigado y decretar en su contra auto de vinculación a proceso; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente han sido conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Sirve de apoyo, por los razonamientos que la conforman, la Jurisprudencia número I.2o.P.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de enero-junio del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO... ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto al acto reclamado consistente en la carpeta de investigación UIP/DXIV/F10/836/2020, atribuida a la Fiscal Décima de la Unidad Integral del XIV, Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN LO RELATIVO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, EN CONTRA DEL QUEJOSO, EN EL PROCESO PENAL 83/2020, Y SU EJECUCIÓN. En relación con el acto reclamado de que trata este considerando, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Motivo de improcedencia que opera cuando después de presentada la demanda de amparo, la autoridad responsable por actos propios destruye, de manera total e incondicional, el acto reclamado, esto es, vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes de presentada la demanda de amparo. Esa actuación de la autoridad responsable hace innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues logra resarcir la garantía violada como si se hubiera concedido el amparo, al cesar sus efectos. En el caso, el quejoso reclamó, en esencia, la resolución emitida en audiencia pública de veinte de mayo de dos mil veinte, en la cual el juez responsable decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el proceso penal 83/2020, que se sigue en su contra por el delito de ultrajes a la autoridad, cometido en agravio del servicio público, y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión simple de cannabis sativa, comúnmente conocida como marihuana; así como su ejecución. Sin embargo, por resolución emitida en audiencia pública de doce de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable dejó insubsistente dicho acto reclamado, pues declaró el sobreseimiento en el proceso penal únicamente en relación con el delito de ultrajes a la autoridad, y como consecuencia de ello dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y ordenó la libertad del impetrante ... Por tanto, el presente juicio de amparo es improcedente, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva de veinte de mayo de dos mil veinte, dictada en contra del quejoso en el proceso 83/2020, y su ejecución, por haber cesado los efectos de dicho acto. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia citada, se sobresee en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto de que se trata este considerando. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al 2. Director del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con residencia en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al no reclamarse por vicios propios. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni este juzgado advertirse de oficio, se procede analizar la constitucionalidad de los demás actos reclamados por el quejoso, ... SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Consideraciones previas. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues los actos reclamados son relativos a la materia penal y el quejoso es el imputado. Aunado a ello, cabe destacar que el análisis de constitucionalidad de los actos reclamados debe realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, ya que fueron dictados aplicando el sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los actos reclamados se analizarán con base en las disposiciones del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz en la época en que acontecieron los hechos. También es pertinente dejar precisado que ante el auto de sobreseimiento parcial a favor del aquí quejoso, ., derivado de la supresión del tipo penal de ultrajes a la autoridad, en atención a la Declaración de Invalidez del artículo 331 de Código Penal por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se analizarán los conceptos de violación dirigidos a combatir el auto de vinculación a proceso en lo referente al delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión de cannabis sativa o marihuana. Asimismo, previo al análisis de los conceptos de violación, debe destacarse que el estudio sobre la constitucionalidad de las resoluciones reclamadas debe realizarse únicamente con base en los aspectos debatidos en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión, ni tomar en consideración la carpeta de investigación. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 64/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos noventa y tres, del Libro I, Octubre de dos mil once, Tomo 2, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda". NOVENO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA CALIFICACIÓN DE DETENCIÓN. El quejoso señala, en su primer concepto de violación, que de la imputación, así como del informe policial homologado, se desprende que el fiscal y los aprehensores, respectivamente, manifestaron que éste iba caminando por la calle al momento de avistarlo e interceptarlo; por lo que asegura que no estaba cometiendo delito alguno, al no haberlo encontrado vendiendo o llevando droga alguna, que los testigos de cargo refirieron en su querella que no llevaba pertenencias, que tampoco se acreditó la existencia de dinero producto de la venta de estupefacientes, ni que haya tirado algo o que haya efectuado disparos con el arma afecta (fojas 22, 23, 24 y 26). Agrega que se violentaron en su contra los principios de legalidad y presunción de inocencia, ya que no obstante que no existe disposición alguna que faculte a las fuerzas policiales para detener a alguien por el simple hecho de ir caminando, sin que exista señalamiento alguno en su contra, fue detenido por los aprehensores basándose en que recibieron una llamada anónima en la que no se precisaron datos o nombres del denunciante o el denunciado (fojas 23 y 24). Aunado a lo anterior, manifiesta que se vulneró en su perjuicio del artículo 18 constitucional, debido a que al momento de interceptarlo, los testigos de cargo no contaban con orden de aprehensión o mandamiento legítimo en su contra para privarlo de su libertad, y tampoco se comprobó que cometió delito alguno como de manera unilateral señalaron (foja 26). Por otra parte, en su tercer concepto de violación, el quejoso refiere que del Informe Policial Homologado se desprende que los testigos de cargo señalaron que el día de los hechos recibieron una llamada del radio operador, a las once horas con veinticinco minutos, cuando estaban en la avenida Hidalgo esquina con Paso del Macho; que esta dirección corresponde a la esquina Noreste del Mercado Revolución, en pleno centro de la Ciudad de Paso del Macho, Veracruz; que a las once horas con veintiocho minutos arribaron a la calle Morelos y que esa dirección se encuentra una cuadra arriba de donde se encontraban y tardaron tres minutos en llegar al punto donde dicen que avistaron a una persona que iba caminando, es decir, sin cometer delito alguno (foja 29). Indica que no se proporcionó el nombre del radio operador que recibió la llamada anónima y tampoco se aportaron los registros de grabación de las llamadas recibidas en la Delegación Fortín de la Policía Estatal ni en la carpeta de investigación para comprobar la veracidad de la llamada (foja 30). En su cuarto concepto de violación, el impetrante señala que del análisis del contenido del Informe Policial Homologado, de la puesta a disposición, de la carpeta de investigación y de la imputación hecha en su contra, se desprende que los aprehensores lo avistaron sin existir un señalamiento directo en su contra; que ellos determinaron que él era la persona que reunía las características de la denuncia anónima, sin embargo, sólo iba caminando sin que se apreciara que desplegaba conducta ilícita, por lo que considera que en la especie no se acredita la flagrancia y, por tanto, no existía razón para interceptarlo y menos para detenerlo (fojas 30 y 31). Precisa que los policías refirieron que se puso nervioso y que apresuró el paso, lo cual considera muy subjetivo, dado que ellos no pueden determinar su conducta y pensamientos y concluir que se encontraba en dicho estado mental, ya que eso sólo lo puede determinar un psicólogo u otro especialista; además, asegura que es del dominio público que cualquier persona se atemoriza al ver policías con tantos abusos y excesos que dice cometen y que a diario se ve en las noticias; máxime que apresurar el paso no es darse a la fuga, ni emprender huida alguna, y que eso no los faculta para detenerlo (foja 31). Señaló, en el cuarto concepto de violación, que el policía sostuvo que le marcó el alto por el altoparlante de la patrulla con comandos de voz, y que no se detuvo; y que de ser así no tenía por qué detenerse, debido a que refiere que no estaba cometiendo delito alguno ni el agente policíaco tenía facultades para interceptarlo con fuerza, por lo que asegura que con ello se violó su libertad de tránsito (foja 31). Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, toda vez que de la resolución de calificación de detención se advierte que el juez responsable analizó la flagrancia de la comisión del hecho, partiendo de la premisa de que la detención del quejoso obedeció a que los aprehensores fueron agredidos por éste con un arma de fuego, por lo que estimó actualizada la hipótesis prevista por el artículo 146, fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimiento Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: (.) II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente". Destacó, la responsable, que cuando el policía Humberto Raziel Torres Acolt se trasladó a la calle Morelos de Paso del Macho, Veracruz, a las once horas con treinta y ocho minutos, advirtió a un sujeto que se puso nervioso, por lo que, por comandos de voz le pidió que se detuviera, a lo que dicho sujeto efectuó dos disparos en su contra; que en ese momento ya se estaba cometiendo un hecho con apariencia de delito, por lo que al no obedecer al comando de que se detuviera, el mencionado sujeto implícitamente procedió a darse a la huida hasta llegar a la calle Zaragoza, intentando disparar de nueva cuenta a los elementos, pero el arma no accionó, es por ello que se hincó y puso a un costado el arma de fuego, que cuando se le acercó el elemento policial antes mencionado, el sujeto se le avalanzó, por lo que tuvo que someterlo por la fuerza, y que al revisar la mochila que traía detectó en su interior el enervante afecto. Datos que el juez estimó satisfacen el supuesto del dispositivo en estudio, al considerar que la agresión a los servidores públicos y la posesión del narcótico no permitida por la Ley General de Salud, implicó que sí existió flagrancia en la detención; por lo que desestimó lo expuesto por la defensa, en el sentido de que la flagrancia debía analizarse a partir de la denuncia anónima en la que supuestamente se observó que previamente el aquí quejoso llevaba a cabo actos de venta del estupefaciente, dado que, además de la agresión a los mencionados agentes, el hecho con apariencia de delito que presenciaron fue el de posesión de dicho narcótico y no su venta a terceros; y declaró legal la detención en flagrancia, ante el hecho de que el imputado fue sorprendido cometiendo un hecho con apariencia de delito, y perseguido de manera ininterrumpida materialmente hasta que se logró su detención (minutos 01:37:26 a 01:43:00 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). El quejoso sostiene que la primera solicitud de que detuviera su andar fue porque los agentes advirtieron que se encontraba nervioso y aceleró el paso, y que ello era suficiente para detenerlo; sin embargo, dicha actuación de los agentes aprehensores no constituyó una detención arbitraria, dado que no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma. Se dice lo anterior, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito, lo cuales convergen en tres niveles de contacto: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente En lo conducente, se invoca como apoyo la tesis 1a. XCIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 1096, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que se transcribe a continuación: "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía". En el caso que nos ocupa, los agentes del orden sólo ejercieron el primer nivel de contacto para proceder a la detención del quejoso, ya que ante la solicitud por parte de éstos de que detuviera su marcha (que en este caso se motivó al advertir que se puso nervioso ante su presencia); el impetrante procedió a agredirlos con un arma de fuego, lo cual constituye una conducta ilícita cometida de manera flagrante. Por ende, si la detención del quejoso se efectuó debido a que, al coincidir con una descripción genérica de una denuncia anónima, demostró nerviosismo ante su presencia y al solicitarle que se detuviera, en vez de hacer caso a dicha petición les efectuó dos disparos con un arma de fuego e intentó huir, iniciando la persecución, la cual terminó sobre la calle Morelos, a la altura de la calle Zaragoza, en Paso del Macho, Veracruz, procediendo a asegurarlo; y en la revisión se detectó el enervante afecto dentro de una bolsa que traía; entonces, es evidente que la detención se efectuó en flagrancia, por lo que fue legal la determinación del juez responsable. Por otra parte, el quejoso señala, en su sexto concepto de violación, que se transgredió en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Federal y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 244, 245 y 246 de la Ley Estatal de seguridad Pública y lo dispuesto en los tratados internacionales, ya que es falso que el policía . se haya identificado con él, que le haya leído sus derechos y que procediera a asegurarlo a las once horas con cuarenta y cinco minutos, que no existe dato de prueba que corrobore el dicho del mencionado aprehensor, y que fue en la fiscalía cuando le informaron sus derechos, hasta las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, habiendo estado incomunicado desde el momento de su detención, esto es, desde las once horas con cuarenta y cinco minutos, hasta las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos (fojas 36 y 45). Lo expuesto a ese respecto es ineficaz, dado que de la imposición de la audiencia inicial se advierte que en la solicitud de la legalización de la detención del quejoso, elfiscal destacó que una vez que éste fue detenido, se le hicieron de su conocimiento sus derechos, como se transcribe a continuación: ".por lo que siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, el policía se acerca hacia la persona y se identificó como policía estatal y éste se le va encima negándose a someter por lo cual tuvo que utilizar el uso de la fuerza corporal y una vez que logra someterlo procedió a dar lectura a los derechos, refiriendo llamarse .. (minutos 00:18:28 a 00:18:59 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). Lo cual fue considerado por el juez de control al momento de calificar la detención del quejoso, al señalar que sí se hicieron de su conocimiento sus derechos, en relación con lo cual no hubo oposición por parte de la defensa, como a continuación se reproduce, en su parte conducente: ".si se da la flagrancia en base a que fue sorprendido cometiendo el hecho con apariencia de delito y fue perseguido y de manera ininterrumpida materialmente y se logró la detención, leyéndole los derechos, que valga decir, me refería en un principio que no había sido ésto así, sin embargo, de la exposición que hace la fiscalía y no existiendo oposición por parte de la defensa debemos de establecer que sí existe dicha lectura y que consta ella dentro de las constancias que integran el libreto relativo a la carpeta de investigación." (minutos 01:42:47 a 01:43:23 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). En ese entendido, si no se impugnó ante el juez de control la omisión de dicha lectura de derechos no puede analizarse en este asunto, ya que de ser así se transgredería el principio de contradicción. El quejoso señala, en su primer concepto de violación, que se violaron en su perjuicio la Constitución Política y las leyes que de ella emanan, debido a que su puesta a disposición de la fiscalía no se llevó a cabo de inmediato al haber transcurrido casi ocho horas, entre ésta y su detención, sin que exista justificación legal para ello (fojas 25, 26 y 27). En el sexto concepto de violación refiere que del análisis del Informe Policial Homologado, la puesta a disposición y las actuaciones de la carpeta de investigación, se advierte que pasaron casi ocho horas desde su detención hasta su puesta a disposición de la fiscalía décima de Córdoba, lapso que no comprueban ni los policías ni la fiscalía el por qué tardaron ese tiempo en ponerlo a disposición de la autoridad competente, ni en la carpeta de investigación ni en la audiencia ante el juez de control (fojas 36 y 37). Refiere que al objetar y combatir su defensa por las ocho horas transcurridas desde su detención hasta la puesta a disposición, solicitó que no se legalizara su detención y no se le vinculara a proceso; y la fiscalía aseguró que del lugar de los hechos, es decir, del centro de Paso del Macho, Veracruz a las instalaciones de la fiscalía hay ciento cincuenta y dos kilómetros de distancia, lo anterior, para tratar de justificar las ocho horas que demoró su puesta a disposición, y también trató de justificar el tiempo de traslado desde el lugar de los hechos a la Delegación Estatal de Seguridad Pública de Fortín; siendo que del centro de Paso del Macho, Veracruz, a la mencionada Delegación median treinta y nueve punto ocho kilómetros, los cuales se recorren aproximadamente en cincuenta y siete minutos; y de la mencionada delegación a la fiscalía de Córdoba median nueve punto tres kilómetros de distancia y diecisiete minutos de recorrido, haciendo un total de cincuenta punto dos kilómetros y setenta y cuatro minutos de recorrido, con lo que considera se comprueba la falsedad con la que se condujo la fiscalía ante el juez de control (foja 38). 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ Sin embargo, sus argumentos son ineficaces, porque aun cuando su detención haya sido realizada aproximadamente a las once horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veinte, y puesto a disposición de la fiscalía a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del mismo día; la fiscalía expuso en la audiencia inicial que ello obedeció a que a partir de las doce horas con quince minutos, el quejoso fue resguardado en la patrulla, se procedió a embalar los indicios encontrados, se inició con el llenado de la cadena de custodia y del informe policial homologado, y a las doce horas con treinta y cinco minutos se le trasladó del lugar de detención, que fue de la Ciudad de Paso del Macho, Veracruz, a la Delegación de la Policía Estatal de Fortín, Veracruz, donde se obtuvo el folio de detención, la certificación médica, se finalizó la elaboración del Informe Policial Homologado y se generó el oficio de puesta a disposición, culminando todas estas diligencias a las quince horas con cuarenta minutos, por lo que procedieron al traslado del quejoso a la fiscalía, poniéndolo a su disposición, quien calificó la flagrancia a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos (minutos 00:20:06 a 00:23:40 del archivo 1403008320PP012005201- copia _federal). En ese entendido, no obstante que del inicio del traslado del quejoso de la delegación de policía a la calificación de la flagrancia transcurrieran más de tres horas, esto es, de las quince cuarenta a las diecinueve treinta y cinco; con independencia de la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos que intervinieron en éste, la consecuencia sería dejar sin efectos la declaración del detenido, así como los datos de prueba obtenidos que tengan como fuente directa la demora injustificada; y en el caso en estudio, de las solicitudes de calificación de detención y de vinculación a proceso se advierte que la fiscalía no invocó como dato de prueba la entrevista del imputado, además de 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 29 Amparo indirecto 298/2020 que tampoco se demostró que alguno de dichos datos se hubiere obtenido con motivo de la mencionada dilación. En lo conducente, resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 1a./J. 8/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 723, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que se reproduce a continuación: "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN. Esta Primera Sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. En ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-, para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos sustanciales: a) la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción; y b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso, 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ pues conforme a los parámetros establecidos por esta Primera Sala, la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro constitucional de la flagrancia". Ahora bien, los conceptos de violación que se relatarán a continuación son ineficaces, ya que los argumentos que comprenden no se hicieron valer ante el juez responsable en el momento oportuno. El quejoso señala en el apartado de antecedentes del acto reclamado, a manera de motivo de disenso, que su detención fue llevada a cabo de manera diferente a la que se plantea en el Informe Policial Homologado (foja 19), ya que aduce que el día de los hechos, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, salió junto con su esposa al centro de Paso del Macho, Veracruz, y se despidió en la esquina de Zaragoza y Morelos, ya que ella iría a comprar comestibles y él se dirigió a visitar a su hijo en casa de sus abuelos, ubicada en calle revolución entre lagunilla y primero de mayo de la mencionada Ciudad. Indica que justo una esquina antes de llegar a la casa de su hijo, aproximadamente a las doce horas, fue detenido en las calles Francisco Villa, esquina con Lagunilla, de la mencionada población, sin haber cometido delito alguno ni que mediara o le mostraran orden de aprehensión alguna; que de ese lugar fue trasladado a los separos de la Policía Municipal de Paso de Macho, Veracruz, donde le tomaron fotografías y salió publicada su foto en el periódico "El Buen Tono", de Córdoba, Veracruz, en la edición de diecinueve de mayo de dos mil veinte, en la que se aprecia en el fondo el logotipo de Seguridad Pública del mencionado Municipio. También refirió que en dichas instalaciones fue objeto de actos de tortura y vejaciones, lo golpearon y amenazaron 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 31 Amparo indirecto 298/2020 de muerte, pues querían obligarlo a firmar documentos y aceptar que llevaba armas y droga, a lo cual se negó; posteriormente, esposado y golpeado, lo subieron a la patrulla de los estatales y pudo darse cuenta que lo anduvieron paseando un rato, pues daban vueltas y escuchó que hacían llamadas y se hablaban entre ellos y por el radio, y lo golpearon; que lo llevaron a varios lugares y uno parecía ser una instalación de policía, donde lo obligaron a disparar un arma de fuego, siempre amenazándolo y golpeándolo; que perdió la noción del tiempo y por los golpes supone que se desmayó, pues cuando recuperó el sentido ya lo llevaban a la fiscalía y ya era muy tarde, al parecer a las siete de la noche, que en ese lugar lo revisaron, le hicieron pruebas y le dijeron que estaba detenido por posesión de un arma y droga. Sostiene que existen muchas contradicciones y no son concordantes con la puesta a disposición de los policías ante la fiscalía, ni con la consignación hecha por el fiscal ante el juez de control, y no coinciden con la imputación realizada en las audiencias en su contra por la fiscalía (foja 20). Señala, además, que no coinciden las direcciones con las coordenadas geográficas que los policías estatales asentaron en su informe oficial homologado, que no concuerdan con los lugares, las distancias, la hora y los tiempos de la persecución de la que fue objeto (foja 21). Asimismo, manifiesta que no existen datos de prueba que pongan en evidencia que el día de los hechos llevara consigo un arma ni de que la haya disparado contra los policías; y tampoco que llevara consigo bolsa alguna con estupefaciente, ya que, aduce, sólo se cuenta con la afirmación unilateral de los policías estatales, sin que haya algo que lo corrobore, violando de esta manera el principio de derecho "el que afirma está obligado a probar" (foja 21). 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ Agrega que no hubo un levantamiento por parte de los peritos en el lugar de los hechos del arma, cartuchos y droga, que los peritajes fueron realizados horas y días después de los hechos y que de éstos sólo se desprende que el arma asegurada es útil para hacer disparos, que la yerba seca es marihuana, empero no que las hubiera llevado consigo el día de su detención (fojas 21 y 22); que no existe un levantamiento en la escena del crimen, no se llamó a los servicios periciales ni a la autoridad más cercana (fojas 23 y 24). En su segundo concepto de violación, el quejoso sostiene que en el Informe Policial Homologado no se funda ni motiva el por qué sólo iban dos policías en una patrulla, cuando asegura que conforme al artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, la célula básica que debe de ir en una patrulla se integra mínimo con tres agentes; y tampoco se explica en dicho informe la razón por la cual no patrullaban en convoy de dos tres patrullas, además de que no contaban con mandamiento escrito para realizar servicios de seguridad, vigilancia y prevención en la Ciudad de Paso del Macho, Veracruz, al ser ésta competencia de la policía municipal y no existir convenio alguno con el Gobierno del Estado (fojas 27 y 28). Refiere que no obstante que del Informe Policial Homologado se desprende que los agentes aprehensores aseguraron que el día de los hechos transitaban sobre la calle denominada "Norte 8", de Paso del Macho, Veracruz, no se acreditó que existiera la mencionada vialidad en la referida ciudad (fojas 27 y 28). Además, manifiesta que se violentó en su contra su garantía de presunción de inocencia, ya que refiere que fue abordado con motivo de una llamada anónima de una persona que no aportó sus datos personales y que no lo identificó por su nombre, que sus datos son vagos e 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 33 Amparo indirecto 298/2020 imprecisos, pues refiere que es del dominio público que muchas personas visten de mezclilla y tenis y cualquier persona puede llevar playera azul y chaleco oscuro; que en la descripción anónima del sujeto avistado que se dijo ser del sexo masculino, no se precisó su color de piel y ojos, cabello rizado o castaño, corto o largo, cicatrices o señas en la cara o en las manos, forma de la cara, es decir, es imprecisa y sin señalamiento directo, porque bien pudo ser una mujer vestida de hombre con pantalones (foja 30). También indica que en la llamada anónima no se precisó a qué altura de la calle Morelos se encontraba el sujeto, y en el caso dicha vialidad atraviesa casi toda la población, siendo aproximadamente doce cuadras (foja 30). Asimismo, señala que los hechos denunciados por los aprehensores carecen de razonamiento y lógica, ello en atención a que si el día de los hechos, a las once horas con veintiocho minutos, los aprehensores advirtieron que el quejoso apresuró el paso, y a las once horas con treinta y ocho minutos, le disparó al policía Humberto Raziel Torres Acolt, entonces se suscitó una persecución de diez minutos, lo cual, en una patrulla a marcha lenta en pleno centro de Paso del Macho, a una velocidad de quince kilómetros (quince mil metros) por hora (que tiene sesenta minutos), da como resultado que iban a una velocidad de doscientos cincuenta metros por minuto; por lo que concluye que fue perseguido a lo largo de dos kilómetros y medio, lo cual es el doble de la longitud de la calle donde se efectuó dicha persecución, la cual asegura es de aproximadamente uno punto un kilómetros (fojas 31 y 32). Circunstancias que asegura no pudieron acontecer tomando en consideración de que los mencionados hechos sucedieron en la misma cuadra, y no pudieron transcurrir diez minutos de persecución; además de que asegura que de 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ haber realizado disparos en contra de los aprehensores, al menos le habría causado daños a la patrulla en que circulaban (foja 32). Señala, además, que en la especie no se justificó ni comprobó por qué siendo una zona céntrica tan concurrida no se arremolinó o huyó la gente o hubo caos por los disparos; además de que no se informó el por qué no se apersonó al lugar la policía municipal, y que no se comprobó que los aprehensores hayan informado de inmediato a la fiscalía o a sus superiores los hechos ni hayan solicitado apoyo (foja 33). Asimismo, el quejoso refiere que no se aportó en la audiencia evidencia alguna ni videograbación o testigos de los hechos, de la persecución y de los disparos, sino sólo el dicho unilateral de los aprehensores; además de que debieron aportar la videograbación de su unidad como lo establece el artículo 64 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (foja 33). Por otra parte, el quejoso afirma en su quinto concepto de violación, que de la imposición del Informe Policial Homologado, de la querella formulada por los aprehensores y la imputación realizada por la fiscalía, se advierte que refirieron que éste se dio a la fuga, esta vez corriendo, y los aprehensores lo siguieron a bordo de la patrulla, llegando a la calle Zaragoza esquina con la calle Morelos, eso es, a la siguiente calle, es decir, a una cuadra, y para ello transcurrieron dos minutos, que en ese lugar, a las once horas con cuarenta minutos nuevamente se le marcó el alto con el altoparlante, donde el quejoso se hincó y se rindió; lo cual considera ilógico ya que si en dos minutos se avanzó una cuadra, cómo se explica que antes avanzaron una cuadra en diez minutos (fojas 34 y 35). 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 35 Amparo indirecto 298/2020 Agrega que las coordenadas donde los aprehensores aseguran que se llevó a cabo su detención son diferentes a las que aportó la fiscalía en su imputación; y que éstas además son diferentes a las asentadas en el peritaje respectivo (fojas 35 y 45). En su sexto concepto de violación, el impetrante señala que del análisis del Informe Policial Homologado, la puesta a disposición y las actuaciones de la carpeta de investigación, se advierte que después de detenerlo, no fue puesto a disposición de la autoridad más cercana, esto es, la fiscalía de Paso del Macho, sino que indebidamente lo llevaron a sus instalaciones de la Delegación de Fortín (fojas 36 y 37). Refiere, además, que en la especie se violentó lo establecido por el artículo 55, fracciones XIV y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, al no haberse justificado con dato de prueba alguno, la razón por la que los aprehensores no llamaron a la fiscalía y a los peritos, dado que era su obligación preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, así como el resguardo, custodia de los indicios y las evidencias (fojas 38 y 45). Asimismo, el quejoso señala que los artículos 16 constitucional, 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 15 del Reglamento de la Policía Preventiva de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esencia establecen que realizada la detención de una persona, ésta debe ser puesta de inmediato a disposición de las autoridades competentes, que existirá un registro inmediato de la detención y se preservará el lugar de los hechos o del hallazgo; y asegura que se violentó en su perjuicio lo establecido por dicha 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ normatividad, al no existir dato de prueba alguno en la carpeta de investigación, ni aportado en la audiencia por la fiscalía ante el juez de control, que compruebe que realmente traía consigo una pistola y una bolsa que contenía el estupefaciente afecto, invocando como aplicable al caso la Jurisprudencia 1a./J. 8/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 723, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN" (fojas 38 a 40). Señala que existen contradicciones en el Informe Policial Homologado, ya que en su sección "3", relativo al "conocimiento del hecho y seguimiento de la actuaciones de la autoridad" visible a foja diez de la carpeta de investigación, el policía Humberto Raziel Torres Acolt indicó que arribó al lugar de los hechos el 18/05/2020 a las 11:38 horas; pero en la sección "5", relativa a la "narrativa de los hechos", consultable a foja 12 de la mencionada carpeta, en los últimos cinco renglones se advierte ".y fue que a las 11:28 horas arribamos a la calle Morelos de la zona centro de paso del macho Veracruz, y de acuerdo al reporte recibido puedo observar a una persona con las características." (foja 40). Refiere también, que tanto en la imputación, como en el oficio de puesta a disposición y en el Informe Policial Homologado, el Policía Humberto Raziel Torres Acolt señaló que una vez que avistó al quejoso, el cual iba 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 37 Amparo indirecto 298/2020 caminando, se puso nervioso y apresuró el paso, por lo que, con comandos de voz le indicó que se detuviera, ignorando su llamado, por lo que descendió de la unidad y pudo ver a una distancia aproximada de diez metros, que sacó de su cintura, del lado derecho, un arma tipo revolver y sin mediar palabra le realizó dos disparos; cuando por su parte, en el acta de denuncia o querella, se desprende que el mencionado agente refirió que una vez que con comandos de voz indicó al quejoso que se detuviera, sin mediar palabra sacó un arma de fuego que traía en su pantalón de mezclilla y accionó dos veces el arma en contra de la unidad y se dio a la fuga (fojas 41 a 43), es decir, que en la primera imputación, el policía refirió que descendió de la unidad y que pudo ver a diez metros, que el quejoso sacó un arma de fuego de la cintura derecha y le disparó; y en su segunda afirmación ya no refirió que descendió de la unidad, sino que de inmediato a que le marcó el alto le disparó y ya no supo la distancia (foja 43). Agrega que en la primera versión el policía señaló que pudo ver a diez metros que el quejoso sacó de su cintura del lado derecho un arma de fuego tipo revolver; pero en la otra dijo que sacó el arma de su pantalón de mezclilla; además de que en la primera imputación precisa la hora y lugar de los hechos y en la segunda ya no lo hace (foja 43). Señala que en la primera afirmación que se desprende de la imputación, del oficio de puesta a disposición y del Informe Policial Homologado, se advierte que una vez que hizo los disparos, se fue corriendo sobre la calle Morelos, que llegaron a la calle Zaragoza a las once horas con cuarenta minutos y nuevamente le marcaron el alto sobre la misma calle Zaragoza, que se detuvo y de inmediato a cinco metros de distancia accionó el arma de fuego en contra del aprehensor pero ésta no se percutió, por lo que se rindió y se hincó dejando el arma en el suelo; cuando por su parte, de la 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ denuncia o querella no se despende que haya proporcionado la hora, sólo dice que corrió sobre la calle Morelos dos cuadras hasta llegar a Zaragoza, donde le cerraron el paso, y el policía descendió de la unidad, que le dijo que era policía, y entonces, el quejoso le apuntó y disparó, pero el arma no accionó, entonces se avalanzó contra él, tratando de golpearlo (foja 44). Como ya se adelantó en párrafos precedentes, todos estos argumentos son ineficaces, ya que no fueron expuestos por la defensa ni el imputado, aquí quejoso, en el debate de calificación de la detención, pues en su intervención durante la audiencia inicial, la defensa argumentó: 1) Que la detención del quejoso se efectuó a las once horas con cuarenta y cinco minutos y su puesta a disposición a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, por lo que considera que existe una dilación en ésta, cuando la Constitución establece que cuando una persona es detenida debe ser presentada de inmediato ante el Ministerio Público (minutos 00:56:00 a 00:57:02 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). 2) Previa lectura de la parte conducente del oficio de puesta a disposición, en lo relativo a la detención del quejoso, el defensor manifestó que, a su criterio, los requisitos que exige la Constitución para calificar que una persona cometió un delito y sea detenida en flagrancia, es que los policías la hayan visto cometerlo y a su parecer su defendido no estaba cometiendo ilícito alguno, porque estaba caminando sobre la calle Morelos; y si bien los referidos testigos de cargo se trasladaron a ese lugar con motivo de una llamada en donde denunciaron que ahí estaba una persona con otros "repartiéndose o pasándose bolsitas", no se puede identificar que estuviese cometiendo un delito, porque los aprehensores no lo vieron ni estuvieron presentes, por lo que concluyó que en la especie no se actualizó la flagrancia (minutos 00:57:30 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 39 Amparo indirecto 298/2020 a 01:03:39 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). 3) Que en cuanto a la forma de proceder de los policías advierte una violación a lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución y referente a la puesta a disposición, este último artículo, en su párrafo cuarto, establece que debe ser de manera inmediata reiterando que existió una dilación en su puesta a disposición (minutos 01:03:40 a 01:05:59 del archivo 1403008320PP012005201- copia _federal). 4) Que de la lectura del informe policial homologado, en sus apartado de rubro "A) 5 inspección a la persona detenida", sólo se advierte como sus pertenencias un celular Alcatel y un porta tarjetas, pero no se destacó el arma y narcótico afectos (minutos 01:06:01 a 01:07:23 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). 5) Que existen varias hojas del Informe Policial Homologado que no están firmadas por los aprehensores (minutos 01:07:26 a 01:07:41 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). 6) Que de la lectura del certificado médico se desprende que el quejoso presentó las lesiones consistentes en equimosis en el lado izquierdo, así como excoriación dermoepidérmica y equimosis en el hombro derecho; lo que considera una violación a los derechos humanos de su representado, porque pudiera pensarse que fueron producto de golpes, azotes e intimidación que hayan llevado a cabo los aprehensores (minutos 01:07:46 a 01:08:55 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). 7) Finalizó su intervención insistiendo en el hecho de existe una dilación en la puesta a disposición del quejoso 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ (minutos 01:09:02 a 01:09:41 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). Expuesto lo anterior, cabe destacar que el principio de contradicción, que rige el proceso penal, establece que para llegar a la verdad de los hechos debe considerarse el debate que se realice entre los argumentos y los datos de prueba de las partes, pues en la etapa inicial el imputado y su defensa tienen la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga para que así, el Juez pueda considerar el debate que se suscite y resolver; por tanto, si en la etapa inicial el quejoso o su defensa no plantearon los argumentos antes reseñados ante el Juez de control; entonces, no puede emitirse pronunciamiento al respecto en esta instancia constitucional, ya que hacerlo implicaría abordar cuestiones que no fueron materia de análisis en el procedimiento y desatender el principio de contradicción que rige en el nuevo sistema penal acusatorio. Por su contenido esencial, en lo conducente, se invoca como apoyo la tesis XVI.1o.P.26 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consultable a foja tres mil trescientos cuarenta y cinco, del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que se reproduce a continuación: "CONTRADICCIÓN. ESTE PRINCIPIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, IMPIDE DISCUTIR EN SEDE CONSTITUCIONAL LOS ASPECTOS OBJETIVOS DE LA PRUEBA QUE NO FUERON DEBATIDOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracciones IV, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5 y 51 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan los argumentos y elementos 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 41 Amparo indirecto 298/2020 probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así, este principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte, incluso, de someter a debate frente al tribunal de juicio, el dicho del testigo, perito, etcétera. En suma, en el sistema acusatorio debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes. Bajo estas proposiciones, si la parte en el proceso que acude al amparo, fue omisa en controvertir algún aspecto objetivo de los datos emanados de un medio de prueba, menos aún sometió a debate lo concerniente en la audiencia; es incuestionable que resulta novedoso y no podrá dirimirse en sede constitucional y, por ende, deberá quedar soslayado ante la inacción de la parte interesada en el momento que era oportuno". Es pertinente precisar en este apartado, que al emitir el auto de legalización de la detención, el juez responsable no dio respuesta frontal a los argumentos que se reseñaron en los apartados 4), 5) y 6); sin embargo, a nada práctico conduciría conceder el amparo impetrado, ya que dichos argumentos son insuficientes para alterar el sentido del auto que calificó de legal la detención del ahora impetrante. Se dice lo anterior, ya que en cuanto a que la defensa sostuvo que en el informe policial homologado en el apartado de rubro "A) 5 inspección a la persona detenida", sólo se advierte la existencia de un celular Alcatel y un porta tarjetas, empero no de la droga y arma afectas, en uso de la voz, la fiscalía le aclaró que ese apartado se refiere a las pertenencias de la persona detenida, por lo que en el mismo no se destaca su existencia, misma que se precisó en el anexo "D" denominado "inventario de arma y objetos" del cual se desprende el aseguramiento de ocho bolsitas con hierba, dos casquillos y un revolver (minutos 01:18:37 a 01:20:11 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal). 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ Asimismo, respecto al argumento de que existían varias fojas del Informe Policial Homologado que no estaban firmadas, no debe perderse de vista que no se trata del único señalamiento en contra del quejoso, ya que obran las entrevistas realizadas a los elementos aprehensores Humberto Raziel Torres Acolt y Avelino Xolo Villaseca, en las que ratificaron en todas y cada una de sus partes el mencionado informe policial, siendo coincidentes con las circunstancias de modo tiempo y lugar que se aportaron en este último (minutos 00:21:55 a 00:22:25 del archivo 1403008320PP012005202-copia _federal). En lo conducente, se invoca como apoyo la Jurisprudencia número 108, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 85, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, de la Séptima Época, que se reproduce a continuación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado". En cuanto a que del certificado médico se desprende que el quejoso presentó las lesiones consistentes en 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 43 Amparo indirecto 298/2020 equimosis en el lado izquierdo, así como excoriación dermoepidérmica y equimosis en el hombro derecho; lo que considera pudiera pensarse que fueron producto de golpes, azotes e intimidación que hayan llevado a cabo los aprehensores; en el debate, la fiscalía le respondió que éstas obedecen a la resistencia que opuso ante su detención, misma que se destacó en el Informe Policial Homologado correspondiente (minutos 01:22:40 a 01:23:33 del archivo 1403008320PP012005201-copia _federal); además de que al declarar ante el juez de control, no manifestó en momento alguno que haya sido objeto de agresiones físicas o psicológicas, mucho menos de tortura, sino que sólo indicó: ".para empezar, los que me detuvieron no fueron los estatales, fue policía municipal, ellos pidieron apoyo a los policías estatales y pues yo no traía ninguna mariconera ni traía el arma de fuego, cuando me trasladaron hacia Nogales, porque me llevaron a Nogales, ahí el policía estatal Humberto, me hizo disparar un arma de fuego, un revolver me hizo disparar el arma, y pues, le digo, yo no traía ni la mariconera ni la marihuana, sólo me detuvieron los policías municipales, me hicieron una revisión y en esa revisión me llevaron a la comandancia de Paso del Macho y ahí fue donde me encontraron una pipa con sustancia llamada cristal, eso fue lo único que me encontraron." (minutos 00:15:08 a 00:16:17 del archivo 1403008320PP012005202-copia _federal). De ahí que, se reitera que si dichos argumentos no fueron expuestos ante el juez de control, entonces no pueden analizarse en este asunto, ya que de ser así se transgredería el principio de contradicción. En tales condiciones, al resultar ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados respecto a los actos reclamados consistentes en el auto de legalización de detención de 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ veinte de mayo de dos mil veinte dictado en contra del quejoso. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al 2. Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Amatlán de los Reyes, Veracruz, al no reclamarse por vicios propios. DÉCIMO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Son inoperantes los conceptos de violación tendentes a combatir el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso por cuanto hace al delito de ultrajes a la autoridad, y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues en relación a dichos actos se ha decretado el sobreseimiento por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. En ese entendido, respecto del acto de que trata este considerado, en el primer motivo de disenso, el quejoso señala que se viola en su perjuicio la garantía que establece el artículo 19 constitucional, al no existir en las constancias y registros de la carpeta de investigación un solo dato de prueba que demuestre que pudo haber perpetrado la conducta ilícita, y que los existentes no fueron valorados por el juez responsable (foja 26). Sin embargo, para determinar la existencia del hecho que a ley señala como delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión simple de cannabis sativa, el juez de control tomó en consideración el Informe Policial Homologado, así como los dictámenes en materia descriptiva y de química forense que fueron emitidos, destacando que del primero de éstos se desprenden las 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 45 Amparo indirecto 298/2020 circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aseguró al quejoso el enervante afecto; y por lo que se refiere a los mencionados dictámenes, por una parte se describió la mochila dentro de la cual se encontraba la droga antes mencionada, distribuida en ocho bolsitas, y por otra que corresponde a cannabis sativa o marihuana con un peso neto de veintiuno punto tres gramos y bruto de treinta y dos punto un gramos, como se transcribe a continuación: ".en relación al delito contra la salud narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de cannabis activa (sic), debemos de establecer que se haya poseído algún narcótico de los que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad inferior a multiplicar por mil dicho contenido; los datos del 479 de la Ley General de Salud, establece precisamente para la cannabis, cinco gramos, de una multiplicación simple por mil, tenemos determinado el monto que en peso que es de sancionarse, y se cuenta, dentro de en ese hecho lo siguiente: primero, establecer si existió dicho narcótico; del Informe Policial Homologado, ante señalado 13052020/0022 signado por el policía aprehensor, se establece que el dieciocho de mayo de dos mil veinte, ya encontrándose en la calle Zaragoza, cuando es sometido .. y se le hace una revisión corporal, al verificar la mochila que portaba se le encuentra ocho bolsitas con apariencia de marihuana, pues era hierba seca en ocho bolsitas como lo he señalado, esta existencia de bolsitas con apariencia de marihuana, como señala el policía y que en entrevista ratifica no solamente Humberto Raziel Torres Acolt, sino el policía Avelino Xolo Villaseca, se debe de valorar al tenor del dictamen 243/Mayo, con número 2217/2020, es una pericial descriptiva, primeramente de la mochila donde se verifica la existencia de las ocho bolsitas y precisamente en ella se establece la existencia de la mochila tipo mariconera negra, sin marca, incluso glosándose cinco fotos, existiendo cinco fotos dentro de esta carpeta de investigación pero aún, más aún y en el estándar probatorio determinante el dictamen 2214 de química forense elaborado por perito oficial, en donde, en la misma se establece las ocho bolsitas de plástico que contienen cannabis activa (sic), es la conclusión a la que llega, es decir, sí existe un narcótico, ahora, que sea en peso relativo, sancionable al que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, tenemos que al momento de pesarse, en su peso neto establece veintiuno punto tres gramos y en su peso bruto treinta y dos punto un 15/10/23 21:17:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ gramos, es decir, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la tabla indicada del numeral 479, ahora bien, no consta dentro de los datos de prueba, de acuerdo a la lealtad que como principio le representa a la fiscalía, buena fe y además a principio de contradicción, no escuché por parte de la defensa que existiera alguna autorización para .., de portar las cantidades que se verificaron en ese momento, y además de ello, tampoco existe un dato de prueba donde se establezca que fueran destinadas al comercio o suministro, incluso a nivel gratuito, de tal suerte, que ante la ausencia que existen estos supuestos, debemos de tener por justificado con los datos de prueba antes invocados, que se encontró a .., el dieciocho de mayo del dos mil veinte, aproximadamente a las once horas con treinta y ocho minutos, sobre la calle Zaragoza, al momento de ser detenido, una mochila tipo mariconera en cuyo interior iban ocho bolsas con contenido de apariencia de marihuana, que se justifica precisamente con los dictámenes que dan cuenta de dicha mochila mariconera y además con la química relativa a la existencia de la cannabis activa (sic) y si de ello se determina que no existe una autorización dentro de los datos de prueba, ni alguno que demuestre que haya sido destinado al comercio o suministro, en el estándar probatorio que nos encontramos, sería suficiente para establecer que encuadra en la conducta que señala el artículo 477 de la Ley General de Salud, ahora que fue .., quien probablemente intervino en la comisión de este evento, con los mismos datos de prueba, son datos comunes realmente los existentes, es decir, con el Informe Policial Homologado ya antes señalado y que tengo por reproducido en estos momentos, con las entrevistas de los policías aprehensores Humberto Raziel Torres Acolt y Avelino Xolo Villaseca, con los dictámenes relativos a la existencia de la mochila y que él la portaba, son suficientes en términos del 259 y 265 para establecer que probablemente, en el día, en la forma y en el lugar de los hechos, fue ., quien tenía en posesión la cannabis activa (sic) en los pesos antes señalados, tanto bruto como neto, por lo tanto, se justifica el ilícito de narcomenudeo en hecho con apariencia de delito en su hipótesis de posesión simple de cannabis activa (sic) cometida precisamente por .. Ahora, vamos a ver lo siguiente; la defensa, en la parte que nos interesa, en sus argumentos defensistas establece la duda originada por la cronología en la mecánica de producción de hechos, tanto de ultrajes a la autoridad como de narcomenudeo en la modalidad de posesión del narcótico, señalando desde las once veinte que reciben la llamada hasta las 15/10/23 21:17:54 70 once veintiocho, esta simple manifestación de manera dogmática, así como el señalar que existen inconsistencias y que refiere que les dispara, pero que manejaban y que se encasquilló el arma, esa parte ya no la podemos utilizar en este momento si es de ver que de una manera profesional del abogado acertadamente refiere retirar ese vocablo, sin embargo sí sigue prevaleciendo del estándar probatorio la manifestación de quienes aparentemente recienten la agresión por parte de .., al establecer que ya no pudo accionar el arma y por otro lado, en relación a cuando refiere que son dos cuadras, cuando refiere que no se justifica la puesta a disposición de doce quince a diecinueve treinta y seis, que valga decir que ya es un evento analizado en otra etapa diversa a la que nos encontramos, superado de suyo, además de que no se justifica la llamada, de que fue detenido y que le hicieron disparar, son aseveraciones que hacen de manera dogmática, sin un sustento probatorio que pueda en este momento, incluso en el estándar mínimo hacer prevalecer la presunción de inocencia, valga decir que en todo caso la duda razonable a que se refiere podrá ocurrir tal vez en una etapa diversa a la que nos encontramos, sobre todo considerando que en un auto de vinculación a proceso, únicamente representa que se continúe con una investigación, formalizada, una investigación judicializada, es decir, bajo la supervisión del órgano jurisdiccional en los términos de duración de la misma, es decir, no se trata de si es plenamente o no responsable .., sino únicamente que los datos de prueba que existen son suficientes para establecer que estos hechos con apariencia de delitos deben ser investigados a fondo, a efecto de que pueda tener una defensa adecuada pero en el estándar de acuerdo al 19, párrafo segundo, por el uso del arma, es decir, la medida cautelar que se señala, debo de establecer que no advierto que exista en favor de .. alguna causa que excluya del delito de aquellas a que se refiere el título segundo, capítulo cuarto del Código Penal del Estado de Veracruz, por lo tanto, dicho lo anterior, voy a resolver de la manera siguiente al no ser procedentes los argumentos de defensa en los términos antes señalados, al surtirse los requisitos para vincular a proceso establecidos en el artículo 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a vincular a proceso a .., por los hechos delictivos de ultrajes a la autoridad a que se refiere el artículo 331, cometido en contra del servicio público, teniendo como ofendidos a Humberto Raziel Torres Acolt y Avelino Xolo Villaseca, así como por el delito contra la salud, narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de 15/10/23 cannabis activa (sic) a que se refiere el artículo 477 de la Ley General de Salud, cometido en agravio, en perjuicio de la salud pública." (minutos 00:45:21 a 00: 55:30 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal). De ahí que resulten ineficaces las manifestaciones del quejoso, pues como ya se indicó, al decretar el auto de vinculación a proceso reclamado, el juez tomó en consideración los datos de prueba existentes, que estimó suficientes hasta ese momento procesal, para tener por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo bajo su radio de acción e inmediata disponibilidad el enervante afecto al proceso de origen. El impetrante señala, en su primer concepto de violación, que el acto reclamado es violatorio de sus garantías constitucionales y convencionales, al considerar que la querella, la puesta a disposición, la consignación y la imputación, no cumplen los requisitos legales de tiempo, modo y lugar; que no hay datos de prueba suficientes que hayan sido aportados dentro de la audiencia que comprueben los hechos que se le imputan, así como que, no concuerdan los informes de policiales homologados con los peritajes realizados ni con las direcciones y fotografías del lugar de los hechos (foja 20). También refiere que se violenta en su contra la estricta aplicación de la ley en materia penal, al imputarle la posesión de marihuana en la categoría de "hipótesis" debido que ésta es una suposición hecha por alguien con respecto a alguna situación o fenómeno particular, la cual no podría ser comprobada (foja 21). Agrega que en ningún dato de prueba y/o peritaje consta o se comprueba que haya cometido el delito imputado, que no hay un solo dato de prueba que lo incrimine y que sirva de base constitucional para la vinculación a proceso (fojas 45 a 48). 15/10/23 21:17:54 . Argumentos que resultan ineficaces, ya que no fueron expuestos por la defensa ni el quejoso en el debate de vinculación a proceso, pues en su intervención durante la audiencia inicial, el impetrante, en esencia, señaló: 1. Que el día de los hechos fue detenido por la Policía Municipal de Paso del Macho, Veracruz y no por la Estatal, que los primeros le pidieron apoyo a estos últimos, que no traía consigo mariconera, arma de fuego y estupefaciente alguno, que a él lo trasladaron a Nogales, no a Fortín, que en la Delegación de Nogales el policía Estatal Humberto Raziel Torres Acolt, le hizo disparar un arma de fuego, un revolver, que al detenerlo fue primero llevado a la comandancia de Paso del Macho, Veracruz y al realizarle una revisión le detectaron una pipa con cristal (minutos 00:15:14 a 00:16:26 del archivo 1403008320PP012005202-copia _federal). 2. Por su parte, el defensor, al dar contestación a la solicitud de vinculación a proceso, una vez que relató de manera general la cronología de los hechos destacando las horas en que acontecieron los hechos hasta el momento en que fue avistado por primera ocasión el quejoso, manifestó que hay inconsistencias en las entrevistas de los aprehensores, porque refieren que éste les disparó, pero manejan que se encasquilló el arma y por eso ya no pudo efectuar más disparos, lo cual es propio de las armas automáticas y no de los revólveres por lo que consideró que se condujeron con falsedad en su declaración (minutos 00:14:50 a 00:17:10 del archivo 1403008320PP022505202- copia _federal); argumento del cual se retractó con posterioridad, al aclarar que de los datos de prueba se apreciaba que los elementos señalaron que el arma no se accionó y no que se encasquilló (minutos 00:23:04 a 00:26:22 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal.. Que de acuerdo a la ubicación que proporcionó el perito en donde sucedieron los hechos se advierte que son dos cuadras; y conforme a los horarios en que los testigos de cargo refirieron que se llevó a cabo la persecución una vez que fueron agredidos con el arma de fuego, transcurrieron ocho minutos, lo cual a su parecer es ilógico, dado que es mucho tiempo para recorrer en una camioneta dos cuadras (minutos 00:17:34 a 00:18:44 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal). 4. Que no se justifica que el quejoso hay sido detenido a las doce horas con quince minutos y puesto a disposición hasta las diecinueve horas con treinta y cinco minutos (minutos 00:18:50 a 00:19:10 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal). 5. Que la fiscalía no justificó o comprobó con dato de prueba alguno el número telefónico al que se realizó la denuncia anónima en la que se refirió en que su representado se encontraba vendiendo droga, ni el nombre del radio operador que la recibió (minutos 00:19:33 a 00:19:55 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal). 6. Que al declarar ante el juez de control, el quejoso señaló que cuando fue detenido fue llevado a diferentes lugares, golpeado y que el arma se la hicieron detonar en Nogales (minutos 00:19:57 a 00:20:20 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal). De la confrontación de los argumentos expuestos por el imputado al declarar ante el juez de control, y su defensor al contestar la solicitud de vinculación a proceso, con los aportados en los conceptos de violación materia de análisis, se advierte que son diferentes y no se hicieron del conocimiento del juez de control, por lo que no pueden ser tomados en consideración, ya que hacerlo implicaría abordar cuestiones que no fueron materia de análisis en el procedimiento y transgredir el principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio. Por su contenido esencial, en lo conducente, se invoca como apoyo la tesis XVI.1o.P.26 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consultable a foja tres mil trescientos cuarenta y cinco, del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro "CONTRADICCIÓN. ESTE PRINCIPIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, IMPIDE DISCUTIR EN SEDE CONSTITUCIONAL LOS ASPECTOS OBJETIVOS DE LA PRUEBA QUE NO FUERON DEBATIDOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO); que ya fue transcrito en el considerando que antecede y no se reproduce en obvio de innecesarias repeticiones. Es pertinente precisar en este apartado, que al dictar el juez responsable el auto de vinculación a proceso, no atendió al razonamiento precisado en al punto 6; sin embargo, a nada práctico conduciría conceder el amparo impetrado, ya que dichos argumentos son insuficientes para alterar el sentido de las resoluciones reclamadas. En efecto, en cuanto a lo alegado por la defensa al responder la solicitud de vinculación a proceso, en el sentido de que cuando fue detenido fue llevado a diferentes lugares, golpeado y que el arma se la hicieron detonar en Nogales; el juez de control legalmente determinó que se trata de aseveraciones meramente dogmáticas, dado que no encuentran apoyo en dato o medio de prueba alguno; y que la defensa estuvo en aptitud de aportarlos, ya que el término constitucional fue ampliado para el desahogo de pruebas, entre éstas las declaraciones de los aprehensores, informes y la solicitud de videos del lugar de los hechos, empero la defensa desistió de las mismas bajo el argumento de que no habría tiempo de desahogarlas (minutos 00:00:01 a 00:04:17 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal); y no basta con afirmar hechos que se contrapongan con el señalamiento de cargo, sino que es necesario demostrarlos a través de datos de prueba eficaces. En tales condiciones, al resultar ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de veinticinco de mayo de dos mil veinte decretado en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión simple del narcótico denominado cannabis sativa o marihuana. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al 2. Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Amatlán de los Reyes, Veracruz, al no reclamarse por vicios propios. DÉCIMO PRIMERO. ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. En el apartado de antecedentes del acto reclamado, el quejoso señala, a manera de concepto de violación, que es excesivo y lesivo de sus garantías constitucionales el plazo de investigación complementaria, pues señala que con ello se le da a la fiscalía la oportunidad de buscar nuevos datos de prueba para incriminarlo mientras el proceso está detenido, lo cual considera que se equipara a la absolución de la instancia (foja 7). Sin embargo, sus argumentos son ineficaces, ya que, como se ha precisado, éstos no se introdujeron al debate, por lo que el juez responsable estuvo imposibilitado para abordar a su estudio, aun y cuando la defensa estuvo en aptitud de hacerlo. Se dice lo anterior, ya que una vez resuelta la situación jurídica del ahora quejoso, en el uso de la voz concedido en el debate relativo al plazo de investigación por el término de tres meses propuesto por la fiscalía, el defensor manifestó; que no tenía objeción alguna respecto al plazo propuesto para la investigación complementaria, dado que se ajusta al numeral invocado por la fiscalía (minutos 00:57:11 a 00:57:15 del archivo 1403008320PP022505202-copia _federal). De ahí la ineficacia de sus argumentos, al no haber deficiencia en la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados respecto al acto reclamado consistente la determinación del plazo de investigación complementaria emitida en el proceso de origen. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al 2. Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Amatlán de los Reyes, Veracruz, al no reclamarse por vicios propios. DÉCIMO SEGUNDO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de diez de julio de dos mil veinte (foja 87 vta.) se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por .., contra los actos reclamados de las autoridades señaladas en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia, por los motivos precisados en los mismos. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara a .., contra los actos reclamados al 1. Doctor Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz y 2. Director del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con residencia en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, precisados en los considerandos noveno, décimo y décimo primero, por los motivos precisados en los mismos. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, electrónicamente al quejoso, por lista a los terceros interesados .....personalmente al agente del ministerio público de la federación adscrito; y por oficio a las demás partes.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que en el presente juicio de amparo 298/2020, el doce de mayo del año en curso, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, por lo que se encuentra pendiente el dictado de la sentencia correspondiente. Atento a lo anterior, fórmese cuadernillo y agréguese el oficio de cuenta signado por Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en atención a su contenido, se provee: Téngase al Juez responsable informando que dentro de los autos del proceso penal ********** de su índice, se dictó auto de sobreseimiento parcial a favor del aquí quejoso **********derivado de la supresión del tipo penal de ultrajes a la autoridad, en atención a la Declaración de Invalidez del artículo 331 del Código Penal por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual se ordenó se pusiera en inmediata libertad al impetrante de garantías única y exclusivamente en relación al indicado ilícito.

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