Alejandro Molina Carmen
Expediente 522/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Molina Carmen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de once de noviembre del año en curso, dictada en el toca del recurso de revisión 238/2021, así como de los autos originales del juicio de amparo 522/2020 de la estadística de este Juzgado Federal. En consecuencia, glósense al expediente del juicio de amparo devuelto las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria de amparo se advierte que la Superioridad confirmó la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el fallo de once de noviembre del año en curso, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el toca del recurso de revisión 238/2021 causó ejecutoria por ministerio de ley. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo y el Tribunal de alzada confirmó esa resolución, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguese la comunicación señalada en la nota de cuenta al cuaderno en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto del veinticuatro de junio pasado, que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 238/2021, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo de los originales de las constancias del juicio de amparo de donde deriva este cuaderno y del escrito donde se interpuso el recurso de revisión y se expresaron los agravios, así como de un ejemplar de ese ocurso. b) Admitió a trámite ese medio de impugnación que Enrique Molina Segura, en su carácter de autorizado del justiciable Alejandro Molina Carmen en términos amplios del normativo 12 de la Ley de Amparo interpuso en contra de la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio constitucional de donde emana este expediente. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese un ejemplar del ocurso señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Enrique Molina Segura, en su carácter de autorizado del justiciable Alejandro Molina Carmen en términos amplios del normativo 12 de la Ley de Amparo interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en el que se integre debidamente el expediente, remítanse el original de ese ocurso y un ejemplar de dicho libelo, así como los autos originales de este juicio constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con sede en esta localidad, para la substanciación de ese mecanismo de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del presente asunto. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 522/2020 promovido por *** en contra de los actos de la autoridad que más adelante se precisarán. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio del inconforme los derechos fundamentales reconocidos por los numerales 1, 8, 16, 17 y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES En consideración del quejoso el Titular de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca ha omitido a) realizar las gestiones necesarias para allegarse de elementos para determinar si el disidente como víctima directa es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; b) resolver si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; y, c) notificar cualquiera resultado del trámite para establecer si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación. En consideración del disidente los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Alejandro Molina Carmen promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 8, 16, 17 y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca a quien se remitió originariamente el asunto, lo registró con el progresivo 489/2020, declaró que carecía de competencia, por razón de turno, y remitió el escrito inicial a este Juzgado Federal, porque estimó que se actualizó el supuesto de relación por conocimiento previo previsto por el ordinal 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el proveído de once de septiembre del año próximo pasado, este Juzgado Distrito aceptó la competencia declinada, se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el expediente 522/2020 y desechó de plano la demanda, porque consideró que se actualizó la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Inconforme con esa determinación el justiciable interpuso el recurso de queja, de cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el toca 199/2020, en cuya ejecutoria de veinticinco de marzo pasado, declaró fundado ese medio de impugnación para que se proveyera lo conducente en relación con el ocurso inicial. En el auto de trece de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional en acato a dicho fallo admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: Del Titular de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca combate: Las omisiones de a) realizar las gestiones necesarias para allegarse de elementos para determinar si el disidente como víctima directa es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; b) resolver si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; y, c) notificar cualquiera resultado del trámite para establecer si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos reprochados al Titular de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca, consistentes en las omisiones de a) realizar las gestiones necesarias para allegarse de elementos para determinar si el disidente como víctima directa es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; b) resolver si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; y, c) notificar cualquiera resultado del trámite para establecer si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación, porque al margen de que esa autoridad negó la existencia de esas actuaciones, lo cierto es que las omisiones atacadas no pueden ser atribuidas a ese ente público en la medida en la que no existe alguna norma jurídica que lo obligue a actuar en el sentido que el disidente pretende. Para evidenciar la inexistencia de las actuaciones impugnadas es necesario señalar que de la interpretación sistemática de los arábigos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo se desprende que lo expuesto por las entidades responsables en sus informes justificados por sí no es determinante en todos los juicios de amparo de la certeza de los actos combatidos -máxime si son de naturaleza omisiva, como en la especie sucede-, sino que esa circunstancia dependerá, en su caso, de lo que las partes demuestren en la secuela procesal a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o bien, de la apreciación que el Tribunal de amparo pueda llevar a cabo de las constancias del expediente en el que se instrumenta el juicio constitucional. En ese sentido, es indispensable precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley lo obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como una conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: 17.1. Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 17.2. Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza de los actos omisivos combatidos es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuyen esas conductas se encontraba constreñida a actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la tesis aislada 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Enseguida es necesario examinar si el ente responsable conforme alguna norma jurídica se encontraba obligado a actuar en el sentido indicado por el solicitante de la protección constitucional, es decir, si acorde con las facultades y las obligaciones que ineludiblemente está constreñidos a realizar tenían el deber de a) realizar las gestiones necesarias para allegarse de elementos para determinar si el disidente como víctima directa es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; b) resolver si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; y, c) notificar cualquiera resultado del trámite para establecer si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación. Para determinar lo anterior es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 133, 148, 149, 150, 151, 152, 153 y 154 de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, los cuales prescriben: "Artículo 133. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo Estatal, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación." "Artículo 148. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento. Quien reciba la solicitud la remitirá a la Comisión Ejecutiva Estatal en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles. Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo." "Artículo 149. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva Estatal la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo Estatal en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima." "Artículo 150. El Comité Interdisciplinario evaluador deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como mínimo: I. Los documentos presentados por la víctima; II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos." "Artículo 151. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además: I. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación; III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y IV. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva Estatal donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité lograr la integración de la carpeta respectiva." "Artículo 152. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del comité interdisciplinario evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso. El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda. La Comisión Ejecutiva Estatal deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud." "Artículo 153. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima: I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación; II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron; III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal." "Artículo 154. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando: I. La condición socioeconómica de la víctima; II. La repercusión del daño en la vida familiar; III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño; IV. El número y la edad de los dependientes económicos; V. Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y VI. Los recursos disponibles en el Fondo Estatal." De los preceptos transcritos se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: Para ser beneficiarios del apoyo del fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación integral, además de los requisitos que al efecto establezca la citada ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación. Para acceder a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de conformidad con lo señalado por la legislación citada y su Reglamento. Quien reciba la solicitud la remitirá a la Comisión Ejecutiva Estatal en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles. Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva Estatal la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo Estatal en torno a los recursos de ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima. El Comité Interdisciplinario evaluador deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como mínimo: 1. Los documentos presentados por la víctima; 2. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; 3. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y 4. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además: I. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación; III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y IV. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva Estatal donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité lograr la integración de la carpeta respectiva. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del comité interdisciplinario evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso. La Comisión Ejecutiva Estatal deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima: 1. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación; 2. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron; 3. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y 4. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal. Las solicitudes que se presenten se atenderán considerando: I. La condición socioeconómica de la víctima; II. La repercusión del daño en la vida familiar; III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño; IV. El número y la edad de los dependientes económicos; V. Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y VI. Los recursos disponibles en el Fondo Estatal. En la especie, el quejoso no acreditó que presentó su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas conforme a lo dispuesto por la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca y su Reglamento para acceder a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, como lo exige el arábigo 148 de la citada legislación, dado que no aportó prueba alguna en este asunto para evidenciar esa circunstancia. En ese sentido, si el justiciable no demostró que cumplió con ese requisito legal para que se pudiera instrumentar en un expediente el procedimiento administrativo respectivo, es inconcuso que no puede acusar al Titular de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca que incurrió en las omisiones de a) realizar las gestiones necesarias para allegarse de elementos para determinar si el disidente como víctima directa es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; b) resolver si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación; y, c) notificar cualquiera resultado del trámite para establecer si es beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por concepto de compensación, porque el citado procedimiento inicia a instancia de parte y no de manera oficiosa. En ese sentido, el justiciable tenía la carga de probar que formuló la solicitud indicada conforme a los requerimientos legales para que se diera inicio al procedimiento administrativo correspondiente, sin que haya atendido esa carga procesal. Así, dado que el inconforme no acreditó el aspecto señalado y, por ende, de atendió la carga procesal que el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo le impone es inconcuso que los actos impugnados son inexistentes. En efecto, no existen los actos omisivos que el disidente reclama a la responsable, dado que no se colman los elementos deóntico y óntico indicados con anterioridad para que se actualice una omisión como conducta cualificada por el derecho, en la medida en que conforme a las disposiciones legales insertas no es factible advertir que estaba obligada a realizar la conducta cuya omisión le fue atribuida de manera oficiosa, sin que mediara petición de parte, porque la aludida solicitud es un requisito legal. Luego, si no existe la obligación de hacer a cargo de esa entidad que sea impuesta por una norma jurídica es inconcuso que no se le puede reprochar que incurrió en una omisión porque tal autoridad no estaba obligadas a actuar en el sentido pretendido por el solicitante de la protección constitucional; de ahí que se evidencie la inexistencia de los actos reclamados a dicha autoridad. VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este medio procesal de tutela constitucional, con fundamento en el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
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