Alejandro Mendiza Ortíz
Expediente 381/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Mendiza Ortíz
Actuaciones
- Principal
Mesa III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito firmado el quejoso *********, por medio del cual solicita se le devuelva la documental a que hace mención en su ocurso de cuenta; en atención a su contenido, dígasele que una vez que comparezca a las instalaciones de este juzgado, previa copia certificada, identificación y razón de entrega, se le devolverá el documento a que se refiere. Notifíquese...
- Principal
Mesa III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo para que el quejoso hiciera valer el recurso de queja en contra del acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto y vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, como se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo citado. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de fenecido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa III-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes la demanda promovida por ***********, contra actos del **********. De conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese con el número 381/2017 que le correspondió. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional emprende el examen para determinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." A su vez, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Por otra parte, es conveniente distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre el patrón sus trabajadores, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; las de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra a subordinación que se dan entre órganos del Estado. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; o de actos de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, del contexto integral de la demanda de amparo, se advierte que el ahora quejoso Alejandro Mendoza Ortiz, prestó sus servicios como trabajador en el órgano de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, y con tal carácter reclama del director general del órgano de Cuenca Pacifico Sur y otras autoridades de la Comisión Nacional del Agua, el despido de dicho puesto. Sin embargo, al realizar ese acto, el director general, director de asuntos jurídicos y director de administración del órgano de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, sino, como patrones. Es así, porque si bien, el quejoso reclama el despido de su puesto, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente dichas autoridades, no es la de un gobernado, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación, por ello, la relación jurídica entre la quejosa y las autoridades que señala como responsable, se manifiesta en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación. Además, para considerar como autoridades al director general, director de asuntos jurídicos y director de administración del órgano de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, para los efectos del amparo se requiere que las situaciones jurídicas que creen, modifiquen o extingan, se hagan de manera unilateral y obligatoria, y en el caso, el despido reclamado obedece a una relación necesariamente bilateral, en la que existen derechos y obligaciones recíprocos y no necesariamente obligatorios sino en función de los derechos y obligaciones laborales dispuestos en la ley aplicable. En ese orden de ideas, no se satisface la hipótesis jurídica contemplada en el artículo 5° fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y resulta notoriamente improcedente en términos de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, quien resuelve considera existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados en los términos que refiere a las personas que señala. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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