Alejandro Molina Carmen

Expediente 504/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
504/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Molina Carmen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, ha adquirido firmeza procesal. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción II, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Visto lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, al no existir documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del citado Acuerdo General; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación, remítase este cuaderno incidental al archivo definitivo; y debido a que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, se estima que este cuaderno es conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) del referido Acuerdo General, hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto. Se estima que el presente cuadernillo carece de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del mencionado acuerdo. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Del estado que guarda el expediente, se advierte que en el presente asunto el quejoso Alejandro Molina Carmen reclama en esencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, la omisión de dictar el acuerdo de calificación de pruebas en el juicio laboral 1/2020. Posteriormente, la autoridad responsable, tercer árbitro adscrita a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; sin embargo, manifestó que el veintidós de mayo de este año dictó el auto por el cual calificó y admitió las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente 1/2020 de su índice, relativo a la demanda promovida por el aquí promovente en contra de la Dirección de Pensiones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada con firmas autógrafas que adjuntó la responsable a su informe de ley, a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden, el suscrito advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella . Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . En el caso concreto, se reitera, el quejoso reclamó en esencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, la omisión de dictar el acuerdo de calificación de pruebas en el juicio laboral 1/2020. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el referido órgano de justicia laboral dictó auto el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 1/2020, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Por otra parte, tocante al acto que de manera genérica señala como "la omisión de seguir con el trámite respectivo dentro del expediente 1/2022", debe decirse que de igual forma deviene improcedente en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5º, interpretado a contrario sensu , ambos de la Ley de Amparo, por ser esa omisión un acto futuro e incierto que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previamente invocada. En efecto, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ante la decisión adoptada, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

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