Alejandro López Cisneros

Expediente 1170/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1170/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Alejandro López Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ********************, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el dieciocho de noviembre del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.********************Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Secretario de Educación Pública, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas y de otras autoridades; regístrese en el libro respectivo con el número 1170/2022-V.********************Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente.********************Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente:********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."********************Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia.********************En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes.********************En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.********************Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes:******************** Secretario de Educación de Tamaulipas.********************Directora de Recursos Humanos adscrita a la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.********************Jefa del Departamento de Pagos adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.********************Todos con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas.********************Asimismo, como actos reclamados:********************"La violación a un Derecho Fundamental como es el derecho al trabajo y percepción salarial por dicha actividad, a la Seguridad Social, a la Salud y a la garantía de legalidad y audiencia contenidas en las Garantías Individuales y con sustento en los artículos 5, 14, 16, 20, 21, 123 y 133 Constitucionales al no existir una resolución condenatoria en la que previamente haya sido oída y vencida en juicio anterior a la Privación de mis derechos, como lo es la suspensión y/o retención de mi sueldo y demás prestaciones, dejándome en total desamparo y cuya realización estaría a cargo de las ahora señaladas responsables; así mismo reclamo de manera tracto sucesivas, además de que no se dictó por autoridad competente, es decir:********************a).- La suspensión y/o retención de mi salario debidamente devengado y al que tengo derecho a percibir por mi trabajo realizado********************b).- La privación de mi derecho de recibir mi sueldo a partir del mes de octubre del año 2022, hasta la fecha, generando un monto quincenal de $4,400.00 pesos m/n dando un total 03 quincenas de adeudo hasta el día de hoy generando un adeudo total de $13,200.00 pesos m/n (trece mil doscientos pesos m/n) y demás prestaciones de ley, así como Servicios Médicos para mis dependientes económicos. Acto que compruebo en el ANEXO 1." (sic)********************En ese contexto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º fracción I y 5º fracción II, de la Ley de Amparo, por considerar que los actos reclamados no provienen de autoridad para los efectos del juicio de amparo; dichos preceptos disponen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************. ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". ********************"Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:********************I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." ********************"Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: ********************. ********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." ********************Los artículos citados, interpretados en sentido contrario, revelan la improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por entes u organismos que no son considerados como autoridades responsables para los efectos de dicha instancia constitucional.********************Respecto del tema conceptual de autoridad para los efectos del juicio de amparo, bajo el marco legal regulador, destaca lo siguiente:********************1. Contra actos de autoridad, entendida como tal, según el precepto transcrito, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************2. Contra actos de particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.********************Luego, la propia Ley de Amparo provee las notas distintivas de una "autoridad" para los efectos del juicio, cuya actuación transgresora de la esfera del particular, deberá estar dotada de unilateralidad y obligatoriedad; adjetivos estos últimos que constituyen el común denominador tanto en actos de "autoridad" en estricto sentido (párrafo primero de la fracción II del numeral 5° de la ley en cita) como en actos de "particulares" porque la última parte del numeral transcrito destaca que para que los actos de particulares sean susceptibles de impugnarse vía amparo deberán afectar derechos en los términos estipulados en la propia fracción, lo cual nos remite indefectiblemente a las notas de unilateralidad y obligatoriedad del acto en cuestión y que sus funciones estén determinadas por una norma general, para que pueda ser tutelado por el juicio de amparo.********************En efecto, la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha delimitado el concepto de "particular" para efectos del juicio de amparo, de ahí que dicha expresión no debe entenderse en amplio sentido, puesto que el texto de la ley es expreso al momento de acotar ese concepto, circunscribiendo sus alcances a que la actuación emanada del particular, se encuentre investida de:******************** Unilateralidad,******************** Obligatoriedad; y,******************** Siempre que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general.********************No sobra decir que el citado texto emana de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de cuyo proceso legislativo se aprecia la discusión efectuada en la Cámara de Senadores el veinte de marzo de dos mil trece, de donde se extrae la siguiente precisión:********************".Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades."********************El texto transcrito revela que la redacción del artículo 5° en el fragmento materia de análisis, no es sino la objetivación de la interpretación que al respecto había ya efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."; a través de la cual, estableció los elementos esenciales para dilucidar la actualización de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber:********************a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;********************b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad;********************c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,********************d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.********************Además, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente:********************"... sobre el particular se estima que la fijación que se ha dado al concepto de autoridad por este tribunal, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, advertimos en la década de los ochenta profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia de que se trata.--- De esta guisa, la aplicación generalizada de criterio, en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuación, con independencia de la disposición directa que puedan tener o no de la fuerza pública, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan su esfera legal.--- En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella.********************Por ello, se sostiene que no puede, bajo los argumentos examinados, admitirse la negación absoluta y general del carácter de autoridad de esta institución, y por el contrario, se afirma que debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública..."********************Lo expuesto revela que la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se produjo la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto de autoridad tradicional, por ende, con independencia de la naturaleza jurídica del ente público, se destacaron una serie de notas distintivas que dan vigencia al actuar de una "autoridad" para efectos del juicio de amparo, las cuales fueron apuntadas con antelación.********************Entonces, en atención a la tendencia marcada por el Máximo Tribunal del país, el legislador recogió esas notas distintivas y las plasmó en el texto del numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, el cual como ya se dijo, establece claramente la procedencia del juicio inclusive en contra de actos de particulares; empero, siempre que dicho actuar esté dotado de las características esenciales ya destacadas, esto es, unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general, pues de lo contrario, se llegaría al extremo inadmisible de que el juicio de amparo procedería contra actos violatorios de derechos fundamentales emanados de relaciones regidas por el derecho privado, lo cual invade el plano de la licitud penal o civil, cuyo ámbito competencial para decidir al respecto corresponde a los tribunales ordinarios, no así a los tribunales constitucionales, porque la finalidad del juicio de amparo es determinar actos violatorios de derechos fundamentales, no así, la comisión de delitos penales o de incumplimiento a obligaciones civiles.********************Ahora bien, a fin de dilucidar si en el caso planteado se está en presencia de un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo" en términos del numeral 5º de la ley de la materia (ya sea por una autoridad ?en estricto sentido? o por un particular que haya actuado con unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas por una norma general), es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas siguientes:********************Relaciones jurídicas de coordinación; y,********************Relaciones jurídicas de supra a subordinación y supraordinación.********************Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral.********************La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.********************Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos.********************Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.********************Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares.********************Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Marzo de 1999, registro 194367, que dice ********************"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado."********************Sentado lo anterior, cabe señalar que como ya quedó establecido, el promovente del presente juicio de amparo ********************, reclama de las autoridades que señaló como responsables, la retención parcial de su salario y demás prestaciones como empleado de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en la plaza de técnico de mantenimiento a partir de febrero de dos mil doce en la Coordinación Regional de Tecnología Educativa en Valle Hermoso, Tamaulipas; pues asevera que dicha secretaría retiene los salarios devengados sino firma un contrato laboral.********************Sin embargo, debe decirse que el acto que se reclama es consecuencia de un vínculo laboral, como es el nombramiento otorgado al promovente como técnico en Mantenimiento adscrito a la Coordinación Regional de Tecnología Educativa en Valle Hermoso, Tamaulipas; de tal manera que el acto reclamado consistente en la retención de su salario, revela que deriva del anexo laboral entre el quejoso y las autoridades responsables, en su calidad de patrón, de ahí que los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación debe ser de la competencia de las autoridades especializadas en esa materia.********************Se afirma lo anterior, dado que la relación que existe entre el peticionario de amparo y las responsables, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, puesto que el quejoso mantiene una relación laboral con la Secretaría de Educación del estado de Tamaulipas, desempeñando el cargo de técnico en Mantenimiento y, por lo tanto, las autoridades responsables al emitir y ejecutar el acto reclamado ?retención de salario?, actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo que se sitúa en el mismo plano que los gobernados; razón por la que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.********************En tal virtud, las autoridades a las que atribuye el acto reclamado actúan en un plano de coordinación y de no de supra a subordinación, por lo que es dable sostener que no les asiste el carácter de autoridades responsables para los efectos del presente juicio amparo.********************A título ilustrativo se invoca la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, página 347, cuyo rubro y contenido es el siguiente: ********************"AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". ********************Bajo esas premisas debe destacarse que los conflictos relacionados con el despido y separación o, en su caso, la suspensión del salario de un trabajador al servicio de la federación, estados o municipios es competencia de un tribunal laboral, para conocer de la demanda y dirimir el conflicto en cuestión, en acatamiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ello por resultar más afín para conocer de la demanda en la que un servidor público impugna sanciones derivadas de una relación de servicio como maestro, por lo tanto, se desarrolla dentro del ámbito administrativo local.********************Bajo este contexto, retención del salario del promovente respecto del puesto que desempeña como técnico en mantenimiento, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino un acto emitido por las señaladas como responsables en su carácter de patrón.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registro 2011298, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, tesis III.4o.T. J/3 (10a.), página: 1639, que dice: ********************"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo."********************Así las cosas, sin desconocer que es válido el criterio de que el Estado puede actuar con doble carácter frente a los particulares; lo cierto es que, en el caso, no es correcto afirmar que las señaladas como responsables, al suspender o retener el sueldo al quejoso, actuaron con poder de imperio; ello, porque lo reclamado por el agraviado está relacionado con el sueldo, el cual es uno de los aspectos que, entre otros, derivan de la relación entre el trabajador y su empleador.********************En otras palabras, la obligación que genera el servicio que una persona presta al subordinarse a un patrón, atañe al derecho laboral aplicable a ambos sujetos, ya sea en lo particular o en lo burocrático; por lo tanto, en la medida que la cuestión efectivamente planteada en el caso, es que el quejoso siga obteniendo su sueldo completo, se llega a la conclusión de que pretende defender en amparo una cuestión jurídica que pertenece al derecho laboral, donde las relaciones son de coordinación, esto es: trabajador-empleador, de modo que las violaciones que pudiera alegar para defender su sueldo, concierne al orden jurisdiccional común y no al juicio de amparo; de ahí que resulta válido sostener la improcedencia de la acción constitucional.********************Pensar de otra manera, convertiría a los tribunales constitucionales en instancias ordinarias, dirimiendo, de primera mano, conflictos sobre prestaciones que atañen meramente al derecho laboral, para lo cual existen tribunales establecidos y a los que de inicio deben acudir los justiciables, pudiendo en el momento determinado, intervenir la función extraordinaria del juicio de amparo.********************No sobra decir, que de los anexos que se adjuntaron a la demanda, se advierte que el quejoso trató de llegar a un acuerdo conciliatorio con la Secretaría de Educación Pública, ante la Procuraduría del Trabajo del Servicio Público, de ahí que, se insista que se trata de un conflicto meramente laboral.********************En las condiciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento.********************Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos.********************Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. ********************Por otro lado, por el momento no es dable tener como autorizado de la parte quejosa en término del artículos 12 de la ley de Amparo, al licenciado ********************, dado que no se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; por ello se le faculta para el único efecto de oír y recibir notificaciones, al igual que a la persona restante que se menciona en la demanda.********************Sin embargo, con sustento en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, como se solicita, se autoriza a la parte quejosa para que con el nombre de usuario "armendarizibarraramiro@gmail.com", tenga acceso al expediente electrónico de este juicio; asimismo, para que se le practiquen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este asunto.********************Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.********************Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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