Alejandro León Velasco

Expediente 138/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
138/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro León Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinte de febrero de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 5938/2023, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, mediante el cual hace del conocimiento el proveído de quince de los actuales, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 282/2023, de su índice, avocándose al conocimiento de la demanda promovida por Alejandro León Velasco, en razón de la competencia planteada en el presente asunto por este Juzgado de Distrito. Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda signado por ********************, contra actos del Congreso Legislativo del estado de Puebla y otras autoridades; en consecuencia, regístrese bajo el número 138/2023-VII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Previo hacer pronunciamiento sobre la admisión del juicio de amparo en comento y dado que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, por las razones siguientes: Los artículos 33, 35, y 37, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. Los tribunales colegiados de circuito; III. Los tribunales colegiados de apelación; IV. Los juzgados de distrito; y V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley. "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las hipótesis normativas que el último de los citados preceptos prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: 1) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1.- El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) el acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de garantías, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2.- El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3.- El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: A).- Actos de Tracto Sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 4.- En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo y tendrá ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de garantías que nos ocupa se advierte que el quejoso ********************, señaló como acto reclamado: "la inconstitucionalidad del ACUERDO de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, del Gobierno del Estado, por el que se expide el Programa de Modalidades a la Circulación, con base en Calidad de Aire, Certificados y Hologramas de Certificación Vehicular, que porten los vehículos que transiten en la Zona Metropolitana del Valle de Puebla"(sic), además, como autoridades responsables al Congreso Legislativo, Secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y Director de Tránsito Local, todos del estado de Puebla. Por lo que, es evidente que las citadas autoridades tienen su domicilio fuera de la jurisdicción de este órgano judicial, como también lo es que dichos actos reclamados tienen su ejecución en el estado de Puebla, y no así en esta ciudad. En mérito de lo expuesto, corresponde conocer de la demanda de garantías que nos ocupa al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, que por razón de turno corresponda, que ejerce jurisdicción en el lugar deba tener ejecución el acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228 Séptima Parte, página 88, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, promovida por ********************, por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, que por razón de turno corresponda. Lo anterior, para que conforme a sus atribuciones y dentro del término señalado en el citado artículo 48 del referido ordenamiento legal, determine si acepta o no la competencia que se plantea. Sin que en el caso resulte procedente resolver lo conducente a la suspensión del acto reclamado, en razón de que no se trata de actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, y de conformidad con el artículo 48 de la ley de la materia. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda que se ordena remitir; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de garantías y como autorizados en términos del artículo 12 de la legislación de la materia, a los licenciados ********************, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, en términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza para que tenga acceso al expediente electrónico, con el objetivo de visualizar acuerdos del expediente, constancias, actualizaciones, promociones digitalizadas, presentar promociones electrónicas y recibir notificaciones, por encontrarse registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario ********************. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.

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