Alejandro Manuel Nava Martínez
Expediente 519/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/01/2022
Partes del expediente
- Alejandro Manuel Nava Martínez
- Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio PRS/CGCF/CFRS11/DG/00208/2022, enviado vía correo electrónico y telegráfica por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", con sede en Hermosillo, Sonora, por medio del cual acusa recibo de la misiva A/38764-3, de nuestra estadística; en consecuencia, agréguense a sus autos para que obren como correspondan. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, emitida el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 519/2021-I; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo relativo al oficio A/38764-3, enviado a consignación del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS SONORA", con sede en Hermosillo, Sonora, y es necesario constatar la fecha en que fue recibido para estar en aptitud de hacer el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 86 de la legislación de la materia, en relación con el 87 de esa misma ley, pues de él se desprenderá la fecha en que fue notificado de la sentencia constitucional dictada dentro de este juicio de amparo. En consecuencia, requiérase a la mencionada autoridad responsable para que dentro del término de tres días, informe a este órgano jurisdiccional la fecha en que recibió el oficio concerniente a la sentencia constitucional dictada dentro del juicio de amparo 519/2021-I; para mayor celeridad de sus comunicaciones oficiales, se le informa que el correo electrónico de este Juzgado de Distrito es: 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx, y el número telefónico es: (868) 8 11 04 40, extensión 1151. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos) moneda nacional, equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la indicada unidad de medida. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver el juicio de amparo 519/2021-I promovido por el licenciado Trinidad Meza Raya, en su carácter de defensor del directo quejoso Alejandro Manuel Nava Martínez, contra actos del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno ante este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede esta localidad, el licenciado Trinidad Meza Raya, en su carácter de defensor del directo quejoso Alejandro Manuel Nava Martínez, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables: 1. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas. 2. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Once " CPS SONORA", en Hermosillo, Sonora. Acto reclamado: "Del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, reclamo la determinación de declarar infundada la petición de cese de la prisión preventiva e inmediata libertad, realizada a favor de mi representado, lo cual hizo en audiencia celebrada el día 12 de Mayo del año en curso, dentro de autos derivados de la causa penal 85/2011-IV y Acumulada 159/2011. Del C. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS SONORA", en Hermosillo, Sonora; reclamo el cumplimiento a la determinación del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, de declarar infundada la petición de cese de la prisión preventiva e inmediata libertad realizada a favor de mi representado, lo cual hizo en audiencia celebrada el día 12 de Mayo del año en curso, dentro de autos derivados de la causa penal 85/2011-IV y Acumulada 159/2011." Del mismo modo, el promovente de este juicio refirió los hechos en que se sustenta la demanda y señaló los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como transgredidos en perjuicio de los directos agraviados. SEGUNDO. Radicación. En auto de dos de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 519/2021-I, la admitió a trámite, dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Así se considera, en razón de que el acto reclamado consiste en la resolución que determinó infundada la solicitud para el cese de la prisión preventiva e inmediata libertad del directo agraviado, emitida por un juez de Distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, y al respecto, se tiene que los efectos de la prisión preventiva se trasladan directamente al proceso, dado que con ella se busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a las víctimas, a los testigos y a la comunidad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De una interpretación integral del escrito de demanda e informes justificados se obtiene que Alejandro Manuel Nava Martínez, se duele de lo siguiente: De la determinación tomada por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, en audiencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual, dentro de la causa penal 85/2011-IV y su acumulada 159/2011-IV, declaró infundada la solicitud de cese de la prisión preventiva e inmediata libertad del cual es objeto. De la ejecución de ese mandato, que según aduce el quejoso, consiste en mantenerlo privado de su libertad. La anterior precisión obedece a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que obliga al juzgador a que las sentencias que dicte en los juicios de amparo, fije clara y precisamente el acto reclamado, analizando el escrito de demanda en su integridad sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención de los promoventes, sin cambiar su alcance y contenido, así como a la jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informa, es aplicable la tesis aislada P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, del mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, así se considera para efectos de este juicio. La certeza del acto está corroborada con las copias certificadas de diversas constancias de la causa penal 85/2011-IV y su acumulada 159/2011-IV, que el juez del conocimiento allegó a este juicio; documentos públicos que, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gozan de valor probatorio pleno en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que consisten en actuaciones judiciales realizadas por funcionarios públicos. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, en la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS SONORA", con asiento en Hermosillo, Sonora, negó el acto reclamado; no obstante lo anterior el aquí quejoso, se encuentra recluido en ese centro, dado el auto de formal prisión dictado en su contra y, ante una eventual protección de la Justicia Federal, sería dicha responsable quien participaría en el cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, se tienen como ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa a la responsable aludida en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada de oficio, tampoco las partes invocaron la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede analizar el fondo de la resolución reclamada. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto. Antecedentes. Para mayor claridad, enseguida se citan los antecedentes más relevantes de la resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno reclamada de inconstitucional. I. El veinticinco de julio de dos mil once, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Veracruz, con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del periodo vacacional concedido al Titular, mismo que comprendió del diecisiete al treinta y uno de julio de ese año, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2344/2011, de veintiocho de junio anterior, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, dictó auto de formal prisión en contra de Alejandro Manuel Nava Martínez, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos, entre otros, de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro. II. Dicha resolución fue recurrida en apelación, la cual fue modificada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta localidad, el cuatro de octubre de dos mil once, dentro del toca penal 279/2012, decretando auto de formal prisión en contra de Alejandro Manuel Nava Martínez, únicamente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro y homicidio calificado. III. El doce de mayo de dos mil veintiuno, juez del conocimiento determinó declarar infundada la solicitud de cese de la prisión preventiva e inmediata libertad del aquí agraviado formulada por su defensor. Esta determinación es la que constituye el acto reclamado principal. Consideraciones del fallo reclamado El Juez de origen declaró infundada la petición de la defensa del procesado, en razón de que: Sobre el tema, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió la tesis de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AÚN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE.", del cual se advierte que el derecho de llevar el proceso en libertad deviene inaplicable en los casos de delincuencia organizada y secuestro. Que al procesado se le atribuye por lo menos un delito de prisión preventiva oficiosa, como es el de secuestro, por lo cual, sostuvo, en modo alguno procede el cese de la prisión preventiva e inmediata libertad del aquí quejoso aun cuando lleve detenido más de dos años. Que el solo transcurso del tiempo no elimina el carácter de prisión preventiva oficiosa que tiene el delito de secuestro, ya que esa clasificación ha sido determinada por el legislador y se encuentra plasmada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estudio. La litis en este juicio consiste en determinar si lo resuelto por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas transgrede o no derechos fundamentales en perjuicio de Alejandro Manuel Nava Martínez, para lo cual, en primer orden, se analizan los conceptos de violación, y después, en atención al principio de exhaustividad y para descartar la existencia del alguna violación constitucional, se analiza en su integridad la resolución que aqueja al agraviado. En relación a los conceptos de violación, el promovente de este juicio en su carácter de defensor del agraviado directo, aduce en síntesis que con el dictado de la resolución reclamada se transgredieron en su perjuicio los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral, en especial, el de contradicción, ya que, en su opinión, el juez responsable introdujo argumentos que no fueron expuestos por el Fiscal de la Federación en la audiencia de debate. Lo anterior porque, refiere la parte quejosa, el Fiscal en momento alguno precisó que era infundada el cese de la medida dado el especial delito atribuido al inculpado, en el caso, secuestro, y que tampoco refirió que era infundada su solicitud debido al estado procesal de la causa. El quejoso continúa manifestando que la razón toral por la cual solicitó el cese de la medida cautelar e inmediata libertad del imputado descansa en que ha transcurrido un lapso superior a dos años desde que se dictó prisión preventiva y porque, en su opinión, no existe disposición alguna que contemple la excepción en que se sustentó el Juez Federal. Son ineficaces los motivos de disenso, sin que en el caso exista deficiencia alguna por suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Concepto de violación de carácter procesal A fin de calificar el motivo de disenso, resulta conveniente precisar que, para el dictado de la resolución reclamada deben atenderse las reglas dirigidas a un nuevo sistema de justicia penal en un procedimiento iniciado y sustanciado conforme al anterior, a pesar de las diferencias que existen entre los sistemas procesales penales tradicional y acusatorio adversarial, los cuales cumplen con determinados requisitos formales y lógicas distintas, por lo general incompatibles entre sí. Sin embargo, en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellas, el artículo Quinto Transitorio, que entró en vigor el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, se establece: "Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, que el inculpado o imputado regido bajo el sistema tradicional, puede solicitar la revisión de las medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva que hubieran sido impuestas en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor al sistema de justicia penal acusatorio, esto es, en el sistema mixto, en términos de lo que disponen los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se privilegia, la aplicación del sistema acusatorio en relación con la modificación, revisión, o cese de medidas cautelares, bajo los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad, como una cuestión de mayor beneficio para el inculpado y aprovechar esa figura, al no estar contemplada en el sistema tradicional. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), sustentada por esa Sala, visible en la página 453, Libro 47, Tomo I, Octubre de 2017, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2015309, cuyo rubro y texto dice: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia antes citada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que la revisión de medidas cautelares debe ceñirse a las reglas previstas en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin dejar de considerar lo dispuesto en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé una nueva regulación de tales medidas, en que la prisión preventiva es excepcional. Esto, debido a que el legislador, en búsqueda de salvaguardar el derecho humano de la libertad personal de los procesados, abrió la posibilidad de que en aquellos asuntos iniciados con antelación a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, los incoados pudieran solicitar, únicamente en lo referente a la revisión de las medidas cautelares, la aplicación de las normas del nuevo sistema penal, con el fin de obtener su libertad, lo cual, previa intervención de las partes, sería dirimido por el juez de la causa, quien decidiría la medida idónea que debía imponerse o bien, modificarla por otra menos lesiva que no pusiera en riesgo el proceso instaurado contra el imputado, quien aún no era considerado culpable. Asimismo, se definió que, toda vez que la Constitución Federal en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, sólo prevé que los indiciados puedan sustituir la prisión preventiva de que son objeto si colman los hipotéticos normativos que contempla la libertad provisional bajo caución, lo cual encuentra su desdoblamiento en la legislación secundaria aplicable, resulta inconcuso que, conforme a la adecuación sistemática y secuencial de las normas transitorias destacadas, se consideró procedente que el inculpado pudiera solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, introduciendo un mecanismo que tutelara los principios de presunción de inocencia, debido proceso, pro homine, plazo razonable y dignidad humana, emanados, no sólo de la Constitución Federal, sino además de los tratados internacionales de que el Estado Mexicano es parte (Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), conforme a los cuales se consideró viable la revisión de la restricción de la libertad del procesado, a la luz de las reglas que al caso disponen los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva a la que refiere el artículo Quinto Transitorio en estudio, constituye una circunstancia de carácter sustantivo que de ninguna manera afecta el procedimiento penal mixto; no obstante, precisó, que esa revisión debía hacerse a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y a esos fines se recurrió a las reglas establecidas en los artículos 153 al 171 de ese ordenamiento, en los cuales, entre otras cosas, se regula el trámite que debe seguirse para esa revisión. Las premisas expuestas admiten servir de base para considerar cierto lo que aduce el quejoso, en el sentido de que el Juez de Distrito transgredió el principio de contradicción, y que además, la resolución tomada en audiencia de debate se realizó sin seguir los parámetros establecidos en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, entre los argumentos del representante social de la Federación y los expuestos por el defensor, con lo que no se respetó el principio de contradicción. Sin embargo, deviene ineficaz lo aducido por el promovente de este juicio, pues no obstante la inobservancia destacada al resolver sobre la petición de cese de la medida cautelar e inmediata libertad del imputado, lo que acredita una violación al procedimiento, en el caso concreto, resulta innecesario conceder la protección constitucional solicitada, pues no tendría mayor impacto en el sentido del fallo y a nada práctico conduciría, más bien, se retardaría la solución del asunto en contravención de los principios de seguridad jurídica, celeridad y pronta administración de la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en perjuicio del propio procesado, por existir una restricción constitucional para el caso concreto en que se encuentra el quejoso directo, respecto a uno de los ilícitos por los que se le instaura el proceso. Ciertamente, Alejandro Manuel Nava Martínez, es procesado por el ilícito de secuestro, el cual merece prisión preventiva oficiosa; de ahí que, conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el juez de origen reponga el procedimiento y nuevamente desahogue la audiencia de debate subsanando los vicios aludidos en el concepto de violación en estudio, no le acarrearía beneficio alguno, ya que el resultado final sería el mismo, dado que es notorio lo infundado de la pretensión, como más adelante se explica. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 786, publicada en la página 873, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Novena Época, con número de búsqueda electrónico 1002852, que dice: "PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico." Violaciones de fondo Del fallo reclamado se advierte que el juez resolutor justificó su proceder en razón de que Alejandro Manuel Nava Martínez, guarda prisión preventiva por el delito de secuestro, lo cual le permitió determinar infundada la pretensión de declarar el cese de la medida cautelar e inmediata libertad del imputado, porque en términos del artículo 19 constitucional resulta oficiosa atento a que el privado de la libertad, se le dictó auto de formal prisión, dentro de la causa penal 85/2011-IV y su acumulada 159/2011-IV, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, entre otro. Tal determinación resulta correcta sin que se advierta transgresión de derechos fundamentales que deba ser reparada al través de esta sentencia, pues como bien lo consideró el Juez Federal, al menos uno de los delitos por los cuales se le instaura el proceso penal al ahora agraviado, merece prisión preventiva oficiosa desde el punto de vista constitucional y procesal. En efecto, del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, transcrito en párrafos precedentes, se desprende que el legislador permite someter a revisión, a partir de ese nuevo marco normativo y a solicitud del imputado, las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; asimismo, dispone que el órgano jurisdiccional competente, en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe dar vista a las partes, para que el agente del Ministerio Público investigue y acredite lo conducente y, efectuada la audiencia correspondiente, tomando en consideración la evaluación de riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva señaladas en el precepto 19 de la Constitución Federal, así como del referido código adjetivo nacional. Así, el precepto 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el momento en que se solicitó el cese de la medida cautelar e inmediata libertad del imputado, establece: "Artículo 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.[.]." (Lo resaltado es de este Juzgado). De conformidad con ese marco constitucional, la prisión preventiva opera cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Dicha medida puede ser solicitada por el Ministerio Público. Con abstracción del deber impuesto a la fiscalía, a partir del doce de abril de dos mil diecinueve, de conformidad con el citado precepto 19 Constitucional, el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos, en los que aquí interesa, de secuestro. Como se advierte, a nivel constitucional el delito de secuestro, entre otros, constituye un imperativo a cargo de la autoridad judicial, para decretar la prisión preventiva de manera oficiosa, lo cual es acorde, a lo previsto en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al regular dicho cuadro nominativo de antisociales por los que procede la prisión preventiva oficiosa, al menos, por uno de los injustos por los que se dictó formal prisión al inculpado, pues establecía al momento en que se resolvió la interlocutoria impugnada, lo siguiente: "Artículo 167. Causas de procedencia [.] El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] Así las cosas, contrario a lo que aduce el promovente, resulta que existe una restricción constitucional, frente al derecho fundamental de seguir el proceso bajo alguna medida diversa a la prisión preventiva, y además, las normativas secundarias que establecen y castigan los delitos, así como el código federal que regula el procedimiento penal y las medidas cautelares, expresamente señalan que merecen prisión preventiva quienes cometan el delito, en lo que interesa al presente asunto, de secuestro. En rigor, es factible sostener, que el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de secuestro, constituye un régimen de excepción, que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, cuando se trata del delito señalado, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta; de ahí lo ineficaz del concepto de violación en estudio. En síntesis de lo expuesto, tanto a nivel constitucional como procesal, el delito de secuestro, constituye un imperativo a cargo de la autoridad judicial para decretar la prisión preventiva de manera oficiosa, por lo que el juez del proceso correctamente sostuvo que existe una restricción constitucional, frente al derecho fundamental de seguir el proceso bajo alguna medida diversa a la prisión preventiva. En apoyo a lo expuesto, por su contenido substancial, se cita la tesis I.9o.P.135 P (10a.), publicada en la página 2863, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2013848, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AUN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tema de los derechos humanos, acoge principios importantes y trascendentes, cuyos postulados se rigen favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Luego, el principio de convencionalidad implica la obligación de aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, en el ámbito de las obligaciones, toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; no obstante, el propio artículo 1o. y el 29 de la Ley Fundamental señalan restricciones en determinados supuestos a esos derechos humanos, esto cuando la propia Constitución así lo establezca. Por lo que las restricciones constitucionales al goce y su ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Así, el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de delincuencia organizada y secuestro, constituye un régimen de excepción, que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, tratándose de los delitos señalados, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de dos años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente; máxime si en el particular, ese exceso se justifica en el ejercicio de defensa del imputado." Del mismo modo, robustece lo expuesto la tesis II.2o.P.55 P (10a.), con registro digital 2016349, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3538, Décima Época, Materias Común, Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. RESULTA OCIOSA LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA QUE EL JUEZ DEL PROCESO REALICE EL TRÁMITE DEL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, SI DEBIDO A LA GRAVEDAD DEL DELITO POR EL QUE SE SIGUE EL PROCESO, EL QUEJOSO NO PUEDE ENFRENTARLO EN LIBERTAD. La revisión de las medidas cautelares se encuentra prevista en el orden jurídico nacional, como una medida que tiende a proteger los derechos humanos de los indiciados que fueron sujetos a un auto de formal prisión, y que, sometidos a una medida cautelar de prisión preventiva para que puedan, en igualdad de circunstancias, enfrentar los procesos en libertad, cuando se trate de delitos diversos a los establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, si la finalidad del artículo quinto transitorio indicado es que los gobernados que hayan sido sujetos a una prisión preventiva en el sistema mixto tradicional puedan enfrentar sus procesos en libertad, cuando los delitos por los que se les siga el procedimiento no sean de los que corresponde prisión preventiva oficiosa, se concluye que si se les está siguiendo una causa penal por los delitos señalados en el precepto citado, no prosperará el incidente no especificado previsto en el artículo quinto transitorio de referencia. De ahí que resulte ociosa la concesión del amparo para que el Juez del proceso realice el trámite correspondiente, si el Tribunal Colegiado de Circuito puede advertir que no se obtendrá la libertad pretendida por los justiciables, debido a que la gravedad de los ilícitos por los que se les sigue proceso, impide que puedan enfrentar su proceso penal en ejercicio de la facultad deambulatoria. Además, la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 64/2017, de título y subtítulo: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.", no obliga a tramitar un incidente en caso de notoria y manifiesta improcedencia, ya que el carácter oficioso de la prisión preventiva y la excepcionalidad que la ley aplicable prevé para los delitos que la merezcan lo excluye; ello, tomando en consideración los parámetros normativos aplicables por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales." Consecuentemente, al no advertirse que la resolución reclamada transgreda derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, procede determinar que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Manuel Nava Martínez, en contra del acto reclamado del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, residente en Matamoros, Tamaulipas, consistente en la determinación tomada en audiencia de debate de doce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 85/2011-IV y su acumulada 159/2011-IV. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad penitenciaria señalada como responsable, dado que no se impugnan por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se R E SU E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Manuel Nava Martínez, en contra de los actos que reclamó del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas y de las autoridad penitenciaria señalada como responsable, consistentes en la determinación tomada en audiencia de debate de doce de mayo de dos mil veintiuno, relativa al proceso penal 85/2011-IV y su acumulada 159/2011-IV, así como su ejecución. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el juicio de amparo que nos ocupa, se advierte que aún no se cuenta con el acuse de recibo que acredite que las terceras interesadas Ericka Natalia Jaime Moreno, Luciana Liliana Morales Coronel y Daniela Torres León, adscritas a la Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, hayan recibido el oficio 27602/2021 mediante el cual se ordenó llevar a cabo su emplazamiento al presente expediente. En tal razón, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se ordena emplazar de nueva cuenta a las Asesoras Jurídicas Ericka Natalia Jaime Moreno, Luciana Liliana Morales Coronel y Daniela Torres León, adscritas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en Monterrey, Nuevo León, mediante oficio que derive de este auto, el cual deberá enviarse por la Actuaria de la adscripción al correo electrónico personal de dichas profesionistas, al que se deberá anexar copia simple de la demanda, del auto de dos de junio de dos mil veintiuno, y de la hoja con los datos de las víctimas; esto con el fin de que se apersonen a hacer valer lo que a sus intereses convenga, si así lo desean. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta para su celebración las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- Alejandro López Cisneros1170/2022
- Alejandro López Ponce de León488/2019
- Alejandro López Ponce de León1062/2020
- Alejandro López Popoca434/2023
- Alejandro López Popoca924/2022
- Alejandro López Popoca866/2021
- Alejandro Marco Antonio Anaya Creus890/2016
- Alejandro Mares Berrones1050/2019
- Alejandro Mateos Vázquez240/2022
- Alejandro Mateos Vázquez219/2022
- Alejandro Mena Pérez700/2019
- Alejandro Mena Pérez705/2019