ALEJANDRO JUVENAL NARANJO LOPEZ y Otros.

Expediente 330/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
330/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2021

Partes del expediente

  • ALEJANDRO JUVENAL NARANJO LOPEZ y Otros.
  • Luisa Naranjo Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-B"...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Presidente Municipal, Sindico y Agente Municipal de la Agencia El Arador de la comunidad de San Lorenzo Texmelucan Villa Sola de Vega, Oaxaca; lo anterior, toda vez que en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 330/2020; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA; el SINDICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA; el AGENTE MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA EL ARADOR, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA; y la ASAMBLEA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, SOLA DE VEGA, no rindieron su informe justificado a pesar de haber quedado legalmente notificados de la petición del mismo, razón por la cual se presumen cierto los actos que se les atribuyen. TERCERO. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico de los promoventes. En efecto, el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En relación con el tema del interés jurídico en el juicio de amparo, existe la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, Novena Época, con registro 170500, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.- El artículo 4º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Así como la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, Décima Época, con registro 2004501, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Los artículos y tesis transcritos revelan que el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacan que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Asimismo, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Sirve de sustento la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 216, Octava Época, con registro 394277, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Ahora, en el caso que nos ocupa, los quejosos esencialmente manifiestan: 1.- Ser originarios y vecinos del núcleo agrario de Santa Catarina la Cañada, Municipio de Villa Sola de Vega, Estado de Oaxaca. 2.- Que los días tres, cuatro, cinco y seis de junio de dos mil veinte, siendo aproximadamente las ocho de la mañana acudieron personas de la comunidad del Municipio de San Lorenzo Texmelucan, distrito de Sola de Vega, Oaxaca, manifestando que en asamblea habían acordado que las tierras que habitan eran suyas 3.- Los quejosos reclaman los actos de molestia llevados a cabo en sus propiedades, pertenecientes a la comunidad de nombre: núcleo agrario de Santa Catarina la Cañada, municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca. Sin embargo los quejosos, no exhiben documento alguno con el que acrediten ser originarios y vecinos del núcleo agrario de Santa Catarina la Cañada, municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca; y menos aún ser poseedores de las propiedades que dicen les pertenecen; por lo que no existe algún elemento de convicción que pueda demostrar que tales actos les agravian. En su caso, los quejosos debieron exhibir ante este Juzgado una constancia de posesión, expedida por autoridad competente, dado que solo de esa manera podía justificarse la actuación de los representantes del núcleo agrario, esto es, la causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer del bien. Exigencia que tiene fundamento, precisamente, en que el interés jurídico debe acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, como se desprende de los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo -transcritos con antelación-, así como de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Informe 1984, parte I, página 350, Séptima Época, con registro 805592, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, DEBE ESTAR FEHACIENTEMENTE PROBADO Y NO INFERIRSE A BASE DE PRESUNCIONES.- De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, y si en el caso la promovente no demostró esa circunstancia es legal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, independientemente de que, por sí sola, manifieste que es causante del impuesto que se impugna en el juicio. El interés jurídico debe estar fehacientemente probado sin que, por tanto, pueda establecerse en forma presuntiva, según lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal; consecuentemente, no es factible estimar que la quejosa acreditó su interés jurídico aduciendo que sería absurdo pensar lo contrario cuando espontáneamente ha manifestado ser causante del impuesto que reclama, ya que ello equivaldría a aceptar un interés jurídico presuntivo". Bajo esas circunstancias, resulta procedente sobreseer el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, por actualizarse la causal de improcedencia estipulada en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. Respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. A efecto de evitar dilaciones en el procedimiento, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, haga entrega de los oficios que deriven de la presente sentencia al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA, SINDICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA. AGENTE MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA EL ARADOR, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA y ASAMBLEA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, SOLA DE VEGA, a fin de que tengan conocimiento de resolución dictada en el presente asunto, debiendo levantar la razón de entrega respectiva. Para el caso de no asistirle competencia al juzgado destinatario para la diligenciación de esta encomienda, con fundamento en el citado artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a efecto de evitar dilaciones en el procedimiento, deberá remitir la comunicación al juzgado competente de la localidad que corresponda. Se solicita a la autoridad mencionada que una vez desahogada la diligencia ordenada devuelva el despacho que se le gira con las actuaciones respectivas. QUINTO.En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) , en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 257 signado por el Juez Mixto de Primera Instancia el Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 145/2020 del índice de este Juzgado, por el cual se le solicitó hacer entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables. En consecuencia, dése de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

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