Alejandro Hernandez Torres
Expediente 328/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Hernandez Torres
Actuaciones
- Principal
MESA VI "... En la misma fecha, da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Subdirector de Seguridad Penitenciaria Encargado de dar respuesta a los Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Reinserción Social, pues su recepción es extemporánea, dado que el treinta de septiembre pasado se dictó sentencia en este asunto. CÚMPLASE.
- Principal
MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del contenido de las constancias que integran el juicio de amparo, se colige que el quejoso reclama, esencialmente. 1. La orden de: Aislarlo en la celda de castigo; mantenerlo incomunicado y esposado, sin poder salir al patio. Propiciarle malos tratos como golpes, torturas, vejaciones, humillaciones y hostigamiento mental. No brindarle atención médica. Mantenerlo en condiciones de higiene deplorables, sin permitirle realizar aseo personal. Amenazas que atentan contra su vida. Negarle la ingesta de alimentos por periodos prolongados de tiempo. Limitarle las llamadas con sus familiares, a sólo cinco minutos por día los días martes y jueves. Limitar las visitas a sólo cinco minutos. 2. Y la ejecución de todos estos actos. TERCERO Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, respecto de los actos consistentes en: Aislarlo en la celda de castigo; mantenerlo incomunicado y esposado, sin poder salir al patio. Propiciarle malos tratos como golpes, torturas, vejaciones, humillaciones y hostigamiento mental. No brindarle atención médica. Amenazas que atentan contra su vida. Negarle la ingesta de alimentos por periodos prolongados de tiempo. El Director del Centro Penitenciario de Miahuatlán, Oaxaca; y el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; negaron la existencia de tales actos. En cuanto al Subsecretario de Prevención y Readaptación Social, no rindió informe justificado a pesar de quedar legalmente notificado de su petición; sin embargo, al pronunciarse en torno a la suspensión de plano decretada respecto de los actos reclamados motivo de ampliación de demanda, también negó la existencia de los actos que se le reclamaron. Ahora, sobre el tema de inexistencia de los actos reclamados, el Director del Centro Penitenciario de Miahuatlán, Oaxaca, con relación a la negativa de proporcionarle atención médica, indicó que se le proporcionaba, corroborando su dicho con copia certificada del estudio médico de dos de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se advierte que el quejoso, una vez sometido a estudio médico, se le diagnosticó como "clínicamente sano"; además de indicarle medidas higiénico dietéticas. De igual manera aportó el certificado médico de lesiones o toxicológico de dos de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se observa que el quejoso, al ser revisado por el médico de la Dirección General de Reinserción Social, no se le localizaron lesiones aparentes ni cicatrices. Aunado a ello, existe el certificado médico emitido por la doctora adscrita al Centro Penitenciario de Miahuatlán, Oaxaca, el nueve de julio de dos mil veinte, del que se advierte que una vez que el quejoso fue sometido a exploración física, se concluyó que se encontraba clínicamente sano, apto para realizar cualquier actividad mental a sus posibilidades. Circunstancia que evidencia que, contrario a lo que refiere la parte quejosa, la autoridad penitenciaria ha vigilado su estado de salud, pues se advierten notas médicas emitidas con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y con posterioridad a ello, sin que del último certificado se pueda obtener que exista merma en la salud del quejoso, que conlleve a concluir la existencia de los actos reclamados. Agregó la autoridad penitenciaria: 1. Que no ha llevado a cabo actos de tortura, malos tratos ni aislamiento en celda de castigo. 2. Que no se le ha prohibido salir al patio. 3. Que el centro penitenciario brinda a su población interna alimentación adecuada, la cual consiste en desayuno, comida y merienda, que es supervisada por el médico del centro; y en caso de que algún interno requiriera dieta especial, se le brinda, previa recomendación del médico tratante; aunado q que está permitido que la visita ingrese comida del exterior. Ahora, del contenido de las diligencias asentadas por la actuaria del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, el diez de junio de dos mil veinte y ocho de julio del mismo año, se advierte que, al efectuar la certificación relacionada con el estado físico del quejoso, la fedataria certificó que al apreciar el abdomen, pecho, brazos, manos, codos, piernas, rodillas, pantorrillas, pies, dedos y muslos, no observó lesión visible, sólo algunos tatuajes; e incluso, al cuestionarlo sobre si había sido objeto de maltrato por parte del personal del centro penitenciario, respondió que no; que se encontraba bien, y sin que la actuaria asentara que el agraviado estuviera coaccionado para responder de esa forma. De lo anterior, se colige que de los actos reclamados en estudio, expresados por la parte quejosa, no se demostró su existencia, y por el contrario, existen datos que permiten conocer que el quejoso no ha sido objeto de maltrato, aislamiento o mala alimentación, por lo que procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio. No pasa desapercibido el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad, pues esa sola circunstancia de ninguna manera justifica que no aportara pruebas que sustentaran su dicho; además de que, no obstante la restricción anotada, quien solicitó el amparo a su favor ofreció la prueba testimonial, pero que no se desahogó por causas imputables a ella; lo que conlleva a determinar que tuvo oportunidad de aportar medios de prueba que corroboraran su dicho. En razón de lo anterior, no se está en el caso de que en términos del artículo 271 de la Ley de Amparo, y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, este órgano jurisdiccional de vista al Ministerio Público de la adscripción para la investigación correspondiente con relación de los actos de tortura que la promovente asegura ejercieron sobre el quejoso las autoridades responsables; pues no obstante que la carga de la prueba les corresponde, y no fue aportada, en el expediente no se advierte evidencia razonable de que tales hechos hubieran ocurrido. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: Mantenerlo en condiciones de higiene deplorables, sin permitirle realizar aseo personal. Limitarle las llamadas con sus familiares, a sólo cinco minutos por día los días martes y jueves. Limitar las visitas a sólo cinco minutos. Las responsables negaron su existencia, y el Director del Centro Penitenciario de Miahuatlán, Oaxaca, indicó que se le permite realizar llamadas telefónicas, lo que pretendió acreditar con las bitácoras de llamadas telefónicas del lugar en el que se encuentra recluido el quejoso; también remitió una relación de las visitas recibidas por éste. Sin embargo, de dichas constancias sólo se advierte que el quejoso realizó llamadas telefónicas y recibió visitas; no así su lapso de duración, cuestión que reclama el quejoso; es decir, que tanto las llamadas como las visitas le son limitadas a cinco minutos y a ciertos días; entonces se desvirtúa la negativa expresada por las responsables, pues no se pronunciaron sobre este aspecto, ni sobre las condiciones de higiene permitidas al quejoso; y por tanto, se presumen ciertos tales actos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en principio se analizan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Del estudio de las constancias se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]." Acorde con las disposiciones legales transcritas, el juicio de amparo es improcedente cuando los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, que cumpla el principio de definitividad. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama de las responsables: a) Mantener al quejoso en condiciones de higiene deplorables, sin permitirle realizar aseo personal. b) Limitarle las llamadas con sus familiares, a sólo cinco minutos por día los días martes y jueves. c) Limitar las visitas a sólo cinco minutos. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver su contradicción de tesis 57/2018, consideró en esencia lo siguiente: "[.] En primer lugar, se explicará qué debe entenderse de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal por condición de internamiento, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. [.] De acuerdo a lo antes expuesto esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, porque ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. De igual modo, el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. El mecanismo también ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda. Asimismo, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. De igual forma, cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes. Asimismo, establece que contra la respuesta del juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Con motivo de ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior porque éste constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. [.]." De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018, visible en la página 230 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.). Materia(s): Común. Décima Época, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Por lo tanto, antes de acudir al amparo, el directo quejoso debió agotar el mecanismo de control denominado peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo; pero al no haberlo hecho así, procede SOBRESEER en el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de la sentencia. Dado que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por (.) en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y regístrese. (EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO, LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICÓ EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE)
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